Emilio García Méndez está muy lejos de ser un promotor de la mano dura. Tampoco es partidario de la consigna “a delito de adulto, pena de adulto”. Lo que él defiende es la necesidad de un régimen de responsabilidad penal juvenil para que los menores sean juzgados como tales.

Además denuncia el doble discurso de quienes se oponen a esto a la vez que defienden la vigencia del decreto por el cual en 1980 la dictadura, con la firma de Jorge Rafael Videla, fijó un régimen de minoridad vigente hasta hoy.

Quienes agitan el debate denunciando que se quiere bajar la edad de imputabilidad “buscan el aplauso fácil”, dice García Méndez.

También despeja los malos entendidos sobre el tema que circulan como verdades que nadie discute, las falsedades que por demagogia muchos dejan circular. “Responsabilidad no es lo mismo que imputabilidad”, aclara.

Lo más llamativo de quienes se oponen a la creación de un régimen penal juvenil es el tiempo y los medios que tuvieron para modificar esto según sus estándares supuestamente ideales. No tienen excusa. Son los mismos voceros de las administraciones que legislaron el “derecho” de menores de edad a la transición social de género por encima de la autoridad de los padres. Ni hablar de las campañas para promover métodos irreversibles de contracepción —vasectomía y ligadura de trompas—, a partir de los 16 años, sin autorización parental. Y el mensaje a chicos de 13 en adelante de que podían ir por su cuenta a asesorarse sobre anticoncepción. En esta perspectiva, los menores pueden tomar decisiones estratégicas sobre sus cuerpos y sus vidas pero no saben discernir lo que está mal de lo que está bien.

En el continente, Argentina es el único país que no tiene un régimen de responsabilidad penal juvenil como lo dispone la Convención de los Derechos del Niño. Lo que tenemos actualmente se llama régimen penal de la minoridad, establecido por un decreto, el nº 22.278 de 1980, que tiene la firma de Jorge Rafael Videla.

“En el imaginario social, no hay menores presos, son todos inimputables”, dice García Méndez, pero la realidad es muy diferente.

El decreto de la dictadura funciona sobre el principio del patronato: el menor de 16 es inimputable, pero queda a disposición del juez que puede ordenar medidas de privación de la libertad sin el debido proceso, con el argumento de la “protección”.

Ese sistema arbitrario es el que sigue vigente desde 1980 y lo que en la práctica defienden los críticos del proyecto.

Emilio García Méndez es un jurista especializado en derechos de la infancia, fue diputado nacional (2005-2009) y hoy preside la Fundación Sur Argentina. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, ha sido perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consultor del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (en San José de Costa Rica); consultor de Unicef y profesor en las facultades de Psicología y Derecho de la UBA.

Hace años que viene bregando por un régimen de responsabilidad juvenil acorde con lo que dispone la Convención de los Derechos del Niño. En esa búsqueda, el principal escollo lo ha encontrado en Raúl Zaffaroni, responsable de la vigencia del decreto de Videla.

— ¿Qué piensa de la iniciativa de crear el régimen penal para menores?

— Llevo años, décadas, insistiendo en la necesidad de tener un régimen de responsabilidad juvenil. Y espero que alguna culpa le quepa al mayor responsable de esto que es Raúl Zaffaroni.

— Los que más protestan hoy, ¿no pudieron sustituir el decreto de la dictadura por una ley acorde a lo que dicen promover?

— Tuvieron durante 20 años todas las mayorías necesarias para hacerlo pero lo único que se les ocurrió fue esta letanía triste: “No a la baja de la edad de imputabilidad”. Es como el “No pasarán” de la Guerra Civil Española. Hace muchos años vi una obra satírica sobre el “No pasarán”. En una parte decían: “Sí, Franco ganó la guerra, pero a hacer canciones, ¿quién nos ganó?”

— ¿Por qué no derogaron el decreto de Videla?

— Acá hay dos grotescos: el primero es, como dijimos, que tuvieron 20 años para derogar el decreto de la dictadura, pero el problema es que Zaffaroni defendió en varias ocasiones su vigencia. El 2° es que esos mismos sectores van a querer tachar de inconstitucional este proyecto. Me hacen reír porque en un famoso fallo de la Suprema Corte de Justicia, del año 2005, fallo García Méndez-Mussa, Zaffaroni declaró constitucional el artículo 4° de ese decreto. Por lo tanto, la mera sugerencia de que este proyecto es inconstitucional sería vergonzosa.

