POLITICA
De facto, Maximiliano Abad se autoproclamó titular de la Unión Cívica Radical bonaerense
Ocurre que por finales de marzo caducaron los mandatos de las autoridades electas hace dos años y, con ello, el plazo para que Maximiliano Abad siga al frente de la Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense. No obstante, las apetencias por ese sillón partidario parece que sobrepasan cualquier requerimiento mínimo de institucionalidad partidaria.
Como se sabe, la Cámara Nacional Electoral (CNE) dio curso positivo a los reclamos del frente opositor Futuro, que postula a Pablo Domenichini, a la vez que confirmó irregularidades ocurridas durante la votación de octubre último en varios distritos. En consecuencia, esta Cámara ordenó comicios complementarios en municipios del conurbano y del interior, a la vez que instruyó al juez federal Alejo Ramos Padilla que se encargue de ultimar todos los detalles.
En medio de todo esto y para evitar una intervención, Abad -referente de la lista oficialista Adelante- convocó la semana pasada a un plenario en el comité provincia para analizar la posible prórroga de mandatos, incluida su propia continuidad. Sin embargo, sometió la propuesta a consideración de la mesa directiva y no alcanzó los dos tercios de los votos, requisito numérico necesario y legal para darle respaldo al senador nacional.
Abad, no muy acostumbrado a las prácticas lógicas y democráticas de convivencias partidaria, insistió con su intención de perpetuarse y se decretó a sí mismo como el presidente del comité provincia “de facto”, igualito que durante las dictaduras militares o en regímenes pseudodemocráticos.
Desde cercanías de Adelante quieren convencer a todos de que el fallo de la CNE no estará firme hasta que la Corte de Nación se expida y que, en función de esa circunstancia, Abad apeló a medidas de su propia “necesidad y urgencia”, tal cual los DNU de Javier Milei.
Habría una razón importante que, obviamente, se explica desde cierto compromiso de Abad de mantener el poder partidario para acordar listas con La Libertad Avanza (LLA) y con el Pro o con el sector que en ese partido le responde a Patricia Bullrich.
Abad, con el apoyo de Daniel Salvador y Gustavo Posse, forzaron la ruptura de todo tipo de acuerdo que se venía esperando en instancias de la mesa directiva del comité provincia, donde hubo algún amague de diálogo entre los candidatos de ambos bandos como es el caso del oficialista Miguel Fernández y del opositor Domenichini.
Sin embargo, trascendió que el oficialismo ponía como condición “no negociable” que se aceptara su triunfo y después sí charlar de otros temas como reparto de cargos partidarios y, posiblemente, respetar cierta presencia opositora en listas electivas, claro está,bajo el ala de La Libertad Avanza, algo que Domenichini no quiere ver ni de cerca.
Con las negociaciones trabadas y sin avances en la sustanciación de elecciones complementarias, Abad tuvo la feliz idea de decretar para sí mismo la propia continuidad de su mandato, algo que no contaría con respaldo legal y que va a ser atacado en las próximas horas mediante un recurso ante la justicia federal por parte de la lista Futuro.
Desde Futuro sostienen que esta prórroga es “artificial” e “ilegítima” y no debería proceder porque se dió en una votación nueva no convocada y que, por otra parte, ese tema ya fue puesto a consideración la semana pasada. Fue cuando Abad no alcanzó los dos tercios para asegurarse la continuidad. Para la oposición partidaria apareció “de la nada” un cuarto intermedio que supuestamente habría terminado hace algunas horas, jornada en la cual se volvió a poner en consideración un tema que ya fue tratado.
Ante este panorama de falta de avances hacia la institucionalidad, el comité provincia está en riesgo de “intervención”, en principio, de parte de la propia Justicia Federal o de algún otro remedio legal que podría establecerse a partir de alguna medida cautelar que propicie la oposición de Domenichini.
En tanto, desde el oficialismo partidario, están expectantes con algún recurso de apelación planteado ante la Corte de Nación, sobre la cual se duda que pueda resolver en lo inmediato este tipo de diferendos. En muchas ocasiones, el tema se plancha durante mucho tiempo y cuando le toca resolver ya es tarde.
En el radicalismo bonaerense han existido muy fuertes disputas con un fuerte contexto de tensión. Sin embargo, difcilmente se recuerde una situación que, además de provocar tensión, pueda producir un escenario de ruptura similar a la época de dirigentes de la talla de Ricardo Balbín y Arturo Frondizi, aunque, claro, en esta ocasión con actores de menor cuantía, como el caso de Abad.
