POLITICA
De facto, Maximiliano Abad se autoproclamó titular de la Unión Cívica Radical bonaerense
Ocurre que por finales de marzo caducaron los mandatos de las autoridades electas hace dos años y, con ello, el plazo para que Maximiliano Abad siga al frente de la Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense. No obstante, las apetencias por ese sillón partidario parece que sobrepasan cualquier requerimiento mínimo de institucionalidad partidaria.
Como se sabe, la Cámara Nacional Electoral (CNE) dio curso positivo a los reclamos del frente opositor Futuro, que postula a Pablo Domenichini, a la vez que confirmó irregularidades ocurridas durante la votación de octubre último en varios distritos. En consecuencia, esta Cámara ordenó comicios complementarios en municipios del conurbano y del interior, a la vez que instruyó al juez federal Alejo Ramos Padilla que se encargue de ultimar todos los detalles.
En medio de todo esto y para evitar una intervención, Abad -referente de la lista oficialista Adelante- convocó la semana pasada a un plenario en el comité provincia para analizar la posible prórroga de mandatos, incluida su propia continuidad. Sin embargo, sometió la propuesta a consideración de la mesa directiva y no alcanzó los dos tercios de los votos, requisito numérico necesario y legal para darle respaldo al senador nacional.
Abad, no muy acostumbrado a las prácticas lógicas y democráticas de convivencias partidaria, insistió con su intención de perpetuarse y se decretó a sí mismo como el presidente del comité provincia “de facto”, igualito que durante las dictaduras militares o en regímenes pseudodemocráticos.
Desde cercanías de Adelante quieren convencer a todos de que el fallo de la CNE no estará firme hasta que la Corte de Nación se expida y que, en función de esa circunstancia, Abad apeló a medidas de su propia “necesidad y urgencia”, tal cual los DNU de Javier Milei.
Habría una razón importante que, obviamente, se explica desde cierto compromiso de Abad de mantener el poder partidario para acordar listas con La Libertad Avanza (LLA) y con el Pro o con el sector que en ese partido le responde a Patricia Bullrich.
Abad, con el apoyo de Daniel Salvador y Gustavo Posse, forzaron la ruptura de todo tipo de acuerdo que se venía esperando en instancias de la mesa directiva del comité provincia, donde hubo algún amague de diálogo entre los candidatos de ambos bandos como es el caso del oficialista Miguel Fernández y del opositor Domenichini.
Sin embargo, trascendió que el oficialismo ponía como condición “no negociable” que se aceptara su triunfo y después sí charlar de otros temas como reparto de cargos partidarios y, posiblemente, respetar cierta presencia opositora en listas electivas, claro está,bajo el ala de La Libertad Avanza, algo que Domenichini no quiere ver ni de cerca.
Con las negociaciones trabadas y sin avances en la sustanciación de elecciones complementarias, Abad tuvo la feliz idea de decretar para sí mismo la propia continuidad de su mandato, algo que no contaría con respaldo legal y que va a ser atacado en las próximas horas mediante un recurso ante la justicia federal por parte de la lista Futuro.
Desde Futuro sostienen que esta prórroga es “artificial” e “ilegítima” y no debería proceder porque se dió en una votación nueva no convocada y que, por otra parte, ese tema ya fue puesto a consideración la semana pasada. Fue cuando Abad no alcanzó los dos tercios para asegurarse la continuidad. Para la oposición partidaria apareció “de la nada” un cuarto intermedio que supuestamente habría terminado hace algunas horas, jornada en la cual se volvió a poner en consideración un tema que ya fue tratado.
Ante este panorama de falta de avances hacia la institucionalidad, el comité provincia está en riesgo de “intervención”, en principio, de parte de la propia Justicia Federal o de algún otro remedio legal que podría establecerse a partir de alguna medida cautelar que propicie la oposición de Domenichini.
En tanto, desde el oficialismo partidario, están expectantes con algún recurso de apelación planteado ante la Corte de Nación, sobre la cual se duda que pueda resolver en lo inmediato este tipo de diferendos. En muchas ocasiones, el tema se plancha durante mucho tiempo y cuando le toca resolver ya es tarde.
