POLITICA
Delta del Paraná: los emprendedores que revolucionan un lugar único con una máquina de hacer carne y forestación
“Vengo de una familia que no tenía vínculo con la producción agropecuaria. Mi padre era propietario de una empresa de construcción y en 1989 decidió diversificar comprando 320 hectáreas en las islas de la segunda sección de San Fernando, con el propósito de desarrollar un planteo forestal”, cuenta José Luis Cosentino, actual responsable de la empresa.
“Tomó posesión del campo y trabajó varios años hasta que pensó en retirarse; entonces, en 1991 quedé a cargo del campo”, añade. “Comencé con la forestación y en 1995 empecé con la ganadería para eliminar el material combustible que crecía debajo de los árboles y así ahorrar horas hombre que se necesitaban para mantener a raya el pasto. De esa forma, pasé a desarrollar un planteo silvopastoril con hacienda debajo de los álamos”, agrega.
“Pocas veces vista”: una tormenta con fuertes vientos y gran piedra arrasó miles de hectáreas a días de la cosecha de soja
“Traje una jaula de vaquillonas Angus preñadas y compré algo más en la zona para dar los primeros pasos. Con el tiempo fui creciendo y hoy tengo 600 hectáreas y 520 vacas. Parte de la forestación inicial ya se cortó y quedan los tocones, que en dos o tres años se pudren y dejan de ser un problema”, aclara.
Proyecto
Llegó un momento que la actividad forestal empezó a decaer en producción, sobre todo por una plaga que taladra los troncos de los árboles y los va secando. Es un insecto que cuesta eliminar con insecticidas porque habría que hacerlos llegar dentro del monte, a cada tronco, y no con una pulverización que pase por encima. Es un trabajo complejo y se debe hacer con equipos terrestres que apliquen la pulverización para atrás, no hacia abajo; es una labor engorrosa y muy costosa, y que exige elegir muy bien el momento de aplicación de acuerdo a las condiciones de temperatura para que los taladrillos estén accesibles al tratamiento. Además, en los últimos años la falta de agua secó muchos árboles porque la salinidad sube a la superficie del suelo. Por todas estas causas la ganadería comenzó a tomar un lugar importante en el planteo del empresario, potenciada por la gran producción de pasto que tienen las islas del Delta del Paraná.
“La recomendación de los expertos en forrajes es no remover el tapiz vegetal de las islas porque la producción natural alcanza y sobra para desarrollar buenos performances ganaderas. Por lo tanto, hace falta sembrar muy poco para tener buena alimentación todo el año”, destaca Cosentino.
“Así fue que inicialmente desarrollamos un planteo de engorde que nos permitió producir novillos para exportación de 550 kilos de promedio con 27 meses de vida a partir de la vegetación natural de la isla. En planteos de cría hemos destetado terneros de 210-220 kg a los 8 meses también con la ventaja de muy bajo costo de alimentación”, se entusiasma.
La isla tiene un terraplén perimetral, diques y caminos de evacuación que defienden los campos de las crecientes, que pueden provenir del Paraná desde el norte o por efecto de la sudestada. Para la explotación ganadera se requiere desarrollar un buen drenaje del agua en los campos. Con ese objetivo “en la costa del río hemos instalado bombas eléctricas que aspiran el agua que puede juntarse dentro del campo y la expulsan. Se han construido un canal principal y otros secundarios que forman un sistema de drenaje”, explica Cosentino. Las bombas se ponen en funcionamiento cuando hay lluvias de gran intensidad que generan un exceso de agua en superficie.
En la isla llueven 1100mm por año y hay mucho raigrás, tréboles, cebadilla y lotus, que son especies nativas en los pastizales naturales de la zona. El aprovechamiento del pasto tiene como ejes básicos el alambrado fijo y, sobre todo, el eléctrico, que permite dividir lotes grandes en pequeñas parcelas, que se aprovechan en dos o tres días, de acuerdo a la categoría que debe ingresar y al planteo productivo planificado.
“Actualmente en el campo predomina un planteo de cría de 500 vacas en 600 hectáreas en el cual desarrollamos inseminación artificial a tiempo fijo en vaquillonas de 15 meses desde hace ya tres años siguiendo las recomendaciones de Santiago Debernardi. La inseminación también se les da a las vacas “cabeza” de parición y los terneros de esta categoría se recrían hasta 300 kilos, tras lo cual son comprados por invernadores pastoriles o feedloteros. Las hembras tienen como destino la reposición aunque una parte también se comercializa”, detalla Cosentino.