En tanto, el tiempo del cronograma electoral sigue corriendo y el radicalismo corre el riesgo de no participar formal y efectivamente, ni siquiera en un frente, de los próximos comicios legislativos. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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Alejo Ramos Padilla, Gustavo Posse, Daniel Salvador, Patricia Bullrich, Unión Cívica Radical, Maximiliano Abad, Miguel Fernández, Pablo Domenichini, Ricardo Balbín, CNE, Javier Milei
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POLITICA
El Gobierno rechazó una denuncia por falta de alimentos para comedores de Grabois: “Tiene fines políticos”
El Ministerio de Capital Humano aclaró este miércoles que dejó de enviar prestaciones alimentaria a los comedores de la Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros –agrupada en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), fundada por el líder piquetero Juan Grabois– debido a que la organización no firmó los convenios necesarios para garantizar la continuidad de los fondos, pese a haber sido convocada con antelación.
“Esta conducta evidencia que detrás de los reclamos de ‘urgencia’ no hay una real voluntad de resolver, sino una estrategia destinada a generar conflicto, desprestigiar institucionalmente al Ministerio y personalmente a su titular, la ministra Sandra Pettovello, y utilizar el sistema judicial con fines políticos. Frente a la acción responsable del Estado, algunos actores -expertos en lucrar con la intermediación de la pobreza- y sus medios afines abocados a la desinformación constante prefieren hoy la confrontación política antes que resolver las necesidades urgentes de la gente”, afirmó.
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La cartera hizo las aclaraciones en un escrito que presentó ante la Justicia, en el marco de una causa judicial impulsada por la UTEP y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Ambas organizaciones habían solicitado la habilitación de la feria judicial al argumentar riesgos graves e inminentes en materia alimentaria. El ministerio sostuvo que los hechos incorporados al expediente contradijeron ese planteo.
Cómo sucedieron los hechos, según la versión oficial
De acuerdo con la cronología oficial, el lunes 5 de enero la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia envió un correo electrónico a El Amanecer de los Cartoneros para citar a sus representantes a la firma de convenios del programa Alimentar Comunidad. La firma de esos acuerdos era condición indispensable para sostener las prestaciones en los comedores de la asociación.
El miércoles 7 de enero, la organización respondió que sus autoridades se encontraban de vacaciones y que no podían firmar los convenios hasta su reincorporación. Esa decisión, indicó el Ministerio, impidió la continuidad de la asistencia alimentaria correspondiente a esos espacios.
Un día antes de esa respuesta, el martes 6 de enero, la UTEP y el CELS habían solicitado ante el Poder Judicial la habilitación de la feria judicial. En su presentación señalaron que el trámite no admitía demoras por tratarse de cuestiones alimentarias. El lunes 12 de enero, el juzgado interviniente resolvió habilitar la feria.
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Este miércoles, el Ministerio de Capital Humano presentó un escrito en el expediente en el que dejó constancia de la situación. Allí expuso que la falta de firma de los convenios obedeció a la decisión de la asociación convocada y no a demoras administrativas del Estado.
En el documento difundido, el ministerio afirmó que la conducta de la asociación contrasta con los argumentos de urgencia utilizados ante la Justicia. Señaló que “resulta inadmisible que, mientras se acusa falsamente al Ministerio de demorar trámites, las propias organizaciones beneficiarias no prioricen la firma de convenios que permitirían el inmediato acceso a los recursos del Estado”.
Sandra Pettovello, Ministerio de Capital Humano, Juan Grabois, comedores sociales
POLITICA
Cuevas, facturas truchas y sociedades fantasma: así se desviaron millones de dólares de la AFA durante la gestión de Tapia y Toviggino
Un entramado de sociedades pantalla, facturas truchas y cuevas financieras con eslabones en Argentina, Estados Unidos y España, permitió que altos directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) extrajeran millones de dólares de las arcas de la entidad durante la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, según reconstruyó en base a fuentes, documentos bancarios y registros societarios consultados en tres países.
La operatoria incluyó el uso de sociedades constituidas en Miami que solo existen en los papeles, pero que emitieron facturas apócrifas por ”logística” y otros supuestos servicios que jamás proveyeron a la entidad de la calle Viamonte. Bajo el paraguas de contratos de patrocinio globales, la AFA ordenó a las empresas “intermediarias” que recaudan sus ingresos −como TourProdEnter LLC, de Javier Faroni− que transfirieran millones a esas firmas “fantasma”. El circuito cerraba con el retorno del dinero al país. Ahí aparecieron un puñado de “cuevas” de la city porteña que acercaban “puntas” y se encargaban de entregar los fondos en efectivo en Buenos Aires.
