La fábrica de hamburguesas Deniro, ubicada en la intersección de Pasaje Andorra y Molina en el barrio de Liniers, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido clausurada en múltiples ocasiones por la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y la Fiscalía Nro. 38 debido a diversas irregularidades. A pesar de las clausuras, la empresa continúa operando de manera ilegal, infringiendo las disposiciones impuestas por las autoridades.

Quien se asoció a ellos fue la conocida periodista K Julia Mengolini, a través de Somosyunta SRL, quien paradójicamente asegura ser conocida por su envolvimiento en causas medioambientales. Entusiasmada, Mengolini comenzó a hacer publicidad de la marca en sus redes sociales. Para ese entonces, uno de sus socios ya caminaba los pasillos de la Justicia por la entrega de cheques sin fondos por hasta 150 millones de pesos y por proponer un esquema dudoso de inversión a sus propios franquiciados.

Según los denunciantes, “Sánchez y Siderakis estafaron a cuanto proveedor y franquiciado se les cruzó en el camino”. De acuerdo a las denuncias que llegaron a REALPOLITIK, los propietarios de Deniro Hamburguesería SAS, Esteban Siderakis y Nicolás Sánchez, han sido acusados de estafar a sus propios franquiciados. Las acusaciones señalan que vendían derechos de franquicia por sumas considerables en dólares, prometiendo una facturación específica y la recuperación de la inversión en un período determinado. Sin embargo, una vez establecidos los locales, los franquiciados descubrieron que el negocio no funcionaba como se les había prometido y que carecía de difusión por parte de la marca. Además, estaban obligados a comprar la materia prima a Deniro a un precio superior al del mercado.

Ante estas dificultades, Siderakis y Sánchez ofrecían comprar las franquicias a un valor mucho menor al que los franquiciados habían pagado originalmente y, en algunos casos, no habrían cumplido con los pagos acordados, dejando a las víctimas sin recursos. “Era entonces cuando aparecían Sánchez y Siderakis y nos ofrecían comprarnos la franquicia. Por supuesto, a un monto mucho menor del que habíamos pagado y encima en cuotas. Muchos aceptaron porque estaban sumiéndose en deudas por culpa de Deniro. Lo peor de todo es que después ni siquiera pagaban las cuotas. Te dejaban sin nada”, afirmó uno de las víctimas de la estafa.

Estas prácticas llevaron a denuncias por otorgar franquicias de forma fraudulenta, no contar con la titularidad de las mismas, no emitir facturas y desarrollar un sistema ruinoso con mala fe. Mengolini, ofendida, aseguró que se trataba de una operación mediática en su contra. Sin embargo, la Justicia consideró más que suficientes a las pruebas presentadas y sus socios fueron condenados por daños y perjuicios.

Además de las irregularidades comerciales, los vecinos han denunciado que los dueños de Deniro se habrían conectado ilegalmente a los servicios de gas, luz y agua. A pesar de que las actas de la AGC se acumulan y la policía monta guardia en la puerta, la fábrica abre sus puertas cuando los agentes de seguridad se marchan al caer la tarde, permitiendo el ingreso ilegal del personal e incluso despachando alimentos. “No nos llama la atención que los policías se retiren antes de tiempo. En definitiva, pertenecen a la alcaidía Nro. 9, la misma de la que a fin de año se fugaron diecisiete presos por un agujero, sin que nadie se dé cuenta”, ironizaron los denunciantes.

Estas acciones no solo representan una violación de las clausuras impuestas, sino que también ponen en riesgo la seguridad y el bienestar de la comunidad, poniendo a Mengolini en una situación algo más que simplemente incómoda. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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