La fiscalía recurrirá ante la Corte Suprema de Justicia la sentencia que absolvió a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa por la retención ilegal del impuesto a los combustibles de su empresa Oil.

En paralelo, el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray, condenado por esa causa a 4 años y 8 meses de cárcel por fraude al favorecer a los empresarios con un plan de pago especial, planteó ante la justicia que también debe ser absuelto, porque entiende que el caso está prescripto.

Esta causa se inició con una investigación de que reveló que la empresa Oil retuvo de manera ilegal 8000 millones de pesos en impuesto a los combustibles y que usó ese dinero para generar préstamos entre las firmas del Grupo Indalo para capitalizarlas.

En ese momento, hace unos diez años, aquel monto equivalía a unos 1000 millones de dólares.

En el juicio oral, que terminó en diciembre de 2021, el voto mayoritario fue de los jueces Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos, que se pronunciaron por absolver a los dos empresarios. En disidencia, por la condena de todos, votó Andrés Basso.

La Cámara de Casación confirmó el 23 de octubre del 2023 la absolución de López y de su socio. Ese fallo de la Cámara de Casación fue de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone.

Los jueces concluyeron que la petrolera de López y De Sousa se había beneficiado del permiso ilegal que les dio Echegaray para pagar la duda. Además, el tribunal ordenó recalcular la pena que había sido impuesta a Echegaray, al entender que el cómputo estaba mal hecho.

Tras la apelación del fiscal Mario Villar, el caso llegó a la Corte Suprema que ordenó dejar sin efecto las absoluciones y dictar un nuevo fallo.

La expresión de la Corte fue dura, pues había considerado que la absolución de López y De Sousa resultaba “arbitraria”, tanto por “dogmática”, como por “fragmentaria”. Era un mensaje severo hacia los jueces que habían absuelto a los empresarios.

La causa volvió a Casación, esta vez con otra integración y a pesar de lo que dijo la Corte, los empresarios fueron absueltos otra vez. Ahora fueron los jueces Alejandro Slokar y Mariano Borinsky los que volvieron a absolver a López y De Sousa. Guillermo Yacobucci votó con una sonora en disidencia.

Los argumentos de Slokar, que fue funcionario del gobierno de Néstor Kirchner, fueron que “no logró demostrar que existió un entramado delictivo entre privados y funcionarios públicos para obtener recursos del Estado en beneficio propio”. Dijo que no se probó un tratamiento preferencial a Oil Combustibles SA por parte de la AFIP, a pesar de que Echegaray fue condenado.

Y Borinsky argumentó que el caso estaba prescripto por el paso del tiempo, a pesar del carácter de Echegaray de funcionario.

El Código Penal establece, en su artículo 67, que la prescripción se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública y Echegaray no dejó de ser funcionario en todos estos años. Pero Borinsky interpretó que ahora Echegaray no tiene una jerarquía tal como para incidir en el curso de esta causa y por eso no se aplica la regla del Código Penal.

Yacobucci rechazó ambos argumentos y dijo que “López y De Sousa recibieron, a través de su empresa, un tratamiento privilegiado, irregular y, por sobre todo, ilegítimo por parte de AFIP y de su titular de aquel momento, que les permitió beneficiarse de un modo indebido en desmedro del erario público, lo que da sustento a su condena en los términos en los que la acusación postuló“.

La fiscalía de Villar presentó un recurso extraordinario contra la nueva absolución que ahora fue nuevamente rechazado por Slokar y Borinsky, con la disidencia de Yacobucci.

Por eso es que Villar presentará la semana próxima un recurso de queja para que la Corte Suprema vuelva a intervenir y haga cumplir su sentencia que postuló que se deje sin efecto la absolución de López y De Sousa.

En el resquicio se coló Echegaray, que ya estaba condenado. Como se discute aún el monto de la pena que le fue impuesta, esta semana hubo una audiencia en Casación presidida por el juez Barroetaveña.

