POLITICA
“Demagogia fiscal”: el Gobierno asegura que la declaración de emergencia en discapacidad costaría USD 150 millones mensuales
La Cámara de Diputados de la Nación comenzó el tratamiento de un proyecto de ley presentado por la oposición para declarar la “emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027″. Las cámaras que agrupan a los prestadores y trabajadores del sector denuncian que desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que está bajo la órbita del Ministerio de Salud, están “vaciando” la red de asistencia y servicios de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Desde el Gobierno aseguran que las administraciones kirchnerista de Cristina Fernández y Alberto Fernández utilizaron las pensiones por discapacidad como un sistema de “subsidios” y “herramienta de campaña política” ya que se otorgaron sin la documentación médica respaldatoria o de manera irregular. Por ejemplo, una mujer se presentó a auditar una pensión otorgada por una supuesta amputación de brazo, aunque tenía ambos miembros. También se descubrió un aceitado sistema de coimas para gestionar “certificados truchos” en los que están involucrados funcionarios, médicos, gestores y directores de hospitales públicos.
Asimismo sostienen que los legisladores que impulsan la normativa realizan “demagogia fiscal” y que buscan generar una presión presupuestaria sobre la administración actual mediante medidas de alto costo económico y sin respaldo financiero. La declaración de emergencia significa la erogación de unos USD 150 millones mensuales.
Según los cálculos difundidos por voceros gubernamentales, el proyecto contempla la extensión automática de la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral a las más de 1.800.000 personas que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD), lo que implicaría sumar más de 600.000 nuevos beneficiarios al sistema. En la actualidad, perciben esa pensión 1.179.088 personas beneficiarios.
La pensión vigente es de $270.000 mensuales, lo que representa una carga adicional de aproximadamente 167.000 millones de pesos mensuales. “El proyecto no explica de dónde saldrá el dinero para cubrir este gasto, ni cuál será el mecanismo de financiamiento, más allá de facultar al Jefe de Gabinete a modificar el presupuesto”, señalaron fuentes del Gobierno, y advirtieron que podría comprometer el objetivo central del superávit fiscal que impulsa el Ejecutivo como estrategia para contener la inflación.
Desde el oficialismo también critican la base argumental del proyecto, señalando que actualmente se cumple con la normativa vigente en materia de discapacidad y que “todas las prestaciones están garantizadas”. Además, se observó que el texto “no establece claramente las competencias de las jurisdicciones” ni delimita cómo se implementarán las medidas propuestas.
Uno de los puntos más polémicos es la extensión de pensiones sin exigir la acreditación de invalidez laboral total y permanente, un requisito vigente hasta enero de 2023, cuando una serie de resoluciones y decretos del gobierno anterior modificaron los criterios de otorgamiento de las Pensiones No Contributivas (PNC), lo que, según la actual administración, derivó en múltiples casos de irregularidades y fraudes.
Auditorías en marcha
Entre 2019 y 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández, el número de pensiones por invalidez creció en casi 300.000 casos, alcanzando un total de 1.250.000. Desde enero, el Gobierno inició una auditoría nacional que se realizan desde la ANDIS, a cargo de Diego Spagnuolo, y el titular del PAMI, Esteban Leguízamo que hasta ahora arrojó los siguientes resultados:
•Se enviaron 470.000 cartas documento a titulares de pensiones.
•Solo 248.877 fueron entregadas. Entre las no entregadas, se identificaron 928 personas fallecidas, 11.000 mudanzas, 3.900 rechazos a la notificación y 100 renuncias voluntarias al beneficio.
•Ya se realizaron 83.616 entrevistas médicas y se programaron otras 128.660. El Ministerio de Salud reportó casos concretos de fraudes detectados en la auditoría. En la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, una mujer se presentó a auditar una pensión otorgada por una supuesta amputación de brazo, aunque tenía ambos miembros intactos.
En el Chaco, se hallaron pensiones por diagnósticos inexistentes, incluyendo cáncer de mama sin antecedentes médicos y pie plano en menores de edad. También se descubrió la reutilización de una misma radiografía en 150 trámites distintos.
Además, se identificaron 212 personas privadas de libertad y 331 prófugos de la justicia que percibían irregularmente pensiones por invalidez. Entre los ejemplos más graves, figuran beneficiarios que iniciaron y obtuvieron la pensión en lapsos de 3 a 13 días, incluyendo casos de personas con múltiples causas penales abiertas y sin condiciones médicas habilitantes.