En el radicalismo bonaerense han existido muy fuertes disputas con un fuerte contexto de tensión. Sin embargo, difcilmente se recuerde una situación que, además de provocar tensión, pueda producir un escenario de ruptura similar a la época de dirigentes de la talla de Ricardo Balbín y Arturo Frondizi, aunque, claro, en esta ocasión con actores de menor cuantía, como el caso de Abad.
En tanto, el tiempo del cronograma electoral sigue corriendo y el radicalismo corre el riesgo de no participar formal y efectivamente, ni siquiera en un frente, de los próximos comicios legislativos. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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Alejo Ramos Padilla, Gustavo Posse, Daniel Salvador, Patricia Bullrich, Unión Cívica Radical, Maximiliano Abad, Miguel Fernández, Pablo Domenichini, Ricardo Balbín, CNE, Javier Milei
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POLITICA
Frente a Kicillof, el intendente de San Isidro reclamó que se prohíba el uso de celulares en las cárceles bonaerenses
El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, reclamó que se elimine la posibilidad de que los presos utilicen teléfonos celulares desde las cárceles. Hizo ese pedido a partir de los delitos perpetrados en su distrito por la denominada “Banda del Millón” y en un acto que compartió con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.
“Hay una banda que venía perpetrando hechos muy violentos en San Isidro, están privados de la libertad. Vemos con mucha indignación que siguen operando desde la cárcel. No podemos tolerar que personas comprometidas en hechos de violencia como los que se vivieron en San Isidro puedan seguir operando desde la cárcel. Es una oportunidad para adherir al planteo del fiscal adjunto de San Isidro [por Patricio Ferrari] para que no se les permita seguir utilizando los celulares a personas que se ha probado que siguen perpetrando delitos desde las cárceles”, sostuvo Lanús, un intendente aliado del presidente Javier Milei, en un acto de entrega de patrulleros.
Lanús respaldó al fiscal Ferrari, quien el el 12 de febrero pidió “la prohibición absoluta del uso de celulares y dispositivos con acceso a internet para los más de 40 detenidos vinculados a la organización criminal”, según se indicó en un comunicado de San Isidro. Ferrari recibió como respuesta, desde los tribunales orales en lo criminal N°3 y N°4 de San Isidro, un envío de oficios al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) requiriendo informes.
El reclamo del jefe comunal de San Isidro se da en el marco de la revelación de una serie de mensajes encontrados en el celular de uno de los cabecillas de la Banda del Millón, que organizaba atracos en San Isidro desde la cárcel de Melchor Romero. En el teléfono del detenido Lucas Ezequiel Flores se hallaron chats en los que se planificaban robos, se marcaban casas y se coordinaban movimientos para concretar los hechos delictivos.
En el momento del pedido de Lanús, se encontraban junto al intendente Kicillof y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quienes hicieron entrega de 11 patrulleros comprados con el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad provincial.
Cerca de Lanús aseguran que el reclamo fue dirigido a la Justicia. “Aprovechó que estaba con Axel y lo dijo”, aseguran allegados al intendente, quien mantiene una buena sintonía con Kicillof, más allá de las diferencias políticas e ideológicas.
En tanto, el discurso de Kicillof incluyó críticas a Milei, con quien comulga el intendente de San Isidro. “Para combatir el delito, hace falta un trabajo serio y mancomunado como lo hacemos en la provincia junto a los 135 intendentes. A pesar de que Milei nos corte los recursos específicos para la seguridad, vamos a seguir invirtiendo en equipamiento, en infraestructura y en la continua profesionalización de nuestras fuerzas”, dijo Kicillof.
con el gobernador,Conforme a,,Senado. El Gobierno queda en manos del peronismo para avanzar con la reforma de la ley de glaciares,,Cuadernos de las Coimas. Rechazaron un intento de Ricardo Jaime para apartar a uno de los jueces,,»Argentina week». El Gobierno avanza con su apuesta para atraer inversiones en Nueva York
POLITICA
La CGT descartó un paro o movilización contra la reforma laboral el viernes: sólo marchará a Tribunales el lunes para impugnarla
La CGT decidió no parar ni movilizarse este viernes al Congreso cuando los senadores sesionen para convertir en ley la reforma laboral y, en cambio, resolvió que marchará el lunes próximo hacia el Palacio de Tribunales para acompañar la impugnación que hará ante la Justicia contra la norma de Javier Milei.