“En el rodeo de vacas, la que no queda preñada se elimina. Luego de la inseminación, sin espera, se echan los toros aprovechando que las vacas están ciclando y pueden generar rápidamente preñeces adicionales”, añade.
La inseminación artificial genera un avance genético notable. “Los novillitos en recría, comparados con otros que fueron producto del servicio natural, muestran una ganancia diaria de peso sustancialmente mayor, a pesar de que comen lo mismo”, distingue el empresario.
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La raza utilizada es Angus negro de frame mediano, con vacas de 450 kilos. Con el manejo empleado en la isla, Cosentino alcanzó un porcentaje de preñez del 88% en vacas adultas y 91% en vaquillonas en 2024; en varios años llegó a 90-91% en el rodeo de vacas adultas, aunque con menor cantidad que las actuales. El destete de los terneros se realiza a fines de abril con 220 kilos y la “cabeza” se recría hasta 300 kilos; el resto se vende directamente a invernadores.
En síntesis: las tecnologías de ganadería intensiva están desembarcando en las islas del Delta del Paraná, donde se están obteniendo índices de producción semejantes a los de tierra firme, con la ventaja de no tener gastos de implantación de pasturas ni de instalaciones para el suministro de agua a la hacienda, y con un “techo” de producción potencial que aún se desconoce.
Sin un líder único capaz de reunir a todas las tribus bajo un mismo techo, y con el desafío urgente de negociar con la gestión de Javier Milei la letra chica de una reforma laboral, la CGT renovó hoy sus autoridades y eligió otra vez a una conducción tripartita. El nuevo triunvirato estará a cargo de Jorge Sola (Sindicato del Seguro), Cristian Jerónimo (Sindicato del Vidrio) y Octavio Argüello (Sindicato de Camioneros).
Los tres son de raíz moyanista, aunque Sola y Jerónimo reportan desde hace tiempo a “los Gordos” (grandes gremios de servicios) y a los autodenominados “independientes” (Uocra, Upcn y AySA), respectivamente.
El nuevo triunvirato fue validado este miércoles en el Congreso de Congresales de la CGT, que se desarrolla en el estadio de Obras Sanitarias. La alternativa de repetir un triunvirato sirvió para contener a diferentes sectores. Es un atajo al que ya se recurrió en otras tres oportunidades: 2004, 2016 y 2021.
Jorge Sola
Jorge Sola fue uno de los pocos dirigentes que levantó la mano para hacerse cargo en soledad de la secretaría general. Es el jefe del Sindicato del Seguro desde 2016 y nació hace 59 años en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Es abogado, profesor de biología y cursó una maestría en Ciencias Políticas y Sociología en Flacso.
En 2012 dio un paso importante en su trayectoria sindical al sumarse al consejo directivo de la CGT que conducía Hugo Moyano, que recientemente había roto su alianza con Cristina Kirchner. En ese momento, la central obrera estaba dividida en tres sectores: la CGT Azopardo, liderada por el camionero; la oficialista, alineada con el kirchnerismo y encabezada por el metalúrgico Antonio Caló, y la Azul y Blanca, conducida por Luis Barrionuevo. Sola por ese entonces se sentía cómodo con el moyanismo.
Hijo de un camionero y una empleada doméstica, Sola comenzó a abrirse paso en el ajedrez sindical. Ganó la conducción de su gremio, que tiene hoy casi 20.000 afiliados, y su formación académica lo diferenciaron de otros dirigentes vinculados a patotas y de verba más enredada y a veces incomprensible.
Cuando Moyano se alejó de la CGT y ubicó en el triunvirato a Juan Carlos Schmid, primero, y a su hijo Pablo, después, Sola amplió su red de alianzas internas y encontró un lugar entre “los Gordos” (grandes gremios de servicios) y los autodenominados “independientes” (Uocra, UPCN y Obras Sanitarias). Como Secretario de Prensa de la CGT se hizo cargo de la redacción de los documentos y de la lectura de los discursos en los actos, y así fue ganando protagonismo. El estatal Andrés Rodríguez, uno de los sindicalistas más influyentes, lo auxilió cuando la obra social del Seguro corrió riesgos financieros.
Tiene una mirada moderna del mundo laboral. Fue el primero en incluir en su convenio colectivo el teletrabajo y lanzó una fundación de Inteligencia Artificial en convenio con la UBA. Pretende que la CGT active su propio centro de formación profesional y que releve estadísticas. Promete una mirada más federal, no centralizada únicamente en lo que denominó el “AMBAcentrismo”.
