POLITICA
De facto, Maximiliano Abad se autoproclamó titular de la Unión Cívica Radical bonaerense
Ocurre que por finales de marzo caducaron los mandatos de las autoridades electas hace dos años y, con ello, el plazo para que Maximiliano Abad siga al frente de la Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense. No obstante, las apetencias por ese sillón partidario parece que sobrepasan cualquier requerimiento mínimo de institucionalidad partidaria.
Como se sabe, la Cámara Nacional Electoral (CNE) dio curso positivo a los reclamos del frente opositor Futuro, que postula a Pablo Domenichini, a la vez que confirmó irregularidades ocurridas durante la votación de octubre último en varios distritos. En consecuencia, esta Cámara ordenó comicios complementarios en municipios del conurbano y del interior, a la vez que instruyó al juez federal Alejo Ramos Padilla que se encargue de ultimar todos los detalles.
En medio de todo esto y para evitar una intervención, Abad -referente de la lista oficialista Adelante- convocó la semana pasada a un plenario en el comité provincia para analizar la posible prórroga de mandatos, incluida su propia continuidad. Sin embargo, sometió la propuesta a consideración de la mesa directiva y no alcanzó los dos tercios de los votos, requisito numérico necesario y legal para darle respaldo al senador nacional.
Abad, no muy acostumbrado a las prácticas lógicas y democráticas de convivencias partidaria, insistió con su intención de perpetuarse y se decretó a sí mismo como el presidente del comité provincia “de facto”, igualito que durante las dictaduras militares o en regímenes pseudodemocráticos.
Desde cercanías de Adelante quieren convencer a todos de que el fallo de la CNE no estará firme hasta que la Corte de Nación se expida y que, en función de esa circunstancia, Abad apeló a medidas de su propia “necesidad y urgencia”, tal cual los DNU de Javier Milei.
Habría una razón importante que, obviamente, se explica desde cierto compromiso de Abad de mantener el poder partidario para acordar listas con La Libertad Avanza (LLA) y con el Pro o con el sector que en ese partido le responde a Patricia Bullrich.
Abad, con el apoyo de Daniel Salvador y Gustavo Posse, forzaron la ruptura de todo tipo de acuerdo que se venía esperando en instancias de la mesa directiva del comité provincia, donde hubo algún amague de diálogo entre los candidatos de ambos bandos como es el caso del oficialista Miguel Fernández y del opositor Domenichini.
Sin embargo, trascendió que el oficialismo ponía como condición “no negociable” que se aceptara su triunfo y después sí charlar de otros temas como reparto de cargos partidarios y, posiblemente, respetar cierta presencia opositora en listas electivas, claro está,bajo el ala de La Libertad Avanza, algo que Domenichini no quiere ver ni de cerca.
Con las negociaciones trabadas y sin avances en la sustanciación de elecciones complementarias, Abad tuvo la feliz idea de decretar para sí mismo la propia continuidad de su mandato, algo que no contaría con respaldo legal y que va a ser atacado en las próximas horas mediante un recurso ante la justicia federal por parte de la lista Futuro.
Desde Futuro sostienen que esta prórroga es “artificial” e “ilegítima” y no debería proceder porque se dió en una votación nueva no convocada y que, por otra parte, ese tema ya fue puesto a consideración la semana pasada. Fue cuando Abad no alcanzó los dos tercios para asegurarse la continuidad. Para la oposición partidaria apareció “de la nada” un cuarto intermedio que supuestamente habría terminado hace algunas horas, jornada en la cual se volvió a poner en consideración un tema que ya fue tratado.
Ante este panorama de falta de avances hacia la institucionalidad, el comité provincia está en riesgo de “intervención”, en principio, de parte de la propia Justicia Federal o de algún otro remedio legal que podría establecerse a partir de alguna medida cautelar que propicie la oposición de Domenichini.
En tanto, desde el oficialismo partidario, están expectantes con algún recurso de apelación planteado ante la Corte de Nación, sobre la cual se duda que pueda resolver en lo inmediato este tipo de diferendos. En muchas ocasiones, el tema se plancha durante mucho tiempo y cuando le toca resolver ya es tarde.
En el radicalismo bonaerense han existido muy fuertes disputas con un fuerte contexto de tensión. Sin embargo, difcilmente se recuerde una situación que, además de provocar tensión, pueda producir un escenario de ruptura similar a la época de dirigentes de la talla de Ricardo Balbín y Arturo Frondizi, aunque, claro, en esta ocasión con actores de menor cuantía, como el caso de Abad.
