POLITICA
De facto, Maximiliano Abad se autoproclamó titular de la Unión Cívica Radical bonaerense
Ocurre que por finales de marzo caducaron los mandatos de las autoridades electas hace dos años y, con ello, el plazo para que Maximiliano Abad siga al frente de la Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense. No obstante, las apetencias por ese sillón partidario parece que sobrepasan cualquier requerimiento mínimo de institucionalidad partidaria.
Como se sabe, la Cámara Nacional Electoral (CNE) dio curso positivo a los reclamos del frente opositor Futuro, que postula a Pablo Domenichini, a la vez que confirmó irregularidades ocurridas durante la votación de octubre último en varios distritos. En consecuencia, esta Cámara ordenó comicios complementarios en municipios del conurbano y del interior, a la vez que instruyó al juez federal Alejo Ramos Padilla que se encargue de ultimar todos los detalles.
En medio de todo esto y para evitar una intervención, Abad -referente de la lista oficialista Adelante- convocó la semana pasada a un plenario en el comité provincia para analizar la posible prórroga de mandatos, incluida su propia continuidad. Sin embargo, sometió la propuesta a consideración de la mesa directiva y no alcanzó los dos tercios de los votos, requisito numérico necesario y legal para darle respaldo al senador nacional.
Abad, no muy acostumbrado a las prácticas lógicas y democráticas de convivencias partidaria, insistió con su intención de perpetuarse y se decretó a sí mismo como el presidente del comité provincia “de facto”, igualito que durante las dictaduras militares o en regímenes pseudodemocráticos.
Desde cercanías de Adelante quieren convencer a todos de que el fallo de la CNE no estará firme hasta que la Corte de Nación se expida y que, en función de esa circunstancia, Abad apeló a medidas de su propia “necesidad y urgencia”, tal cual los DNU de Javier Milei.
Habría una razón importante que, obviamente, se explica desde cierto compromiso de Abad de mantener el poder partidario para acordar listas con La Libertad Avanza (LLA) y con el Pro o con el sector que en ese partido le responde a Patricia Bullrich.
Abad, con el apoyo de Daniel Salvador y Gustavo Posse, forzaron la ruptura de todo tipo de acuerdo que se venía esperando en instancias de la mesa directiva del comité provincia, donde hubo algún amague de diálogo entre los candidatos de ambos bandos como es el caso del oficialista Miguel Fernández y del opositor Domenichini.
Sin embargo, trascendió que el oficialismo ponía como condición “no negociable” que se aceptara su triunfo y después sí charlar de otros temas como reparto de cargos partidarios y, posiblemente, respetar cierta presencia opositora en listas electivas, claro está,bajo el ala de La Libertad Avanza, algo que Domenichini no quiere ver ni de cerca.
Con las negociaciones trabadas y sin avances en la sustanciación de elecciones complementarias, Abad tuvo la feliz idea de decretar para sí mismo la propia continuidad de su mandato, algo que no contaría con respaldo legal y que va a ser atacado en las próximas horas mediante un recurso ante la justicia federal por parte de la lista Futuro.
Desde Futuro sostienen que esta prórroga es “artificial” e “ilegítima” y no debería proceder porque se dió en una votación nueva no convocada y que, por otra parte, ese tema ya fue puesto a consideración la semana pasada. Fue cuando Abad no alcanzó los dos tercios para asegurarse la continuidad. Para la oposición partidaria apareció “de la nada” un cuarto intermedio que supuestamente habría terminado hace algunas horas, jornada en la cual se volvió a poner en consideración un tema que ya fue tratado.
Ante este panorama de falta de avances hacia la institucionalidad, el comité provincia está en riesgo de “intervención”, en principio, de parte de la propia Justicia Federal o de algún otro remedio legal que podría establecerse a partir de alguna medida cautelar que propicie la oposición de Domenichini.
En tanto, desde el oficialismo partidario, están expectantes con algún recurso de apelación planteado ante la Corte de Nación, sobre la cual se duda que pueda resolver en lo inmediato este tipo de diferendos. En muchas ocasiones, el tema se plancha durante mucho tiempo y cuando le toca resolver ya es tarde.
En el radicalismo bonaerense han existido muy fuertes disputas con un fuerte contexto de tensión. Sin embargo, difcilmente se recuerde una situación que, además de provocar tensión, pueda producir un escenario de ruptura similar a la época de dirigentes de la talla de Ricardo Balbín y Arturo Frondizi, aunque, claro, en esta ocasión con actores de menor cuantía, como el caso de Abad.