Cristian Jerónimo
Es el más joven del nuevo triunvirato, con 41 años. Es el secretario general del Sindicato del Vidrio desde 2018, cuando reemplazó a Roberto Merlino, quien es hoy su adjunto y supo estar alineado a la CGT Azul y Blanca de Barrionuevo.
Jerónimo cuenta con 16.000 afiliados y negocia salarios con tres cámaras empresas vinculadas al sector de la construcción. Se inició en la Juventud Sindical que lideró Facundo Moyano y así fue que se abrió paso entre el clan camionero. Se hizo ladero de Pablo Moyano en la CGT, donde ocupó una secretaría que se ocupó a asuntos de salud y prevención de adicciones.
De a poco fue tomando distancia de Pablo Moyano para cultivar un perfil más dialoguista. Hizo migas con Gerardo Martínez, el histórico jefe de la Uocra, que lo apadrinó y fue su principal impulsor para llegar ahora a la cúpula cegetista. De la mano de Martínez, que ocupa la secretaría de Relaciones Internacionales de la CGT, una suerte de cancillería laboral que lo hizo miembro permanente de la Organización Internacional del Trabajo, Jerónimo conoció los pasillos de organismos internacionales y hasta participó de un mano a mano con Kristalina Georgieva, la jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Octavo Argüello
Tiene 63 años y es el hombre de confianza de Hugo Moyano en la CGT. Se incorporó el año pasado al triunvirato de mando en reemplazo de Pablo Moyano, que había renunciado por diferencias con el resto de la cúpula sobre la estrategia para negociar con el gobierno de Milei.
El desembarco de Argüello fue el atajo perfecto para que Camioneros no se vaya de la central obrera y también para mantener alineados a los gremios del transporte. Argüello fue el armador político del partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo (CET), el partido político fundado por Moyano hace 12 años y que hoy forma parte de la alianza Fuerza Patria.
En 1984 fue elegido delegado gremial en la empresa de recolección Venturino, en San Martín. Al conocer a Hugo Moyano se transformó en dirigente del rubro de recolección de residuos, desde donde comenzó a escalar internamente en el poderoso sindicato de los camioneros. Integra hoy el triunvirato de mando de la CGT que tendrá mandato hasta 2029. Ya advirtió que el primer gran desafío será la reforma laboral.
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La disputa por la administración y el dominio de los recursos hidroeléctricos en la provincia sumó un capítulo clave en las últimas horas tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de admitir el reclamo formulado por el gobierno de Chubut contra el Estado nacional en torno a la represa Futaleufú.
En un fallo considerado de alto impacto institucional, el máximo tribunal corrió vista al Poder Ejecutivo nacional para que responda a la demanda en un plazo de 60 días y reconoció la competencia originaria de la Corte en el caso. La medida refuerza el histórico reclamo chubutense en defensa de su autonomía y del control de los recursos estratégicos de su territorio.
El eje de la controversia gira en torno a dos normas centrales del marco regulatorio eléctrico argentino: la ley 15.336 y la ley 24.065. Según argumenta la administración provincial, estas disposiciones vulneran de manera “manifiestamente ilegal y arbitraria” el derecho constitucional de las provincias a disponer de los recursos naturales localizados en su jurisdicción, entre ellos los cursos de agua y las fuentes de energía hidroeléctrica. La presentación fue impulsada por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres junto al fiscal de Estado, Andrés Giacomone, y solicita que se declare la inconstitucionalidad de las leyes nacionales en disputa, sobre la base de que afectan la facultad provincial para decidir sobre la gestión y el futuro de la central.
La relevancia institucional del caso aumenta de cara al vencimiento, en junio de 2025, de la concesión original de la represa, que fue otorgada en 1995 a la empresa Aluar, principal productora de aluminio del país. Este activo energético resulta estratégico no solo para el desarrollo regional, sino también para la transición hacia fuentes de generación más limpias. Para Chubut, la definición sobre la titularidad y el manejo de Futaleufú es un punto central en la política de recursos y en su capacidad de decidir sobre la licitación, prórroga o establecimiento de nuevos marcos regulatorios para su explotación.
