La discusión entre Axel Kicillof y el kirchnerismo por los plazos para presentar las candidaturas para cargos provinciales y municipales en Buenos Aires tendrá un nuevo capítulo la semana próxima, con un debate que arrancará en comisión, al filo con los tiempos para seguir modificando el proceso electoral de este año.

El tratamiento para suspender las PASO en la Cámara de Diputados bonaerense, que en principio estaba previsto para este miércoles, se postergó por la muerte del Papa Francisco, al que le rindieron homenaje en una sesión especial. De no surgir contratiempos, la baja de las primarias provinciales se sancionará el lunes.

De ese modo, despejada esa cuestión y ya confirmado el adelantamiento de la elección para legisladores provinciales y concejales para el 7 de septiembre, el contrapunto se trasladó a las fechas para inscribir a los candidatos. El radical Emiliano Balbín, titular de la comisión de Reforma Política, convocó a una reunión el martes para abrir la discusión.

En conjunto con el massista Alexis Guerrera, presidente de la Cámara, citó a Carlos Bianco -ministro de Gobierno-, Hilda Kogan -titular de la Corte Suprema bonaerense y de la Junta- y al juez federal Alejo Ramos Padilla, con competencia electoral para elecciones nacionales, no en el caso de las provinciales, aunque lo invitaron para exponer sobre su experiencia sobre la organización de los comicios en el principal distrito del país.

“Pedimos que vengan a explicar cuáles son las posturas del gobierno y de la Junta Electoral. Hay que terminar con la incertidumbre y darles tranquilidad a los ciudadanos bonaerenses”, dijo Balbín a Clarín. “El problema surge porque lo tendríamos que haber discutido el año pasado y por la interna del propio oficialismo. El principal responsable es Kicillof”, apuntó el radical.

La disputa se originó porque el proyecto que envió el Poder Ejecutivo provincial a la Legislatura proponía que las candidaturas se inscribieran 70 días antes de la elección. La ley vigente lo establece un mes antes, por lo que tanto en la gobernación como desde la Junta Electoral advirtieron que no habrá tiempo suficiente para validar más de 10 mil postulantes y confeccionar las boletas.

Ese artículo no prosperó, el Senado únicamente aprobó la suspensión de las PASO y tanto desde el kirchnerismo como en el massismo adelantaron que en Diputados sucederá lo mismo. “El lunes el proyecto que se va a votar es exactamente el mismo de la Cámara de origen”, descontaron.

Más allá de las discusiones técnicas en cuanto a los tiempos, subyacen diferencias y especulaciones políticas cruzadas. Del lado de Kicillof acusan a La Cámpora de buscar pegar lo máximo posible el cierre provincial al nacional para favorecer la injerencia de Cristina Kirchner en el armado de las listas.

En el Instituto Patria replican que la centralidad de la titular del PJ ocurrirá en cualquier caso y no dependerá de las fechas, y que será conveniente no adelantar la inscripción de las candidaturas para no extender la campaña para cargos provinciales.

“No es algo que pedimos nosotros”, tomaron distancia cerca de Kicillof sobre la convocatoria de Balbín al debate en comisión. Al radical le endilgaron frenar el debate sobre la suspensión de las PASO. Más allá del inicio del tratamiento, fuentes parlamentarias estimaron poco probable que avance el cambio de fechas.

Además del rechazo del kirchnerismo y del massismo, la UCR y el PRO preferirían mantener el cronograma vigente para no adelantar los cierres ante el escenario abierto sobre cómo será el armado electoral entre esos partidos y La Libertad Avanza.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti procesó a cinco empleados y docentes de la Universidad de San Martin (UNSAM) por fraude a raíz del desvío de fondos públicos, realizado mediante la contratación simulada de servicios inexistentes y el uso de facturas apócrifas.

Se trata de Román Martín González, Jonathan Bortnik, María Andrea Luján Fernández, Francisco Héctor Fernández y Juan Esteban Videla. En esta causa, el exrector de la UNSAM Carlos Ruta ya tiene procesamiento firme, dijeron a fuentes judiciales.

Todos ellos había sido investigados desde hace años y sobreseídos por la Cámara Federal, pero ahora la jueza Capuchetti reunió nueva evidencia sobre el desvío de recursos y los procesó.

Los fondos públicos provenían del Órgano Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) que en su oportunidad firmó un convenio con la UNSAM por asesoramiento técnico.

En 2017, la Oficina Anticorrupción presentó una denuncia porque había irregularidades en la rendición de esos recursos.

Apuntaba a fondos girados a lo largos de 2013, 2014, 2015 y 2016. Una auditoría detectó irregularidades por unos 8.898.167 de pesos.

Los fondos eran asignados al organismo por el Ministerio de Planificación, que por entonces conducía Julio De Vido.

Según dijo Capuchetti, “en esta pesquisa se ha determinado que el dinero que la UNSAM recibió del ORSEP, como resultado de las prestaciones acordadas en los instrumentos investigados, salió del circuito de dicha institución a través de la emisión de cheques de pago diferido a nombre de consultores, la mayoría de los cuales negó haber realizado las tareas asignadas”.

La jueza ya sabe quienes participaron del cobro del dinero, pero está reuniendo información y delegó en la fiscalía la profundización de este aspecto del caso.

“Los cuestionamientos siempre radicaron en la distorsión del propósito original y empleo con el fin de eludir la supervisión y la intención de desviar los fondos públicos asignados”, escribió la jueza.

La maniobra consistía en facturar supuestas tareas no precisadas a empresas inexistentes para así apoderarse de los fondos. “Las tareas acordadas en los anexos de los convenios fueron imprecisas y no se asociaban ni a la función ni al objeto del ORSEP; las tareas plasmadas en los anexos no se materializaron; y a pesar del incumplimiento de las prestaciones, se facturó y se efectuaron pagos”, dice el fallo.

“Con tal solo repasar las profesiones de los testigos que negaron haber prestado funciones en el marco de los convenios, las tareas desplegadas por los que sí dijeron haber desarrollado, los informes de avance que se presentaron para certificar su cumplimiento y el tipo de facturación incorporada en las rendiciones de cuenta, se reafirma la concreción de la hipótesis investigada en torno a la falta de cumplimiento de las tareas acordadas”, señaló.

La jueza también destaca la presentación sospechosa de facturas de arquitectos, psicólogos, profesores de gimnasia y comprobantes apócrifos, incluso de imprentas cercanas a la propia universidad. Toda una serie de elementos que fundamentan la existencia de un armado para inventar gastos.

Los testigos declararon que no hicieron las tareas que supuestamente estaban indicadas y para las que se efectuaron los pagos.