De esta forma, la central obrera eligió una alternativa más moderada y desistió de sumarse al paro de 36 horas con movilización que concretará el ala dura nucleada en el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu).
La resolución se adoptó durante una reunión ampliada de la mesa chica cegetista, que se realizó esta tarde en la sede de UPCN, en Moreno al 1300, donde se debatió cómo seguir el plan de lucha de la central obrera y finalmente predominó la idea de priorizar la ofensiva judicial contra el proyecto del Gobierno.
Noticia en desarrollo
POLITICA
El gobierno de Kicillof aceptó un pedido de Tapia para frenar una investigación sobre los fondos de la AFA
El gobierno de Axel Kicillof aceptó el traslado de la AFA a la provincia de Buenos Aires, pese a que la Inspección General de Justicia (IGJ) había rechazado la mundanza y avanza con una investigación sobre posibles irregularidades en los libros contables de la entidad futbolística.
La AFA, que preside Claudio “Chiqui” Tapia, se encuentra en medio de un escándalo por la aparición de empresas fantasma a donde se desvió dinero, una investigación sobre una mansión en Pilar vinculada al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, denuncias de evasión y maniobras judiciales que buscan llevar las causas a jueces amigos.
Este miércoles, la Inspección General de Justicia (IGJ) pidió que se designen veedores oficiales en la Asociación del Fútbol Argentino. La presentación fue hecha ante el Ministerio de Justicia de la Nación, horas después de que la AFA incumpliera con un plazo que le había impuesto para la presentación de una ampliación documental.
La IGJ está requiriendo información sobre las sociedades comerciales que armó la AFA de Tapia y Toviggino.
En un comunicado, el Ministerio de Justicia informó que “la IGJ avanza con la solicitud de veedores en la AFA debido a la gravedad de las irregularidades”.
De acuerdo a la documentación a la que accedió , entre las funciones que se solicita se asignen a los veedores están la presentación de un informe detallado sobre los estados contables y financieros de la AFA cerrados al 30 de junio de 2025. Los veedores deberán tener facultades para revisar los libros, documentos contables, soportes documentales de las operaciones registradas, y documentos vinculados con lo que se les pida.
En medio de esos avances de la IGJ, el abogado de Tapia, Gregorio Dalbón, anunció que la provincia de Buenos Aires “ratificó la mudanza de la AFA y rechazó la competencia de la Inspección General de Justicia”. La jugada busca frenar el avance de la IGJ sobre los números de la entidad. Dalbón hizo referencia a una decisión de la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia.
Hasta ahora, el gobierno de Kicillof evitó referirse a la medida que celebró el abogado de Tapia.
En el Gobierno nacional, entre tanto, aseguraron que la resolución de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia “no cambia nada” y que seguirán dando los pasos previstos tras el pedido de la IGJ para designar veedores en la AFA. La decisión final está en manos del Ministerio de Justicia. Se descarta que habrá un contador y un abogado.
Fuentes del Ejecutivo consultadas por detallaron que la resolución ni siquiera menciona la calle y la numeración de la “nueva” sede en el partido de Pilar. “Lo hicieron a las apuradas con el único fin de judicializar el tema y apuntar a la Cámara Civil”, dijo un funcionario.
La resolución sobre el cambio de jurisdicción fue firmada por la Directora Provincial de Personas Jurídicas bonaerense, Silvia Andrea García, a las 15:04. Dos horas y media antes, cerca de las 12:30, la IGJ ya había notificado a las autoridades de la AFA.
La Inspección General de Justicia había rechazado la semana pasada el pedido de la AFA para trasladar su sede social a Pilar, bajo jurisdicción bonaerense y fuera del alcance de la entidad.
El organismo de control tomó la decisión luego de que funcionarios suyos visitaran el lugar al que la AFA pretendía mudarse y concluyeran que allí no había oficinas ni instalaciones de la asociación. Se sostuvo que nunca hubo un traslado real de domicilio de la AFA, sino un intento por cambiar de jurisdicción.
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