POLITICA
«Cuidado extremo»: por qué a partir de ahora el Gobierno tiene que tratar a Maduro como a las autoridades de Malvinas
A partir del viernes pasado, si realmente no reconoce a la dictadura de Nicolás Maduro, el gobierno de Javier Milei deberá extremar el lenguaje de sus funcionarios y diplomáticos, mirar con lupa los documentos que firma en el plano regional y multilateral. Y su léxico también en los organismos internacionales.
La situación no deja de ser curiosa porque a partir de hoy, Argentina debería empezar a tratar con la mayor de las sutilezas y rigurosidad la referencia al régimen igual que debe hacerlo con las instituciones de las Islas Malvinas. Es decir, no puede sentar precedente legal alguno de que los reconoce.
Por supuesto, la implicancia para la Argentina de lo que se dice y firma sobre las Malvinas, cuya soberanía reclama al Reino Unido, tiene una implicancia mucho mayor y distinta a lo que se dice o hace con Venezuela.
Pero en los términos legales puede compararse porque si no reconoce al régimen de Maduro, a partir de ahora debe referirse a este como el “autoproclamado” gobierno de Venezuela/Maduro. No podría firmar documentos en Naciones Unidas de Nueva York, Ginebra, OEA, Celac, los grupos en los distintos países conocidos como GRULAC (los grupos de diálogo y concertación, los Países de América Latina y el Caribe que, sin embargo, no son vinculantes).
Así como no se debe avalar decir Falkland Islands o Islands Falklands ni afirmar «el gobierno de las Malvinas» sino el «gobierno probritánico» de las Islas Malvinas, las autoridades argentinas no pueden avalar la firma de ningún pronunciamiento o decisión que legitime a Maduro en este tercer período de gobierno.
Y los diplomáticos o funcionarios no pueden compartir actividad con las autoridades chavista, previa autorización de la Casa Rosada o la Cancillería.
Aunque el gobierno de Javier Milei decidió en los días posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo, y desconocer en cambio al régimen chavista, el reloj empezó a correr en realidad a partir de este viernes 10 de enero, fecha de la toma de posesión del nuevo gobierno en Venezuela.
En esta fecha Maduro, que ya se autoproclamó ganador de los comicios del 28 de julio pasado, no mostró las actas que lo daban por ganador a diferencia de las que viene mostrando la oposición que lidera la proscrita María Corina Machado y sí avalarían un triunfo de EGU por el 70 por ciento de los votos contra el dictador.
POLITICA
Presentaron un proyecto para eliminar las jubilaciones especiales de la Iglesia
La diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning, de la Unión Cívica Radical (UCR), presentó un proyecto de ley para eliminar las jubilaciones especiales destinadas a miembros del clero católico. Según la legisladora, estas asignaciones, originadas durante la última dictadura militar, han quedado “desfasadas respecto a la evolución social, política y económica de la Argentina y obsoletas en su operatividad”.
El proyecto también propone la derogación del pago de retribuciones a la curia castrense, en línea con el esfuerzo del radicalismo por reforzar la separación entre la Iglesia y el Estado. Brouwer de Koning subrayó: “La neutralidad del Estado frente a las diversas religiones es un fundamento elemental para no crear categorías de personas que vulneren la igualdad ante la ley por razones religiosas en materia previsional y fiscal”.
Cada concejal del país le cuesta al Estado un promedio de 129 millones de pesos al año
En el marco de una revisión más amplia del gasto público nacional, la diputada señaló: “Desde el 1° de enero del corriente, la Iglesia Católica ya no recibe más aportes económicos del Estado para el pago de asignaciones mensuales para los obispos, sacerdotes y seminaristas”. El proyecto busca eliminar específicamente cinco decretos leyes que otorgan beneficios previsionales y asignaciones al clero.
Entre los decretos apuntados se encuentran el 21.540, que otorga una asignación vitalicia del 70 % del salario de un juez nacional de primera instancia a arzobispos y obispos retirados, y el 21.950, que establece un beneficio del 80 % para los arzobispos en ejercicio. También se contempla derogar normas que facultan el pago a curas párrocos en zonas de frontera y asignaciones a seminaristas.
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