En tanto, el tiempo del cronograma electoral sigue corriendo y el radicalismo corre el riesgo de no participar formal y efectivamente, ni siquiera en un frente, de los próximos comicios legislativos. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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Alejo Ramos Padilla, Gustavo Posse, Daniel Salvador, Patricia Bullrich, Unión Cívica Radical, Maximiliano Abad, Miguel Fernández, Pablo Domenichini, Ricardo Balbín, CNE, Javier Milei
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POLITICA
La mesa política del Gobierno pone el foco en la Ley de Glaciares y en ocupar las sillas vacías de la AGN
Tras el triunfo legislativo de la semana pasada, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a reunir este lunes a la mesa política del Gobierno de cara al tramo decisivo de las sesiones extraordinarias que resta en los próximos cuatro días.
En agenda está que el Senado trate la reforma laboral con la eliminación del polémico artículo 44, que fue descartado en Diputados, así como la Ley de Glaciares, el régimen Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea.
Este martes, además, Adorni reunirá al Gabinete en pleno por primera vez en el año. Todo se da en la previa a la apertura del año legislativo que protagonizará el presidente Javier Milei, el domingo 1° a las 21, en lo que será su tercer año allí.
Adorni convocó a la reunión de esta tarde el pasado viernes, apenas horas después de que la Cámara de Diputados votara el proyecto de ley de reforma laboral, con la eliminación del artículo 44 que incluía la reducción de los salarios en caso de licencia por enfermedad y que terminó siendo el epicentro de una fuerte polémica puertas adentro y afuera del oficialismo.
La satisfacción era total en esas horas en Casa Rosada, que con este período de extraordinarias siempre apuntó a que el presidente tuviera la aprobación de la reforma laboral, la primera de las denominadas reformas de segunda generación que se aprueba, para su discurso de apertura en el Parlamento, el 1° de marzo.
La mesa política está integrada por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich; el titular de Diputados, Martín Menem; los ministros de Interior, Diego Santilli y de Economía Luis “Toto” Caputo; el asesor Santiago Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt y el subsecretario y armador político libertario, Eduardo “Lule” Menem.
“Se abordaron los temas previstos que se tratarán en la sesión del próximo viernes: Ley de Glaciares, Régimen Penal Juvenil y Mercosur”, dejaron trascender cerca de la cartera de Interior. Tras lo que agregaron que “también se repasó la agenda parlamentaria con miras al inicio de las sesiones ordinarias”.
Mientras que en el Gobierno ya dan por descontado las aprobaciones de la reforma laboral y la Ley Penal Juvenil, destacaron la prioridad que tiene el tratamiento a los cambios en la Ley de Glaciares, un punto clave en las conversaciones con buena parte de los gobernadores, cuyos apoyos terminaron siendo determinantes en la votación.
Durante la sesión preparatoria que tendrá lugar este martes, la expectativa está puesta en que el libertario Bartolomé Abdala sea ratificado como presidente previsional del Senado.
Al tiempo que hay expectativas para que se conozcan los tres nombres para las sillas que le corresponden a la Auditoría General de la Nación (AGN). Allí, el nombre que se impondría por el oficialismo tendría la impronta de los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, lo que fue validado por el ala política, este lunes.
reunirá al Gabinete,su discurso de apertura,Cecilia Devanna,La Libertad Avanza,Conforme a,La Libertad Avanza,,Rumbo a 2027. Se aceleran los armados electorales para suceder a Kicillof en la provincia de Buenos Aires,,“Son todos unos descerebrados”. Carignano reivindicó el haber desconectado cables en la sesión y apuntó al bloque libertario,,Mendoza. La alianza de la UCR y LLA derrotó al peronismo en uno de sus bastiones municipales
POLITICA
El empresario que reveló la ruta del dinero de la AFA fue ratificado como querellante en la causa que más preocupa a Tapia
El empresario que obtuvo en Estados Unidos miles de documentos bancarios sobre el manejo de más de USD 300 millones vinculados a los contratos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue ratificado este lunes como querellante en la causa que investiga el circuito internacional de fondos de la Selección argentina durante los últimos cuatro años.