En tanto, el tiempo del cronograma electoral sigue corriendo y el radicalismo corre el riesgo de no participar formal y efectivamente, ni siquiera en un frente, de los próximos comicios legislativos. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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Alejo Ramos Padilla, Gustavo Posse, Daniel Salvador, Patricia Bullrich, Unión Cívica Radical, Maximiliano Abad, Miguel Fernández, Pablo Domenichini, Ricardo Balbín, CNE, Javier Milei
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POLITICA
En estampida, los clubes de fútbol dejan de pagar aportes sociales y previsionales, con una única excepción
Entre noviembre de 2025 y enero de 2026 se produjo un fenómeno nuevo en la administración de las asociaciones del fútbol: 29 de los 30 clubes de la Primera División dejaron de pagar aportes y contribuciones de la seguridad social.
El relevamiento de registros oficiales de ARCA, realizado por , muestra que la interrupción fue casi simultánea y atravesó a instituciones grandes, medianas y recién ascendidas.
La única excepción detectada es Estudiantes de La Plata, que figura con cumplimiento total.
La mayor parte de los clubes interrumpieron los aportes en diciembre. En ese mes dejaron de pagar Boca Juniors, River Plate, Argentinos Juniors, Lanús, Rosario Central, Belgrano y Barracas Central, entre muchos otros.
Algunos clubes se adelantaron y los interrumpieron en noviembre, como Banfield, Instituto de Córdoba y San Lorenzo.
Otros extendieron el incumplimiento hasta enero, como Racing Club y Tigre.
En el caso de Deportivo Riestra va más allá y aparece incluso con falta de pagos en febrero.
Lo que muestran los registros es algo más delicado que una mera demora administrativa. El empleador, en este caso cada club, actúa como agente de retención: descuenta del salario de los trabajadores un 11% destinado a jubilación, un 3% para obra social o prepaga y otro 3% para el PAMI. A esto se deben sumar las contribuciones patronales —que rondan el 24%—. Son todos recursos que nunca deberían permanecer en la caja de la institución.
Sin embargo, según la documentación analizada por , durante ese período la conducción del fútbol se quedó con fondos que provenían de los sueldos y que debían financiar la cobertura de salud de los empleados o aportar a sus futuras jubilaciones.
En términos legales, no depositar esos montos en los plazos establecidos puede configurar el delito de retención indebida. La normativa prevé que, si transcurren diez días hábiles sin regularización desde la fecha límite, el incumplimiento puede escalar al plano penal.
El incumplimiento masivo se produce en medio de una fuerte disputa entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino.
La cúpula de la AFA aparece, además, apuntada por denuncias de desvíos millonarios de fondos a empresas fantasma, vínculos con una mansión en Pilar a nombre de un monotributista y una jubilada, y manipulación de causas judiciales para evitar que avancen las investigaciones.
El 28 de julio de 2025, la administración de Javier Milei dispuso por decreto una actualización de la alícuota de contribuciones del fútbol para, según la comunicación oficial, “equilibrar el déficit del sistema jubilatorio”.
El encargado de comunicar la medida fue el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien lanzó duras críticas contra la conducción de Claudio Tapia. “Los directivos del fútbol son millonarios subsidiados por los jubilados”, afirmó públicamente, en referencia a la flaqueza de los aportes.
El origen de la tensión se remonta al régimen especial creado por el Decreto 1212/03 durante el gobierno de Eduardo Duhalde, que reemplazó el esquema general de aportes por un porcentaje aplicado sobre entradas, transferencias y derechos de TV.
Según la visión oficial, ese sistema se volvió deficitario. La nueva disposición fijó una alícuota del 13,06% más un adicional transitorio del 5,56% por doce meses. De acuerdo con datos oficiales citados por el ministro, el régimen había cubierto solo el 57% de sus obligaciones y acumuló un rojo de $7.000 millones entre noviembre de 2023 y abril de 2024.
El Gobierno también cuestionó maniobras para reducir la base de cálculo, como la venta de abonos en lugar de entradas.
El Ejecutivo intentó directamente derogar el régimen especial mediante el Decreto 939/24 para que el fútbol volviera al sistema común, pero la AFA obtuvo una cautelar del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira, que frenó el cambio. Según Sturzenegger, si Vélez Sarsfield y River Plate hubieran tributado bajo el régimen general, sus aportes jubilatorios habrían sido 26 y 22 veces mayores, respectivamente.