— ¿En qué contexto declaró Zaffaroni constitucional ese artículo?

— Cuando en 2005 se aprobó la ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes, se derogó la ley 10.903, o ley Agote o ley de Patronato. Pedimos la inmediata liberación de todos los menores retenidos. La respuesta fue el fallo de Zaffaroni declarando constitucional el artículo 4° que permite a los jueces disponer de un menor. En la práctica, puso de nuevo en vigencia la ley Agote. [N de la R: En ese momento, Zaffaroni y Carmen Argibay Molina argumentaron que si se liberaba a esos menores, serían víctimas de “gatillo fácil”]

— En un momento, hace varios años ya, se había logrado también una media sanción a un proyecto suyo de régimen juvenil, ¿qué pasó luego?

— Sí, eso fue en el año 2009. Mi proyecto fue aprobado en el Senado por unanimidad. Lo presentaron 4 senadores: (Miguel Ángel) Pichetto, Marita Perceval, que estaba en el Frente para la Victoria, (Rubén) Giustiniani, del socialismo, y el radical Gerardo Morales. O sea, fue fruto de un consenso. El mismo día que yo terminaba mi mandato en Diputados, a fines de 2009, se aprobaba este proyecto en el Senado. Preveía responsabilidad penal desde los 14 años, y pena privativa de libertad de un máximo de 3 años para la franja de 14 a 15 años de edad y de 5 años para los chicos de 16 y 17. Pero en el caso de dos delitos graves en concurso real el máximo de pena privativa de la libertad ascendía a 8 años.

— ¿Qué pasó con ese proyecto?

— Zaffaroni y sus seguidores acusaron al proyecto de punitivo y represivo y volvieron con la cantinela de la baja de la edad de imputabilidad. En 2010, cuando la ley pasó a Diputados, Diana Conti [N de la R: diputada kirchnerista, fallecida en marzo de 2024] orquestó su masacre. Si no tuvimos entonces una ley de responsabilidad penal juvenil, el responsable absoluto y total de esto fue Zaffaroni.

— ¿Qué piensa del proyecto actual, que tiene ya media sanción de Diputados y se debatirá el jueves en el Senado?

—Lo que se votó surge del consenso de varios partidos, porque el proyecto inicial era muy deficiente. Pero en la comisión muchos diputados conocen del tema, diputados radicales, de Provincias Unidas y de la Coalición Cívica hicieron aportes y mejoraron el proyecto. Se aceptaron todas sus sugerencias. Salvo algunos detalles lo que quedó es esencialmente mi proyecto.

— ¿En qué aspectos representa un avance?

— El proyecto que se votó ahora es un avance extraordinario porque actualmente los mayores de 16 años pueden recibir de hecho penas sin tope. En la provincia de Buenos Aires hay aproximadamente 25 jóvenes condenados a penas de entre 25 y 30 años. Y en cuanto a los inimputables, los menores de 16 que según los promotores de la mano dura quedan impunes, la realidad es muy diferente. Algunos sí quedan impunes, si son de clase media o alta y tienen familia que los banque. Pero los más pobres pueden quedar a merced de los jueces que pueden privarlos de su libertad sin debido proceso hasta los 18 años. A esos chicos los esconden. Tenemos muy poca información de dónde están los imputables menos aún los inimputables.

— Algunos argumentan que la ley no sería aplicable…

— Es totalmente aplicable. Todo este movimiento de no a la baja de la edad de imputabilidad es un movimiento dirigido al futuro: ¿donde los van a poner?, preguntan. No averiguan dónde están actualmente. Hay provincias donde los menores imputables, de 16 y 17, privados de libertad, son muy numerosos, como Córdoba y Buenos Aires. Y a los no imputables los psiquiatrizan, los disimulan. No dan información seria.

— La paradoja entonces es que el progresismo está defendiendo un decreto de la dictadura.

— Por varios años fui asesor de Unicef para América Latina y logré que se aprobasen regímenes de responsabilidad penal juvenil en casi todos los países, menos en Argentina. Según todas esas leyes, los menores son responsables penalmente pero no imputables como si fuesen adultos. Hay que distinguir responsabilidad de imputabilidad. No es lo mismo.

