La senadora nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Carolina Losada, defendió en Infobae al regreso la necesidad de aprobar una normativa que, según sus palabras, permitirá que “la justicia sea realmente como tiene que ser”, al establecer sanciones más severas para quienes incurran en denuncias infundadas.

Según relató Losada en la entrevista, el proyecto para agravar las penas por falsas denuncias ha transitado un largo recorrido legislativo. “La verdad que lo vengo luchando desde el año 2022. La primera vez que presento el proyecto fue en 2023. Pierde estado parlamentario, lo volvemos a presentar en 2025. Ahí lo dictaminamos. Ya lo dictaminamos dos veces y mañana va a ser la tercera”, explicó la senadora. La expectativa es que el dictamen alcance ahora el recinto y obtenga la media sanción necesaria.

El respaldo al proyecto, detalló Losada, involucró a diferentes fuerzas políticas. “Desde la Unión Cívica Radical, todos votaron a favor del dictamen desde la primera vez. De hecho, todos acompañaron con su firma el proyecto que yo presenté. Con el PRO también. Con el cambio de autoridades, cuando empieza a haber más, senadores de La Libertad Avanza, ellos también nos apoyaron. Y hoy podemos decir por eso que tenemos la posibilidad de sacarlo”, describió la legisladora.

Durante la entrevista, Losada hizo hincapié en la percepción extendida dentro del Senado sobre la necesidad de legislar en esta materia: “Cuando vos hablás con los senadores y senadoras en privado, te dicen todos: ‘Tenés razón, esto tiene que salir’”.

La senadora compartió además testimonios que recibió de colegas y de trabajadores del sector privado, quienes manifestaron temores respecto al impacto de las falsas denuncias en el ámbito laboral. “Yo no tengo mujeres en mi despacho, porque tengo miedo al tema de las falsas denuncias”, le habría confesado un senador según contó.

Carolina Losada relató casos concretos de personas que, según su testimonio, sufrieron graves consecuencias por denuncias que luego resultaron infundadas. Uno de los episodios citados fue el de Pablo Ghisoni, un ginecólogo que, según contó la legisladora, estuvo diez años alejado de sus hijos y tres años en prisión tras ser acusado de abusos que la justicia finalmente desestimó.

“Ese hombre estuvo tres años preso, privado de su libertad y encima con la carga mental de saber que están acusándote de violar a tus hijos. Y era mentira. Recién ahora la justicia lo absuelve”, detalló Losada .

Respecto a la estructura del proyecto, Losada explicó que la propuesta eleva las penas para el delito de falsa denuncia: “Hoy es de dos meses a un año, y nosotros llevamos las falsas denuncias en general de uno a tres años. Y en caso de violencia, y porque la mayoría de los casos se dan por ese lado”. El texto, según su exposición, fue consensuado con varios bloques parlamentarios.

La referencia a la resistencia de algunos sectores políticos también se hizo presente en la entrevista. Losada mencionó la influencia de figuras como Juliana Di Tullio en la bancada del Frente de Todos o Frente para la Victoria, a quienes atribuyó la decisión de bloquear el avance de la ley en función de los temas de género.

“El partido del Frente de Todos o como se llamen, es un partido totalmente verticalista y tienen una persona que se dedica a los temas de género. Juliana Di Tullio. Entonces, si Juliana Di Tullio dice: ‘Esto no se aprueba’, el resto no lo aprueba. Por lo menos eso es lo que me dicen los senadores y senadoras que quieren aprobarlo”, sostuvo Losada.

Frente a preguntas sobre la falta de estadísticas oficiales, la senadora enfatizó su decisión de abstenerse de citar cifras no verificadas. “En el observatorio de falsas denuncias hay estimaciones. Yo no quiero repetir cifras que no son oficiales, porque me parece que yo como funcionaria pública no puedo repetir cifras que no son oficiales”, aclaró.

La senadora expuso que el nuevo marco legal busca proteger tanto a víctimas reales como a quienes resultan afectados por acusaciones sin sustento. En su visión, la mejora de la justicia requiere normas que contemplen todas las aristas posibles y que eviten que el sistema penal sea manipulado. “Las leyes no son para esa gente, las leyes son para la gente que sea víctima. Esta ley es para defender la verdad”, concluyó Losada.