La decisión, a la que accedió Infobae, fue adoptada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11, que analiza los movimientos financieros desde que la firma TourProdEnter fue designada agente de cobro exclusiva de los contratos en el exterior. La resolución se conoció tras la maniobra procesal impulsada por la defensa de los acusados para impedir que Guillermo Tofoni continúe interviniendo como parte activa del expediente. Es una decisión que suma un nuevo revés en la causa que más preocupa al mandamás del fútbol, Claudio “Chiqui” Tapia, y su círculo más cercano.
El 13 de febrero de 2026, la defensa de Javier Faroni y Gabriela Erica Gillette presentó un escrito solicitando que se rechace el reconocimiento de Tofoni como “parte querellante”, según documentación a la que accedió Infobae. En ese planteo, los acusados sostuvieron que el empresario no reunía la condición de “particular ofendido” exigida por el Código Procesal Penal y que, por lo tanto, no debía tener las facultades procesales que otorga la querella.
En el sistema penal argentino, la querella permite a quien se considera damnificado impulsar medidas de prueba, solicitar diligencias, controlar la producción de evidencia y recurrir decisiones judiciales. Apartar a Tofoni hubiese implicado limitar su capacidad de intervenir en un expediente que, desde su inicio, se apoya en la documentación que él aportó tras litigar en tribunales estadounidenses.
El juzgado decidió este lunes ratificar su rol de querellante, con el patrocinio de sus abogados, y dejó constancia de que queda sujeta a la jurisdicción del tribunal y a las resultas de la causa. Además, ordenó la presentación del bono de derecho fijo previsto por la Ley 23.187 y dispuso devolver el expediente a la fiscalía que dirige la investigación, conforme al artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación.
La resolución fue notificada mediante cédula electrónica y representa un rechazo a la estrategia defensiva que buscaba desactivar la intervención del empresario. La causa continúa ahora bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, con la querella consolidada como parte del proceso.
Miles de documentos bancarios obtenidos en Estados Unidos, según la hipótesis investigativa, permiten reconstruir el recorrido de más de USD 300 millones vinculados a contratos internacionales de la AFA. Esa masa de información fue incorporada a la causa más complicada para Tapia, a partir de actuaciones judiciales, tanto en el exterior como en tribunales argentinos.
De acuerdo con información a la que accedió este medio, esos registros incluyen transferencias, contratos, órdenes de pago y movimientos asociados a la comercialización de partidos amistosos y otros compromisos internacionales de la Selección argentina. El período bajo análisis coincide con los últimos cuatro años, una etapa de fuerte crecimiento económico para el seleccionado tras los títulos obtenidos en América y en el Mundial de Qatar 2022.
El punto de partida es la designación de TourProdEnter como agente de cobro exclusivo de los contratos en el exterior. A partir de ese esquema, se canalizaron ingresos provenientes de distintos países, lo que dio lugar a un circuito financiero complejo que ahora es objeto de escrutinio judicial.
En el escrito presentado el 13 de febrero, las defensas de Faroni y Gillette cuestionaron la legitimación activa de Tofoni. Argumentaron que su eventual controversia con los acusados tenía naturaleza comercial y que no podía traducirse automáticamente en la condición de damnificado penal. La estrategia apuntaba a reducir el expediente a un conflicto entre privados, despojándolo del impulso adicional que implica la intervención de una querella con recursos y acceso directo a la prueba. Desde el punto de vista técnico, el debate giraba en torno a si el empresario podía acreditar un perjuicio concreto derivado de los hechos investigados.
Para la fiscalía y para el juzgado, al menos en esta etapa preliminar, la respuesta fue afirmativa en términos procesales. Al ratificarlo como querellante, el tribunal reconoció que su interés jurídico resulta suficiente para intervenir en la causa y que está en condiciones de aportar material probatorio que puede ser clave para el rumbo de la investigación.
El expediente es considerado el más sensible para la conducción actual de la AFA, porque pone bajo la lupa el manejo de fondos en el período de mayor exposición internacional de la Selección. Si bien no existen definiciones de mérito ni imputaciones firmes más allá de las ya formuladas, el volumen de dinero bajo análisis y la proyección pública del caso lo convierten en un frente delicado.
Los acusados rechazan cualquier irregularidad y sostienen que todas las operaciones se realizaron conforme a contratos válidos y dentro de los marcos normativos correspondientes. Alegan que la investigación responde a disputas empresariales trasladadas al ámbito penal. La querella, en cambio, sostiene que la complejidad del entramado financiero y la magnitud de los montos involucrados justifican una pesquisa exhaustiva, con cooperación internacional y pericias contables profundas.