Desde el Ministerio de Salud de la Nación, a en cabeza de Mario Iván Lugones, reafirman que las auditorías que se llevan adelante sobre el universo de 1,8 millones de pensiones no contributivas “para corregir las irregularidades que hoy existen y para que, a partir del ahorro que se genera poder otorgar mejores prestaciones”. Para los funcionarios de La Libertad Avanza: “Este proyecto de ley atenta contra eso porque amplia el número de beneficiarios en más de 600 mil personas”
Sobre este punto, los funcionarios son tajantes: “El proceso de auditoria que se lleva adelante es muy importante porque terminar con las irregularidades y dar de baja las pensiones inexistentes o mal dadas va a generar un ahorro, que permitirá mejorar prestaciones”.
El proyecto de ley, que ya fue dictaminado por la comisiones Salud y Discapacidad de la Cámara Baja y el 23 de abril se trataría en la de Presupuesto, se estructura en una serie de artículos que buscan garantizar el “acceso” y la sostenibilidad de políticas públicas vinculadas a la discapacidad. Diputados opositores y cámaras empresariales del sector acusan Javier Milei de “pasar la motosierra” sobre un sector sensible y vulnerable. Desde el Foro Permanente Discapacidad acusan a la Administración de La Libertad Avanza de “destruir el sistema de atención a las personas con discapacidad” y atentar al “acceso igualitario de las personas con discapacidad a las prestaciones”.
En cuanto al “vaciamiento” del sector denunciado por los prestadores, desde el Ministerio de Salud recuerdan:
-En 2023, durante el último año de gobierno de Alberto Fernández, “al aumento acumulado para los prestadores fue de 93% y la inflación fue del 214%.”
-El año pasado “el aumento al sector fue del 99% contra el 117% de inflación, con lo cual se perdió pero mucho menos a lo que perdieron con el gobierno anterior.”
El proyecto de ley
Entre los puntos destacados del proyecto de ley que impulsa la emergencia en discapacidad hasta 2027 se incluyen compromisos de financiamiento, actualizaciones automáticas y mecanismos de compensación a prestadores que tendría “un costo fiscal enorme para el Estado y tampoco se explica de dónde saldría el financiamiento”, apuntan desde la cartera de Salud.
El artículo 4º, en sus distintos incisos, establece:
•”Un financiamiento adecuado y sostenible para las Pensiones No Contributivas por Discapacidad, en el marco de políticas de protección social”.
•”El fortalecimiento de los prestadores del sistema previsto en la Ley 24.901, incluyendo un régimen de regularización de deudas impositivas y previsionales.
•”Garantía de actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas”.
•”Asignación de partidas para el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y programas de acción inclusiva”.
•”Actualización de la asignación mensual y medidas de inclusión para los beneficiarios del Régimen Federal de Empleo Protegido, en cumplimiento de la Ley 26.816 sancionada en 2012 y promulgada en 2013, y que crea el Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad en la República Argentina. Su objetivo es garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, mediante el fortalecimiento de los Talleres Protegidos de Producción, promoviendo su inclusión laboral y el acceso a condiciones dignas de empleo.
•”Participación de personas con discapacidad y sus organizaciones en los procesos de formulación de políticas públicas, según los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
•”Faculta al Poder Ejecutivo a acordar otras medidas en materia de financiamiento con el Consejo Federal de Discapacidad.
El artículo 13 contempla una compensación de emergencia a prestadores del sistema, con base en la diferencia entre los aranceles actuales y la inflación. El artículo 14 establece la actualización mensual de aranceles según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y el artículo 17 faculta al Jefe de Gabinete de Ministros a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para cumplir con las disposiciones de la ley, aunque con la aclaración de que no se podrá afectar el presupuesto destinado a servicios sociales.
Desde La Libertad Avanza cuestionan que el proyecto no contemple fuentes de financiamiento específicas, más allá de habilitar al Poder Ejecutivo a redistribuir partidas presupuestarias. “Esto es otra muestra del desorden fiscal heredado. Buscan forzar aumentos sin tener en cuenta la sustentabilidad. No hay una sola línea que diga cómo se va a pagar”, indicaron desde la ANDIS y el Ministerio de Salud ante una consulta de este medio.
