POLITICA
De facto, Maximiliano Abad se autoproclamó titular de la Unión Cívica Radical bonaerense
Ocurre que por finales de marzo caducaron los mandatos de las autoridades electas hace dos años y, con ello, el plazo para que Maximiliano Abad siga al frente de la Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense. No obstante, las apetencias por ese sillón partidario parece que sobrepasan cualquier requerimiento mínimo de institucionalidad partidaria.
Como se sabe, la Cámara Nacional Electoral (CNE) dio curso positivo a los reclamos del frente opositor Futuro, que postula a Pablo Domenichini, a la vez que confirmó irregularidades ocurridas durante la votación de octubre último en varios distritos. En consecuencia, esta Cámara ordenó comicios complementarios en municipios del conurbano y del interior, a la vez que instruyó al juez federal Alejo Ramos Padilla que se encargue de ultimar todos los detalles.
En medio de todo esto y para evitar una intervención, Abad -referente de la lista oficialista Adelante- convocó la semana pasada a un plenario en el comité provincia para analizar la posible prórroga de mandatos, incluida su propia continuidad. Sin embargo, sometió la propuesta a consideración de la mesa directiva y no alcanzó los dos tercios de los votos, requisito numérico necesario y legal para darle respaldo al senador nacional.
Abad, no muy acostumbrado a las prácticas lógicas y democráticas de convivencias partidaria, insistió con su intención de perpetuarse y se decretó a sí mismo como el presidente del comité provincia “de facto”, igualito que durante las dictaduras militares o en regímenes pseudodemocráticos.
Desde cercanías de Adelante quieren convencer a todos de que el fallo de la CNE no estará firme hasta que la Corte de Nación se expida y que, en función de esa circunstancia, Abad apeló a medidas de su propia “necesidad y urgencia”, tal cual los DNU de Javier Milei.
Habría una razón importante que, obviamente, se explica desde cierto compromiso de Abad de mantener el poder partidario para acordar listas con La Libertad Avanza (LLA) y con el Pro o con el sector que en ese partido le responde a Patricia Bullrich.
Abad, con el apoyo de Daniel Salvador y Gustavo Posse, forzaron la ruptura de todo tipo de acuerdo que se venía esperando en instancias de la mesa directiva del comité provincia, donde hubo algún amague de diálogo entre los candidatos de ambos bandos como es el caso del oficialista Miguel Fernández y del opositor Domenichini.
Sin embargo, trascendió que el oficialismo ponía como condición “no negociable” que se aceptara su triunfo y después sí charlar de otros temas como reparto de cargos partidarios y, posiblemente, respetar cierta presencia opositora en listas electivas, claro está,bajo el ala de La Libertad Avanza, algo que Domenichini no quiere ver ni de cerca.
Con las negociaciones trabadas y sin avances en la sustanciación de elecciones complementarias, Abad tuvo la feliz idea de decretar para sí mismo la propia continuidad de su mandato, algo que no contaría con respaldo legal y que va a ser atacado en las próximas horas mediante un recurso ante la justicia federal por parte de la lista Futuro.
Desde Futuro sostienen que esta prórroga es “artificial” e “ilegítima” y no debería proceder porque se dió en una votación nueva no convocada y que, por otra parte, ese tema ya fue puesto a consideración la semana pasada. Fue cuando Abad no alcanzó los dos tercios para asegurarse la continuidad. Para la oposición partidaria apareció “de la nada” un cuarto intermedio que supuestamente habría terminado hace algunas horas, jornada en la cual se volvió a poner en consideración un tema que ya fue tratado.
Ante este panorama de falta de avances hacia la institucionalidad, el comité provincia está en riesgo de “intervención”, en principio, de parte de la propia Justicia Federal o de algún otro remedio legal que podría establecerse a partir de alguna medida cautelar que propicie la oposición de Domenichini.
