En la primera década del siglo XXI (2000/2010), España tenía tan solo 307 kilómetros cuadrado de terreno árido, en la localidad de Tabernas, en Almería (Andalucía). Diez años más tarde (2010-2020), el «secarral» se ha extendido a otras dos CCAA (Murcia y Comunidad Valenciana) superando los 7.000 kilómetros cuadrado, lo que equivale a un crecimiento del 2.200%.

La impactante radiografía del avance de la desertificación en España, una consecuencia del cambio climático que pone en jaque uno de los principales motores económicos del país como la agricultura y la agroindustria, aparece en el último estudio de la desertificación en España elaborado por la Estación Experimental de Zonas Áridas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), al que ha tenido acceso El País antes de su publicación.

Según esta actualización, elaborada con datos meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la aridez aumentó en el 84% de la superficie de España y la degradación activa de tierras afecta ya a más de un 3% del territorio.

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En Andalucía, la superficie árida se ha extendido hasta los 3.025 kilómetros. Murcia, que no tenía estas tierras, ahora suma 2.983 kilómetros cuadrados, algo menos de la tercera parte de su extensión (11.303).

La acelerada aridificación contrasta, paradójicamente, con el insostenible crecimiento productivo de estas dos regiones, que en la última década se han consolidado como la «huerta de Europa» por cultivos muy intensos (invernaderos) en lo que respecta a la demanda de agua.  

Un ejemplo: la producción de frutos rojos en Andalucía creció un 58% en 15 años, pasando de las 277.250 toneladas de la campaña de 2007/2008 a 437.711 toneladas de la campaña 2021/2022.

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Otro ejemplo: la expansión del mango y el aguacate en la Axarquía. España produce casi el 83% del aguacate de la UE. Andalucía cerca del 70%. El continente consume alrededor de 144.000 toneladas de esta fruta tropical al año, de las cuales 97.000 toneladas se cultivan en España.

La aridez ha penetrado una parte de la Comunidad Valenciana, que ya tiene 733 kilómetros cuadrados de territorio (Alicante). En esta comunidad, 7.209 kilómetros cuadrados han pasado de ser subhúmedos a semiáridos.

La desertificación es el resultado de la explotación insostenible de los recursos, con una tasa de apropiación mayor que la de reposición, lo que deriva en un «deterioro irreversible del capital natural limitando las oportunidades de desarrollo y las condiciones de vida de la población humana

La denominada «degradación activa», que implica pérdida de producción vegetal causada por la actividad humana, se ha triplicado, según el estudio. En el decenio anterior afectaba al 1% del territorio español. En la actualidad, afecta entre el 3%-4%. 

 «La desertificación es el resultado de la explotación insostenible de los recursos» 

En 2022, el Gobierno presentó la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación, confeccionada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) con la participación de las administraciones autonómicas.

El documento contiene 158 página con datos, cálculos y estimaciones sobre uno de los problemas más grave que sufriría la geografía y la economía española en los próximos años: la desertificación.

Se explica que la desertificación es «el resultado de la explotación insostenible de los recursos», con una tasa de apropiación mayor que la de reposición, lo que deriva en un «deterioro irreversible del capital natural limitando las oportunidades de desarrollo y las condiciones de vida de la población humana».

Modernización de regadíos: la millonaria apuesta del Gobierno que no reduce la insostenible demanda de agua

El crecimiento de la superficie regada -explotación de los acuíferos- tiene estrecha relación con la desertificación, según el análisis del propio Ejecutuvo. Actualmente esta superficie alcanza los 3,8 millones de hectáreas, lo que supone alrededor del 23 % de la superficie total cultivada y aporta el 65% del valor de la producción final agraria.

Dice el documento: «El potencial productivo que supone el regadío tiene como contrapartida el uso de un volumen importante de agua (en torno al 80 % del volumen total de usos del agua) en un país con territorios donde esta es escasa. Entre 2010 y 2019 la superficie de regadío se ha incrementado un 14 %, mientras que la superficie cultivada total se redujo un 1,3 %».

La «previsión de escenarios futuros», con el cambio climático como trasfondo, no es nada alentadora. España se encamina a «una reducción importante de los recursos totales disponibles, un incremento de episodios extremos de sequías, que incrementará el estrés hídrico, los conflictos por el agua y los impactos derivados de los déficits hídricos».

Lo llamativo es que pese al diagnóstico, el Gobierno no contempla en su hoja de ruta la reducción de los regadíos, la única medida que, juicio de los expertos, puede revertir la sobreexplotación que sufren hoy la mayoría de los acuíferos de la península.

El Ejecutivo reconoce que las previsiones son de crecimientos, de más hectáreas de riego para los próximos años.

 «Hay que tener en cuenta que junto a la exposición a los riesgos derivados del cambio climático existen en diversos planes de cuenca previsiones de nuevas superficies de regadío, si bien estos incrementos son mínimos y fruto de actuaciones que, en muchos casos, ya estaban desarrolladas», aclara el documento.

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 El Gobierno centra casi toda su estrategia en la modernización de los regadíos, aunque reconoce que su eficacia está en duda y que tiene efectos contraproducentes, como la expansión de nuevos aspersores.

 «Como consecuencia de dicha modernización en ocasiones se puede provocar un efecto rebote; las nuevas tecnologías introducidas permiten el ahorro de agua, pero ese beneficio podría derivar en una expansión o intensificación agrícola, resultando en un consumo total superior al anterior. En última instancia, esto provocaría un efecto negativo sobre el propio sector, además de un desperdicio de inversiones, y un impacto negativo sobre los ecosistemas locales».