En un tono crítico y sin rodeos, Guido Carlotto comenzó apuntando directamente contra el mandatario nacional: “Este tipo es un cachivache, no es un presidente. Es un tipo de decir una cosa y hacer otra. Acuérdense lo que dijo en campaña y después todos los que están hoy en su gobierno son mano derecha de él: Bullrich, Caputo… no es una persona en la que se pueda creer”.

Al referirse al nuevo endeudamiento promovido por la gestión libertaria, el dirigente lo enmarcó en una política “vieja”, iniciada por Martínez de Hoz y profundizada en los ‘90. “Están pidiendo plata prestada para no devolver, y después otra más para refinanciar. Todo ese dinero jamás en la historia se reinvirtió en la Argentina. Lo festejan como si fuera un logro, pero es una locura”, lamentó.

Para Carlotto, este nuevo ciclo de deuda “va a romper esa cosa tan grande y hermosa que fue cuando Néstor Kirchner anunció que nos sacamos al Fondo Monetario Internacional (FMI)”. Y añadió: “Volvimos sin necesidad, Argentina no tuvo una guerra, no tuvo una catástrofe. Vamos a terminar endeudados de por vida”.

“Somos más pobres y con más deuda”

Respecto al impacto en la vida cotidiana, sostuvo: “A partir de hoy, los argentinos somos más pobres. Le vamos a seguir transfiriendo deuda a las futuras generaciones. Es un desastre inmoral y una cosa que nunca funcionó”.

También alertó sobre el impacto social que tendrán estas decisiones: “Se va a venir todo abajo, se va a armar un despelote terrible, la gente va a salir a las calles como pasó siempre. No estoy inventando nada, es parte de la historia”.

En ese marco, Carlotto criticó el ajuste a los jubilados y el endurecimiento en el acceso a la jubilación: “Van a tener que entregar nuestras riquezas naturales: litio, oro, petróleo. Están entregando la circulación de naves extranjeras en ríos y lagos argentinos, violando la soberanía. Y todo eso para que no sirva para nada, porque ni vamos a devolver la plata ni se va a reinvertir en el país”.

“El problema no es Javier Milei, son los verdaderos dueños del país”

Consultado sobre quiénes se benefician con estas políticas, Carlotto prefirió no dar nombres propios por temor a represalias, pero fue contundente: “Son los grandes empresarios, los que Perón decía que no eran ni industriales ni argentinos. Son los dueños del país, los que manejan las cuevas del dólar y hacen fluctuar el blue a su antojo. Ellos son los que se enriquecen con la deuda externa”.

La Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de once personas y dos empresas constructoras en una causa que investiga sobornos, fraude al Estado y falsificación de documentos en la que están involucrados exfuncionarios de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

Los procesamientos fueron dispuestos por el juez federal Sebastián Casanello. Firmaron el fallo de la Cámara Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico (que hizo un voto propio).

Un dato central de este expediente es que se procesó a dos sociedades anónimas (y no solo a sus representantes). Son Lemiro Pablo Pietroboni S.A. y Luis Losi S.A. Se trata de una de las primeras investigaciones que aplican la ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, sancionada en 2017, en un caso de sobornos.

Casanello ya había procesado a los principales imputados, pero el 7 de septiembre pasado, la Sala II de la Cámara Federal había revocado esa decisión y le había ordenado al juez “evaluar nuevamente” los pedidos de medidas de prueba de las defensas. El juez relató en su fallo que dispuso nuevas medidas (incluidos peritajes, informes técnicos y declaraciones de testigos), afirmó que esos elementos “echaron luz sobre los interrogantes planteados”, volvió a procesar a los acusados alcanzados por su fallo anterior y sumó a nuevos procesados.

Esta vez, la Cámara confirmó lo decidido por Casanello y dejó a los acusados (incluidas las empresas) a un paso del juicio oral.

Los camaristas Irurzun y Farah dijeron: “La incorporación de nuevos elementos a la causa permite superar el déficit del cuadro preexistente y afirmar provisoriamente la existencia de los hechos y la asignación de responsabilidades, pues son diversos los indicios que -sumados a la prueba ya existente- refuerzan las sospechas sobre las distintas aristas concatenadas del evento (el falseamiento, el fraude y los sobornos)”.

En cuanto a las empresas, Farah e Irurzun sostuvieron que los beneficios de los presuntos delitos no fueron sólo para los empresarios, sino también para las compañías. Afirmaron: “Las comunicaciones frecuentes entre los directivos de las firmas contribuyen también a presumir que no se trató de eventos que no se gestaran y beneficiaran a título exclusivamente personal de las más altas autoridades, sino que hubo un determinado nivel de anuncia y beneficio de la sociedad como tal”.

