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POLITICA

Corrupción K, ineficiencia y alta inflación, detrás de la caída de la Casa de Moneda

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El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció esta semana que el Gobierno reformulará un organismo trascendental para la economía, nada más ni nada menos que la fábrica de los billetes que se usan en el país: la Casa de Moneda. Se trata de una novedad que se difundió no sin carencias. El portavoz de la Casa Rosada afirmó que se disolvería la planta «Ciccone Calcográfica», la misma que, de acuerdo a la Justicia, había sido comprada en el 2010 de modo ilegal por el entonces ministro de Economía y luego vicepresidente, Amado Boudou, delito por el cual fue juzgado y condenado a una pena de cinco años y diez meses de cárcel efectiva.

El vocero Adorni argumentó que la medida de reformulación del ente gráfico se había tomado debido al déficit que provoca, por diversas falencias organizativas, todo el proceso que supone para el Estado confeccionar dinero. Son explicaciones a las que les faltarían especificidades: la planta gráfica conocida como Ciccone no existe más como tal desde que el Congreso Nacional la expropió a sus no tan desconocidos propietarios privados en el 2012, en pleno desarrollo del escándalo Boudou.

Hoy, aquella ex-Ciccone es una sede de la Casa de Moneda, cuyo edificio central continúa funcionando en Retiro. El debate está abierto. ¿Por qué la República Argentina es incapaz de fabricar su propio papel moneda? El Gobierno aduce que la Sociedad del Estado Casa de Moneda pierde, paradoja, mucho dinero. Es cierto.

Los nuevos billetes de 10 mil y 20 mil pesos que están entrando en circulación se imprimieron en China y en Brasil. Son pesos que costaron dólares. Hace solo diez años, la Argentina tenía una Casa de Moneda del Estado, y además contaba con la planta Ciccone Calcográfica, una de las únicas catorce imprentas privadas en todo el planeta capaces de imprimir dinero, acciones, cheques, pasaportes, fichas de casino. Y entonces llegaron los Kirchner. Y Boudou. Y una insólita crisis por una emisión alocada de tal magnitud de billetes de poca denominación, que excedió la capacidad de las dos plantas gráficas que había en el país, y se contrataron luego hasta a tres Casas de Moneda del extranjero, todas funcionando al mismo tiempo.

Corrupción, negociados, ineficacia y alta inflación generaron una crisis de billetes que no pudieron resolver cinco gestiones presidenciales, si se tiene en cuenta a las de Mauricio Macri, Alberto Fernández y la actual de Javier Milei (sumadas las dos de Cristina Kirchner), que no lograron o no quisieron escapar del laberinto de la fallida (adrede o no) fabricación de dinero que se inició con la voracidad de Amado Boudou desde el rol de funcionario y «empresario» privado. Con espesor variable, incluida la cuestión procesal penal de «Amado», la «responsabilidad» es compartida.

Milei, tras el anuncio del vocero Adorni, oficializa la decadencia de una industria que fue de excelencia: la producción de papeles de valores de seguridad. Eso incluye fallas no solo en la fabricación de billetes. Por decisiones tomadas durante la administración de Juntos por el Cambio, por caso, la Casa de Moneda terminó fabricando las chapas patente de los autos -iguales para todos los países del Mercosur- con errores que culminaron con la falta de este insumo básico para circular en vehículos.

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El drama, como se dijo, empezó cuando Néstor Kirchner, junto a Amado Boudou, decidieron hacer una compra hostil e irregular de la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica. Esa megaimprenta de billetes fue ahogada por el Gobierno K, que dejó de pagarle deudas que tenía por impresión de documentos personales, mientras al mismo tiempo la AFIP le reclamaba el pago de impuestos.

Por primera vez en la historia del país, el organismo recaudador pidió la quiebra de una empresa de esa magnitud. Eso permitió que Boudou y un grupo de allegados lograran adquirir el 70 por ciento de las acciones de la imprenta de la familia Ciccone. Pasó. Una vez desatado el escándalo, difundido el 6 de enero del 2012 por Jorge Lanata en su programa de Radio Mitre, y también por Clarín en notas previas, el gobierno de Cristina Kirchner inició una defensa irrestricta de quien había pasado de ministro de Economía a Vicepresidente.

En abril del 2012, el Gobierno dio un giro en discurso y admitió que contrataría a la «privada» Ciccone Calcográfica para imprimir 410 millones de billetes de cien pesos. La Casa de Moneda oficial había retrasado su modernización para que el Estado se viera obligado a contratar a la compañía de Boudou y sus amigos. La Presidenta Kirchner profundizó a partir de entonces el drama de la emisión fallida de billetes. Negaba la inflación y se negó a confeccionar billetes de más alta denominación que los de cien pesos. La expropiación de Ciccone Calcográfica se produjo en agosto del 2012. El 30 por ciento de la empresa pertenecía a la familia que había fundado la empresa y en la que había invertido 50 años y mucho dinero. Nunca se fijó una indemnización tal como lo dictamina la Constitución. El Gobierno K continuó la emisión de billetes de cien, con cada vez más inflación y sin control, usando la Casa de Moneda original, la planta de la ex-Ciccone, la Imprenta oficial de Brasil y de Chile.