Hernán Cappiello,Conforme a

El Juzgado en lo Correccional N° 6 de San Isidro condenó este martes a un exfiscal, dos abogados y un testigo por considerar que intervinieron en una operatoria destinada a introducir pruebas falsas en la investigación del ataque a la casa de Sergio Massa y Malena Galmarini en 2013, en Tigre.

El fallo, firmado por el juez Hernán Sergio Archelli, estableció que los acusados actuaron de manera coordinada para beneficiar a Alcides Gorgonio Díaz, condenado por ese hecho, e intentar debilitar la validez de las pruebas. En ese sentido, el magistrado tuvo por acreditado que “realizaron actividad tendiente a prestar ayuda a Gorgonio Díaz en el juicio oral” y que, para lograrlo, “produjeron prueba falsa”.

Según se desprende del expediente, el episodio del 21 de julio de 2013, inicialmente presentado como un delito contra la propiedad, fue considerado en sede judicial como un hecho de “amedrentamiento político disfrazado de robo”. La causa original derivó en la condena de Díaz a 13 años de prisión tras allanamientos en los que se secuestraron armas y dinero.

En julio de 2013, días antes de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el exprefecto entró con un arma y un silenciador a la casa del líder del Frente Renovador. Robó dinero en pesos y dólares e información contenida en pendrives del exintendente tigrense. A las pocas horas lo detuvieron.

Cómo fue la operatoria que confirmó la Justicia

De acuerdo con la resolución, entre noviembre de 2014 y marzo de 2015 se desplegó una maniobra para alterar el curso del proceso. El juzgado determinó que el entonces fiscal Carlos Washington Palacios “desvió deliberadamente la investigación de su objeto legítimo —las supuestas amenazas— hacia la desacreditación de las actuaciones policial/fiscal del caso Díaz” . Esa intervención buscó cuestionar las pruebas que habían sustentado la condena previa.

En ese contexto, los abogados Tomás Ángel Pérez Bodria y Esteban Mauricio Español “asesoraron e instruyeron a (César Emiliano) Jaunarena para que declarara falsamente”. Según el veredicto, “prestó declaraciones falsas” al afirmar que se había secuestrado más dinero del consignado y que una persona no identificada había ingresado con un bolso durante los allanamientos.

La sentencia también remarcó que la coordinación entre los acusados quedó acreditada a partir de registros de llamadas, grabaciones y testimonios. Incluso, un comisario declaró que le pidieron modificar su versión de los hechos antes del juicio oral.

El programa de Jorge Lanata Periodismo para Todos reveló varias escuchas en las que el fiscal dialoga con la mujer de Díaz, Graciela Garate. En la charla, Palacios le pide que no hablen más por teléfono porque le advierte que “están pinchados”. “No la voy a llamar porque tiene intervenidas las líneas. No me mande mensajes, lo que necesite me viene a ver directamente”, le pide el funcionario judicial.

A esta charla se suma otra del 14 de enero de 2015. En este caso, entre el exagente de la Prefectura en la que se nombra a los exministros de Seguridad Sergio Berni y Ricardo Casal. “Lo bueno es que Asuntos Internos da una buena mano”, comenta Díaz. “Decile que se maneje con Casal”, responde su esposa.

Las penas y la reacción de Malena Galmarini

Al momento de fijar las penas, el juez consideró la gravedad institucional del caso y el impacto sobre el sistema judicial. En ese marco, se impusieron seis años de prisión y 12 de inhabilitación para el exfiscal; cinco años de cárcel e inhabilitación profesional para los abogados; y cuatro años de prisión para el testigo.

El fallo también recordó que Palacios ya había sido destituido en 2019 por un jury que acreditó un accionar irregular y fuera de los límites de su función.

“Se metieron con mi familia. Intentaron ensuciar la verdad y terminaron CONDENADOS. El fiscal destituido Washington Palacios, los abogados Tomás Pérez Bodria y Esteban Español y el falso testigo César Jaunarena armaron una mentira para torcer una causa. La justicia tarda, pero llega. 13 años de mentiras, operaciones, ventajas políticas y corrupción llegaron a su fin. Se metieron en mi casa y con mi familia. Quisieron falsear la verdad para ensuciarnos e involucraron a mis hijos en su mierda. La condena es clara: NO TODO VALE”, escribió Galmarini en su cuenta de X.

Sergio Massa, Malena Galmarini, Robo