— ¿Cuál sería exactamente esa diferencia?

— Por ejemplo, dicen “en Brasil son imputables desde los 12 años”. Falso. Son responsables. La pena máxima que pueden recibir es de 3 años. Y la inimputabilidad de los menores de 18 está fijada en la Constitución, en su parte “pétrea”, es intocable. No pueden ser juzgados como adultos. En Uruguay es a partir de los 13 años, con una pena máxima de 10. Tampoco se los trata como adultos. En toda América Latina nadie asimiló responsabilidad con imputabilidad. En Argentina, entre 1997 y 2003 hubo 12 sentencias a reclusión perpetua a menores de 18 por las que el país tiene 4 condenas de la Corte Interamericana. Pero todo este coro griego saltó a decir que mi proyecto implicaba bajar la edad de imputabilidad. Se promueve a propósito el equívoco. Así logran el aplauso fácil, que es la especialidad de Zaffaroni, posando de protectores de los menores cuando están haciendo lo contrario, al perpetuar un régimen arbitrario.

— ¿El proyecto semi aprobado lo satisface entonces?

— Tengo algunas observaciones: 15 años como tiempo máximo de privación de libertad es muy alto. Además, no hay diferenciación de franjas etarias, como en otros países. En Costa Rica por ejemplo el máximo de 15 años es para los de 16 y 17 años; para los de 14 y 15, son 10 años. Finalmente no creo en la justicia restaurativa, es introducir niveles de arbitrariedad.

— ¿Argentina estaba incumpliendo compromisos internacionales?

— Bueno, la Convención Interamericana de los derechos del Niño fija la necesidad de tener un sistema de Responsabilidad Juvenil.

— Es llamativo que hablen de regresividad y no tengan problema con mantener un decreto de hace casi 50 años.

— Se dice que hay regresividad, pero es al revés. Porque hoy son imputables los chicos de 16 a 17, y dejarán de serlo. Al contrario, hay progresividad porque ahora ningún menor podrá ser privado de su libertad sin debido proceso. El decreto de Videla es un cadáver insepulto. Espero que el Senado le dé cristiana sepultura.

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Con los tiempos justos y después de haber reconocido el “error” en la redacción del artículo 44 de la reforma laboral, el gobierno de Javier Milei decidió aceptar modificaciones en las licencias médicas y apurar el tratamiento en la Cámara de Diputados y en el Senado, para lograr el principal objetivo político de la Casa Rosada, antes de que expiren las sesiones extraordinarias.

Se trata de una meta ambiciosa, que pondrá a prueba la solidez de las alianzas parlamentarias de La Libertad Avanza en el Congreso. En menos de 10 días, el oficialismo deberá conseguir que el plenario de comisiones de mañana, en Diputados, acepte el cambio en la redacción del proyecto, que el pleno de la Cámara baja lo apruebe este jueves, que el viernes sea enviado al Senado y, con el dictamen que exige el reglamento de ese cuerpo, se acepte discutirlo en una sesión una semana después.

El cronograma ajustado exigirá que los bloques dialoguistas de Diputados y el Senado acompañen el ritmo que necesita el Gobierno para coronar el principal objetivo político que se trazó la administración de Javier Milei: lograr una reforma laboral que no tiene antecedentes en los más de 40 años que tiene la democracia recuperada. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tendrá un rol clave en los días que viene.

La decisión de activar este operativo político se tomó después que la mesa política y los principales negociadores de la Casa Rosada encontraron en el parlamento una fuerte resistencia a aprobar a libro cerrado lo que había llegado del Senado. “No pasa”, fue la respuesta que encontraron los emisarios del Ejecutivo en el radicalismo, el PRO y los representantes de gobernadores aliados.

Lo que “no pasa” es la redacción del controvertido artículo 44. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, anoche reconoció que se trató de “un error” propio. Una falla no forzada. Esa declaración vino a cruzar las versiones que habían trascendido durante el fin de semana, que le adjudicaban la inclusión de ese artículo afuera del Gobierno.

“Nosotros no fuimos. Fueron ellos. Que se hagan cargo”, decían anoche referentes de la UCR, el PRO y los partidos provinciales, a quienes Infobae consultó sobre el origen de esa “gaffe” parlamentaria.

