La reestructuración del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA), iniciada con el decreto 55/2022, ha desencadenado una profunda polémica por el impacto en las condiciones laborales de sus trabajadores y las acusaciones de utilización del organismo como una herramienta de financiamiento político.

La medida quintuplicó la cantidad de cargos existentes, con cambios significativos como la división de dos direcciones principales (Hogares y Servicios Zonales) en cinco direcciones distintas cada una. De manera similar, en el área penal juvenil, dos direcciones fueron divididas en cinco y tres respectivamente. Además, se crearon una dirección provincial de Articulación Institucional con cuatro direcciones de línea y una dirección de Administración con cinco direcciones de línea.

Más recientemente, el decreto 3396/2024, firmado por Axel Kicillof, Carlos Bianco, Andrés Larroque y Pablo López, introdujo una nueva reestructuración en las segundas líneas del OPNyA. Este decreto creó 127 nuevos cargos jerárquicos (51 subdirecciones de línea y 76 jefaturas de departamento), destinados a directores y subdirectores de institutos, centros y servicios. Aunque esto responde a un viejo reclamo de los ocupantes de estos puestos, la medida ha sido cuestionada por varios motivos.

Condiciones laborales y conflictos internos

Uno de los puntos más criticados es que los cargos jerárquicos sólo serán asignados a los directores y, en algunos casos, a subdirectores de institutos con más de 36 menores, dejando fuera a muchos institutos asistenciales y penales. Además, el nuevo reglamento laboral, avalado por los sindicatos pero rechazado por la mayoría de los trabajadores, dispone que estos cargos serán designados por concursos. Este proceso ha generado preocupación entre los actuales directores, quienes sospechan que los nuevos cargos serán ocupados mayoritariamente por militantes políticos afines al ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, responsable último del OPNyA, y por cupos asignados a los sindicatos Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME) y Unión de Trabajadores Asistenciales de Niñez y Adolescencia (UTANyA), este último acusado de darle la espalda a sus afiliados.

Los trabajadores también denuncian la precarización de las condiciones laborales y los efectos negativos sobre su salud mental. Señalan que el nuevo reglamento unifica el encuadre legal de los trabajadores de sistemas diferentes, ignorando las particularidades del abordaje que requieren los menores vulnerados en sus derechos y aquellos en conflicto con la ley. Desde la sanción de la ley 13.298 en 2004, el enfoque de intervención debe diferenciarse claramente entre el Sistema de Promoción y Protección de Derechos y el Sistema Penal Juvenil, algo que este reglamento pasa por alto.

Denuncias de uso político y descontento generalizado

Diversas voces dentro del organismo aseguran que Kicillof y Larroque utilizan el OPNyA como una fuente de financiamiento político, en detrimento de los trabajadores. Según estas críticas, los salarios han sufrido recortes históricos, y las nuevas designaciones priorizan la afinidad política sobre la idoneidad. Además, el jurado encargado de los concursos estaría compuesto por militantes sin los conocimientos necesarios para evaluar las competencias requeridas.

El malestar se ve exacerbado por episodios como la falta de entrega de la tradicional caja navideña a los trabajadores, algo que no ocurría desde hace más de veinte años. En contraste, estas cajas fueron distribuidas entre las familias de los reos, lo que ha sido interpretado como una muestra más del desprecio de la gestión hacia sus empleados. «El salario más bajo en la historia de Minoridad, un reglamento vergonzante que aglutina el repudio generalizado y, para rematar, el detalle de las cajas navideñas», resumió un trabajador.

La reestructuración ha dejado al descubierto profundas divisiones y cuestionamientos sobre la gestión del OPNyA. Mientras algunos sectores defienden las medidas como necesarias para modernizar el organismo, la mayoría de los trabajadores las perciben como una estrategia para consolidar el control político y recortar derechos laborales. Con un escenario de creciente conflictividad, el futuro del organismo parece depender de si las autoridades están dispuestas a escuchar las demandas de quienes sostienen su funcionamiento diario. (www.REALPOLITIK.com.ar)