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Crisis institucional en Ecuador: suspenden a la vicepresidenta e inhabilitan a un candidato a pocos meses de las elecciones

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QUITO.- En medio de un clima de tensión de cara a las elecciones que se llevarán a cabo el 9 de febrero de 2025, el Tribunal Contencioso electoral prohibió la participación en los comicios presidenciales del empresario guayaquileño Jan Topic, crítico de Daniel Noboa. Mientras que la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, condenó la inhabilitación temporal que se le impuso y argumentó que se debe a motivos electorales.

En un fallo que generó revuelo, durante la noche del domingo el tribunal inhabilitó a Jan Topic, quien quedó cuarto en la contienda pasada y cuestionó la gestión del presidente, Daniel Noboa, al considerar que incurrió en una prohibición constitucional y legal. La resolución aprobada por cuatro de cinco jueces electorales señala que la candidatura del economista de 41 años “no puede ser aceptada”, pues “no se ha desvinculado adecuadamente” de empresas que mantienen contratos con el Estado, y “continúa siendo beneficiario final” de las mismas.

La Constitución y la ley ecuatorianas señalan que no podrán ser candidatos de elección popular “quienes al inscribir su candidatura tengan contrato con el Estado”. Topic negó cualquier vínculo contractual con instituciones públicas.

Antes de conocerse el fallo, cuya resolución fue anticipada por el propio Topic, el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, aseguró en su cuenta de X que de hacerse efectiva “constituiría un fuerte golpe a la integridad del presente proceso electoral y un serio revés a la democracia ecuatoriana”.

La cancillería reaccionó en un comunicado y le recordó “el principio básico de derecho internacional de no intromisión en asuntos internos de un Estado”.

En las afueras del Tribunal Contencioso, y con el respaldo de decenas de sus simpatizantes, Topic afirmó que “no vamos permitir que un niño que se reúsa a salir de su palacio de cristal y dar la cara por tenernos sumergidos en la oscuridad, en la pobreza, en la inseguridad, destruya lo que más anhelamos: el derecho a elegir”, en alusión al presidente Noboa y sin detallar qué acciones adoptará.

El empresario con antecedentes militares quedó cuarto en los comicios de 2023, superado por Noboa, que aspira a un nuevo mandato, la izquierdista Luisa González y Christian Zurita. Este último reemplazó al asesinado candidato Fernando Villavicencio. Analistas y encuestadoras han considerado que Topic tiene opciones de medirse con los favoritos: Noboa y González.

Noboa llegó inesperadamente al poder en noviembre de 2023 para completar el mandato de su antecesor, Guillermo Lasso, quien redujo su período presidencial tras disolver la Asamblea y convocar elecciones anticipadas.

ARCHIVO - El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en una ceremonia de entrega de equipamiento a la policía en la academia policial Gral. Alberto Enríquez Gallo en Quito, Ecuador, el 22 de enero de 2024. (AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo)

El actual mandatario afronta una ola de violencia sin precedentes y una crisis en el sector energético que ha sumido a la población en apagones de hasta 14 horas, lo que, según él mismo ha reconocido, ha golpeado su popularidad.

Una quincena de candidatos aspira a llegar al presidencia de Ecuador en las elecciones del 9 de febrero cuando se elegirán presidente, vicepresidente, 151 asambleístas y cinco parlamentarios andinos.

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“Grosera violación a la Constitución” y nueva vicepresidenta

La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, reaccionó la noche del domingo ante la suspensión temporal del cargo que le impuso el ministerio de Trabajo por abandono de labores y calificó a la sanción como una “grosera violación a la Constitución” para impedir la sucesión presidencial. Es por esto que el gobierno de Ecuador designó el lunes a Sariha Moya como nueva vicepresidenta interina.

Abad calificó como “electoralista” la medida y arremetió contra el presidente, Daniel Noboa, con quien mantiene una abierta disputa, y afirmó que el proceso administrativo en su contra “no es aplicable a funcionarios electos en las urnas” por lo que pidió la intervención de las autoridades de control del país andino.

La vicepresidenta fue acusada por la cancillería ante el Ministerio de Trabajo por no haber cumplido la orden de trasladarse el 1 de septiembre desde Israel -donde se desempeña como embajadora designada por el presidente- hacia Turquía debido al conflicto bélico que afronta el primer país. Abad llegó a Ankara ocho días más tarde.