Boudou fue condenado y preso en el 2018. El Gobierno de Mauricio Macri intentó equilibrar los números de desastre de la Casa de Moneda con su nueva sede «anexada». La nueva gestión del Banco Central ordenó confeccionar billetes de mil, quinientos y doscientos pesos. Pero aun así, se continuó contratando a Casas de Moneda del extranjero. Con la vuelta al poder de los K, la situación de la Casa de Moneda de la Argentina entró en nueva crisis. El primer titular de la Casa de Moneda en la gestión Alberto Fernández y Cristina Kirchner fue el mendocino Rodolfo Gabrielli. El organismo entró en default. Insólito.

Con cepo cambiario, el Banco Central autorizó el giro de millones de dólares para que se imprima dinero en China, España y Brasil. La gestión de Gabrielli gastó esa plata en otras cuestiones. Las partidas de packs de dinero quedaron varadas en el exterior. El ente gráfico sacó un crédito de dos mil millones de pesos con el Banco Macro y dejó de pagarlo. Lo mismo pasó con el principal proveedor de tinta de billetes del planeta, el suizo Philippe Amon. El Gobierno compró una megaimprenta a la empresa suiza KBA. No la pagó en su totalidad. La máquina quedó parada en la aduana bajo control de Interpol. Todo ese retraso produjo más gastos en la fabricación de billetes. Gabrielli se vio obligado a renunciar. Asumió en su reemplazo el cordobés Ángel Elettore. Cambió poco. El contrato impago para provisión de billetes que había dejado Gabrielli le permitió a su sucesor negociar con el Banco Central un anticipo en dólares mayor para garantizarse que los proveedores de los pesos fabricados en China, Brasil, Alemania, España, aceptaran volver a confeccionar plata para la Argentina. Elettore volvió a incumplir lo pactado. La deuda en dólares de la Casa de Moneda, cuya función era imprimir pesos, se duplicó, afirman fuentes del mercado de aquella época y así lo muestra la documentación. Los pesos que se derretían en las manos de los argentinos debido a la inflación galopante eran cada vez más caros de producir. El cordobés que manejaba la Casa de Moneda, eso sí, lograba autorizaciones para pagar en dólares certificados ISO y similares para «premiar» la calidad de impresión de los billetes. Su familia maneja una consultora llamada Trasus, que se dedica a concretar ese tipo de lazos comerciales. Una de sus principales asesoras externas, que llegaba a la sede central de la Casa de Moneda en Retiro a bordo de un BMW deportivo, era Elizabeth García, pareja de Horacio Miró, empresario cordobés, ligado al poder antes y ahora, a la vez consuegro del ex jefe del Ejército K, César Milani.

La llegada al poder de Javier Milei produjo un cambio histórico en la impresión de billetes en la Argentina. Por primera vez, se modificaron las normas para que el BCRA pudiera convocar a empresas gráficas del extranjero para confeccionar papel moneda, salteando a la Casa de Moneda nacional. El ministro de Economía, Luis Caputo, y también el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, tenían experiencia. Hoy, el Gobierno imprime billetes de 10 mil y 20 mil pesos en China a un costo de 65 dólares el millar de ejemplares. Es más barato que lo que se pagaría por confeccionar el dinero en el país.

Paradoja: el Estado elude el célebre «costo argentino» justamente en la compra de billetes. Ahora, la Casa Rosada anunció que despedirá a los 1300 trabajadores que cumplen labores en la planta gráfica que alguna vez fue Ciccone, pero que en la actualidad también es la Casa de Moneda. Los gremios entraron en alerta. ¿Por qué el Estado prefiere «disolver» la planta creada por privados para fabricar dinero en lugar de reformular el viejo edificio de Retiro, disfuncional y construido en realidad para ser una cárcel? ¿Quién imprimirá los padrones electorales? ¿Se cerrará en realidad parte de la Casa de Moneda?

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Nicolás Ciccone, fundador de la imprenta que llevaba su apellido, construyó su bóveda, por ejemplo, bajo control de Interpol. Lo mismo con el laboratorio de tintas. Además del retraso en la modernización de la maquinaria para producir dinero, los diferentes gobiernos sumaron empleados a una empresa estatal estratégica, que podría ser superavitaria, pero que, por corrupción, negociados e ineficiencia, tiene un déficit multimillonario en dólares. Todo, por fabricar pesos.