Los protagonistas centrales de la operatoria fueron el tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia, Toviggino, y el otrora presidente ejecutivo del Consejo Federal de la entidad, Juan Pablo Beacon, según reconstruyó . Ambos impartieron órdenes, coordinaron con los “cueveros” y empresarios involucrados, y llegaron incluso a confeccionar algunas de las facturas apócrifas cuyas copias obtuvo .
La maniobra se desarrolló durante la vigencia del cepo cambiario y la brecha entre las cotizaciones del dólar oficial y el “blue”. Y abarcó a múltiples sociedades “fantasma” o “pantalla”. Entre ellas, SCH Consulting Group LLC, MS Innovation Tech Corp, MLS Global Trading Corp, Arcofisa International Corp y Samtak LLC. Esas cinco se constituyeron en el estado de Florida y registraron el mismo domicilio legal: la oficina 1130 “A” de la avenida Brickell número 848 de la ciudad de Miami, según consta en el Registro Comercial de ese estado.
Esas cinco sociedades “pantalla” emitieron once facturas, por un total de 3.745.090 dólares. Previamente, la AFA ordenaba a los intermediarios pagar en presunta contraprestación por presuntos servicios genéricos como “campaña de marketing digital en redes de Internet” (Samtak y MS Innovation), “tercerización y consultoría de procesos administrativos” (Arcofisa), y “servicios de consultoría” (SCH Consulting y MLS Global). En las facturas nunca aparecen la cantidad de horas o el llamado Indicador Clave de Desempeño (KPI, por sus siglas en inglés), dos requisitos estándar en cualquier contratación corporativa transparente.
Ante la consulta de , días atrás, Tapia criticó a la prensa. “Son dos realidades distintas, la de los medios y la de la gente”, afirmó desde el balneario de Mar del Plata donde vacacionó. Y tras minimizar las revelaciones sobre el trasiego de fondos de la AFA que lo involucran junto a Toviggino −“no le doy bola a lo mediático”−, sostuvo que los hinchas del fútbol argentino lo quieren. “Me duelen las piernas de pararme y sentarme por las fotos −remarcó−, tengo las rodillas a la miseria”.
Una revisión de las facturas emitidas por las cinco sociedades “pantalla” revela patrones inusuales, además del domicilio compartido en Miami. Por ejemplo, en el formato visual y los errores de ortografía. ¿Cómo es eso? Las facturas de MS Innovation Tech, MLS Global Trading, Arcofisa y SCH Consulting tienen una estructura visual y de datos casi idéntica, lo que sugiere una matriz única de confección. Incluso, quienes estuvieron detrás de la maniobra cometieron pifias reveladoras: en la sección de pagos de distintas sociedades escribieron “Al payment” en lugar de “All payment”.
No sólo eso. Las facturas se emitieron en una concentración notable de fechas. En enero de 2022, por ejemplo, la AFA recibió facturas de tres de estas sociedades que sirvieron para canalizar fondos de la AFA −MS Innovation, SCH Consulting y MLS Global− en un período de apenas cuatro días, por US$1,2 millón en total.
Las facturas muestran otras inconsistencias notables. En el caso de las tres emitidas por MS Innovation Tech Corp, el número del “invoice” es más bajo con el transcurso de los días y semanas, cuando debería ocurrir lo contrario. Así, el 10 de enero de 2022 emitió la factura número 241 y el 31 de enero emitió la 268, pero el 6 de abril expidió la número 237.
Detrás de cuatro de esas sociedades “pantalla” (MS Innovation Tech, MLS Global Trading, Arcofisa y SCH Consulting) aparece Diego Martín Schrager, según constató . Se trata de un argentino de 48 años con domicilio en Suipacha al 1100 de la ciudad de Buenos Aires. En algunos documentos públicos se presentó como “empresario” y en otros como “comerciante”. Afronta problemas crediticios y comerciales −está en situación 3, “con problemas/riesgo medio”−, y llegó a estar en situación 5. Es decir, “incobrable”, de acuerdo a los registros que consultó en el país.
En la Argentina, Schrager aparece vinculado a una sociedad de nombre casi idéntico a una constituida en Miami −Arcofisa SA− y preside además la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Libertador General San Martín Limitada, con domicilio legal en el piso 7 de la calle Reconquista 144 de la ciudad de Buenos Aires, en pleno corazón de la city porteña, donde funcionaría como “cueva”, que llevó adelante operaciones con Bybit Fintech, según las fuentes consultadas por . Es decir, operó con una contratista de la AFA.
procuró contactar a Schrager, que no respondió las reiteradas consultas hasta el momento de esta publicación.
