La política tucumana observa con atención lo que ocurrirá esta semana en la comisión de Juicio Político que tendrá al histórico titular del Tribunal de Cuentas, Miguel Terraf, en la silla de los acusados.

El abogado Marcos Aníbal Rougés ratificó a inicios de esta semana ante la Cámara una denuncia que salpica a Terraf, alegando que ha incumplido sus deberes como funcionario público en varias ocasiones. En un documento de 47 páginas, Rougés argumentó que existen razones de peso para que Terraf no continúe en su rol de máxima autoridad en el organismo encargado de supervisar la ejecución del presupuesto provincial.

Entre las razones que lo empujaron a realizar el pedido de Juicio Político, el abogado incluyó sobreprecios no denunciados por el Tribunal de Cuentas de Terraf; inconsistencias en el control contable durante los años de José Alperovich; y favores al club de rugby Natación y Gimnasia.

Sin embargo, uno de los desmanejos que más expuesto dejó al funcionario fueron los contratos con Luis Eduardo González, yerno del propio Terraf. Según pudo confirmar NEXOFIN a valores de hoy, el familiar de Terraf se hizo de contratos por $ 300.000.000.

“En esos casos, el funcionario tiene que excusarse y no ser el firmante que aprueba los pagos a su propio yerno”, comentó una fuente al tanto de las maniobras de Terraf.

Las mismas fuentes comentaron a este medio que incluso “se utilizaron fondos para pagar a empleados inexistentes”, además de haberse utilizado a trabajadores de esa dependencia para trabajar en dos comercios que el yerno de Terraf tiene en el microcentro tucumano.

González es abogado del organismo de contralor y había tomado licencia para desempeñarse como asesor en la Caja Popular durante la gestión anterior, y fue allí donde se registraron algunas de las reiteradas irregularidades del yerno de Terraf.

¿Avanza el Jury?

Tras el pedido formal por parte del abogado denunciante, la Legislatura deberá decidir si le da curso o archiva la denuncia, para lo cual la comisión de Juicio Político se reunirá este viernes. Esta decisión se tomará en la reunión del grupo de trabajo, dado que el plazo de siete días desde la ratificación de la denuncia se cumple el lunes.

La comisión de Juicio Político está compuesta por nueve miembros oficialistas y tres de la oposición. Si la comisión decide el viernes darle curso a la denuncia y pedir un descargo a Terraf, el proceso podría avanzar hacia un Jury de Enjuiciamiento. En caso contrario, las actuaciones serán archivadas.

Según pudo determinar este medio a partir de fuentes internas al Tribunal de Cuentas, ya habría en marcha un intento por presionar a los miembros de la comisión. “Muchos están presionados por Terraf que les exige su apoyo a cambio de no mandar a revisar áreas de gestión por las que pasaron los miembros de la comisión”, comentó una fuente del Tribunal al tanto de los rumores.