Además, desde la Casa Rosada afirman que “la emergencia en discapacidad fue autoinducida por el uso político del sistema de pensiones durante los gobiernos anteriores, con la eliminación progresiva de los requisitos de invalidez laboral. Entre las medidas señaladas como parte de esa flexibilización normativa se encuentran:
•Resolución 8/2020 (ANDIS): permite iniciar el trámite en ANSES sin certificado médico oficial.
•Resolución 891/2021: habilita la emisión de certificados en papel por fuera del sistema TAD que es el Trámite a Distancia, una plataforma digital que permite a ciudadanos, empresas y organismos realizar gestiones administrativas de forma remota, electrónica y segura, sin necesidad de concurrir físicamente a una oficina pública.
•Decreto 7/2023: modifica el Decreto 432/97, eliminando el requisito de incapacidad total y permanente y reemplazándolo por criterios de inclusión más amplios y subjetivos.
Desde la oposición, los impulsores del proyecto defendieron la necesidad de declarar la emergencia nacional en discapacidad argumentando que el sistema actual no garantiza plenamente el acceso a derechos básicos, en especial para quienes enfrentan mayores niveles de exclusión y pobreza.
Graves irregularidades
Las auditorías iniciadas por la ANDIS y diversas causas judiciales que tramitan en provincias como Chaco y Formosa revelan graves irregularidades en el otorgamiento de las Pensiones por Discapacidad Laboral:
– 212 presos cobraban de manera irregular una Pensión no Contributiva por Invalidez Laboral. El 85% de estas pensiones a presos fueron otorgadas en los gobiernos Kirchneristas.
– 331 prófugos dela justicia también estaban recibiendo estas pensiones.
En la Provincia de Buenos Aires se descubrieron casos alarmantes:
-Un hombre con cuatro diagnósticos de salud diferentes asistió acompañado de un abogado a la convocatoria de la ANDIS para validad el beneficio.
-Pensionados que llegaron respaldados por representantes del “Movimiento Evita”, la organización social que lidera el ex funcionario de Alberto Fernández, Emilio Pérsico-
-Una mujer que intentó hacerse pasar por su marido fallecido, cuya muerte no estaba registrada en los sistemas del Estado.
-Dos personas estaban cumpliendo cumpliendo condena. Lo más alarmante de estos casos, además de encontrarse en incompatibilidad por la legislación vigente es que a ambos se le entregó la pensión en diciembre de 2023, de modo exprés en tan solo 13 días, y con condiciones de salud que no acreditaban para el goce de la prestación.
Una causa en Chaco descubrió:
-Una Beneficiaria con Amputación Falsa: la mujer se presentó para auditar su pensión, la cual había sido otorgada por una supuesta amputación del brazo derecho. Sin embargo, la señora contaba con ambos brazos.
-Diagnósticos Confusos: Muchos beneficiarios ofrecieron respuestas contradictorias sobre sus condiciones de salud. Por ejemplo, una persona alegaba tener hipertensión, mientras que el Cuerpo Médico de Evaluación registraba diabetes. Este patrón se repitió en múltiples casos, revelando una falta de coherencia en los diagnósticos.
-Pensión por Cáncer de Mama Inexistente: Un caso particularmente alarmante involucró a una mujer que recibió una pensión por cáncer de mama, a pesar de nunca haber sido diagnosticada con esta enfermedad. Además, la beneficiaria confesó no haber realizado nunca una mamografía.
-Pensión por Pie Plano: En otro caso, una niña fue beneficiaria de una pensión debido a un diagnóstico de pie plano, lo que genera dudas sobre la rigurosidad de los criterios utilizados para otorgar estas pensiones.
-Confesión de Fraude: Una mujer admitió durante la auditoría que no padecía ninguna enfermedad y que su pensión fue gestionada por su empleadora con el fin de evitar el pago de su salario.
-Una misma radiografía de hombro fue presentada por un médico como prueba en 150 pensiones por invalidez.
-El gobierno denunció que en Chaco “más del 60% de los auditados incumplía con los requisitos para cobrar una pensión no contributiva por invalidez laboral”.
En la provincia de Formosa:
-El 7% de la población accedió a la pensión (el triple del promedio nacional)
-Hay localidades, como Misión Laishi, en donde la cobra el 18,3% de los habitantes. Dos de cada diez vecinos con Pensiones No Contributivas.