La extensión del incumplimiento resulta llamativa. En Huracán e Independiente el corte aparece entre diciembre y enero; en Central Córdoba de Santiago del Estero se combinan interrupciones de seguro con contribuciones; Sarmiento de Junín y Talleres de Córdoba exhiben pagos parciales.
Incluso instituciones con fuerte estructura profesional, como Newell’s Old Boys o Vélez Sarsfield, figuran con interrupciones.
Al partir del análisis de , también hay señales de una creciente debilidad financiera en algunos casos. Argentinos Juniors acumula 74 cheques rechazados por más de $1.051 millones; Atlético Tucumán presenta un pico de deuda de $843 millones; Aldosivi registra un rojo de $6,5 millones en noviembre.
En Independiente Rivadavia se consigna que el año pasado llegó a situación 5 de deudor, el escalón más crítico del sistema financiero.
Para los trabajadores, las consecuencias son directas: aportes jubilatorios que no impactan en su historia previsional, cobertura de salud en riesgo y posibles conflictos al momento de tramitar prestaciones.
Para los clubes, el cuadro puede derivar en reclamos de la seguridad social, intereses acumulados, ejecuciones fiscales e incluso responsabilidades penales si se confirma la retención indebida. .
Camila Dolabjian,Conforme a
En una entrevista para Infobae en vivo, la abogada laboralista Elisa Cerri sostuvo que “la nueva ley laboral no va a crear trabajo, solo va a regular lo que ya existe”. Su análisis apuntó a los vacíos legales y a las dificultades prácticas que enfrentará el sistema laboral argentino tras la aprobación de la reforma impulsada por el oficialismo de Javier Milei.
Durante su paso por el estudio de Infobae a la Tarde, donde dialogó con Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, Cerri describió el escenario de incertidumbre que atraviesan tanto empleados como empleadores frente a la inminente entrada en vigencia de la ley. “El DNU 73/2026 fue judicializado y está frenado, pero no tiene nada que ver un decreto de necesidad y urgencia con una ley aprobada por ambas cámaras”, explicó. “Si nosotros tenemos artículos de una ley que va en contra de la Constitución Nacional, se puede judicializar. La CGT lo podrá hacer en representación de todos los trabajadores, pero cada persona que tenga un conflicto puntual deberá ir a la justicia y plantear que esto le afecta y va en contra de la Constitución”.
El reemplazo de la ley para despidos e indemnizaciones
Cerri fue enfática respecto al impacto inmediato de la reforma: “La ley que aplica para el cálculo indemnizatorio es la que esté vigente al momento del despido. Si a la persona la despiden después de que entre en vigencia la reforma laboral, le va a aplicar la ley reformada”. Ante la consulta sobre la posibilidad de reclamar la aplicación de la ley anterior, la especialista fue tajante: “Si vos querés empezar un proceso judicial para reclamar la aplicación de la ley anterior, lo podés hacer, pero no te lo recomiendo porque lo vas a perder”.
La abogada desmitificó los rumores sobre topes indemnizatorios: “El tope de diez salarios fue un mito que circuló, pero no es real. Lo que sí cambió es qué incluye o no el cálculo indemnizatorio. El trabajador que va a ver afectada su indemnización es el más jerárquico, sobre todo en multinacionales, porque a ellos sí se les redujo la indemnización al no contemplar bonos ni acciones en la base”.
Inseguridad jurídica y judicialización por los “grises” de la reforma
Elisa Cerri subrayó que la reforma deja grandes zonas de inseguridad jurídica: “Cuando vos dejás muchos grises en una ley, eso aumenta la litigiosidad. Si sacás la obligación del empleador de proteger la dignidad del trabajador, eso ya es litigioso de por sí”. Agregó que “la ley anterior protegía la vida moral y no solo la económica del trabajador. Ahora, la reforma dice que si no hay perjuicio económico, el empleador tiene derecho a cambiar condiciones como el horario, y eso es polémico”.
Sobre el banco de horas, advirtió: “Eso va a aplicar a todos los trabajadores automáticamente. El consentimiento en el contrato de trabajo es polémico porque hay una relación de poder desigual. El trabajador puede firmar para no perder el empleo, no porque quiera, y si logra probarlo ante la justicia, probablemente le den la razón”.
