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Declara el ex intendente de Olivos, un testigo que puede ser clave en la denuncia contra Alberto Fernández por violencia de género

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El ex cuidador y administrador de la quinta de Olivos se presentará este lunes en Comodoro Py. Fue citado como testigo por el fiscal federal Ramiro González en el marco de la causa que investiga la denuncia de Fabiola Yañez por presuntos hechos de violencia de género contra Alberto Fernández. Ex chofer y hombre de confianza del ex presidente, Daniel Rodríguez será interrogado sobre los hechos investigados en el caso.

Su nombre cobró relevancia cuando -en la investigación por el escándalo de los seguros- del celular de María Cantero, la ex secretaria de Alberto, el juez federal Julián Ercolini obtuvo imágenes que exponen todo tipo de regalos que buscaban hacerle, por elevados costos, a “Dany” o “el gordo” como lo apodaban, que se refiere al entonces intendente de la Quinta de Olivos, quien les facilitaba ingresos, reuniones, por fuera de los registros oficiales.

Daniel Rodríguez es el ex chofer de Alberto Fernández desde hace décadas. Conocía en detalle los movimientos de la residencia presidencial. Todo lo que allí sucedía. Por ese motivo, sin que la querella a cargo de Mariana Gallego lo sugiera como testigo, el fiscal González consideró que era relevante escucharlo en el marco de la causa donde se investigan nueve hechos vinculados a la violencia de género y que pesan sobre el ex presidente.

Mientras en la causa por presuntos hechos de corrupción con los seguros el juez Ercolini ordenó abrir su celular, Rodríguez deberá responder como testigo este lunes desde las 10 en el quinto piso de Comodoro Py las preguntas que ya tiene confeccionadas el fiscal González para probar la imputación contra Alberto Fernández por lesiones leves y graves, agravado doblemente por el vínculo, en abuso de poder y de autoridad más amenazas coactivas.

Sobre Rodriguez al fiscal le interesa todo aquello que haya transcurrido dentro de la quinta presidencial. Tanto previo a la denominada Fiesta de Olivos (de julio de 2020) como lo acontecido un año después cuando se divulgaron públicamente las imágenes del ese polémico encuentro en medio de la cuarentena por Covid. Rodríguez ya había sido mencionado en la causa judicial por la Fiesta de Olivos, porque fue el encargado de confeccionar permisos falsos para circular, con el logo de Presidencia y su firma.

Y la ex primera dama, en su denuncia, también lo menciona como un testigo de los episodios de violencia que sufrió durante los tiempos en que vivió en las residencia presidencial. Incluso, trascendió un relato que menciona que Rodríguez intervino en una discusión entre el ex presidente y Yañez cuando ella se alojaba en la residencia de Huéspedes de Olivos, y que habría retirado a Alberto Fernández del lugar en un carrito de golf de la quinta.

La cronología de los hechos expuestos por el fiscal en el dictamen acusador exponen que en 2021 los sucesos de violencia se profundizaron. Todo ocurrió en la residencia oficial a la que ingresó Fernández con Fabiola Yáñez en 2019 y desde ese momento, Rodríguez asumió como administrador.

Por el rol asumido es que el representante del Ministerio Público Fiscal entiende que su testimonio puede ser determinante en la causa en la que la ex primera dama denunció agresiones físicas, verbales, hostigamiento, destratos recurrentes, golpizas con habitualidad, incluso golpes durante su embarazo. Gran parte de esos hechos atribuidos al ex Presidente, transcurrieron en la residencia oficial.

¿Qué pudo ver? ¿Qué pudo escuchar? ¿Estuvo al tanto de lo que esas paredes encerraban? Son algunas de las preguntas que la Justicia se formula y que quiere realizarle al ex chofer de Alberto Fernández.

Entre otras cosas, se profundizará en la nómina de personal que se desempeñaba en la casa de Huéspedes como en la residencia principal. Las funciones de cada uno, los horarios asignados. Todo apunta a determinar si alguien en las instalaciones de la Quinta escuchó, vio o intervino en alguna de las circunstancias relatadas en la causa.

En el caso de corrupción por los seguros

Hasta el momento Rodríguez parecía un personaje lateral a los hechos bajo investigación. Esa situación se revirtió cuando el 23 de junio de este año el juez Ercolini allanó una vivienda que figura bajo la titularidad de Héctor Martínez Sosa. La sorpresa del juzgado fue que allí vive Rodríguez, que no dio mayores explicaciones al respecto.