Con la incidencia resuelta, el expediente regresa a la fiscalía para continuar con la producción de prueba. Entre las medidas pendientes figuran el análisis detallado de los movimientos bancarios, la eventual citación de testigos y la evaluación de nuevas solicitudes de cooperación con autoridades extranjeras.
La ratificación de Tofoni como querellante no define el resultado final del proceso, pero sí preserva la arquitectura acusatoria con la que se inició la causa. El empresario que reveló la ruta del dinero seguirá interviniendo con capacidad para impulsar diligencias y cuestionar eventuales decisiones que considere adversas.
POLITICA
La Cámara de Casación analizará si confirma el procesamiento de Alberto Fernández en la causa de los seguros
La Cámara Federal de Casación Penal revisará el procesamiento de Alberto Fernández en la causa en la que está acusado de habers interesado en que amigos suyos, productores de seguros, obtuvieran las pólizas de organismos del Estado cuando se desempeñó como presidente de la Nación.
Fernández fue procesado en primera instancia por el juez federal Sebastián Casanello y esa medida fue confirmada por los camaristas federales Roberto Boico y Martín Irurzun, con la disidencia de Eduardo Farah.
El fiscal ante la Cámara Federal José Luis Agüero Iturbe había dictaminado que correspondía dictar la falta de mérito de Fernández porque eran necesarias más pruebas, pero el tribunal desestimó su posición.
En esta causa Alberto Fernández está porcesado por supuestas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la causa donde se investigan las contrataciones de seguros del Estado con allegados al exmandatario.
La decisión de la Cámara Federal se relaciona además con supuestas irregularidades en la contratación de seguros por parte de organismos del Estado a través de Nación Seguros.
Alberto Fernández resaltó que el fiscal de Cámara había pedido su sobreseimiento. “Tanto la Fiscalía como la defensa coincidieron en algo en aquella audiencia: el procesamiento no podía ni debía ser confirmado”, dijo la abogada del expresidente, Mariana Barbitta, y se quejó de que “se vulneró el principio acusatorio, desnaturalizando el contradictorio”.
Ahora, la Cámara de Casación deberá llamar a una audiencia donde otra vez la defensa argumentará, pero estará presente ahora otro fiscal: Raúl Plee, de la Casación. Ahí se verá si decide acusar o si, por el contrario, comparte la postura de Agüero Iturbe y pide la falta de mérito del expresidente.
El fallo que procesó a Fernández como autor del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública le impuso un embargo sobre sus bienes hasta la suma de $14.634.220.283.
Además, tiene una prohibición de salir del país confirmada por la Cámara Federal. El tribunal estimó que está corroborada la hipótesis de que hubo un “direccionamiento delictivo y ejercicio de influencia” por parte de Alberto Fernández en favor de Martínez Sosa, que está casado con la exsecretaria histórica de Fernández, María Cantero.
Los jueces destacaron que el vínculo de Fernández con Martínez Sosa no solo era de amistad, sino también económico y profesional. Este nexo, sumado al rol de poder que detentaba, se tradujo en una participación directa del expresidente en el entramado de negociaciones.
Las pruebas revelaron que la empresa de Martínez Sosa, Héctor Martínez Sosa y Compañía SA, percibió el equivalente al 59,6% de las comisiones liquidadas por Nación Seguros a todos los intermediarios de las pólizas emitidas a entes estatales a partir de que Fernández fue designado presidente.
Un indicio clave fueron los mensajes conocidos durante la investigación, cuando Fernández intervino personalmente, a requerimiento de Cantero, para dar continuidad a negocios que los involucraban, entendieron los investigadores.
En una comunicación de mayo de 2023, ante la preocupación de Cantero por la pérdida de un contrato en Cancillería, el exmandatario respondió: “Ya me ocupo”. Esta acción fue interpretada por el tribunal como una participación directa, haciendo uso de su cargo.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Carbajo, Hornos y Borinsky, analizará el procesamiento, el embargo y la prohibición de salida del país de Fernández. La defensa argumenta que sin acción penal es imposible avanzar y que el fiscal Agüero Iturbe había pedido la falta de mérito, convencido de que no había pruebas suficientes para un procesamiento.
el procesamiento,Hernán Cappiello,Conforme a
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