El juez en lo Penal Económico Diego Amarante rechazó un intento del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, para suspender su indagatoria de este jueves y la del resto de los dirigentes investigados en la causa que revisa las deudas de la entidad con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Así, Tapia deberá presentarse este jueves en el expediente en el que se investiga una presunta evasión.

“Por recibida la presentación efectuada en el día de la fecha porla defensa técnica de la Asociación del Fútbol Argentino y de los señores Claudio Fabián Tapia, Cristian Ariel Malaspina y Gustavo Roberto Lorenzo, por la cual solicita que se dejen sin efecto las audiencias indagatorias fijadas respecto de sus asistidos hasta tanto se concluya con la sustanciación y se resuelva el planteo de nulidad absoluta en el marco del incidente N° CPE 1182/2025/6, agréguese y a lo solicitado, por improcedente, no ha lugar“, dice la resolución.

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La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó ayer el procesamiento del exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, por presunto delito de lavado de activos de origen ilícito, agravado por su carácter de funcionario público.

Se trata de una causa que se deriva de la investigación contra D’Onofrio por maniobras con gestores informales que, supuestamente, habían armado un esquema paralelo de eliminación de fotomultas a cambio de un pago de dinero, trama que incluye también la pesquisa sobre la empresa que brindaba el servicio de turnos y logística para la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que cobraba el 8% de cada verificación y tenía como titular a una persona que sería militante de la estructura política de D’Onofrio en el distrito de Pilar.

En noviembre del año pasado, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, había procesado a D’Onofrio por el delito de lavado de dinero y le había trabado un embargo por $350.000.000. En el mismo fallo, el magistrado había procesado también (con un embargo de $300.000.000) a Facundo Asencio, exdirector de Fiscalización y Control de la VTV, que fue desplazado de ese cargo hace poco más de un año, cuando asumió el reemplazante de D’Onofrio en el ministerio, Martín Marinucci, un dirigente del Frente Renovador, al igual que D’Onofrio. El procesamiento de Asencio también fue confirmado por la Cámara de San Martín, integrada en su Sala I por los jueces Juan Pablo Salas, Marcelo Fernández y Marcos Morán.

Al dictar los procesamientos, González Charvay había indicado, entre otros puntos, que Asencio se manejaba como “testaferro” del exministro. Individualizó la compra de una camioneta Audi Q8, dominio AE554ZD, que estaba a nombre de Asensio pero era utilizada por D’Onofrio. “Asencio actuó como interpuesto registral o testaferro, ocultando la verdadera titularidad del rodado y disimulando el patrimonio real de D’Onofrio”, había subrayado el juez federal de Campana en noviembre pasado.

Además, el juez federal había planteado que, para justificar la supuesta compra del vehículo, Asencio aportó un contrato de mutuo por $30 millones con la firma “Los Altos de Don Carlos Emprendimiento Inmobiliario SA”, creada para la ocasión y puesta a nombre de sus padres.

Los abogados Ramiro y Juan Isidro Pérez Duhalde (de D’Onofrio) y Griselda Cecilia Toscano (de Asencio) apelaron el fallo de González Charvay, con argumentos como “la falta de motivación suficiente del decisorio” y “la arbitrariedad en la valoración de la prueba reunida”.

“La sola existencia de una cédula azul extendida a favor de D’Onofrio, así como el pago del Telepeaje por su parte, no constituyen elementos suficientes para tener por acreditada la titularidad real del vehículo en cuestión”, argumentaron los abogados en el recurso rechazado.

Según consta en el fallo de la Cámara de San Martín, al que tuvo acceso , los representantes de D’Onofrio y Asencio consideraron que es legítimo “el contrato de préstamo con la firma Los Altos de Don Carlos SA” y señalaron que “no se encuentra descripto ni acreditado en el auto atacado el delito precedente requerido”.

Los abogados cuestionaron también “la utilización de la póliza de seguro como parámetro idóneo para establecer el precio real de la operación” porque, afirmaron, “los valores allí consignados suelen encontrarse sobrevaluados”.

Los representantes legales de D’Onofrio, además, remarcaron que el caso debía investigarse en la justicia provincial porque “no hay afectación a bienes jurídicos federales” y porque “el procesamiento vulnera el principio de organización federal”.

En su fallo, los jueces de Cámara marcaron que “de las constancias del sumario surge que la mencionada sociedad [por Los Altos de Don Carlos] no registra actividad verificada y que los domicilios denunciados ante los organismos oficiales no se corresponden con un funcionamiento efectivo”. Añadieron que D’Onofrio y Asencio declararon y “brindaron distintas explicaciones en torno a la suscripción del sistema de peaje y al uso de la camioneta”.

La decisión de González Charvay, concluyeron los camaristas, “no se trata de una inferencia conjetural ni de una apreciación subjetiva, sino de una conclusión fundada en una valoración integral, lógica y concordante del plexo probatorio reunido”.

“Las explicaciones brindadas por Asencio para justificar la diferencia entre el valor declarado de adquisición y el monto por el cual fue asegurado el rodado carecen de corroboración en elementos objetivos incorporados al sumario, más allá de sus propias manifestaciones, las que, en tales condiciones, resultan insuficientes para desvirtuar las conclusiones alcanzadas”, remarcaron los jueces. “Sebastián Berterretche -quien adquirió posteriormente el vehículo- declaró que la camioneta se encontraba publicada en la suma de cien millones de pesos y que, tras formular una oferta, la compró por un monto apenas inferior a los ochenta millones -$77.310.000-”, añadieron.

Sobre la falta de acreditación del delito previo al lavado de dinero que plantearon los abogados de los procesados, los camaristas argumentaron que “no se exige, en modo alguno, la corroboración judicial del hecho delictivo previo, mediante una sentencia firme, ya que solamente basta para cumplir la exigencia objetiva tener por acreditado que los bienes objeto del caso proceden de hechos susceptibles de ser calificados como delitos o que poseen un origen delictivo, siendo suficiente la relación de los imputados con actividades delictivas”.

Ahora, los abogados de D’Onofrio y Asencio recurrirán el a la Casación para intentar que se revoquen los procesamientos. Según pudo saber de fuentes cercanas al exfuncionario, plantearán que algunos testigos incurrieron en falso testimonio. Además, insistirán en que la acusación por lavado “solo se circunscribe a una camioneta de la cual él tenía cédula azul”. En el entorno de D’Onofrio sostienen que ya se demostró que otras acusaciones no tenían asidero y que, por eso, el juez dictó sobreseimientos en puntos de la investigación vinculados con los allanamientos que se realizaron a principios de 2025 en el Sheraton de Pilar, una peluquería y una financiera.