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POLITICA

La dura crítica de Nilda Gómez, madre de una víctima de Cromañón, a la serie que se estrenó sobre la tragedia

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A menos de dos meses del 20° aniversario por la tragedia de Cromañón, Nilda Gómez, madre de Mariano Benítez y fundadora de la ONG Familias por la Vida, criticó la serie que estrenó Amazon Prime el viernes 8 de noviembre, que retrata la tragedia que ocurrió el 30 de diciembre de 2004. En declaraciones a una señal de streaming, confesó que ningún productor se contactó tanto con ella como con otros familiares de las víctimas antes, durante y después del rodaje. Opinó además que la serie no debió llamarse Cromañón ya que refleja un único punto de vista sobre lo ocurrido y sentenció: “La historia de nuestros hijos no es un cuento de hadas o brujas, de buenos o malos. La historia de nuestros hijos es la de la corrupción, de la codicia de los empresarios”.

Aún cuando la mamá de Mariano Benítez, una de las 194 personas que murieron en el boliche República de Cromañón en Once, no se atrevió a ver la ficción que se estrenó hace días atrás, dijo haber recibido una “catara” de mensajes de padres preocupados. “Muchos de ellos me preguntaban si se podía hacer algo legamente. La realidad es que esta serie no refleja lo que nosotros necesitamos reflejar. Hay cosas importantes que habría que definir en una serie, aunque sea ficción. Para eso, ningún productor habló con nosotros. Con los únicos con los que pude cruzar palabra fue con algún que otro extra ”, relató Gómez en Laca Stream.

En esa línea, lamentó que en los créditos del largometraje solo figuren dos nombres: el de Celeste Oyola, una sobreviviente de Cromañón y que asistió en el armado de la serie para Amazon Prime, y José Iglesias, padre de una de las víctimas y querellante en la causa por el incendio. “Como está el nombre de Celeste y José, entiendo que se basaron únicamente en el recorrido de una persona determinada y contaron la historia a partir de lo que se extrajo de la causa”, razonó. Y arremetió: “Y si es así, no tendrían que haberle puesto Cromañón. En todo caso, la hubiesen titulado la vida de Celeste Oyola y sus amigos”.

Entre lágrimas, la madre de Mariano Benítez resalta que “hay mucha desazón” a raíz de la serie. “Cuando me reúno con los padres, trato de explicarles que esto es solo una ficción, una mentira, una novela. Pero se está tocando un tema importante, que a nosotros nos interesa y nos pega en fibras que terminan revolviéndonos todo. Pero bueno. Más allá de eso, insisto. Esto es una ficción. Y hay que tomarlo como una ficción. No es lo que pasó en Cromañón”, dijo.

Y cerró con una reflexión: “La historia de nuestros hijos no es un cuento de hadas o brujas, de buenos o malos. La historia de nuestros hijos es la de la corrupción, de la codicia de los empresarios”. Son 20 años de Cromañón. Uno tenía la esperanza de que esta serie pusiera blanco sobre negro y pudiera explicar que aun a 20 años la lógica Cromañón se sigue aplicando, que es achicar los gastos para tener más ganancia. No poner o trabar salida de emergencias, pagar bajos sueldos o meter más personas de las que entran en un lugar. Esas cosas son las que hay que mostrar. Es importante que se le pueda decir a los jóvenes que se cuiden”.

El comunicado de la ONG que representa a sobrevivientes y familiares de víctimas de Cromañón

En paralelo a las declaraciones de Nilda Gómez, la organización No Nos Cuenten Cromañón publicó un comunicado en Instragram, donde ofrece su perspectiva en torno a la serie. “Ante el inminente estreno de una serie que lleva como título la palabra “Cromañón”, entendiendo que es una ficción, desde nuestro espacio queremos expresar lo siguiente: creemos que es positivo que se hable de Cromañón y que un pibe/a que no conoce lo que es Cromañón, se entere de su existencia y pueda llegar a interesarse por el tema e intentar buscar información más fehaciente por otros medios”, destacaron en primera instancia.

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Desde nuestra organización repudiamos que se genere un rédito económico con algo que hoy en día todavía nos duele a todos. No creemos en que haya que generar memoria a cualquier costo. Entendemos que esto puede remover heridas a quienes de algún modo lo vivimos de cerca. Por esa razón ponemos a disposición nuestro programa de asistencia en salud mental, dirigido a sobrevivientes y familiares. Y si quieren informarse realmente sobre las causas, el antes, el durante y el después de Cromañón ponemos a disposición nuestro libro “Voces, Tiempo, Verdad”. Lo recaudado por este libro se utiliza íntegramente para el bienestar de los y las sobrevivientes. Nuestra vida no es una película. Es la vida real. Estamos acá para decir una vez más ‘No nos cuenten Cromañón’”, completaron.

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