“Discapacidad en emergencia”
El diputado nacional Eduardo Valdés (Unión por la Patria) sostuvo: “La discapacidad en la Argentina está en emergencia real, aunque el Gobierno se niegue a reconocerlo. No se trata de una cuestión fiscal, sino de garantizar derechos fundamentales que hoy no se cumplen de forma equitativa en todo el país”.
En la misma línea, la diputada Natalia Zaracho, también del bloque de Unión por la Patria y referente del sector de la economía popular -dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos- explicó que la iniciativa “busca que el Estado responda de manera efectiva a las necesidades urgentes de millones de personas con discapacidad que no acceden a una pensión o no reciben las prestaciones que les corresponden por ley”. Zaracho criticó la política de auditorías implementada por el Ejecutivo y afirmó que “no puede haber ajuste en discapacidad”.
El bloque de diputados opositores también subrayó que el proyecto no pretende otorgar automáticamente pensiones a todos los titulares de CUD, sino que busca establecer un marco de protección legal y financiera para garantizar la cobertura de prestaciones médicas, pensiones, transporte, educación y empleo protegido.
En ese sentido, remarcaron que la situación crítica del sector no se resuelve “con recortes ni con estigmatización de los beneficiarios”, y pidieron al oficialismo “dejar de hacer propaganda con las auditorías y asumir que hay una deuda estructural del Estado con las personas con discapacidad”.
Además, desde el Frente de Todos y otros bloques aliados, defendieron los cambios normativos introducidos durante la gestión anterior en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), argumentando que fueron necesarios para ampliar el acceso a derechos en un contexto de pandemia y crisis económica, y que los criterios de otorgamiento se adaptaron a los estándares de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con enfoque de inclusión y no de exclusión.
Por ahora, el tratamiento del proyecto genera un nuevo frente de confrontación entre el oficialismo y la oposición, en un escenario legislativo atravesado por la discusión del ajuste fiscal, el acuerdo con el FMI y la recomposición del sistema de asistencia social. Mientras tanto, el Gobierno mantiene su auditoría sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez, con nuevas entrevistas médicas programadas y advertencias de posibles bajas de beneficios que no cumplan con los requisitos vigentes.
El pasado martes 8 de abril, en el Anexo A de la Cámara de Diputados, el Foro Permanente Discapacidad, junto a las organizaciones miembro, personas con discapacidad, familiares e instituciones, entregaron notas a los diputados nacionales exigiendo la urgente aprobación del proyecto de ley que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta 2027.
Sobre este tema, desde los despachos de la ANDIS y la cartera de Salud recordaron una frase del presidente Javier Milei: “Cada vez que los degenerados de la política quieran romper el equilibrio fiscal, les voy a vetar todo”.
POLITICA
Cristina Kirchner acusó que desde Estados Unidos le están haciendo la campaña al Gobierno: “En la Argentina de Milei mandan las fuerzas del norte”
La expresidenta Cristina Kirchner participó a distancia en el homenaje por el aniversario 73° de la muerte de Eva Perón, a donde envió un audio con críticas hacia la gestión de Javier Milei y Peter Lamelas, el empresario nominado por Estados Unidos para la embajada en la Argentina. “Gobierna para los ricos y bajo las órdenes de las fuerzas del norte, no del cielo”, expresó.
“Lamelas dice que va a venir a la Argentina prácticamente de interventor a vigilar a los gobernadores y frenar acuerdos con China, además de asegurarse que Cristina Fernández de Kirchner reciba la justicia que merece. Yo le preguntaría cómo andamos por casa. Su querido Donald Trump asumió a su cargo con 24 cargos criminales y todavía no cumplió con su promesita de campaña de revelar los nombres de las listas del degenerado de Jeffrey Epstein”, expresó.
En este contexto, Kirchner cuestionó que el funcionario estadounidense haya dicho que una de sus “misiones” en la Argentina sería apoyar un triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de octubre. “Están Lamelas y Kristalina Georgieva [titular del Fondo Monetario Internacional]. Vamos muchachos, la campaña no la hacen los de acá. Ni las ‘Karinas’ ni los Milei ni ninguno de esos monigotes que ponen de candidatos y tuitean por las redes. La campaña de verdad la están haciendo desde Washington y el FMI a puro dólar. Al final lo de las Fuerzas del Cielo era para la gilada», declaró.