A medida que crecía la resistencia a lo que se había aprobado en el Senado, el Gobierno dio marcha atrás con las alternativas que había llevado a la mesa de negociación, como era “arreglar” la redacción en un decreto reglamentario o proponer una ley complementaria que solo precisara los alcances del artículo 44. “No pasa”, fue la respuesta que volvieron a recibir los negociadores, según pudo confirmar este medio.

Después de fatigar celulares durante el fin de semana largo de carnaval, el oficialismo reconoció que podía poner en riesgo los otros 200 artículos de la reforma laboral, que tienen el objetivo de modernizar como nunca antes las relaciones del trabajo en la Argentina. “Esperamos aprobarlo en extraordinarias, pero no dependemos de nosotros mismos”, dijo una fuente parlamentaria la madrugada de este martes.

Es que La Libertad Avanza tiene 95 votos propios, lejos de los 129 exigidos para tener la mayoría en Diputados. Y 21 senadores, más lejos todavía de los 37 que necesita en el Senado. Para coronar el objetivo político de tener la reforma, requerirá de un compromiso de todos los sectores dialoguistas. Además, depende de que la vicepresidente Victoria Villarruel acompañe al oficialismo en apurar los trámites burocráticos del Senado.

El Gobierno ya había dado una señal de que el debate podía complicarse. Por eso amplió un día, al 28 de febrero, las sesiones extraordinarias. Es que el presidente Javier Milei tenía la intención de abrir el período legislativo, el 1° de marzo, con la ley de reforma laboral aprobada. Los negociadores del Gobierno tendrán, en los próximos días, la confirmación de la consistencia real de las alianzas parlamentarias que vienen tejiendo desde la victoria en las elecciones de medio término.

El artículo de la polémica

Hasta ahora, la redacción era la siguiente:

El foco del conflicto es el artículo 44 de la reforma, que modifica el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. El texto aprobado por el Senado establece:

“CAPÍTULO VII De la suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo

De los accidentes y enfermedades inculpables

Artículo 44.- Sustitúyese el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, por el siguiente:

Artículo 208.- En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de su remuneración que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de TRES (3) meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de SEIS (6) meses si las tuviera. La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifestara una vez transcurridos los DOS (2) años.

Si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo período de tiempo dispuesto en el párrafo precedente.

La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no afectará el derecho del trabajador a percibir la remuneración parcial por los plazos previstos, sea que aquélla se dispusiera estando el trabajador enfermo o accidentado, o que estas circunstancias fuesen sobrevinientes.”

En principio, según lo que trascendió de las mismas fuentes, el Gobierno aceptaría incluir un párrafo final al artículo 44 que establezca que para enfermedades graves, irreversibles y comprobadas de manera fehaciente, los trabajadores cobrarán el 100 por ciento de sus ingresos.

Para el Gobierno, el éxito de esta carrera contra reloj dependerá de contar con la solidaridad de los ajenos.

Mesa Política

El empresario Alberto Samid debió ser internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este tras una complicación de salud que motivó un pedido urgente de traslado sanitario a Buenos Aires.

La noticia fue confirmada por su esposa, Marisa Scarafía, quien utilizó las redes de su marido para hacer pública la situación que atraviesa el empresario.

En ese sentido, informó que el cuadro inicial fue una infección urinaria, pero durante la internación se detectó un virus en sangre de origen aún incierto que genera preocupación por “su peligrosidad”, ya que Samid tiene “bajo todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros valores”.

“Necesitamos que sea trasladado a Buenos Aires y la única manera es mediante un avión sanitario”, precisó. De esta manera, envió un pedido al gobernador de la provincia de Buenos Aires para que colaboren con el operativo. “Le pido encarecidamente a Axel Kicllof, a los intendentes peronistas y a todos los compañeros, que nos ayuden con este tema. Es urgente”, escribió.

En el mensaje, la esposa del empresario dejó disponibles los números de contacto para coordinar cualquier tipo de ayuda. Asimismo, apeló al apoyo de quienes tienen afecto por Samid, solicitando oraciones por su recuperación.

La situación médica del empresario, conocido por su actividad en el rubro de la carne y su exposición mediática en la Argentina, genera preocupación entre allegados y referentes políticos.

Noticia en desarrollo.