Más allá de las 1.500.000 personas que se movilizaron para reclamar contra el brutal ajuste a la educación universitaria, desde el gobierno hicieron oídos sordos a las demandas planteadas. En este sentido, la prosecretaria Educación de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) y secretaria General adjunta del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), Silvia Almazán, indicó: “Fue una histórica marcha, no solo en CABA sino en varias provincias del país. El gobierno debería tomar este registro y cesar con su campaña de hostilización, es decir no poner bajo sospecha la universidad pública o dejar de desconocer lo que producen en la educación terciaria”. 

“El gobierno tiene que cumplir con la ley de financiamiento educativo nacional y dejar de eludir su responsabilidad”, agregó. De este modo, profundizó: “La mejor respuesta para la movilización hubiera sido tratar la ley presupuestaria educativa y la del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), sin embargo los legisladores oficialistas y sus aliados no abrieron el quórum”. En torno a los controles que propone el gobierno, aclaró: “La mejor auditoría es recorrer las universidades, es decir la infraestructura, los equipamientos, las aulas y las condiciones en las que se trabaja”. 

Asimismo, Almazán diferenció el rol del gobierno nacional de los provinciales: “El vocero (Manuel Adorni) dijo que la educación es responsabilidad de las provincias, pero la principal e indelegable es del estado nacional, garantizando el financiamiento educativo y las políticas públicas, más el derecho social de estudiantes y docentes. A la inversión provincial le falta, en esta etapa, la complementariedad de la inversión nacional”.

Y concluyó: “La movilización demostró que la educación pública es intocable y debe ser garantizada por el gobierno nacional, en la calle estuvieron hasta los que votaron a esta gestión”. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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