La exvicepresidenta criticó, además, otro comentario de Lamelas, quien afirmó sentirse “molesto” por la falta de reconocimiento de la Argentina a las patentes intelectuales. Kirchner le recomendó a los laboratorios medicinales que bajen los precios de los medicamentos y advirtió: “Teléfono, vienen por ustedes también”.
Acto seguido, Cristina Kirchner se refirió a la presentación del Presidente en La Rural, en un acto al cual llamó “reunioncita” y resaltó como uno de sus principales análisis el anuncio de las bajas en las retenciones. “Milei dice que no hay plata para los jubilaos, discapacitados, Garrahan, universidades ni nadie, porque hay que cuidar el superávit, pero esto confirma que no le importa porque le regala plata a unos de los sectores que más plata tiene en este país [en referencia al campo]”, dijo.
A modo de cierre, la presidenta del Partido Justicialista arremetió: “Si algo me faltaba para saber que estoy del lado correcto de la historia y de la vida es ver y oír cómo festejan que esté presa tanto en la sociedad rural como el embajador propuesto por Trump, el embajador de los Estados Unidos”.
Críticas económicas al Gobierno
En otro tramo del mensaje, la expresidenta cruzó al ministro de Economía, Luis Caputo, y afirmó, en el marco de un nuevo préstamo con el FMI, que “no le sale una” y que “no cumple con nada de lo que dice”. “Según los datos que publica el Banco Central de la República Argentina, en su balance cambiario desde abril, mayo y junio revela que todos los meses 1 millón de argentinos le compran cada vez más dólares para llevarlos al colchón, no para sacarlos, para llevárselos al colchón”, apuntó en alusión al programa que presentó el Gobierno meses atrás.
“Solamente en junio, las personas físicas compraron 2400 millones de dólares. Si sumamos lo que compraron los últimos 15 días de abril, cuando se levantó el cepo y todo mayo, ya se le llevaron las personas físicas más de 6700 millones de dólares. Es más o menos el promedio de 1 millón de argentinos sobre los 47 que somos, obviamente”, desarrolló.
En tanto, Cristina Kirchner remarcó que “la guita que están haciendo un puñado de argentinos con estas subas y bajas de tasas no tiene nombre” y acusó que hay un negociado “para muy pocos” detrás de los seguros de caución: “Pasaron de un día para el otro de 12 a 70, después de 70 a 80, y después de 80 a 40″.
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POLITICA
Hasta julio, el gobierno repartió solo $100.000 millones en ATN: el vínculo con los gobernadores, entre la crisis interna y el calendario electoral
En julio, el mes de mayor tensión con los gobernadores, la Casa Rosada repartió solo $10.500 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN), y los distribuyó en tres provincias aliadas que el Ejecutivo quiere volver a seducir tras el revés de las últimas semanas en el Parlamento.
Se trata de Catamarca, Salta y Tucumán, en estos dos últimos casos, en el podio de las más beneficiadas por el gobierno en el reparto de ATN cuya distribución quiere ser rediscutida por los gobernadores a través del coeficiente de coparticipación con la aprobación definitiva del proyecto que ya obtuvo media sanción del Senado, presentado de manera inédita por las 23 jurisdicciones y la Jefatura del gobierno porteño.
Según los registros oficiales, Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo recibieron este mes $3.500 millones cada uno en concepto de aportes del tesoro mientras el vínculo del gobierno con las provincias entraba en una zona de turbulencias por los reiterados reproches que se materializaron en un reclamo homogéneo que se cristalizó en las cumbres del CFI y en la presentación de los dos proyectos que fueron sancionados por la Cámara alta: el de ATN y el de distribución directa, con eliminación de fideicomisos, de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos.
En total, en los primeros siete meses del año, el Ejecutivo repartió en aportes del tesoro, que se componen del 1% del régimen de coparticipación federal y que le corresponden a las provincias, $104.500 millones entre 15 gobernadores, una cifra muy menor en comparación al reclamo unificado por la caída en las transferencias y en los ingresos, producto de la recesión económica que en los últimos meses mostró tímidas señales de recuperación, y muy dispares. Los más beneficiados fueron Rolando Figueroa -$15.000 millones-, Sáenz -$13.000- y Jaldo -$12.000-. En cuarto lugar aparece Axel Kicillof, con un desembolso único de $10.000 millones de marzo pasado, producto de las terribles inundaciones que golpearon a Bahía Blanca.