En tanto, desde el oficialismo partidario, están expectantes con algún recurso de apelación planteado ante la Corte de Nación, sobre la cual se duda que pueda resolver en lo inmediato este tipo de diferendos. En muchas ocasiones, el tema se plancha durante mucho tiempo y cuando le toca resolver ya es tarde.
En el radicalismo bonaerense han existido muy fuertes disputas con un fuerte contexto de tensión. Sin embargo, difcilmente se recuerde una situación que, además de provocar tensión, pueda producir un escenario de ruptura similar a la época de dirigentes de la talla de Ricardo Balbín y Arturo Frondizi, aunque, claro, en esta ocasión con actores de menor cuantía, como el caso de Abad.
En tanto, el tiempo del cronograma electoral sigue corriendo y el radicalismo corre el riesgo de no participar formal y efectivamente, ni siquiera en un frente, de los próximos comicios legislativos. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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Alejo Ramos Padilla, Gustavo Posse, Daniel Salvador, Patricia Bullrich, Unión Cívica Radical, Maximiliano Abad, Miguel Fernández, Pablo Domenichini, Ricardo Balbín, CNE, Javier Milei
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En el cuarto aniversario del inicio de la guerra en Ucrania, un grupo de embajadores en Argentina expresaron de manera conjunta su respaldo a la nación ucraniana. El mensaje resaltó un compromiso unificado con la libertad, la soberanía y “una paz digna para el pueblo ucraniano”, reafirmando la cohesión diplomática de las potencias occidentales frente a la persistencia del conflicto.
La invasión de Ucrania por parte de Rusia hace cuatro años desencadenó el mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, causando un inmenso sufrimiento a la población civil y terribles penurias a los soldados, al tiempo que reescribía el orden de seguridad posterior a la Guerra Fría.
Estados Unidos medió en las conversaciones con las delegaciones de Moscú y Kiev como parte de una campaña de paz que lleva un año impulsando la administración de Donald Trump. Sin embargo, la conciliación de diferencias clave, como el futuro de los territorios ucranianos ocupados por Rusia y la seguridad de Ucrania tras la guerra, viene frustrando los avances.
Mientras tanto, miles de soldados de ambos países han muerto en el campo de batalla y la población civil ucraniana ha sufrido los ataques aéreos rusos, que han provocado años de cortes de electricidad y agua.
De acuerdo consignó AP, y según un informe publicado el mes pasado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, se calcula que Rusia sufrió 1.2 millones de bajas, incluyendo hasta 325.000 soldados muertos, entre febrero de 2022 y diciembre de 2025, lo que, según el documento, supone el mayor número de bajas militares de cualquier potencia importante en cualquier conflicto desde la Segunda Guerra Mundial.
Rusia no ha publicado cifras sobre las muertes en el campo de batalla desde enero de 2023, cuando afirmó que más de 80 soldados habían muerto en un ataque ucraniano, lo que eleva el total de muertes militares confirmadas por Moscú a algo más de 6.000.
El CSIS estimó que Ucrania ha sufrido entre 500.000 y 600.000 bajas militares, incluidas hasta 140.000 muertes.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, dijo a principios de este mes que 55.000 soldados ucranianos han muerto en la guerra. Muchos están desaparecidos, afirmó.
Ni Moscú ni Kiev proporcionan datos actualizados sobre las bajas militares. No es posible realizar una verificación independiente.
Según la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU, las muertes de civiles en Ucrania desde la invasión total de Rusia son 14.999, aunque se afirma que probablemente se trate de una estima ción a la baja. Más de 40.600 civiles resultaron heridos durante el mismo periodo, según un informe publicado en diciembre.
La guerra ha causado la muerte de al menos 763 niños, según la ONU. El año pasado fue el más mortífero para los civiles en Ucrania desde 2022. El conflicto causó la muerte de 2.514 civiles y dejó 12.142 heridos en el país en 2025, lo que supone un aumento del 31 % en las bajas civiles con respecto a 2024, según la organización.
