El proyecto que el bloque de Unión por la Patria presentó en el Senado bonaerense para modificar la ley que pone límites a las reelecciones de legisladores, concejales y consejeros escolares en la provincia de Buenos Aires, empezó a activar conversaciones y borradores una posible hoja de ruta. El plan es tenerlo sancionado antes de la presentación de listas provinciales, que quedó fechado para el viernes 8 de agosto.

Es que de no haber modificaciones habrá 19 legisladores que no podrán ir por la renovación de su banca. Por eso el apremio para que en los próximos meses se avance con la iniciativa. El impedimento de un nuevo cargo abarca a diputados y senadores de todos los espacios políticos, desde el peronismo a La Libertad Avanza. Uno de los principales problemas que advierten los impulsores del proyecto se da en los concejos deliberantes, más que nada.

Será una negociación quirúrgica, pero una fuente del oficialismo legislativo avisa: “Si el proyecto entró por el Senado es porque está el número”. En rigor, la iniciativa fue trabajada por el senador peronista, Luis Vivona. El legislador forma parte del bloque de Unión por la Patria en la Cámara alta provincial y juntó el respaldo de sus compañeros de bloque Eduado Bucca, Emmanuel González Santalla, Teresa García, Laura Klark, María Elena Daffunchio, Daniela Viera, Amira Curi, María Rosa Martínez, Adrián Santarelli, Walter Torchio y Gustavo Soos. La mayoría responde a la conducción de Cristina Kirchner.

Un legislador del bloque oficialista adelantó que la estrategia es llevar el proyecto a comisión, conseguir un dictamen y luego votarlo en el recinto. Hacer ese recorrido legislativo facilita la suma de voluntades. La iniciativa podría salir con mayoría simple, la mitad más uno de los presentes, siempre que haya un quorum de 24 senadores en el recinto.

El proyecto presentado no hace referencia la posibilidad de que los intendentes que ya tienen dos mandatos consecutivos de gobierno puedan volver a presentarse en 2027. En principio, esa omisión, generó cierto ruido. En la Gobernación lo leyeron como un llamado de atención a los jefes comunales que respaldan a Kicillof, que vienen pidiendo cambios a la normativa electoral.

Lo cierto es que el objetivo es “sondear” el clima con los legisladores y, si avanza, luego insistir con la modificación a la ley que efectivamente restringe a los intendentes de ir por un tercer mandato consecutivo. Será una negociación post diciembre del 2025. Aunque también hay sobrevuela la sospecha de que al proyecto presentado se le haga una corrección para incluir el cargo de jefe comunal.

Entre diputados y senadores provinciales hay 19 nombres que -de no haber modificaciones a la ley- no podrán estar en las listas para renovar su banca en la Legislatura provincial en las elecciones de este año. Por la Primera sección electoral son la senadora Daniela Reich (La Libertad Avanza), Aldana Ahumada (PRO), Teresa García (UP), Gustavo Soos (UP) y Luis Vivona (UP).

Por la Segunda sección electoral están imposibilidades de ser reelectos la diputada Fernanda Díaz (Unión por la Patria) y Matías Ranzini (PRO). Por la Tercera sección electoral aparecen Susana González (UP), Marina Larroque (UP) y Facundo Tignanelli (UP). El caso del presidente de bloque del oficialismo en la Cámara baja -Tignanelli- igualmente es analizable, toda vez que se encuentra suplantando a Mariano Cascallares, que pidió licencia como diputado provincial en diciembre del 2023 para asumir como intendente de Almirante Brown. La actual ley dice que los legisladores podrán ser reelectos solo una vez y aclara que “quedan comprendidos en la prohibición todos aquellos que hayan asumido su cargo por un segundo periodo, sin importar que el mismo haya sido ejercido total o parcialmente”. Pero el dirigente de La Cámpora está en carácter de reemplazo, nada dice la ley sobre esa condición con lo cual podría abrirse una ventana.

