En una jugada política que tensó las relaciones políticas del Senado, la jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, logró imponer a la peronista Carolina Moisés (Jujuy) como vicepresidenta de la Cámara, desplazando de ese sitial a un representante del kirchnerismo, principal bloque de oposición en la Cámara alta.

La jugada fue decidida en un encuentro en el que la exministra le sacó a toda la oposición dialoguista el compromiso de arrebatarle al kirchnerismo el segundo sitial de conducción de la Cámara alta después de la presidenta del cuerpo, la vicepresidenta Victoria Villarruel, y del presidente provisional, el libertario Bartolomé Abdala (San Luis).

Con los votos en la mano, Bullrich pidió la palabra y propuso el nombre de Moisés para la vicepresidencia del Senado y pidió que se votara de manera mecánica. El tablero marcó un contundente apoyo a su moción de 45 votos a favor, 24 en contra y una abstención.

Alineada con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, la jujeña Moisés integra el lote de tres senadores peronistas que este lunes pegaron un portazo y abandonaron el interbloque Popular, que reúne a las diferentes expresiones peronistas de la Cámara alta.

El grupo rompió la supuesta unidad del PJ en el Senado en disidencia con la conducción de Cristina Kirchner. En el caso de Moisés, el enfrentamiento se ha convertido en una pelea personal con la expresidenta porque ordenó intervenir el PJ de Jujuy.

También sostiene un duro enfrentamiento con La Cámpora, que ha pedido la expulsión de Moisés del partido por haber competido con listas separadas en la última elección nacional.

“Es una falta de respeto total, hace una propuesta que está amparada por la soberbia del momento”, se quejó el jefe del bloque kirchnerista, José Mayans (Formosa), en alusión a Bullrich, que minutos antes había propuesto a Moisés para la vicepresidencia de la Cámara alta.

Mayans anticipó que “sin objetar el nombre propuesto” su bloque no iba a acompañar la propuesta formulada por la jefa de la bancada kirchnerista.

A pesar de formar junto a Moisés el grupo que rompió lanzas con el kircherismo, el peronista camatarqueño Guillermo Andrada, que responde al gobernador Raúl Jalil, se abstuvo el momento de la votación, como forma de manifestar si disidencia con la jugada pergeñada por el oficialismo y avalada por la casi totalidad de los bloques.

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto por el anuncio del cierre definitivo de Fate, la histórica fabricante nacional de neumáticos, que dejará más de 900 trabajadores despedidos.

Luego de una reunión de conciliación entre las partes, este mediodía, el Ministerio de Capital Humano informó que la Secretaría de Trabajo a su cargo ordenó que por 15 días “se retrotraiga la situación al estado previo al conflicto”.

De todos modos, en el Gobierno reconocen que las chances de revertir el cierre son casi nulas, dado que “la empresa ya decidió cerrar y pagar el 100 por 100 de las indemnizaciones”.

Mientras tanto, en San Fernando, decenas de trabajadores continuaban protestando esta tarde dentro del predio de Fate. Algunos, en el techo de la fábrica. Pasado el mediodía, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), Alejandro Crespo, había anunciado con un megáfono que, más allá de la conciliación, seguirán protestando hasta que se reabra la fábrica y se restituyan los puestos de trabajo.

En el gobierno de Javier Milei dicen que la crisis que terminó con el cierre de Fate es de larga data y culpan al sindicato, al que acusan de haber “llevado a la empresa a una situación terminal”.

También el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que conduce Walter Correa (líder del gremio de curtidores), comunicó que dictó la conciliación obligatoria tras el anuncio del cierre de Fate. Según informó la cartera laboral bonaerense, su medida deja sin efecto los 920 despidos en la firma ubicada en San Fernando. La decisión ministerial, que también tiene una vigencia de 15 días, ordena, como lo hizo el gobierno nacional, retrotraer “el estado de situación y las acciones al inicio del conflicto”.

En Fate, contaron a , que acataron la conciliación obligatoria que dictó el Gobierno, lo que no implica, sin embargo, que la empresa está cerrada y no cambia la decisión de su directorio. Sin embargo, desde las 6 de la mañana de hoy, cuando se comunicó el cierre, había 4 días para pagar las indemnizaciones a los 920 trabajadores. El acatamiento de la conciliación abre -dijeron- un compás de espera sobre ese pago, aunque en la compañía dijeron que quien quiera cobrar, podrá hacerlo.

“No es nueva la crisis de Fate. Durante muchos años afrontaron conflictividad gremial con leyes laborales arcaicas y restricciones cambiarias que agravaron el cuadro de situación”, dijo una alta fuente del Gobierno, que por estas horas impulsa en el Congreso la denominada ley de modernización laboral para “generar más empleo” y “combatir el trabajo en negro”, según lo expresara días atrás el ministro de Economía, Luis Caputo.

La misma fuente oficial sostuvo que “desde 2019 afrontaban un plan preventivo de crisis y hace 14 meses que los empleados no recibían aumentos”. En el Gobierno culparon a “una parte de la política y de los sindicatos con ideologías extremas” de haber “llevado a la empresa a una situación terminal”, en referencia a Crespo, alineado con el Partido Obrero (PO), que fue detenido esta mañana dentro de la fábrica de FATE durante la protesta por el cierre de la planta y luego liberado.

“Trabajamos mucho para ayudar, ya desde el 2024. El sindicato se opuso a firmar un acuerdo con salarios a la baja para evitar el cierre. Ahora que cierran, se hacen los sorprendidos”, afirmó a este diario una fuente oficial que participó de las negociaciones previas.

Luego de la reunión de conciliación- a la que, según el Gobierno, no concurrieron los gremios, que sí aseguran haber concurrido- desde el Gobierno repartían culpas entre la empresa y el sindicato. “La empresa toma la medida un día antes del paro de la CGT y cuando se discute la reforma. Y los gremios hicieron todo lo posible para no acordar. Los dos hacen política”, se quejaron en un despacho oficial.

Sin menciones a la ola importadora, principalmente de China, que puso en jaque a las empresas proveedoras de neumáticos (la crisis también alcanza a otras empresas como Pirelli y Bridgestone), y que fue mencionada por la empresa en el comunicado en el que anunció el cierre, en la Casa Rosada afirmaron: “Esperamos que se cumplan los protocolos de crisis y de cierre”, incluido el pago de las indemnizaciones correspondientes a los 920 empleados de la planta de San Fernando.

“El Gobierno propicia la competitividad de las empresas en beneficio de todos los argentinos”, agregaron las fuentes oficiales, a tono con las políticas de apertura de la economía encabezadas por el presidente Milei y sus ministros de Economía y de Desregulación, Federico Sturzenegger.

“Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”, se expresó la empresa en el comunicado de cierre, y en relación directa a la apertura comercial impulsada por el Gobierno desde 2024.

Con la colaboración de Ailén Vila, desde San Fernando