Allí, Echegaray se defendió, pero cuando concluyó su alocución ante el fiscal Villar, casi a escondidas y para que no pudiera responderle, presentó por escrito un pedido de absolución para que se considere que su caso prescripto. Usó el mismo argumento que había planteado Borinsky: que no era un funcionario, sino un empleado, aunque de mayor jerarquía.

El asunto en cuanto a la condena de Echegaray quedó por resolverse y está en manos de Petrone, Barroetaveña y Javier Carbajo. Y las absoluciones de López y De Sousa volverán a estar ahora en los estrados de la Corte para que haga cumplir su fallo, y se las deje sin efecto.

Cristina Elisabet Kirchner y su hijo Máximo se fueron al Sur. A su lugar en el mundo. Allí, los Kirchner tendrán abundante tiempo para analizar la crisis interna del peronismo pues la suspensión de las PASO (Primarias) en la provincia de Buenos Aires será ratificada la semana próxima en la Cámara de Diputados bonaerense y la elección desdoblada de legisladores y concejales será el 7 de septiembre, como planteó el gobernador Axel Kicillof en la pulseada que se vie en el seno del kirchnerismo.

El plazo de armado de listas quedó para agosto por lo que habrá tiempo para que el peronismo resuelva cómo se conforma algún tipo de «unidad», que no será tal sino que habrá nóminas donde quedaron más heridos que políticos en buenas condiciones electorales. «Todos juntos pero a regañadientes», resumió un intendente que ya se ve venir un infierno: el de las listas «colectoras». Esto sería que quienes no puedan conseguir el lugar deseado en el distrito donde manda su contrincante, tranquilamente puede armar una lista «por afuera». San Miguel, Tres de Febrero o Vicente López, por citar tres ejemplos donde el peronismo no gana, vivirá esa experiencia. Pero «el» tema será cómo se vivirá el cierre de listas en Avellaneda o Quilmes, por poner como ejemplo dos distritos picantes de la pelea Axel-Cristina.

Por eso, los nombres de dos consultores aparecen en la geografía del Instituto Patria. O mejor dicho del SECASFPI, el Sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la ANSES, local ubicado en la calle Carlos Calvo 1425 de la Ciudad de Buenos Aires, y que es el reducto de moda de los más K. Por esa zona se pusieron de moda los nombres del consultor español Antón Pombo Montero, quien fue asesor de comunicación local y regional para el Partido Popular, y en el área internacional de Ciudadanos. Y que también ha realizado funciones de comunicación de gobierno en los gobiernos de Danilo Medina en República Dominicana y de Xiomara Castro, en Honduras.

Otro es Halley Arrais, quien se define como «Estratega y consultor de comunicación política», que colaboró en la última campaña presidencial de Sergio Massa, y que estuvo junto a Yamandú Orsi, quien alcanzó el año pasado la presidencia de Uruguay. Todo listo para la batalla electoral de este año donde CFK define si es candidata a legisladora provincial en septiembre -por la poderosa tercera sección electoral- o si compite como diputada nacional en el mes de septiembre. Pero siempre atenta a las resoluciones de la Justicia argentina y el caso Vialidad. Habrá más informaciones para este boletín…

Mientras tanto, la disputa en la Ciudad de Buenos Aires crece en un escenario donde la lista del peronismo -encabezada por el radical Leandro Santoro- parece ir primero y con el PRO y La Libertad Avanza en una pelea a cara de perro, con sus propios líderes (Mauricio Macri y Javier Gerardo Milei) a la cabeza.

Este martes, Antoni Gutiérrez-Rubí se presentó con sus abogados especialistas en temas migratorios ante la Justicia para formalizar un “Recurso de reconsideración” del pedido de Migraciones de que se vaya del país por, supuestamente, tener vencida su visa de «turista». El analista catalán de los Macri pretende que el gobierno de Milei (quien lo acusa de encabezar una campaña de desprestigio en su contra) revierta la decisión a la que califica como “una canallada”. Rubí niega haber formado parte de esa campaña (que habrían hecho los consultores brasileños que trabajaron en la campaña presidencial de Sergio Massa) y que él, además, tiene trabajos programados hasta 2026 en la UNTREF (Universidad de Tres de Febrero) que acreditan un trabajo formal en Argentina.