Durante aquel operativo ordenado por el juzgado se le secuestró el teléfono celular. La línea a la que hacen referencia Martínez Sosa y Cantero en diversas ocasiones. Depositario de regalos suntuosos que el matrimonio le hacía, aparece en fotografías que el broker se sacaba con él, almorzando en un sector de la residencia de Olivos.

Ercolini entendió que su rol no era menor. Recientemente, según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, se ordenó la apertura de su celular. La pericia tecnológica fue la misma que se había requerido en su momento sobre el dispositivo propiedad de Cantero, en el que Rodríguez aparece mencionado constantemente. “Un facilitador de encuentros, de ingresos a la quinta de Olivos y una persona de extrema confianza de Fernández”, definió una fuente allegada a la investigación.

El celular de la ex secretaria de Alberto Fernández desnudó un “modus operandi” vinculado a los beneficios que fue obteniendo Martínez Sosa. Los números oficiales lo ubican como el segundo broker más beneficiado con el pago de comisiones que realizó el Estado entre 2019 y 2023: 366.635.744 pesos, pero le llevó la cuenta más costosa (la de Gendarmería por 1.160 millones de pesos en concepto de comisión) a Bachellier SA, que encabeza el listado de las cinco compañías más beneficiadas.

La quinta de Olivos fue sede de encuentros y conversaciones que destrabaron contratos que terminaron integrando la nómina de Martínez Sosa.

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Luis Caputo quedaría este año a un paso de lograr una de las metas del ajuste

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Artículo publicado originalmente en Ámbito

Según un informe de la Fundación Mediterránea, el ministro de Economía, Luis Caputo, se encaminaría a conseguir este año un superávit financiero del 0,6% del Producto Bruto Interno (PBI). En ese contexto, el reporte dice que quedaría a un paso de conseguir el objetivo de reducir el gasto público de la Nación y las provincias a un 25% del PBI, meta incluida en el Pacto de Mayo.

“El año 2024 podría terminar con un superávit financiero equivalente a 0,6% del PBI, contra un déficit del 6% observado en 2023”, dice el informe. Se trata de una mejora del 6,6% respecto del año pasado. Las proyecciones se lograrían en función de que el gasto y los ingresos se sigan comportando con la estacionalidad habitual.

El trabajo advierte, no obstante, que el gasto típico de los últimos meses del año podría verse alterado en función de posibles concesiones que habría hecho el Poder Ejecutivo a los gobernadores, para la aprobación de la Ley Bases.

“Es probable que en la negociación para la aprobación de la Ley Bases hayan surgido algunos compromisos para morigerar el ajuste fiscal en algunas partidas, especialmente las relacionadas con los gobiernos provinciales, lo que podría redundar en un gasto en el período agosto–diciembre superior al que indica la estacionalidad típica de las erogaciones para ese sub período del año”, indica el estudio.

Por otro, lado el trabajo dice que “en 2024 caerían en forma importante los intereses por deudas, no sólo por la eliminación del déficit fiscal y una menor necesidad de endeudamiento público, sino también porque en el año que corre se han emitido instrumentos de deuda del Tesoro que capitalizan intereses y se registran como gasto recién en el período en que vence finalmente el capital de la deuda”.

A un paso de cumplir con el Pacto de Mayo

El reporte agrega que con el ajuste fiscal que se observa en la Nación y las provincias “el año actual podría terminar con un gasto consolidado en torno a 32% del PBI, similar a lo que se observaba entre 1996 y 1998, en plena década del noventa con el Plan de Convertibilidad, o en el año 2007, en la siguiente década”.

“Así, en un año se habrá bajado un 70% del aumento del gasto observado entre 2004 y 2023. El peso del gasto público consolidado pasó de 27% del PBI en 2004 a 47% en 2016. Subió 20 puntos del PBI en 12 años. Entre 2016 y 2022 bajó 5 puntos del PBI”, dice el trabajo.

La Mediterránea plantea que “si el resto de 2024 las erogaciones se ejecutan como en los primeros meses del año, el gasto consolidado podría bajar a 32% del PBI”. Y señala que “en promedio, entre 1996 y 2024, el nivel del gasto representaría 37,5% del PBI”.

No obstante, el estudio elaborado por los economistas Marcos Capello y Nicolás Cámpoli señala que lo más probable en el caso de las provincias, es que a medida que avanza el año 2024 disminuya el ritmo del ajuste del gasto, respecto a lo observado en el primer trimestre, especialmente en materia de licuación salarial.

“La meta de alcanzar un gasto equivalente a 25% del PBI que se incluyó en el Pacto de Mayo implicaría, a su vez, volver al nivel de erogaciones que se observaba en Nación y Provincias en 2004, año con el menor peso del gasto público ejecutado en las últimas décadas”, explica el estudio.

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