A su vez, 19,4% es el porcentaje del territorio ucraniano ocupado por Rusia, según el Instituto para el Estudio de la Guerra. Durante el último año, Rusia solo ha ganado el 0,79% del territorio de Ucrania en la agotadora guerra de desgaste, según los cálculos proporcionados a principios de este mes a The Associated Press por el grupo de expertos con sede en Washington, lo que pone de relieve los escasos avances de las fuerzas de Moscú a pesar de los enormes costes en tropas y blindados.
Antes de la invasión total de Rusia, esta controlaba casi el 7% de Ucrania, incluida Crimea y partes de las regiones de Donetsk y Lugansk, en el este, mientras los separatistas respaldados por Moscú luchaban contra el ejército ucraniano, según funcionarios ucranianos y analistas occidentales.
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POLITICA
Los gremios docentes bonaerenses ratifican el paro del 2 de marzo y los estatales reclaman reabrir paritarias
Los gremios docentes bonaerenses ratificaron un paro contra la gestión de Axel Kicillof ante la falta de un acuerdo salarial con el sector. Así, se tensa el conflicto docente en la provincia de Buenos Aires.
Los sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FEB, Suteba, Amet, Sadop y Udocba) confirmaron una huelga para este lunes 2 de marzo, fecha prevista para el inicio de clases en la provincia de Buenos Aires.
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De este modo, se trata del primer paro conjunto contra la administración de Kicillof. En la mesa paritaria, las autoridades ofrecieron una mejora de 3% para febrero, pero los sindicatos rechazaron la propuesta, que calificaron como “insuficiente” frente a la inflación.
“El congreso nacional de la CTERA ha definido un paro nacional docente para el 2 de marzo, en el marco del no inicio del ciclo lectivo y un plan de acción que continuará con caravanas, carpas y movilizaciones en todo el país”, indicaron en un comunicado.
Entre los reclamos del sindicato que conduce Sonia Alesso volvieron a pedir por “una nueva Ley de Financiamiento Educativo”.
Los estatales nucleados en ATE, en cambio, solicitaron una nueva convocatoria a paritarias “urgente” a días del inicio del ciclo lectivo. Si el gobierno de Kicillof no presenta una propuesta superadora en los próximos días, el inicio del ciclo lectivo 2026 se verá interrumpido por un paro.
El nuevo pedido de los estatales a Axel Kicillof por paritarias
Este lunes, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires le pidió al gobernador Axel Kicillof que llame a paritarias de “manera urgente”.
“El pedido se fundamenta en la necesidad que tienen las y los estatales bonaerenses de iniciar el año sin una pérdida efectiva del poder adquisitivo y arribar a un acuerdo que resuelva lo perdido en los últimos meses del año 2025“, justificaron en un comunicado.
El gremio que nuclea a los empleados estatales asegura que perdieron 13,5% del poder adquisitivo en los últimos dos años.
Desde ATE sostienen que la prioridad de la gestión provincial debe “garantizar el salario de las y los estatales bonaerenses que con su trabajo sostienen todas las políticas públicas de los más de 17 millones bonaerenses”.
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Además, el sindicato solicitó un aumento salarial de emergencia para los trabajadores auxiliares de la educación.
La semana pasada, el gobierno bonaerense mejoró su oferta salarial del 2% al 3%, pero los gremios la rechazaron por considerarla insuficiente. Según explicaron, el incremento no toma como base el salario de bolsillo cobrado en enero y el impacto real abarcaría 1,5%.
Docentes, paro docente, Axel Kicillof
POLITICA
La Iglesia y otras voces de la sociedad civil advierten sobre la paralización de las políticas de integración de barrios populares
Representantes de la Iglesia, de organizaciones de la sociedad civil y de movimientos sociales, reunidos en la Mesa Nacional de Barrios Populares, denunciaron la reducción de presupuesto y virtual paralización de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, y la eliminación de las políticas de hábitat en todo el país. “Sin integración socio urbana no hay futuro para cinco millones de personas”, plantearon al expresar su preocupación por la situación que afecta a los barrios vulnerables.
