POLITICA
Declararon culpable a Marine Le Pen por un caso de desvío de fondos y la inhabilitaron para presentarse a cargos públicos
PARÍS.- Este lunes, una corte francesa declaró culpable a Marine Le Pen, líder de Agrupación Nacional (RN, según sus siglas en francés), en un caso de desvío de fondos, aunque los jueces todavía no detallaron cuál sería su sentencia. La exfuncionaria de 56 años, sentada en la primera fila del tribunal de París, no mostró reacción inmediata mientras la jueza principal leía el veredicto. Por lo pronto, no podría postularse a cargos públicos con efecto inmediato, lo que frustraría sus ambiciones presidenciales para 2027. Tanto ella como los coacusados enfrentan hasta 10 años de prisión, medida que podría ser apelada.
La magistrado Bénédicte de Perthuis también dictó veredictos de culpabilidad a otros ocho miembros actuales o anteriores de su partido que, al igual que ella, anteriormente se desempeñaron como legisladores electos en el Parlamento Europeo.
”El objetivo es garantizar que los representantes electos, como todos los justiciables, no se beneficien de un trato preferente”, aseguró la presidenta del tribunal correccional de París, Bénédicte de Perthuis, al anunciar esta pena de ejecución inmediata para Le Pen y el resto de acusados. Tras conversar brevemente con su abogado, la líder de la ultraderecha francesa abandonó el tribunal sin esperar las penas precisas que la justicia le impondrá. No realizó declaraciones a los numerosos medios presentes.
Durante el proceso oral, la fiscalía pidió cinco años de cárcel (dos de obligado cumplimiento), 300.000 euros de multa y cinco años de inhabilitación contra ella. Si el tribunal sigue el pedido del ministerio público, la dirigente no podría presentarse a la elección presidencial de 2027, a la que ya no puede concurrir el actual presidente Emmanuel Macron. Los sondeos la colocan en cabeza de la primera vuelta. Ella había descrito previamente ese escenario como una “muerte política”.
La denuncia por malversación de fondos
La justicia procesó entre septiembre y noviembre a Le Pen, a su partido y a otras 24 personas por presuntamente pagar con el dinero del Parlamento Europeo a los empleados de su formación entre 2004 y 2016. Según la investigación, se puso en marcha de “forma concertada y deliberada” un “sistema de malversación” de los 21.000 euros (22.700 dólares) al mes con los que cuenta cada eurodiputado para pagar a sus asistentes parlamentarios.
El tribunal consideró que “en realidad” trabajaron para el partido Frente Nacional (FN), rebautizado RN en 2018, que se habría ahorrado importantes sumas de dinero con esta práctica prohibida por la legislación europea. Las audiencias dejaron al descubierto, por ejemplo, que parte del dinero de la Unión Europea (UE) se utilizó para pagar al guardaespaldas de Le Pen, quien una vez fue quien resguardó a su padre, así como a su asistente personal.
Posicionamiento
Le Pen quedó en segundo lugar por detrás del presidente Macron en las elecciones de 2017 y 2022, y el apoyo electoral de su partido creció en los últimos años. A lo largo de juicio de nueve semanas que se extendió desde finales de 2024, la derechista argumentó que la inhabilitación “tendría el efecto de privarme de ser candidata presidencial” y privaría de derechos a sus seguidores. “Hay 11 millones de personas que votaron por el movimiento que represento. Así que mañana, potencialmente, millones y millones de franceses se verían privados de su candidato en la elección”, dijo al panel de tres jueces.
Si Le Pen no puede postularse en 2027, su aparente sucesor natural sería Jordan Bardella, su protegido de 29 años que la sucedió al frente del partido en 2021.
Con información de las agencias AP y AFP
POLITICA
Lilita Carrió se refirió a las causas de la AFA que involucran a Tapia y Toviggino: “Terminarán presos”
Lilita Carrió habló sobre Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino en medio de las investigaciones de la Justicia por presuntas irregularidades en la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). “Terminarán todos presos”, dijo en diálogo con ¿La Ves?
Las declaraciones de la dirigente de la Coalición Cívica se dan luego del hallazgo en la AFA de documentos que prueban pagos por $300 millones a Real Central SRL, la empresa que figura como dueña de la mansión ubicada Villa Rosa, Pilar, y que está en la mira de la Justicia. La documentación fue encontrada durante un allanamiento que ordenó el juez Luis Armella y quedó incorporada a las investigaciones en curso.
Leé también: Encuentran en la AFA documentos que prueban pagos por $300 millones a la dueña de la mansión de Pilar
En ese sentido, Carrió festejó que la Justicia y el ARCA estén investigando el caso, aunque agregó: “Con Toviggino no se meten. Toviggino (tesorero de la AFA) es Santiago del Estero, es Gerardo Zamora, y tiene dos senadores y cinco diputados”.
Sus dichos fueron en referencia a la necesidad del oficialismo de mantener aliados en el Congreso para poder tener quorum y avanzar con las reformas planteadas por Javier Milei para este 2026.
El vínculo de Tapia con Toviggino
Las críticas de Lilita Carrió se dieron en medio de la alianza política del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y Claudio Tapia.
“Me parece mal que el gobernador de Buenos Aires se enchastre con todo esto”, dijo Carrió. Esto fue así porque el titular de la AFA estableció domicilio en la Provincia para escapar de la Inspección General de Justicia, que tienen en la mira los balances de los últimos años de la entidad por “deficiencia” en la rendición de cuentas.
Si efectivamente lograra establecerse en Pilar, dejaría de ser inspeccionado por la IGJ y pasaría a ser “controlado” por la PBA.
