Mauricio Macri allanó el camino para que se concrete una alianza electoral entre Pro y La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires. “Es lo que el país necesita, un acuerdo razonable”, dijo el expresidente durante su participación en el foro “Energía Chubut 2050”.

“Nuestro presidente del partido en la provincia, Cristian Ritondo, tiene el mandato de construir ese acuerdo. Es lo que nos pide nuestra gente, y es lo que el país necesita”, expresó Macri durante su exposición ante un auditorio integrado por empresarios, funcionarios y referentes del sector energético. El expresidente señaló que, a pesar de las diferencias con el oficialismo, el Pro acompaña a Javier Milei con “vocación patriótica”, y remarcó que el diálogo entre ambos espacios está nuevamente abierto.

“Hemos apoyado sistemáticamente a este Gobierno como nunca antes lo hizo un partido que no es parte de la coalición de gobierno. Porque entendimos que primero está la gente”, enfatizó Macri.

Macri dijo que el proceso de transformación que impulsa Milei “requiere tiempo, coordinación y acuerdos duraderos”. El anuncio de un acercamiento entre Pro y LLA en el principal distrito electoral del país se da en medio de tensiones internas en ambas fuerzas, pero con una clara intención de consolidar un frente liberal y republicano.

“Esto no va a alcanzar con un solo gobierno, ni siquiera con dos. Requiere varios mandatos consecutivos que consoliden credibilidad. Estamos recién empezando a salir de décadas de decadencia”, remarcó Macri, quien pidió paciencia ante las dificultades económicas que aún atraviesa la sociedad.

El exjefe del Estado reconoció que hay sectores que “la están pasando muy mal”, pero confía en que los frutos del ajuste llegarán. “Vamos a poner nuestra cuota de esfuerzo para que esto funcione. El cambio es una conquista lenta, pero posible”, dijo.

Durante el evento enfocado en el desarrollo energético de Chubut y la Patagonia, Macri dedicó varios pasajes de su discurso a cuestionar el uso discrecional de las regalías petroleras y gasíferas. Sin rodeos, lanzó una de sus frases más filosas: “Ni un dólar de las regalías debería ir a gastos corrientes. Usarlas así es pegarse un tiro en el pie”.

Para el expresidente, el verdadero desarrollo de la región debe estar basado en inversión en infraestructura y previsibilidad, no en el asistencialismo ni en el financiamiento del aparato estatal. “La tentación de usar las regalías para contener a grupos enquistados en el Estado, con privilegios que solo frenan el desarrollo, es letal”, advirtió.

Según Macri, las regalías deben transformarse en rutas, conectividad, puertos y servicios básicos. “Esa plata tiene que ir a infraestructura, que es lo único que garantiza más inversión, más riqueza y más futuro”, dijo, y evitó hacer alguna referencia al freno de la obra pública por parte de la gestión de Milei.

A lo largo de su exposición, Macri elogió al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, por lo que consideró una gestión que prioriza el largo plazo. “Creo que es muy positivo mostrar lo que está pasando en Chubut bajo el liderazgo de Nacho”, señaló.

Además, propuso replicar las mesas de productividad que funcionaron durante su gestión nacional, con foco en sectores estratégicos como el gas convencional, el uranio y el turismo patagónico. “Chubut tiene todo para ser el Kuwait argentino, pero si hay que manejar ocho horas para llegar a Bahía Bustamante o no hay señal en ningún lado, nada va a suceder”, dijo con tono crítico pero propositivo.

Otro eje central de su discurso fue el llamado a proteger la inversión privada con seguridad jurídica. Macri cuestionó las trabas burocráticas y la discrecionalidad de algunos gobiernos locales. “El que invierte tiene que saber que lo que puso es suyo, y que no va a venir una agencia estatal, un intendente o un juez a inventar una tasa absurda o a manotearle el patrimonio”, advirtió.

Según su visión, la confianza es el factor clave que permitirá cerrar la brecha entre el potencial y la realidad de la Argentina, una frase que repitió varias veces como síntesis de su mensaje. “Estoy harto de escuchar que Argentina tiene todo. El desafío es convertir eso en hechos, y eso requiere reglas de juego claras, estabilidad y visión”, dijo.

La intervención de Macri en el foro “Energía Chubut 2050” combinó un mensaje político directo con una visión económica a largo plazo. Su respaldo a Javier Milei, el anuncio de una alianza en Buenos Aires con La Libertad Avanza, y sus críticas al mal uso de recursos naturales marcaron la agenda del evento.