“Estamos en una cultura de la voracidad y el descarte”, advirtió el arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, monseñor Gustavo Carrara, acompañado por dirigentes de organizaciones de la sociedad civil. Expresó así la necesidad de avanzar en procesos de urbanización e integración social, y destacó especialmente el rol de las comunidades.
La voz de Carrara transmitió la preocupación de la Iglesia por el avance de los problemas sociales y las políticas que en esa materia lleva adelante el gobierno de Javier Milei. La Subsecretaría de Integración Socio Urbana viene funcionando en el Ministerio de Economía y su titular es el diputado libertario Sebastián Pareja.
En el encuentro se advirtió que “la paralización de esta política no es una discusión administrativa, sino el incumplimiento de una ley nacional sancionada por unanimidad en 2018”. Y denunciaron que hay más de 700 obras frenadas y más de 11.000 mujeres afectadas por la interrupción del programa Mi Pieza, creado para financiar planes de mejoras de viviendas.
“Urbanizar es garantizar cosas tan elementales como el agua potable y la electricidad segura. Pero la integración habla de protagonismo”, señaló Carrara, al mencionar la activa participación de los vecinos en el relevamiento que permitió registrar más de 4400 barrios populares en todo el país y conocer las realidades que enfrentan más de cinco millones de personas en viviendas precarias, que carecen de servicios básicos.
“Los propios vecinos trabajan por la integración de sus barrios y ya aportan muchísimo: son obreros de la construcción, trabajadores de la industria textil, de los cordones frutihortícolas que producen los alimentos que consumimos”, explicó el arzobispo, en referencia al esfuerzo que ellos mismos realizan para llevar adelante la tarea. “¿Qué adulto que tenga un poco de corazón puede decir ‘que mis hijos coman, pero si otros no comen no hay problema?’”, alertó.
Además del titular de Cáritas, expusieron el director ejecutivo de Techo Argentina, Juan Maquieyra; la exsubsecretaria de Gestión de Tierras de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), Fernanda García Monticelli, y Lila Calderón, referente del Barrio Obrero de Cipolletti, quienes alertaron sobre las consecuencias del cierre del organismo para los cinco millones de personas que habitan en villas y asentamientos en todo el país.
Todos resaltaron que esta política pública, puesta en marcha en 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, logró “trascender dos gestiones de gobierno de distinto signo político, consolidándose como un consenso nacional y su posterior aprobación por unanimidad en el Congreso, en 2018”.
Coincidieron, de ese modo, en que “la integración sociourbana no es una bandera partidaria, sino una herramienta de transformación “, auditada por organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y entidades nacionales, como la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Universidad Católica Argentina. (UCA), que “certifican su transparencia y eficiencia en el territorio”.
García Monticelli explicó que durante la implementación de la política “el 80% de los barrios populares tuvo inversión pública, hubo más de 1200 proyectos de integración con 24.000 lotes con servicio, 250.000 mejoras de vivienda con el programa Mi Pieza, lo que representó un desafío grande para hacerlo a escala”. Sobre el desmantelamiento del organismo ejecutor, agregó: “No se está desmantelando una oficina pública, sino que se trata de la pieza ejecutora de la política, son los relevadores, los que está en territorio y quienes son una defensa ante desalojos”.
A su turno, Maquieyra dijo que tanto el Registro Nacional de Barrios Populares como la ley 27.453, que declara de interés público el régimen de integración socio-urbana y regularización dominial de los barrios inscriptos en dicho registro, son “políticas que se desarrollaron de abajo hacia arriba y se convirtieron en una política de Estado”. Y llamó a los presentes a preguntarse “¿en qué Argentina queremos vivir?”.
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