La gestión actual del ministerio de Defensa, bajo la dirección de Luis Petri, está revisando detalladamente los contratos firmados durante los últimos años de la administración de Cristina Kirchner. Estos contratos fueron realizados con diversas empresas para la provisión de drones, aviones, modernización de tanques y embarcaciones militares.

Las primeras evaluaciones revelan que el Estado pagó millones de pesos por desarrollos y materiales que nunca recibió o que presentan retrasos significativos en los procesos de modernización.

Documentos obtenidos por TN indican que se destinaron más de $200 millones al proyecto Sistema Aéreo Robótico Argentino (SARA), que tenía como objetivo desarrollar dos prototipos de vehículos aéreos no tripulados, pero estos no se completaron. También se investiga la entrega de millones de dólares para el desarrollo de aviones Pampa, Pucará e IA100, los cuales no han sido entregados.

Análisis de Contratos en Defensa

La historia de los drones comenzó en 2015, cuando se firmó un contrato entre el Ministerio de Defensa e INVAP para desarrollar dos prototipos operativos de Sistemas Aéreos No Tripulados en un plazo de siete años, con un costo total de $2.095.900.000. Este proyecto incluía vehículos aéreos no tripulados, una estación de control terrestre, sistemas de comunicaciones y tecnología para blancos aéreos de alta velocidad.

Desde las cuentas de Defensa se transfirieron a INVAP unos $200.470.000, además de otros $45 millones facturados, pero no cobrados en el marco de este convenio. Sin embargo, en 2016 el contrato quedó en stand by, y en noviembre de 2017 el entonces ministro Oscar Aguad solicitó a INVAP un informe detallado sobre el avance del contrato SARA y sus respectivos costos. También se pidió reformular el alcance del contrato, pero desde entonces no hubo avances significativos.

Durante la entrega de cinco tanques TAM modernizados, Luis Petri expresó su descontento con las transferencias de dinero bajo ese convenio: “Se llevan invertidos más de 21 millones de dólares en proyectos para la realización de drones, y al día de hoy no tenemos un solo dron de fabricación nacional. El desafío es tener, fabricar y producir drones en la República Argentina para el control y vigilancia de nuestras fronteras y espacio aéreo marítimo”, destacó Petri.

Este y otros contratos están bajo investigación para determinar si se cometieron delitos penales en la asignación de fondos públicos o si hubo algún desvío de dinero. Para ello, se han requerido auditorías a varias empresas de defensa como la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), el Complejo Industrial y Naval Argentino Tandanor y Fabricaciones Militares Sociedad del Estado (FMSE). Los resultados de estas auditorías podrían llevar a presentaciones judiciales.

Contratos con FAdeA y Tandanor bajo la Lupa

La actual gestión también está evaluando contratos firmados por la Fuerza Aérea Argentina (FAA) y la Armada Argentina con FAdeA y Tandanor, respectivamente. Estos convenios incluían la entrega de aviones Pucará, Pampa, IA100 y remolcadores. Según información a la que accedió TN, Defensa transfirió 215 millones de dólares para incorporar y modernizar 17 aeronaves y 14 embarcaciones, entre ellas la corbeta ARA Parker. “Nos deben los remolcadores, no hay nada”, comentan en las oficinas de Azopardo 250.

Actualmente, está en ejecución uno de los 12 remolcadores que la Armada Argentina encargó a Tandanor. Desde Defensa se profundizará en la investigación para determinar si el dinero transferido para la adquisición de material se utilizó para cubrir déficits de estas empresas.

Entre 2020 y 2023, el Ministerio de Defensa transfirió unos $166.391.225 al funcionamiento de Fabricaciones Militares y la Fábrica Militar de Aviones con sede en Córdoba. La gestión de Luis Petri sigue trabajando para esclarecer estas posibles irregularidades y garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos.