Las acusaciones del gobierno de Axel Kicillof acerca de un complot policial por parte de un grupo de uniformados que responden al oficial retirado y candidato libertario Maximiliano Bodarenko quedaron reducidas en la Justicia a una causa por malversación de caudales por el uso de computadoras oficiales para tareas particulares.

Así lo requirió el fiscal subrogante Álvaro Garganta ante la denuncia del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, que suspendió a 24 policías por conspirar contra el gobierno y hacer política en favor del candidato libertario.

El fiscal recibió hoy siete computadoras secuestradas a los policías investigados y pidió realizar un peritaje sobre esas máquinas. En tres de ellas hay documentación, señalada por la denuncia de Alonso, como incriminatoria para los policías.

Según pudo saber , se trata de notas con el logotipo de la Libertad Avanza con pedidos de acceso a la información para conocer el despliegue policial y de móviles en Esteban Echeverría.

En las mismas notas se mencionan trabajos como planes de seguridad y hay archivos con el logo de LLA y la imagen de un león como símbolo del gobierno de Javier Milei.

De los 24 policías denunciados, siete de ellos son los más complicados, ya que son los dueños de las computadoras secuestradas. Específicamente, en tres máquinas se hallaron los materiales señalados como de interés político.

El fiscal Garganta sumó a la denuncia del gobierno bonaerense la que hizo la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en la que acusó a Kicillof de espionaje, por publicar chats de los policías sindicados como conspiradores.

El fiscal mandó a peritar las máquinas para determinar qué trabajos se hicieron y cuánto tiempo insumieron en la realización de esas tareas. Su idea además es determinar que no hayan sido adulterados los discos rígidos de esas máquinas.

Garganta proyecta notificar a los sospechosos (los dueños de las máquinas donde se hallaron estos documentos) que están acusados de una malversación de fondos, por usar en beneficio propio bienes del Estado.

Kicillof inició un sumario administrativo contra los 24 policías acusados de realizar actividad política mientras estaban en funciones, lo que es una violación de la ley orgánica de la Policía bonaerense, pero no alcanza para una imputación penal.

Los policías quedaron bajo sospecha luego de una denuncia anónima que aportó chats de Bondarenko con un grupo de uniformados y otros mensajes que instaban a realizar trabajo político en su apoyo.

“La auditoría interna comprobó que la denuncia anónima era real. Se encontró material en las computadoras e impresiones en papel con planes de trabajo de cara a las elecciones y a las de 2027″, dijo una alta fuente bonaerense a .

Se escribía allí sobre cómo trabajar el tema seguridad, que cambios había que hacer, a quién promover y a quién pasar a retiro. “La Policía no puede hacer actividad política partidaria en dependencias policiales. Es apartidaria y no pude sindicalizarse”, dijo un funcionario del gabinete del gobernador Kicillof.

Los 24 uniformados bajo investigación fueron suspendidos de sus cargos, no exonerados. Se espera ahora el resultado de la investigación administrativa y judicial para definir su futuro.

Se los vinculó porque antes de saber que iba a ser candidato por La Libertad Avanza, Bondarenko fue a comer un asado con un grupo de amigos en la casa del comisario mayor Ignacio Manuel Ortíz Valenzuela, jefe de la División Policía Ecológica, que es padrino de uno de sus hijos.

Allí se celebraba la despedida de un uniformado que se jubilaba e invitaron al senador bonaerense Carlos Curestis, que quería conocer a Ortiz Valenzuela. Todos los comensales, incluido el suboficial que hacía el asado, quedaron bajo sumario.

“No existen las conspiraciones o un intento de golpe de Estado como delito”, dijo una fuente con acceso al caso. Ortiz Valenzuela, que aún no declaró en el sumario policial, está dispuesto a explicar su rol y porque había planes de seguridad en la computadoras. Dicen en tribunales que es un estudioso de la materia y que le propuso esos mismos planes hasta el actual jefe de la Policía bonaerense.

La causa quedará en manos del fiscal Garganta hasta mediados de mes, cuando regresará al fiscal natural del caso, que se encuentra de licencia.

Desde su departamento de San José 1111, en Constitución, donde cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenada en la causa Vialidad, Cristina Kirchner ordenó el despliegue de una campaña internacional para proclamar su inocencia y denunciar que sufre una “persecución política” y está “proscripta” en la Argentina. La expresidenta delegará ese mensaje en una decena de emisarios que en los próximos días se presentarán en México y Brasil.