Las provincias, sin embargo, insistieron en los últimos meses por la asignación de un stock cercano al billón de pesos que, según explicaron, la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda se resistieron a repartir, y que motivó la redacción del proyecto de ley que apunta a propiciar una “distribución automática” de los recursos. “Sin ninguna duda que el contexto económico amerita dicha medida en virtud de que el Fondo prevé ‘atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros’. La propuesta de automaticidad de su distribución busca garantizar el abordaje inmediato de esta situación de la evidente estrechez financiera”, argumentaron en el proyecto. “Son recursos con afectación específica que administra el Gobierno Nacional pero que no son propios”, abundaron.
El de los ATN se convirtió, tal vez, en la punta del iceberg y el reclamo más cómodo de los gobernadores frente a un gobierno, como el de Milei, que privilegió el ancla fiscal del programa ejecutado por Luis “Toto” Caputo, y descuidó la vinculación con los aliados que hasta ahora habían acompañado casi a libro cerrado al presidente en su política de veto y motosierra que desplegó con éxito en este año y siete meses de gestión.
El desgaste en la relación con las provincias, a un año del Pacto de Mayo y de la flamante puesta en marcha del consejo de mayo, en el que nadie depositó demasiadas expectativas, alcanzó además su mayor pico de tensión en vísperas de la campaña electoral, y justo cuando la dinámica del sistema de toma de decisiones implementado por Milei entró en crisis, en particular por fisuras en “triángulo de hierro”, en los vértices representados por Karina Milei y los Menem, y Santiago Caputo y sus colaboradores.
En las últimas semanas, desde Casa Rosada parecieron reaccionar de manera tímida a la rebelión de los gobernadores que se manifestó en el Congreso con la media sanción de los proyectos escritos en el marco de las reuniones del CFI, y la aprobación final del paquete previsional, una derrota muy ruidosa que el gobierno no pudo evitar ni siquiera con sus aliados, que se plegaron a la oposición. El traspié evidenció en simultáneo serias deficiencias en la praxis política del gobierno en el Parlamento, y expuso las diferencias internas que desde el ala vinculada al consultor principal de Milei vincularon en paralelo a la estrategia electoral en el interior del país. El caso más paradigmático fue el de Corrientes, donde se decidió no acordar con el gobernador Gustavo Valdés. Karina Milei y Martín Menem llegarán hoy a esa provincia para apuntalar a Lisandro Almirón, el diputado y candidato a gobernador de La Libertad Avanza.
Una vez consumada la derrota legislativa, los aliados esperaron una convocatoria oficial que, hasta ahora, no se efectivizó. “Todavía no hay nada, no nos convocaron”, resaltó el viernes un gobernador de la zona centro. “Nada, seguimos sin diálogo”, acotó otro, de la Patagonia. En estas horas surgieron versiones de una ronda de negociaciones formales, pero aún sin demasiada claridad. Hasta este fin de semana, no hubo ofrecimientos formales.
Por el momento, solo hubo encuentros informales, como el de la semana pasada en la muestra rural de Palermo, una convocatoria que corrió por cuenta de Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural, y que sirvió solo para una foto entre Guillermo Francos y un grupo de mandatarios que volvieron a irse con las manos vacías. Horas después de esa reunión, Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, instaló carteles en las rutas nacionales de Santa Fe que alertan por la falta de mantenimiento de parte del Estado nacional, uno de los reclamos más airados de las provincias. A pesar de esa movida pública, que otras jurisdicciones amagaron con imitar, la Casa Rosada no recogió el guante. “No nos llamó nadie”, dijeron fuentes santafesinas.
En las horas previas al cóctel de la Rural, un grupo de gobernadores, entre ellos Carlos Sadir, Jalil, Sáenz y Figueroa, de Jujuy, Catamarca, Salta y Neuquén, respectivamente, visitaron Casa Rosada para conversar con Francos, Lisandro Catalán y Eduardo “Lule” Menem. Dicen que también habría participado “El Jefe”, como apodó el presidente a su hermana. No hubo mayores resultados. Al otro día, Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, pasó por el despacho de Menem, pero casi exclusivamente para avanzar en una suerte de alianza electoral con LLA en esa provincia que puede terminar de cerrarse próximamente.