En tanto, por la Cuarta sección electoral quienes no podrán ser reelectos son los senadores Agustín Máspoli (UCR) y María Elena Daffunchio (UP). Días atrás, cuando se presentó el proyecto en cuestión, Maspoli le dijo a Infobae: “Es una sorpresa. Pero por más que estemos alcanzados y que este proyecto nos permita ser reelectos, no es algo que vamos a acompañar. Cada uno tomará su oposición. Lo ponen sobre la mesa, para mí es un error; pero hablaremos sobre el tema”. Hay algún punto de consenso entre los bloques de que el tema, al menos, se tiene que discutir.

Por la Quinta sección electoral, se anotan, en la imposibilidad de otro mandato, las senadoras Gabriela Demaría (UP) y Flavia Delmonte (UCR). Por la Sexta el diputado radical Emiliano Balbín, su par Anahí Bilbao, el kicillofista Carlos Cuto Moreno y la diputada Fernanda Bevilaqua, referenciada en el Frente Renovador de Sergio Massa. Este sector fue el impulsor de la ley que limita las reelecciones indefinidas. Ante la posibilidad que el tema vuelva a discutirse, el exministro de Economía ya avisó que sus legisladores votarán en contra. Por la Séptima sección electoral está sin chances de ser reelecto, el senador Alejandro Cellillo.

Desde el Ejecutivo, Kicillof ya planteó que está de acuerdo con modificar la ley. Algunos intendentes y legisladores lo instaron a que presente un proyecto con su firma para darle más peso al reclamo. En Gobernación dicen que es un tema que tiene que resolver la Legislatura y que el mandatario no enviará una iniciativa cuando él ni siquiera tiene reelección. La Constitución provincial establece que el gobernador y vice podrán ejercer su mandato de cuatro años con la posibilidad de ser reelectos una vez.

La semana pasada en una reunión política entre jefes comunales que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y Kicillof, el intendente de Laprida, Alfredo Fisher, -que podría ir por una reelección en 2027- puso el tema sobre la mesa pidiendo avanzar con los cambios en la Ley. No tuvo mayores certezas de que ello vaya a suceder a la brevedad. Por eso, en principio, el plan es activar primero las reelecciones a cargos legislativos a nivel provincial y local, esperar el recambio legislativo y luego ver cómo promover el tema reelecciones de intendentes.

verónica magario en el senado bonaerense

El Senado definirá el próximo martes, en una reunión de Labor Parlamentaria -donde se juntan los jefes de bloque con la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel-, si sesiona el jueves 24 para aprobar los pliegos que designan a Alejandro Carlos Francisco Oxenford y Wenceslao Bunge Saravia como embajadores argentinos en los Estados Unidos y España, respectivamente. Esta cuestión es la que tiene mayor consenso, aunque en el convite que arrancaría a las 19 se resolverá si también aterriza en el recinto la demorada ley de Ficha Limpia, que ya fue aprobada por Diputados y lista para su sanción, en medio de volteretas y picardías que marean hasta a los propios legisladores.

Tres horas antes de Labor Parlamentaria, el oficialismo y la oposición “dialoguista” -según la semana- harán un nuevo peinado de votos en relación con Ficha Limpia. ¿En qué estado de situación se encuentra hoy? Al ser electoral, la norma precisa una mayoría absoluta -37- en el recinto y volverá a ser clave descifrar -tarea más que compleja- a los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano. Además, habrá que direccionar la lupa hacia un sector del radicalismo, que dudaba sobre la “escasa cantidad de delitos” incluidos en el proyecto, como confió a Infobae un integrante de dicha bancada. Si se toca una coma, volvería en segunda revisión a Diputados y el kirchnerismo celebrará, ya que está en contra.

Otro punto importante para la convivencia de la Cámara alta es resolver la situación de la secretaría administrativa, la caja y el corazón del Senado. Tras la salida de la eficiente María Laura Izzo, Villarruel quiere allí a Emilio Viramonte Olmos, quien -al menos- desde el verano se puso en contacto con los legisladores. En la sesión preparatoria de febrero, los santacruceños Carambia y Gadano arruinaron el encuentro al dejarlo -junto al kirchnerismo- sin quorum.