En cuanto al pago en cuotas de indemnizaciones, Cerri aclaró: “El tema de las 12 cuotas es una parte procesal que se aplica inmediatamente. Si estás en juicio, existe la posibilidad de que te paguen la indemnización en cuotas”.
Omisiones de la ley y comparación internacional
La especialista criticó la ausencia de temas contemporáneos en la reforma: “No hay un solo artículo que hable sobre inteligencia artificial, trabajo remoto o automatización. En Europa, cuestiones como la relación laboral en Uber están resueltas hace años, y acá seguimos discutiendo si un chofer de aplicación es o no empleado”.
Cerri también se refirió a la informalidad estructural en el país: “La queja principal de los empleadores para regularizar el empleo no está satisfecha con esta ley. La rebaja de cargas patronales es solo para quienes contraten a partir de diciembre de 2025 y por dos años. No aplica a los empleadores actuales. No se puede hablar de fomentar el empleo en blanco si no bajamos el costo de contratar formalmente”.
En cuanto al impacto en la litigiosidad, fue contundente: “No creo que baje la litigiosidad. La industria del juicio está sola porque tenemos al 50% de la gente en negro. En 2025 hubo 120 mil juicios laborales cuando hay 20 millones de personas en condiciones de trabajar”.
Para cerrar, Cerri se refirió al traspaso de la justicia laboral a la órbita de la ciudad de Buenos Aires: “Es una decisión política que siempre estuvo atravesada por los intereses de cada sector. En la práctica, muchos jueces y funcionarios están pasando a la ciudad porque les ofrecen convenios. No creo que haya tanta diferencia en el funcionamiento, aunque seguramente se judicializará el traspaso”.
“La ley laboral no tiene el objetivo de crear empleo, sino de regular las relaciones existentes y sancionar las irregulares. Pensar que va a crear trabajo es como decir que la ley penal va a reducir la inseguridad. Las soluciones son mucho más profundas”, concluyó.
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elisa cerri
El gobierno porteño de Jorge Macri abrió el retiro voluntario para personal de planta permanente, como parte de un plan de reforma del Estado porteño.
Con esto, aspira a reducir la plantilla de profesionales y migrar al empleado público hacia perfiles tecnológicos. Estará vigente hasta el 31 de mayo, según fuentes del gobierno de la ciudad.
Desde 2024, Macri cortó más de 10.000 contratos de asesores y cargos políticos.
La medida conocida el jueves se cristaliza en un decreto firmado por Macri, por el ministro de Hacienda, Gustavo Arengo, y el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny. Se habilita la creación del Régimen de Retiro Voluntario, que dispondrá del pago de una compensación no remunerativa que se determinará en base al sueldo neto, mensual, normal y habitual del trabajador al tiempo de su baja.
De acuerdo al decreto, podrán acceder al plan empleados de la Carrera de Administración Pública del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Solo se aceptarán a quienes tengan 45 años de edad o más, tengan un mínimo de cinco años de antigüedad y hayan sido planta permanente durante al menos un año.
El pago se hará “en cuotas mensuales y consecutivas” durante un plazo máximo “de hasta cuarenta y ocho meses”. En línea con la reforma laboral que promovió el gobierno de Javier Milei, en el cálculo se excluirán el Sueldo Anual Complementario, o aguinaldo, así como “todo concepto de frecuencia de pago no mensual”.
El gobierno local se reserva la posibilidad de rechazar la solicitud “cuando existan razones de servicio, causales de naturaleza disciplinaria u otras que hagan aconsejable adoptar tal temperamento”.
Tampoco podrán adherirse al programa “trabajadores y trabajadoras que, al 31 de diciembre del 2026, cuenten con sesenta y cinco (65) años de edad o más y cumplan con los requisitos necesarios para obtener el beneficio jubilatorio”. Y quedan excluidos quienes cuenten con un sumario administrativo por causales que pudieran ameritar una sanción expulsiva, hubiera iniciado reclamos o demandas judiciales al gobierno porteño.
Jorge Macri,Reforma laboral,Conforme a,Jorge Macri,,Apuesta oficial. La ciudad giró los US$588 millones de su última colocación de deuda y aumentó las reservas del Banco Central,,Angelici suma poder. Jorge Macri confirmó al frente de Desarrollo Urbano a la hija de Majdalani, exjefa de los espías,,Entrevista. Cristian Ritondo: “Vamos a apoyar la ley de modernización laboral, pero no el régimen de licencias por enfermedad”
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