El ex presidente de la Auditoría General de la Nación y ex diputado radical Jesús Rodríguez advirtió este martes que el Gobierno de Javier Milei, en realidad, “no tiene voluntad política de auditar” a las 61 universidades públicas existentes en el país pese a su discurso en sentido contrario, en medio de la polémica por la transparencia de los gastos de las altas casas de estudio.

De esta forma, Rodríguez salió al cruce de un comunicado de la SIGEN sobre el debate por la falta de control externo de gastos de universidades del Estado, como la UBA.

En declaraciones a Clarín, Rodríguez dijo que si el gobierno tiene “real voluntad” de controlar los gastos con la Auditoría General de la Nación (AGN) solo tiene que derogar una resolución del ex Procurador General de la Nación Carlos Zannini y “hace 9 meses que no lo hace”.

La Constitución establece que los controles internos de todo organismo público los hace la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que depende del gobierno de turno, y los externos la AGN, que depende del Congreso, enfatizó Rodríguez.

“Y no me vengan con que la autonomía universitaria bloquea los controles externos porque yo, como convencional constituyente en 1994, propuse la inclusión de ese status en la Constitución y no tiene ese alcance”, dijo Rodríguez, enojado.

En un comunicado la SIGEN, que dirige Miguel Blanco, citó declaraciones de Rodríguez a un canal de TV según las cuales “existe una continuidad ya que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) se había retirado de la auditoría de las universidades en el gobierno del presidente Alberto Fernández y que, en el actual Gobierno, no había vuelto a esa tarea”.

En la nota la SIGEN afirmó que eso que dijo que “eso que afirmó Rodríguez no es cierto”.

“La SIGEN no se retiró de la auditoría de las universidades. Fue impedida de continuar a partir de un dictamen” del Procurador del Tesoro de la Nación y mano derecha jurídica de Cristina Kirchner, Carlos Zannini del 28 de noviembre de 2022. El Procurador General del Tesoro es el jefe de todos los abogados del estado nacional.

El dictamen de Zannini afirma que “no resultan aplicables a las universidades nacionales las previsiones que, en materia de control interno, contienen los artículos 100 y concordantes de la Ley 24.156, que regula la administración financiera y los sistemas de control del sector público nacional, y establece a la SIGEN como contralor”.

Una fuente del gobierno admitió a Clarín que el actual Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, estudia la posibilidad de anular con otra resolución la decisión de Zannini.

Sin embargo, el 1° de noviembre de 2023, el entonces ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, firmó un convenio con la Sindicatura General de la Nación para “fomentar acciones conjuntas de mutua colaboración para promover el mantenimiento de un adecuado sistema de control interno en las instituciones universitarias nacionales”, contó la actual SIGEN.

A partir de dicha fecha, “se firmaron convenios específicos con 26 universidades de un universo total de 62 y las tareas están siendo programadas y próximas a comenzar”.

La SIGEN de Blanco puntualizó que “la Universidad de Buenos Aires (UBA) decidió no suscribir dicho convenio”.

Durante 2024, SIGEN hizo un relevamiento de los convenios entre universidades y distintas reparticiones de la Administración Pública Nacional que arrojó como resultado “la existencia de 2245 convenios de asistencia técnica en diversos motivos, de los cuales 354 corresponden a la UBA”.

Es intención de SIGEN “revisar la ejecución de dichos convenios para determinar si el objetivo de los mismos se ha cumplido, cuáles han sido los resultados, si la ejecución estuvo a cargo de la universidad o fue subcontratada a terceros y auditar la correcta y completa aplicación de los fondos entregados a la consecución de dicho objetivo”, afirmó Blanco en el comunicado.

Ante la marcha de mañana a favor del fondo de financiamiento educativo que aprobó el Congreso, el gobierno de Javier Milei puso el foco en la cantidad real de alumnos regulares, otro punto de debate sobre la transparencia de las universidades.

«Solo el 40,6% de los estudiantes universitarios son considerados regulares, mientras que el 38,4% no tiene información clara sobre su actividad académica«, dijo el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

En fuentes parlamentarias, se afirmó que el dictamen de Zannini habría sido resultado de una negociación entre “el ex diputado de la UCR y vicerector de la UBA Emiliano Yacobitti y el ex candidato presidencial K Sergio Massa”. Y que, además, habría ahora negociaciones reservadas entre el gobierno de Milei y Yacobitti para tratar de desactivar el actual conflicto.