Los camaristas destacaron “la organización defectuosa” de las empresas, por ejemplo, en cuanto a “la ineficacia de sus programas de integridad”.

La historia del caso

La causa se inició el 18 de diciembre de 2017 por una denuncia del entonces Administrador General de la DNV, Javier Iguacel, contra funcionarios del organismo que debían supervisar la ejecución de obras viales en Córdoba y Buenos Aires. Los hechos bajo investigación sucedieron en 2017 y 2018.

En esta causa fueron determinantes los testimonios de dos agentes estatales: una auditora que inspeccionó las obras y advirtió que se estaban pagando trabajos no hechos (pese a que, según pruebas reunidas en el expediente, intentaron engañarla escondiéndole datos y borrando de urgencia información para que ella no la viera) y un supervisor de obra de Vialidad a quien –de acuerdo con su relato- su jefe quiso convencer de que se sumara a la maniobra, pero él se negó.

El jefe en cuestión es Guillermo Crisci, que aparece vinculado a los tres hechos que se investigan en esta causa. Los dos primeros son por presuntos pagos indebidos a empresas a cargo de obras en la Ruta Nacional N° 19, en Córdoba, en el tramo II: “Cañada Jeanmarie-Arroyito” y en la misma ruta, en el tramo siguiente: “Arroyito-Río Primero”. El tercer hecho es un supuesto pedido de sobornos a otros contratistas a cambio de facilitarles el desarrollo de los trabajos de construcción que estaban haciendo en la obra vial ejecutada en el tramo Pergamino-Fontezuela de la Ruta Nacional N° 8.

Las presuntas maniobras vinculadas a las obras en la Ruta 9 consistían fundamentalmente en hacer terraplenes más bajos que lo que declaraban. El Estado, entonces, pagaba de más y las empresas retribuían con “retornos” a los funcionarios. ¿Cómo lo hacían? Contratando a otras empresas que eran de prestanombres de los funcionarios en cuestión –una de ellas, la mujer de Crisci-, según la hipótesis que sostuvo Casanello en su fallo, firmado el 13 de diciembre pasado.

“Bajamos los perfiles y nos repartimos la plata. Vos confiá en mí. Te vas a llenar de plata”, le habría dicho Crisci al supervisor de obra que debía fraguar el documento que consignaba la altura del terraplén. Crisci, que lo había designado en el puesto, disconforme porque su empleado no quería sumarse, le habría dicho –según declaró el testigo-: “Así como te puse, te saco”.

La lista de los procesados incluye a los exfuncionarios Crisci (excoordinador ejecutivo de la Dirección de Obras de Casa Central de la DNV), Fernando Mardiza (supervisor) y Ernesto Leal (topógrafo, que a diferencia de los otros dos exfuncionarios, no fue procesado por cohecho sino solo por fraude y falsificación de documento). También incluye a tres directivos de las empresas constructoras (Gabriel Pedro Losi, Maximiliano Pietroboni y Jorge Horacio Fernández), a las dos personas jurídicas, a trabajadores de menor rango dentro de las empresas y a quienes actuaron como presuntas “personas interpuestas” de los funcionarios en el cobro de las dádivas, incluidas las esposas de Mardiza y Crisci.

Casanello procesó a Lemiro Pablo Pietroboni S.A. y a Luis Losi S.A. por el delito de cohecho activo y ordenó trabarles un embargo de $632.381.436,96.

El juez hizo alusión en su fallo a las particulares características de los casos de corrupción y cómo deben investigarse. “Las investigaciones de delitos de corrupción demandan la tarea de hilar una sucesión de circunstancias fácticas (previas, contemporáneas y sucesivas al hecho delictivo) que inicialmente, vistas en forma individual, pueden parecer inconexas e incluso lícitas. No obstante, sometidas a un abordaje sistémico que contemple detenida y exhaustivamente las distintas aristas del caso, permiten develar un trasfondo de intereses espurios alineados a partir de la coordinación de aportes fragmentados, atendiendo a las privilegiadas posiciones que ocupan los actores involucrados, tanto dentro de la administración pública como desde el sector privado”, afirmó el juez.

Según Casanello, “detener el examen en esa mera superficialidad asegura el fracaso de toda investigación sobre este tipo de criminalidad compleja” y “lo mismo cabe decir en relación a la responsabilidad de las personas jurídicas y sus sistemas de compliance, donde el análisis no puede reducirse a la sola existencia de procedimientos y rituales”.

El juez destacó además que ”la mecánica de los hechos de corrupción” investigados en esta causa tiene muchas semejanzas con las otras investigaciones de criminalidad compleja que “tuvieron como principales actores a altos funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad (designados a lo largo de diferentes gestiones)”. Esto, a su juicio, revela “posibles problemas estructurales y fallas en la prevención” de los delitos en la órbita de Vialidad.