La suspensión del cargo por 150 días, sin remuneración, se suma a una reciente multa que le impuso un tribunal electoral ecuatoriano por 8500 dólares por haber realizado campaña anticipada cuando fue candidata a la alcaldía de la ciudad de Cuenca en 2023.

ARCHIVO - La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, asiste a una ceremonia de cambio de guardia en el palacio de gobierno de Carondelet en Quito, Ecuador, el 28 de noviembre de 2023

Se “pretende inhabilitarme por cinco meses por una falta no cometida y sin prueba alguna, con el solo objetivo de que no asuma la presidencia de la República cuando el presidente candidato entre en su campaña electoral” en enero de 2025, aseveró Abad.

De acuerdo con la Constitución, el vicepresidente o vicepresidenta debe asumir la presidencia, en ausencia temporal o definitiva del presidente.

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“Hago un llamado fuerte y contundente a las autoridades de control”, dijo la segunda mandataria e instó al Legislativo, a la Fiscalía, Contraloría y otras instituciones a investigar y fiscalizar las acciones de la presidencia y otras instituciones públicas. Abad agregó que denunciará el hecho a la comunidad internacional.

La relación entre el presidente y la vicepresidenta está fracturada desde la época electoral, sin que los motivos estén claros. Noboa la ha tildado de “desleal”, mientras que Abad asegura que el gobierno de Noboa busca presionarla para que renuncie.

Agencias AP y DPA

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L-Gante: Se conoció la causa en su contra que podría llevarlo a la cárcel

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Tras un mes cargado de tensiones y desmentidas, que incluyeron un polémico descargo en redes sociales donde el cantante L-Gante expresó que querían «verlo muerto», finalmente se confirmó un nuevo proceso judicial en su contra. Este proceso surge de un allanamiento realizado el 6 de junio de 2023 en su residencia en Moreno, que terminó con su detención.

La reciente imputación se centra en el «Artículo 145 bis: Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual y Laboral», en el marco de la Causa N.º 32370/2024, según la Ley 26.842. La denuncia recayó en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 1 de Morón, a cargo del juez Martín Alejandro Ramos, con la acusación liderada por el fiscal Sebastián Basso.

Un proceso judicial controvertido

A pesar de que el abogado de L-Gante, Guillermo Gastón López, había enviado comunicados a diversos medios negando la existencia de nuevas causas en su contra, la denuncia fue iniciada por una fundación dedicada al acompañamiento de víctimas de trata y se gestionó inicialmente en la PROTEX (Procuraduría de Trata de Personas). Luego de una investigación preliminar, el caso fue transferido a la Fiscalía Federal N.º 1 de Morón.

El hecho más relevante de la denuncia surge del allanamiento de junio de 2023, cuando autoridades policiales y judiciales habrían manipulado pruebas, utilizando documentación falsa para hacer pasar por mayores de edad a dos menores presentes en la vivienda del cantante. Estas menores, cuyas iniciales son M.J.M. y M.C.M., son ahora testigos clave.

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En la denuncia también se menciona el fallo previo del Tribunal Federal en lo Criminal N.º 3, donde L-Gante fue condenado a tres años de prisión en suspenso por amenazas coactivas y daños. Además, se señala el riesgo de represalias por parte de su entorno, conocido como «La Mafilia».

Acusaciones de encubrimiento mediático

El manager de medios, Jorge Zonzini, quien representa a los denunciantes, declaró que existe un aparente «paraguas mediático» que busca desviar la atención pública con distracciones que involucran a figuras de la farándula. Según Zonzini, esta estrategia habría sido diseñada para minimizar la gravedad de los hechos y justificar la narrativa de una persecución racista o clasista contra el cantante.

«Mi rol profesional se limita a visibilizar un hecho puntual y romper con lo que parece un operativo de distracción», sostuvo Zonzini, en alusión a las recientes polémicas mediáticas con celebridades como Wanda Nara, Mauro Icardi y Tamara Báez.

Un fallo bajo sospecha

La defensa de L-Gante podría intentar invalidar el operativo policial al argumentar irregularidades, como la falsificación de identidades y la posible ocultación de pruebas clave, entre ellas el arma que lo vinculaba a la causa por privación ilegítima de la libertad.

El desenlace de este caso podría marcar un punto de inflexión en la carrera del cantante, mientras las denuncias y los rumores sobre la connivencia policial siguen siendo investigados. La imputación por trata de personas, sin duda, pone en juego su libertad y su imagen pública. (www.REALPOLITIK.com.ar)

¿Justicia o persecución? La polémica está servida.

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