Ayer, los jefes provinciales de la zona centro, con Frigerio y Pullaro a la cabeza, celebraron la decisión de Milei de rebaja permanente de las retenciones al agro. En las horas previas, habían solicitado esa medida junto a Martín Llaryora, de Córdoba, a sabiendas de que el presidente estaría a punto de anunciar la modificación en las alícuotas a la producción agrícola y ganadera en la inauguración de la muestra de Palermo. Horas después, en declaraciones radiales, el presidente acusó de “genocidas” a los senadores que avanzaron con las leyes en la última sesión del Senado.
Es que los reclamos y la campaña electoral se funden en una negociación a varias bandas, salpicada por la crisis interna en la cúpula de La Libertad Avanza que el presidente intentó morigerar en las últimas horas con un promocionado empoderamiento de Francos que, en los hechos, todavía no se materializó. “Es más simbólico y narrativo a lo que es en verdad”, razonaron desde Casa Rosada. “De ninguna manera Guillermo va a monopolizar el vínculo con los gobernadores”, agregaron incluso cerca del jefe de ministros.
No es, en principio, una buena noticia para los gobernadores, que siguen sin encontrar en los últimos tiempos un interlocutor que pueda plasmar las promesas en hechos concretos. Hasta hace algunos meses, Caputo se había erigido, en teoría, en ese rol, aunque cerca del consultor sin cargo dicen que todavía se encarga de ese trabajo, en particular en las áreas en las que ejerce un control como en Justicia, YPF, ARCA o la SIDE, y que efectiviza algunas gestiones que, según resaltaron, tienen impacto en las administraciones provinciales.
El grueso de los reclamos de los gobernadores, de todos modos, sigue sin ser atendido.
En ese contexto, el gobierno intenta ganar tiempo para que transcurra el calendario electoral mientras intenta reactivar las negociaciones con los aliados para blindar los vetos al paquete previsional, la verdadera disputa parlamentaria que se avecina tras el receso invernal en simultáneo a los dos proyectos de distribución de ATN e impuesto a los combustibles que esperan por la media sanción de Diputados.
Según trascendió en las últimas horas, hay un grupo de gobernadores que quieren patear todo hacia más adelante. De ser posible, hasta después de octubre, para dejar que pase el cronograma electoral y se empiece a reconfigurar el nuevo escenario político, con el resultado puesto. En el medio, se definen las alianzas en Entre Ríos y Mendoza, dos de las provincias que se encaminan, de no mediar imprevistos, a un acuerdo con La Libertad Avanza. También Chaco, en línea con la alianza que se cerró para los comicios provinciales de principio de año. Distinto es el panorama de la ciudad de Buenos Aires, que transita, por el contrario, a la pelea final entre el PRO y LLA en la casa matriz de los Macri.
Del resultado de octubre dependerá, por caso, el vínculo de Milei con las provincias. También el reordenamiento interno del gobierno, que entrará en una nueva fase, y el reparto de acciones en el “triángulo de hierro”. Ya se especula con una danza de nombres de posibles dirigentes con pasado en el PRO que podrían entrar al gabinete, en una especie de oxigenación que en varios despachos consideran necesaria. ¿Puede Diego Santilli, que construyó durante meses una relación de cercanía con Karina Milei, tener un rol protagónico después de diciembre? ¿Está dispuesto el gobierno a darle más preponderancia al área de Interior, o incluso a volver a asignarle un estatus ministerial?
Las primeras respuestas a esas preguntas van a empezar a develarse el 17 de agosto, en cuestión de semanas, cuando se inscriban las candidaturas nacionales y comience a vislumbrarse el nuevo esquema del poder central.
Al Gobierno le quedan seis días hábiles para vetar las tres leyes que sancionó recientemente el Congreso: la que actualiza jubilaciones, la que declara la emergencia en discapacidad y la moratoria previsional. Mientras Javier Milei vocifera que “aquellos que no acompañen los vetos” serán “genocidas”, en la Casa Rosada comenzaron a hacer la matemática. Por ahora, solo asoman herramientas de negociación mínimas para evitar que el Congreso, con dos tercios de ambas cámaras, pueda insistir con las normas.
Sobre la mesa está la posibilidad de que el Poder Ejecutivo ofrezca una alternativa para paliar la situación en el área de discapacidad. También se evalúa habilitar un reparto -en un volumen a definir- de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para contener a algunos de los gobernadores “amigables” que vienen reclamando fondos.
