Máximo Kirchner presentó su declaración jurada del año 2024 ante la Oficina Anticorrupción, revelando un patrimonio total de $8.311.567.011, casi el doble de los $4.719 millones declarados en 2023. Este sorprendente crecimiento se produce en medio de una severa crisis económica, con alta inflación y recortes presupuestarios.

El patrimonio declarado incluye 27 propiedades entre El Calafate, Río Gallegos y la Ciudad de Buenos Aires, valuadas en cerca de $2.349 millones, la mayoría provenientes de herencias y donaciones. También incluye participación accionaria en empresas familiares como Los Sauces S.A. y Hotesur S.A., vinculadas a investigaciones por supuesto lavado de dinero, valoradas en más de $1.500 millones y $1.100 millones respectivamente.

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Otro componente significativo de su declaración es la tenencia de más de USD 2,9 millones en efectivo, que representan más de un tercio del total patrimonial. Además, informó ingresos por sueldos, alquileres y rentas por un total de $67 millones netos; también posee dos automóviles valuados en más de $18,5 millones y declaró deudas por $86,9 millones.

Este incremento patrimonial se enmarca en un momento sensible: la justicia sigue avanzando en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner y su entorno. El Tribunal Oral Federal ordenó el decomiso de USD 537 millones y advirtió que, de no abonarlos antes del 13 de agosto, iniciará la ejecución de bienes incluidos en esta declaración. Se analizan las propiedades y participaciones incluidas para determinar posibles embargos.

La entrada Máximo Kirchner declaró una fortuna de 8.300 millones de pesos: representa un 76% más que el año anterior se publicó primero en Nexofin.

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$35.255.297,73.,la cifra alcanzaría los $606 millones,Hernán Cappiello,Conforme a

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso fin a un sistema que aseguraba el traslado diario de cartoneros desde la Provincia de Buenos Aires hacia el ámbito porteño. La decisión, comunicada este lunes el jefe de Gobierno Jorge Macri, señala a las cooperativas ligadas al dirigente social Juan Grabois. Según explicó el Macri, se trata de un “privilegio” que sostenía el Estado a través del gasto de alrededor de 6.000 millones de pesos anuales. El esquema, vigente hasta hoy, hacía posible que miles de recuperadores urbanos cruzaran a diario a la Capital para la recolección y clasificación de residuos reciclables sin costo, aunque no la totalidad de ellos.

“Desde el Gobierno de la Ciudad decidimos terminar con el financiamiento del traslado diario de cartoneros de cooperativas vinculadas a Juan Grabois que venían desde el conurbano. Estamos desarmando un sistema que, lejos de dar soluciones, se volvió parte del problema”, sostuvo Jorge Macri en su cuenta de la red social X.

La medida, se informó a su vez, forma parte de una serie de transformaciones que buscan reordenar el sistema de reciclado e igualar el trato entre todos los actores involucrados. Autoridades porteñas informaron que, desde ahora, los fondos antes utilizados en el traslado serán destinados a reforzar la infraestructura de los Centros Verdes y expandir la capacidad operativa. De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad, más de 3.100 recuperadores agrupados en cooperativas como Amanecer de los Cartoneros, Madreselvas, Recuperadores Urbanos del Oeste y Cartonera del Sur eran los beneficiarios de este traslado financiado, mientras otros 3.000 trabajadores, que cumplen tareas similares, no contaban con ese apoyo logístico.

La organización del reciclado urbano involucra a 12 cooperativas y más de 6.000 recuperadores que se encargan de recolectar materiales reutilizables en diferentes barrios porteños y procesarlos en predios especialmente acondicionados, informó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta ahora, una parte sustancial de ese universo accedía a transporte diario cuyos costos eran abonados con fondos públicos. El resto de los trabajadores, en cambio, nunca recibió el mismo acompañamiento, situación señalada como una evidente asimetría por los funcionarios.

El ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi, remarcó que con la modificación se busca avanzar hacia “un esquema transparente, justo y eficiente, donde todos los recuperadores estén bajo las mismas reglas”. Según Baistrocchi, el dinero invertido desde el Estado deberá reflejarse en “mejoras reales para el sistema de reciclado, no en beneficios discrecionales”. El objetivo declarado es fortalecer la estructura y la capacidad del sistema, a través de inversiones en nuevas rutas de recolección, más vehículos y tecnología para los centros de clasificación.

La eliminación del traslado financiado se enmarca en un proceso de reformas orientadas a transparentar la gestión y reducir intermediaciones. Entre los cambios implementados en los últimos meses, la Ciudad dejó de transferir fondos a través de las cooperativas y dispuso que el pago por servicios prestados pase directamente a la cuenta bancaria de cada recuperador urbano. De acuerdo con el Gobierno porteño, anteriormente más de 2.000 trabajadores cobraban sus remuneraciones a través de sus agrupaciones, que se encargaban luego de distribuir el dinero. A partir de este año, el cien por ciento de los recuperadores recibe los pagos individualmente, gracias a la bancarización total lograda en el sistema con el Banco Ciudad.

Otro aspecto de la reforma es el control de la asistencia mediante el uso de dispositivos biométricos instalados en los centros y predios logísticos donde se realiza la clasificación del material recuperado. El sistema, que permite verificar la presencia diaria del personal, tuvo como resultado un aumento del 45% en descuentos por ausencias injustificadas en su primer mes de implementación. Con estas herramientas tecnológicas, según las autoridades, buscan garantizar que el salario alcance exclusivamente a quienes cumplen efectivamente su labor.

jorge macri