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En este contexto surge una incógnita sobre quién se hará cargo de la causa. De hecho, el juez de Campana Adrián González Charvay reclamó el expediente y la Cámara Federal de San Martín le concedió la causa que investiga quiénes son los verdaderos dueños de la mansión de Pilar, que es atribuida a Pablo Toviggino.
Ahora la Cámara de Casación debe definir si la causa sigue en manos de González Charvay, como quieren en la AFA, o vuelve a Marcelo Aguinsky, juez en lo penal económico radicado en CABA.
Lilita Carrió, AFA, Chiqui Tapia
POLITICA
La AFA le pagó $300 millones, al menos, a la empresa que figura como propietaria de la mansión de Pilar
La Justicia tiene en su poder documentos que vinculan de manera directa a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con Real Central, la sociedad que figura como dueña de la mansión de Pilar, atribuida al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. Se trata de órdenes de pago, correspondientes al año pasado, por al menos $300 millones que fueron secuestradas por el juez federal Luis Armella en los allanamientos ordenados en diciembre pasado.
Los documentos, revelados por TN, ponen al descubierto transferencias realizadas en junio de 2025 a favor de Real Central SRL, cuyos titulares formales son la jubilada Ana Lucía Conte y su hijo, el monotributista Luciano Pantano.
La primera orden de pago está fechada el 19 de junio. El comprobante consigna una transferencia por $231.110.000 bajo el concepto “Servicio de logística”, con el número de orden 267894 y estado “Pagado”.
La segunda orden de pago es del 2 de junio. En ese caso, el monto asciende a $70.400.000, también bajo la descripción “Servicio de logística”, con número de orden 267372. En ese documento aparece la firma de Pantano sobre el final del documento, con la leyenda “P/Real Central SRL”.
Los documentos fueron encontrados en un allanamiento ordenado a fines de diciembre por el juez Armella, que incluyó procedimientos simultáneos en distintas sedes de la AFA y en la casa del empresario Javier Faroni por la empresa TourProdEnter, que administró los ingresos de la AFA en el exterior desde diciembre de 2021.
había revelado que otras dos sociedades vinculadas al entorno de Toviggino, Malte y Recomi, hicieron negocios con la AFA. El 27 de enero de 2022, Malte facturó $4,8 millones por 3000 test de coronavirus para la Liga Profesional. Por su parte, Recomi le emitió dos facturas a la AFA. La primera fue el 8 de agosto de ese año, por $544.500, y la segunda, del 5 de septiembre siguiente, por el mismo monto. “Servicio de asesoramiento”, se lee en el detalle del producto/servicio comercializado.
El que administraba esas dos sociedades era Juan Pablo Beacon. Fue accionista de Malte entre mayo de 2021 y mayo de 2022 y, por lo menos hasta el pasado 5 de diciembre, todavía tenía acciones de Recomi, firma a la que desembarcó en junio de 2022, según documentos judiciales y comerciales. Toviggino estaba al tanto del día a día de estas empresas, según pudo reconstruir LA NACION.
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POLITICA
Socios de la Sociedad Rural hicieron circular una carta que se opone al cuarto mandato de Nicolás Pino
Una fuerte polémica estalló en la Sociedad Rural Argentina (SRA) tras la circulación de una carta firmada por casi 100 socios que rechaza una eventual nueva reelección de su presidente, Nicolás Pino.
El texto denuncia un “retroceso institucional” y una “violación del estatuto”, argumentando que la alternancia es una garantía de salud democrática. Los firmantes sostuvieron que “la conducción actual fijó un límite de tres mandatos, ignorarlo hoy por conveniencia personal carece de integridad”, y advirtieron que los dirigentes no deben preocuparse más por “aferrarse a un sillón” que por promover nuevas voces.
Desde la conducción actual calificaron el contenido de la misiva como “erróneo” y aclararon que aún no se definió si Pino será candidato en las elecciones del 9 de septiembre. El propio presidente explicó que en 2023 se modificó el estatuto para limitar las reelecciones a tres períodos consecutivos y que la IGJ dictaminó que el cambio “empezaba a regir en ese entonces, a partir de la inscripción de la reforma”.
Bajo esta interpretación técnica, si Pino se postulara, este nuevo período se contabilizaría como el tercero y no como el cuarto, ya que la norma entró en vigencia durante su segundo mandato.
Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, y Luis Caputo
El enfrentamiento interno ocurre en un contexto donde otros dirigentes le reprochan a Pino su cercanía con el Gobierno y exigen un liderazgo más firme ante temas sensibles como las retenciones.
Al respecto, el presidente de la SRA desmintió rumores sobre una quita inmediata de los derechos de exportación tras consultar a Javier Milei y Luis Caputo, quienes le respondieron: “No, Nicolás, lamentablemente no podemos”. Pino señaló que el Ejecutivo ha “recalculado un montón de gastos” para no poner en riesgo el equilibrio fiscal tras los cambios en las reformas laboral, universitaria y de salud.
Finalmente, el Gobierno sostiene que no están dadas las condiciones para eliminar las retenciones debido al impacto en la recaudación y el cumplimiento de metas fiscales. Según el Iaraf, la quita definitiva para el complejo oleaginoso y cerealero tendría un costo de entre USD 1.460 millones y USd 1.600 millones, lo que equivale al 0,25% del PBI.
Mientras tanto, la conducción de la SRA deberá enfrentar desafíos como la alta carga impositiva y las oportunidades que abren los acuerdos comerciales con la Unión Europea-Mercosur y Estados Unidos.
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