La central hidroeléctrica Futaleufú se ubica en el noroeste chubutense y comenzó a operar en 1978, con la finalidad original de abastecer a la planta industrial de Aluar en Puerto Madryn. Con el paso de las décadas, se consolidó como uno de los principales reservorios de energía eléctrica de la Patagonia, desempeñando un papel vital en la seguridad energética y en el abastecimiento tanto local como nacional. La infraestructura y la administración de la represa constituyen además un elemento simbólico en la discusión sobre el federalismo energético, ya que varias provincias patagónicas reclaman mayor participación en la toma de decisiones sobre sus recursos.
La reacción del gobernador Torres ante la decisión de la Corte fue inmediata. El mandatario señaló tras la admisión de la demanda: “Es un respaldo contundente a un reclamo histórico de nuestra provincia”.
“La defensa de la autonomía y la soberanía sobre los recursos es innegociable”, subrayó. Sectores políticos y productivos de Chubut interpretaron el avance de la causa como una validación de la postura provincial con respecto a la necesidad de hacer valer el federalismo en materia energética y de recursos naturales.
El fallo de la Corte Suprema tuvo a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti como firmantes y dispone que el Estado nacional deberá formalizar respuesta en un plazo máximo de dos meses. El reconocimiento de la competencia originaria por parte del tribunal clarifica el canal institucional de resolución del conflicto, y brinda un encuadre para próximos debates de alcance federal entre provincias y nación.
A nivel político, la admisión del reclamo se interpreta como una señal de atención sobre la tensa relación entre la gestión central y los distritos patagónicos en materia de administración de recursos estratégicos. El desenlace del litigio no solo determinará el destino inmediato de Futaleufú y la futura concesión de la central, sino que podría sentar un precedente relevante para otros reclamos provinciales relativos a la gestión de represas, cuencas y proyectos energéticos de gran escala.
El Gobierno Nacional, a través del Registro Nacional de Armas (Renar), formalizó este miércoles 5 de noviembre un nuevo sistema que regula la adquisición y posesión de fusiles semiautomáticos por parte de civiles. La Resolución 37/2025, publicada en el Boletín Oficial, detalla el procedimiento y las condiciones para legítimos usuarios y entidades de tiro deportivo que deseen obtener este tipo de armamento, antes sujeto a un principio de prohibición general. La medida reglamenta el Decreto 397/2025 y establece un régimen de autorización y supervisión específica.
El procedimiento para acceder a armas semiautomáticas, como fusiles, carabinas o subametralladoras de calibre superior al .22 LR, exige un trámite riguroso ante el Renar. Los solicitantes deben cumplir con una serie de condiciones estrictas, detalladas a continuación:
Uno de los pilares del nuevo régimen es la demostración de un uso deportivo comprobado por parte del solicitante. Para cumplir con esta condición, los legítimos usuarios deben acreditar al menos una de tres circunstancias específicas.
La primera opción es una certificación emitida por una entidad de tiro con instalaciones propias que reconozca al solicitante como un tirador asiduo. La segunda vía es la demostración de participación en competencias de tiro, nacionales o internacionales, en disciplinas que utilicen armamento de estas características.
La tercera alternativa es que la solicitud provenga directamente de una entidad de tiro habilitada. En este caso, el arma podrá ser utilizada exclusivamente por sus socios en prácticas deportivas o con fines didácticos, con el debido registro de su uso. Las entidades de tiro autorizadas para el uso de armas cortas, largas y tiro práctico pueden solicitar este tipo de armamento bajo estas condiciones.
El Renar también evaluará condiciones complementarias para aprobar las solicitudes. Se realizará una verificación de antecedentes del solicitante, con el objetivo de asegurar que no existan sanciones ni actuaciones administrativas en trámite ante el organismo.
Otro requisito fundamental es la antigüedad mínima de cinco años como legítimo usuario de armas de uso civil condicional. Esta pauta busca garantizar que quienes accedan a este armamento de mayor calibre cuenten con experiencia previa demostrable y un historial sin infracciones. El organismo dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional puede considerar cualquier otro elemento probatorio que juzgue pertinente para la evaluación final.
La normativa incluye un anexo con el modelo de la declaración jurada obligatoria que todos los solicitantes deben firmar. En este documento, la persona o entidad se compromete a no modificar el sistema de funcionamiento del arma para convertirla en automática. El arma debe permanecer exclusivamente en estado semiautomático.
La declaración también establece que la tenencia autorizada será estrictamente personal. Esto implica que el arma no se puede transferir o prestar a terceros. Finalmente, los solicitantes deben aceptar someter el armamento a verificaciones futuras coordinadas por el Renar.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.
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