Tras dicho traspié, que implica la continuidad provisoria de todas las autoridades hasta tanto no se avalen nuevas, el oficialismo intentó solucionar este conflicto de manera discreta. El problema es que el día a día de la Cámara alta se encuentra cruzado por cambios para nada menores en direcciones importantes: Jurídica y Recursos Humanos, entre otras, como señala el decreto presidencial 227/25.

Como Villarruel lo firmó anteayer, el mismo aún no fue publicado en la web oficial, que desde hace añares y por escándalo es más transparente que la de Diputados, donde comanda el libertario y protegido de la Casa Rosada, Martín Menen. La titular del Senado intenta oxigenar la gestión, aunque detrás de esto hay una fuerte y, por momentos, penosa puja política.

La gran incógnita es si estos movimientos terminarán aquí, lo que eleva los nervios de algunos funcionarios dogmáticos de Villarruel que se creían intocables y erraron al elegir enemigo, más allá de prepotencias usuales en este ambiente. Otra cuestión que podría avanzar en los próximos días es la instalación de nuevos molinetes para controlar el presentismo. Ya se encuentran vigentes en el Anexo y hay versiones que involucran a las oficinas -algunas, semi fantasmas- de la avenida Entre Ríos, donde es posible hallar realidades paralelas fascinantes.

Para Viramonte Olmos, el oficialismo piensa dos ideas, si es que obtiene consenso el martes: votar al nuevo secretario administrativo y dejar a las restantes autoridades sin un aval final -a resolverse en otro momento, aunque siguen con mandato prorrogado-, o activar al nuevo funcionario y ratificar al resto para cerrar esta novela.

Qué dice la ley de Ficha Limpia

La norma modifica las reglas de elegibilidad para los candidatos a cargos públicos y bloquearía a quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia relacionada con delitos contra la administración pública, como el caso de Cristina Kirchner.

En concreto, abraza a los “delitos de fraude en perjuicio de la administración pública contemplado en el artículo 174, inciso 5 del Código Penal”. También, a los “delitos previstos en los capítulos VI-Cohecho y tráfico de influencias, VII-Malversación de caudales públicos, VIII-Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, IX-Exacciones ilegales, IX bis-Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y XIII-Encubrimiento, todos ellos contemplados en el título XI-Delitos contra la administración pública, del libro segundo del Código Penal”.

Además, quedarán comprendidos en este mecanismo “todo otro delito doloso contra la administración que conlleve enriquecimiento que sea dispuesto de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Constitución”.

En Diputados se eliminó la denominada “cláusula Petri” -en referencia al texto que produjo, entre otros, el ministro de Defensa, Luis Petri-, por lo que el artículo uno sostendrá la vigencia de la Ficha Limpia en “aquellos casos en que la sentencia condenatoria resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o cumplimiento de la pena correspondiente, y siempre y cuando la confirmación de la condena se produzca con anterioridad al plazo establecido en el artículo 25 del Código Electoral Nacional”. Es decir, a la confección de los padrones hasta 180 días antes de la elección general.

Por otra parte, “si la confirmación de la condena en instancia superior se produjera con posterioridad a dicho plazo, la prohibición tendrá efecto a partir de la finalización del proceso electoral”. En tanto, “la ilegibilidad regirá desde la fecha de la sentencia, salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, hasta su eventual revocación o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente”.

En el artículo 2, el inciso A se cambió en la Cámara baja por el siguiente: “La Cámara Nacional Electoral llevará un registro público de ficha limpia en donde constarán las sentencias dictadas en los términos del artículo 1, sus eventuales revocaciones y los datos identificatorios de las personas alcanzadas por dichas sentencias”.

Junto a los cargos electivos, los involucrados en la ley tampoco podrán ser designados como “jefe de Gabinete de Ministros, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social”, así como de cuerpos colegiados, personal diplomático, ni representantes en empresas con participación estatal de cualquier clase.