Detrás de la quinta sociedad, Samtak LLC, aparece otro argentino, de 46 años. Se trata de Darío Francisco Samaniego, con domicilio fiscal en Banfield, Lomas de Zamora, que también se presenta como “empresario” y aparece como accionista de Gurruchaga Inversiones SA, junto a Alan Esteban Rasumoff.
Samaniego tiene un perfil en Internet que resulta inconsistente con el de un consultor internacional capaz de facturar millones a la AFA. Aparece también como gerente de la firma Green Bull FL LLC, en Florida, Estados Unidos, pero posteó una búsqueda de trabajo en la que consignó que era el encargado de “frutas y verduras” en un supermercado Jumbo. Según ese posteo, busca trabajo como “repositor, administrativo, conductor o operario” y se declaró disponible “en cualquier horario, incluido fines de semana”.
contactó a Samaniego, que respondió un correo electrónico. Preguntó cuál era la consulta. Al explicarle que era por su rol en Samtak LLC, no volvió a contestar.
Schrager y Samaniego no son caras conocidas en la city porteña. Tampoco serían los últimos eslabones de la cadena. Hubo al menos otras cuatro “cuevas” adicionales en la ciudad de Buenos Aires por donde se movieron los fondos de la AFA. Tres en la avenida Corrientes número 456, en el edificio Safico; y una cuarta, en la misma avenida, pero a una cuadra de distancia, en el número 327. Y las cuatro mantuvieron un ida y vuelta continuo con Juan Pablo Beacon, según reconstruyó durante las últimas semanas.
Por entonces presidente ejecutivo del Consejo Federal de la AFA y, desde ese rol, lugarteniente de Pablo Toviggino, Beacon coordinó la confección, el envío y el pago de las facturas apócrifas emitidas por las cinco sociedades “pantallas” de Miami. Y lo hizo, en un ida y vuelta continuo con el santiagueño Marcelo Fabián Ramón Saracco y su socio español, Israel Amoedo. Se trata de los dueños de Odeoma SL, una de las empresas que contrató la AFA para administrar los fondos aportados por los patrocinadores alrededor del mundo.
Los pagos tuvieron un trasfondo que les dio apariencia real. A fines de 2021, el Comité Ejecutivo de la AFA publicó en sus boletines que había firmado contratos de auspicios y venta de imagen de la Selección con las empresas Bybit Fintech Ltd, Genius Sports Technologies Ltd y One Football Gmbh. En todos ellos, Odeoma asumió el rol de agente de cobro, con la correspondiente retención del 30% de los ingresos en concepto de honorarios.
Según reconstruyó , Beacon ordenó pagar las facturas apócrifas de las sociedades “pantalla” de Miami dentro de los contratos con Bybit Fintech Ltd y Genius Sports Technologies Ltd; y Saracco y Amoedo avanzaron con la operatoria a través de la marca comercial de la española Odeoma SL, “Gold Medal Sports”.
El paso final se desarrolló en Buenos Aires. Previo cobro de un porcentaje por sus servicios, los “cueveros” de la City porteña se movieron con dinero en efectivo por las calles porteñas.
Con la colaboración de Ricardo Brom
Nicolás Pizzi,Hugo Alconada Mon,AFA,Claudio Chiqui Tapia,Pablo Toviggino,Conforme a,AFA,,»Ningún enfrentamiento» El jefe de la IGJ dosifica la ofensiva contra la AFA y relativiza la chance de colocar un veedor,,Citó una canción de Spinetta. El juez Saettone rechazó el planteo de Carrió para sacarlo del caso Yofe,,Escándalo en el fútbol. El presidente de la UIF se reunió con autoridades de los EE.UU. por el caso AFA
POLITICA
El Gobierno decidió no extender el mandato de la Defensora General y continúa la crisis de vacantes en la Justicia
El Gobierno de la Nación resolvió este miércoles no extender el mandatado de la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, quien el próximo 1 de febrero cumplirá 75 años. La decisión se conoció luego de que el Ejecutivo decidió desistir de los pliegos en el Senado de la Nación para que continúe por cinco años más.
La responsable de los defensores oficiales estaba en el cargo desde el 2006, cuando asumió tras ser propuesta por el entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández. En aquel entonces, el cargo estaba vacante y era Martínez quien ocupaba el rol de forma interina por ocho meses.