No está claro si alcanzará. Cabe recordar que los 24 gobernadores impulsaron el proyecto que prevé el reparto del 50% de los ATN junto a una segunda iniciativa que busca coparticipar el impuesto a los combustibles líquidos. Ambos proyectos tienen media sanción del Senado.
Además de mínimas concesiones en materia de fondos, La Libertad Avanza (LLA) tiene que definir su mapa de coaliciones electorales antes del 7 de agosto. Esa vía política también le permitiría sumar aliados con algún impacto en la ecuación parlamentaria.
En busca de aliados
Si se presupone que la oposición buscará insistir con las leyes este año, la única opción que tiene el Gobierno para defender los tres vetos es evitar que en Diputados se alcancen los dos tercios de los votos para imponer el criterio inicial. Al Senado ya lo dan por perdido.
En la Cámara baja, el proyecto de jubilaciones obtuvo 142 votos afirmativos, 67 votos negativos y 19 abstenciones, con 29 ausentes. El cálculo que hacen en LLA es que parten de 67 avales al veto (los que ya rechazaron el proyecto) y que necesitan un piso de 72 héroes para alcanzar el tercio “salvador”. Se trata, desde ya, del cálculo más optimista, ya que prevé que no se sumarán voluntades a la defensa de la ley, que es por demás sensible.
La ley que declara la emergencia en discapacidad, en tanto, tuvo 148 votos afirmativos, 71 negativos y 3 abstenciones, con 34 ausentes.
“Vamos a estar bien”, aseguraron en el Gobierno, pese a que todavía hay un rosario de negociaciones pendientes. La mira del oficialismo está puesta en garantizar el apoyo de “al menos 33 de los 35 diputados de Pro”, de todo el bloque MID, de los cinco radicales “peluca” y de un puñado de legisladores que responden a los gobernadores y que en la votaciones iniciales se ausentaron o se abstuvieron.
Según pudo reconstruir de fuentes oficiales, si bien Milei ratificó que va a vetar todo, la prioridad del Gobierno es sostener el veto a la ley previsional por su impacto fiscal: de acuerdo a las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), es del 0,49% del PBI para lo que resta del 2025 y un costo fiscal anualizado del 1,17% del PBI.
En el caso de la emergencia en discapacidad, en el oficialismo no descartan que el Gobierno ofrezca un paliativo a la ley que permita sumar voluntades en Diputados. Es parte de las conversaciones que Martín Menem viene manteniendo con el bloque Liga del Interior, de los cinco “radicales peluca”. Uno de ellos, el neuquino Pablo Cervi, dijo en las últimas horas en DiputadosTV: “En el caso de discapacidad estamos viendo la posibilidad de que se pueda hacer alguna revisión o algún gesto desde el Gobierno. Es un tema delicado”.
Respecto a la negociación con los gobernadores, altas fuentes del Poder Ejecutivo señalaron a que el Gobierno no admitirá la coparticipación del impuesto a los combustibles pero que “se podría buscar una diagonal” en el caso de los ATN. “Eso puede ser”, dijo un funcionario en las últimas horas.
Por ahora no hubo gestiones concretas. Al menos no con los mandatarios de Juntos por el Cambio, pese a que tres de ellos -Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco)- se aprestan a cerrar alianzas electorales con LLA. “Cero diálogo por este tema”, dijo uno de los mandatarios de ese grupo. “Ninguna propuesta aún”, ratificó uno de sus pares.
Si LLA logra sentar a sus 39 diputados para defender los vetos, necesita, de mínima, sumar a los tres legisladores del MID (dos se habían ausentado en la votación de jubilaciones) y a casi todos los diputados de Pro. Originalmente hubo nueve legisladores de ese bloque que se ausentaron y tres que se abstuvieron. “Eso lo va a trabajar Cristian Ritondo”, dicen en el oficialismo, donde esperan que la alianza electoral con los amarillos en la provincia de Buenos Aires comience a rendir sus frutos.
Además, el Gobierno necesita el apoyo de un puñado de diputados que obedezcan a los gobernadores. LLA, por caso, acaba de confirmar su alianza electoral con Cornejo. Los mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri se abstuvieron en la ley de jubilaciones pero ahora podrían acompañar a Milei.
“aquellos que no acompañen los vetos” serán “genocidas”,,Maia Jastreblansky,Conforme a
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