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POLITICA

Crimen en el country: el botín que se habrían robado de la casa del ingeniero estrangulado

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Para la Justicia ya no hay dudas: a Eduardo Wolfenson Band lo mataron en su casa del country La Delfina, en Pilar, el 22 del mes pasado antes de las 13.53. La última persona que lo habría visto con vida fue Rosalía Soledad Paniagua, la empleada doméstica que pasó de testigo a sospechosa y el sábado pasado fue detenida acusada del crimen. Por las pruebas reunidas hasta el momento, el móvil del homicidio habría sido lograr la impunidad tras un robo. De la propiedad de la víctima desaparecieron un teléfono celular, un parlante con conexión bluetooth, auriculares y una menorá, el candelabro de siete velas, uno de los principales símbolos del judaísmo.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. El parlante con conexión bluetooth fue secuestrado durante el allanamiento donde fue detenida Paniagua y hoy fue reconocido por la pareja de Wolfenson Band, Graciela Orlandi, que declaró como testigo ante el fiscal Germán Camafreita, a cargo de la investigación.

El teléfono celular que utilizaba la víctima y que pertenece a una empresa para la que trabajaba el ingeniero, los auriculares y la menorá todavía no fueron recuperados.

También se conocieron hoy imágenes del lugar donde habría ocurrido el crimen. Se cree que a la víctima la mataron en una de las habitaciones de la planta alta, que usaban las visitas. Cuando fue descubierto, el cuerpo estaba “boca arriba, contra un rincón y con la cabeza abajo de un radiador” y presentaba golpes en la cara, más precisamente en una ceja, la frente y hasta un corte en un pómulo, un fuerte golpe en la nariz y un corte interior producto de otro golpe en la boca, con una lesión en la parte interna de una de las mejillas.

Según la autopsia, el ingeniero en electrónica fue ahorcado con un elemento fino. Los investigadores suponen que se trató de una soga o de un cable que aún no fueron localizados. Otra de las revelaciones de la necropsia es que Wolfenson Band intentó defenderse; tenía lesiones en brazos y manos, además de un corte en la parte posterior del cuello.

Como informó LA NACION, la clave que orientó la investigación hacia Paniagua fue el trabajo hecho por Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic) del Departamento Judicial de San Isidro, conducida por el fiscal Alejandro Musso, que a partir de un análisis tecnológico determinó que el teléfono celular de la víctima se activó a las 14.22 del 22 de febrero pasado.

“Las antenas determinaron que el teléfono celular de la víctima, que todavía no apareció, se activó en la zona de la estación de Derqui. En ese mismo lugar fue captado el móvil de la sospechosa. Una filmación de las cámaras de seguridad de la estación de trenes registró a la empleada doméstica sentada en un banco del andén y se puede observar cómo manipula dos teléfonos celulares”, sostuvo una calificada fuente del caso.

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Los investigadores sospechan, a partir de esa filmación, que cuando ese jueves 22 de febrero, Paniagua llegó a la estación Derqui intentó vender el teléfono celular de la víctima. Eso también quedó grabado en una de las cámaras de la estación.

¿Un nuevo sospechoso?

En las últimas horas, el fiscal Camafreita y detectives de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Pilar de la policía bonaerense allanaron la casa, en Pilar, del encargado de la “portería 2″ de La Delfina, identificado por fuentes judiciales y policiales como José Jara.

“Cuando se retiró Paniagua, Jara estaba en la Portería 2 y no revisó la mochila de la empleada doméstica. Además, fue él quien les recomendó al ingeniero y a Orlandi a la sospechosa para que hiciera una suplencia en su casa”, explicaron fuentes judiciales.

En su declaración testimonial, Orlandi sostuvo que Paniagua tenía que trabajar en su casa hasta el 29 de febrero pasado. Como iba martes y jueves, le quedaban dos jornadas como empleada doméstica de la pareja.

En la casa de Jara los detectives policiales secuestraron cuatro teléfonos celulares, una CPU y una tablet, aparatos que serán peritados por los especialistas de la Ufeic.

A raíz de diversas publicaciones periodísticas, referidas al avance de la causa sobre los hechos de público conocimiento acontecidos en el barrio privado La Delfina, donde se hace mención a la ´empresa de seguridad´ nos vemos en la necesidad de aclarar públicamente que José Jara no tiene, ni tuvo, vinculación laboral alguna con Watchman Seguridad Privada SA. Desde que se tomó conocimiento de la causa, la empresa y su personal han estado y continuarán estando a disposición de lo que requieran las autoridades policiales y judiciales”, explicaron desde la empresa que presta el servicio de vigilancia en el country donde vivía la víctima.

Según pudo saber LA NACION, Jara trabaja en relación de dependencia para La Delfina.

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POLITICA

Al igual que con CFK, se oficializó la quita de la jubilación de privilegio de Amado Boudou

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El Gobierno oficializó este viernes la quita de la jubilación de privilegio del ex vicepresidente Amado Boudou, quien percibía $6.814.272 mensuales. La decisión se formalizó a través de una resolución del titular de la ANSES, Mariano de los Heros, en el marco de una política para anular las asignaciones especiales de ex funcionarios condenados por la Justicia.

La Casa Rosada fundamenta la medida en la Ley 24.018, que regula las pensiones vitalicias, y en el artículo 53 de la Constitución Nacional, argumentando que estas asignaciones son incompatibles con el “mal desempeño” demostrado por sentencias judiciales firmes. En 2020, la Corte Suprema confirmó la condena de Boudou por la causa Ciccone, lo que lo convirtió en el primer vicepresidente en ser sentenciado por corrupción.

El Gobierno oficializó la quita de la jubilación y pensión de privilegio a Cristina Kirchner

El Ejecutivo anticipa posibles acciones judiciales por parte de los afectados, como Boudou y Cristina Kirchner, a quien también se le revocó su pensión y jubilación. La defensa jurídica de estas decisiones recaerá en el Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra. En el Gobierno consideran que las condenas por delitos en el ejercicio de la función pública son razón suficiente para retirar estos beneficios, incluso sin un juicio político formal.

Según el texto de la resolución, la jubilación de privilegio debe estar vinculada a una conducta ejemplar durante y después del ejercicio del cargo. “La asignación de privilegio resulta jurídicamente incompatible para quien haya cometido un delito en perjuicio del Estado Nacional”, detalla el documento.

Desde sectores críticos se cuestiona la validez de la medida, argumentando que la ausencia de un juicio político impediría retirar la pensión. Sin embargo, el Gobierno insiste en que las condenas judiciales por corrupción son prueba suficiente de una “conducta deshonrosa” incompatible con estos beneficios.

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