Ahora, quien tendrá la responsabilidad será el defensor ante la Corte Suprema, Julián Langevín, de 64 años. Así, se suma al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, que ejerce desde el 2017 de forma interina y es el jefe de los fiscales. De esta manera, dos de los cargos más importantes dentro del Poder Judicial tienen nombramientos interinos.
De esta manera, desde Casa Rosada estudian como hacer frente a la crisis de vacantes que se viene expandiendo en la Justicia y que incluso se ve en la Corte Suprema, donde dos de las cinco sillas están vacías, pese a los esfuerzos del Ejecutivo con los nombramientos fallidos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.
Justamente, según pudo saber Infobae, se espera que en el corto lapso y a la espera del inicio de las sesiones ordinarias, el Gobierno envíe al Senado de la Nación una serie de pedidos masivos para cubrir parte de las vacantes que hay en la Justicia.
La estrategia, diseñada en el hermetismo de la Casa Rosada y ejecutada por el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, busca desactivar una bomba de tiempo institucional. Según cifras que manejan tanto en el Palacio de Tribunales como en el Ejecutivo, la Justicia Nacional y Federal opera hoy con una fragilidad estructural alarmante, con cerca del 37% de sus cargos clave sin titular. Esta situación obliga a centenares de magistrados a desdoblarse para cubrir juzgados vecinos mediante subrogancias, un sistema de parches que resiente el servicio y demora las causas de los ciudadanos.
Sin embargo, la novedad no radica solo en la voluntad de cubrir los puestos, sino en el criterio de selección. En un giro discursivo respecto a administraciones anteriores —que solían priorizar la lealtad partidaria—, el oficialismo asegura que apostará al purismo técnico.“No habrá jueces mileistas”, es la consigna que repiten como un mantra en los pasillos de Justicia.
El plan es desafiar al Senado a aprobar los pliegos, respetando estrictamente el orden de mérito de los concursos, poniendo a la oposición en la incómoda posición de tener que rechazar a los candidatos mejor calificados.
Para entender la magnitud del desembargo que prepara el Gobierno, primero hay que dimensionar el “tapón” que se generó en el último tiempo. Los datos oficiales del Consejo de la Magistratura, a los que accedió Infobae, confirman que el sistema de selección entró en una fase de letargo profundo.
El 2025 cerró como el año menos productivo desde 2022. El organismo encargado de administrar el Poder Judicial y seleccionar a los jueces envió apenas 19 ternas al Poder Ejecutivo durante todo el ejercicio. La cifra representa un desplome vertical si se la compara con el desempeño de 2024, cuando se habían aprobado y elevado 96 expedientes. Para encontrar un nivel de parálisis similar hay que remontarse a los años 2012 o 2013, momentos de altísima tensión política entre el kirchnerismo y la Justicia.
Este “apagón” en el Consejo no fue un accidente, sino parte de un escenario más complejo. Mientras la maquinaria de concursos bajaba su ritmo, el stock de expedientes pendientes de definición política crecía exponencialmente. El informe de gestión detalla que, al cierre de diciembre, existen 203 vacantes cuyos concursos ya terminaron, pero que aguardan “pisados” en el escritorio del Presidente. A esto se suman otras 157 vacantes que actualmente están en trámite dentro del Consejo, la mayoría de ellas correspondientes a tribunales ya habilitados que hoy funcionan con jueces prestados.
La auditoría silenciosa
¿Por qué el Gobierno dejó acumular más de 200 pliegos sin mover una ficha? Ante la consulta de Infobae, una alta fuente del Ministerio de Justicia con acceso directo al despacho presidencial justificó la demora bajo la premisa de la “auditoría”. El oficialismo decidió no enviar nombres “a libro cerrado” ni convalidar automáticamente las ternas heredadas de la gestión de Alberto Fernández.
“Estuvimos dos años estudiando los candidatos”, explicó en estricto off the record. Según detallaron fuentes oficiales, la revisión de los antecedentes no fue una tarea política delegada en operadores, sino un trabajo técnico donde se analizó caso por caso para depurar la lista de los 203 postulantes.
Con ese trabajo finalizado, la luz verde ya está encendida. “Los tenemos casi todos listos. Imaginamos que, una vez retomada la actividad legislativa ordinaria, estaremos enviándolos”, confirmó la misma fuente. El objetivo es ambicioso: el envío no será por goteo, sino que se espera una “catarata” de expedientes que busque cubrir no solo juzgados de primera instancia, cámaras y tribunales orales, sino también fiscalías y defensorías que se encuentran acéfalas.
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