Pese a las amenazas de veto de por parte del Poder Ejecutivo, la oposición en la Cámara de Diputados insistirá pasado mañana en una nueva sesión especial con un temario que incomoda, y mucho, al oficialismo. Contempla un aumento excepcional de las jubilaciones y un nuevo sistema para suplantar la moratoria previsional. Además, se incluyó la declaración de emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027.

En la sesión, convocada por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, los opositores también pretenden llevar al recinto las iniciativas que proponen declarar la emergencia en los distritos de la provincia de Buenos Aires afectados por las inundaciones del 16, 17 y 18 de mayo pasado. Además, buscarán emplazar a los presidentes de Educación y de Presupuesto –ambas comandadas por el oficialismo- para que se avance en una nueva ley de financiamiento universitario, iniciativa que promueven los rectores de todo el país.

Será la segunda vez que la oposición intentará avanzar con este temario; hace dos semanas fracasaron por falta de quorum en el recinto –se sentaron 124 diputados en sus bancas, cinco menos de los necesarios para abrir el debate-, pero en esta oportunidad esperan alcanzar el objetivo. Creen que el clima social de los últimos días, marcado por la masiva y emotiva marcha que protagonizaron las organizaciones y familiares de personas con discapacidad y el conflicto salarial en el Hospital Garrahan -tema que la oposición también buscará colar en el debate-, podría ser un factor disuasorio que lleve al recinto a quienes, hace dos semanas, pegaron el faltazo.

Por de pronto, el bloque de La Libertad Avanza y sus aliados de Pro no solo no darán quorum sino que ya pusieron en marcha el operativo para hacer caer la sesión.

El primer puntapié lo dio el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuando advirtió que si la oposición logra convertir en ley los proyectos sobre jubilaciones y discapacidad el impacto fiscal será de US$ 12.000 millones.

“Una vez más, el kirchnerismo con sus actuales aliados, que hasta ayer eran enemigos íntimos, proponen con falsa demagogia y total irresponsabilidad una sesión que costaría más de 12.000 millones de dólares, o el 1,8% del PBI -escribió Menem en su cuenta de X (ex Twitter)-. Se esconden detrás de causas nobles con el fin de romper el equilibrio fiscal que tanto nos costó”.

Estos números que publicó el presidente de la Cámara baja se contradicen, sin embargo, con los informes que publicó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que a pedido de los legisladores hizo una estimación sobre el impacto fiscal de los proyectos que se someterán a debate en el recinto este miércoles si, finalmente, hay quorum.

En efecto, sobre las iniciativas que prevén una suba por única vez del 7,2% en todas las escalas de jubilaciones –para compensar la inflación no reconocida de enero de 2024- sumado a la actualización por inflación del bono de $70.000 que cobran los jubilados de la mínima, el Ministerio de Economía calculó un costo de 1,3% del PBI.

La OPC, por su parte, precisó que la actualización del bono tendría un impacto que rondaría entre el 0,23% del PBI en caso de llevarlo a 105 mil pesos; y del 0,30% del PIB si se eleva a 115 mil pesos.

Sobre la prórroga de la moratoria previsional que venció el 31 de marzo pasado -que la oposición finalmente no impulsaría en el recinto por falta de acuerdo entre los bloques- el Ministerio de Economía calculó que su impacto sería del 0,2% del PBI.

En cambio, el organismo de asistencia técnica del Congreso estimó que esta iniciativa, de aprobarse, tendría un costo del 0,084% del PBI para el primer año y del 0,081% para el segundo, totalizando un impacto fiscal acumulado de 0,165% del PBI.

El tercer punto calculado por los funcionarios de la cartera que comanda Luis Caputo concluye que la emergencia en discapacidad -que contempla, en el dictamen de mayoría, el financiamiento adecuado de las pensiones no contributivas, el fortalecimiento de los prestadores, la actualización de los nomencladores y el presupuesto sostenido de la ANDIS- representaría un 0,3% del PBI.

Por su parte, la OPC estimó un gasto de entre el 0,22% y el 0,42% del PIB, dependiendo del escenario considerado, para ese proyecto.

Desde el Gobierno ya se anticipó que no convalidarán la implementación efectiva de ninguno de esos costos, y están dispuestos en ese sentido a vetarlos si se convierten en ley.