Los delegados -entre ellos Jorge Taiana, Oscar Parrilli, Lucía Corpacci e Itai Hagman– portarán un documento titulado “La persecución contra Cristina Fernández de Kirchner y su proscripción”, ilustrado con una fotografía de la jefa del PJ parada, de espadas, en el balcón que da a la esquina de Humberto Primo y San José. En la bajada se lee: “Dos gobiernos, el poder económico y el poder mediático han buscado la destrucción del estado de derecho en la Argentina”.

Según indicaron fuentes partidarias a , Cristina Kirchner estuvo directamente involucrada en el diseño de esta campaña, que de algún modo comenzó con la visita de Lula Da Silva, el presidente de Brasil, a su departamento el 3 de julio pasado, aprovechando su estadía en Buenos Aires para una cumbre del Mercosur. Justamente el país vecino será uno de los apuntados para amplificar la consigna “Cristina Libre”, que emula a la clásica “Lula Livre”.

Desde el próximo viernes sesionará en Brasilia el Congreso Nacional del Partido de los Trabajadores (PT), donde asumirán las nuevas autoridades y se definirán los lineamientos políticos para los próximos cuatro años. Hasta ese foro llegarán el excanciller Jorge Taiana y el parlamentario del Mercosur Franco Metaza. Ambos expondrán en una mesa específica para tratar el caso de Cristina Kirchner, que en Brasil es seguido con especial atención por Lula y sus partidarios.

El documento que llevarán los emisarios de la expresidenta incluye consideraciones muy duras contra el presidente Javier Milei, su antecesor Mauricio Macri (2015-19) y la Corte Suprema, a cuyos integrantes acusa de integrar un tribunal irregular. Al referirse a Cristina, el texto asegura que “su proscripción es la consecuencia de una persecución política en sede judicial perpetrada por el poder económico y mediático y ejecutada sin pruebas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina”.

“La creciente degradación de la democracia que atraviesa América Latina adopta en Argentina una forma específica: la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidenta de la Nación, ex vicepresidenta y actual presidenta del Partido Justicialista; el partido político más importante de América Latina”, señala el párrafo introductorio del documento. Más abajo, se indica que la jefa del PJ pensaba ser candidata, hasta que la inhabilitaron para ejercer cargos públicos.

De los emisarios que enviará al exterior, Taiana es el más reconocido, puesto que fue canciller y ministro de Defensa entre los últimos gobiernos peronistas. Pero también tendrán una misión similar Oscar Parrilli, senador y titular del Instituto Patria; la también integrante de la Cámara alta y una de las vicepresidentas del PJ, Lucía Corpacci; y los diputados nacionales Tomás Ledesma, Carolina Gaillard e Itai Hagman, este último de la línea que encabeza Juan Grabois.

Mientras calienta motores la campaña hacia las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, los emisarios de Cristina Kirchner se presentarán con el documento bajo el brazo en la ciudad de México, donde se lanzará en Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el comité “Cristina Libre”, el 4 de agosto, mientras que participarán en forma paralela del Foro de Partidos Políticos Progresistas, organizado por la Fundación Friedrich-Ebert (FES), con la misma misión difusora.

Los delegados cristinistas profundizarán sobre las ideas que transmite el documento supervisado por la expresidenta. “El 10 de junio, la Corte rechazó los recursos interpuestos en la causa Vialidad (…) sin siquiera analizarlos. De esa manera otorgó firmeza a la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua en su contra y convalidó un proceso judicial completamente irregular y violatorio de la Constitución, las leyes argentinas y los Tratados Internacionales”, sostiene el escrito.

“Fue así como, por primera vez en la historia, la Corte condenó a un expresidente constitucional; y justamente a quien fue, además, la primera y única mujer en llegar a ser electa como presidenta de la Nación”, se afirma en el documento, que contiene como uno de sus subtítulos la frase “Ruptura del pacto democrático y violencia de género». Además, define el atentado en su contra, de 2022, como “el hecho de mayor violencia política desde el retorno de la democracia”.

El documento advierte: “Esta sentencia no es un fallo, sino una proscripción política que provoca la ruptura del pacto democrático de 1983, negando al pueblo el derecho a elegir libremente. Es el resultado de una persecución política y una estrategia de disciplinamiento para toda la dirigencia política argentina. Es también parte de una dinámica más amplia que ya hemos visto afectar a cargos políticos de distinto signo en otros países de la región”, indica en referencia a Brasil.

En uno de sus últimos párrafos, reclama: “Es fundamental que el mundo mantenga su atención puesta en Argentina. Lo que está en juego no es sólo la libertad de una dirigente política, sino el derecho del pueblo a vivir en democracia. Una democracia real en la cual los representantes se eligen en las urnas y no se eliminan mediante fallos dictados desde las sombras. Queremos vivir en un país donde las diferencias se resuelvan con votos, no con sentencias armadas ni con balas”.