Materia de análisis de los consultores políticos de los diversos sectores que actúan en la elección porteña del 18 de mayo es la campaña de Ramiro Daniel Marra. Es que el youtuber financiero sorprende con su campaña: todo movimiento está cuidado hasta el último detalle, con videos de excelente factura y ejes de campaña que no salen de casualidad, sino que todo parecería tener detrás un trabajoso laboratorio. La idea de ir contra «los fisuras y los usurpadores» ha sido muy efectista y las sospechas apuntan a una interna al más alto nivel gubernamental: si no hay alguna ayuda del esquema de Santiago Caputo a su viejo amigo Ramiro. Vale recordar que fue Marra, precisamente, quien lo presentó al hoy asesor estrella con el entonces economista mediático Milei. La campaña de Marra es una campaña de nivel -similar a la de fuerzas como el PRO que cuenta con experiencia y trayectoria- y suena bastante naif que solo sea «un grupo de amigos que me ayuda», como ha declarado el titular de la fintech Bull Market Group. Sin fisuras…

Donde sí hubo una fisura fue entre viejos conocidos como son el alcalde porteño Jorge Macri y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Días atrás el ministro nacional mileísta declaró en un reportaje que la gestión macrista actual había contratado 30 mil empleados nuevos en los 16 meses de gestión. Al escuchar la exorbitante cifra, el propio Jorge Macri le escribió a Sturze: «¿De dónde sacaste esos datos? si nosotros redujimos el 10% de contratos políticos, se bajaron 13 mil contratos y ahorramos así más de $30 mil millones» y le pidió que hablara con un común amigo, el jefe de Gabinete ciudadano Gabriel Sánchez Zinny. Sturzenegger conversó con Sánchez Zinny pero siguió diciendo que «así me dijeron, es lo que me pasaron». Cuando sus ex compañeros del PRO le pidieron al ministro nacional que «sería bueno que lo desmientas», el «Coloso» (como lo bautizó el propio Milei») dijo que no lo haría porque la vocera porteña Laura Alonso lo había tratado de «mentiroso». Cuánto enredo…

Yendo a la provincia de Santa Fe, donde este último fin de semana se votó, la ex modelo y conductora Amalia Granata consiguió un magro resultado pues quedó cuarta; y a las pocas horas, sufrió una nueva fuga en su bloque «Somos Vida». Beatriz Brouwer, madre de la diputada nacional Rocío Bonacci, dio el portazo y armó su propio bloque en la Cámara baja santafesina y lo llamó «UNITE», la sigla partidaria que cobijó a Amalia Granata en las dos elecciones en las que llegó a la banca en la Legislatura. ¿Amalia se quedó sin sello? Todo esto, además, cuando en medio de una ola de rumores finalmente fundados, la diputada Amalia tuvo que reconocer que contrató como asesor a su marido, Leonardo Squarzon, y le dio un cargo público.

Con la salida de Brouwer, que se suma a las de Fido Porfiri y Omar Paredes. Granata manejará ahora un bloque de apenas cuatro bancas. La ex presentadora y vedette ya había sufrido otras rupturas desde su llegada a la política. En 2019, Nicolás Mayoraz, que había ingresado con ella, rompió con el espacio y formó un bloque. A esa fractura se sumaron diferencias con el pastor evangelista Walter Ghione, otro diputado inicialmente alineado con Granata, quien también tomó distancia y hoy integra el frente del gobernador Maximiliano Pullaro. Por su parte, Mayoraz fue el primer candidato a convencional de la Libertad Avanza en las elecciones para convencionales, quien también tuvo un desempeño bastante pobre, por debajo de lo esperado por la armadora nacional Karina Milei y quedó tercero en la elección santafesina. A seguir participando…