Tiempo después de las peores dos semanas desde que Javier Milei asumió, poco beneficiaría más al relato libertario que Juan Grabois ganando protagonismo en la agenda pública. Tanto es así, que en el Gobierno algunos celebran que el escándalo de la comida retenida en los galpones haya salido a la luz gracias a una denuncia del opositor piquetero.

Aunque parece disfrutar de la situación, Grabois enfrenta varios frentes judiciales. Uno de los más graves es una denuncia por presuntamente encabezar un desfalco en Mar del Plata, desviando una gran suma de dinero público para la construcción de un barrio con 54 casas, calles, luminarias, veredas, y servicios de agua y cloacas. Un simple vistazo a la promesa de vivienda propia revela el engaño.

El fiscal general de Mar del Plata, Manuel Pettigiani, solicitó la indagatoria de Grabois y su imputación por los delitos de administración fraudulenta y malversación de fondos públicos. La misma solicitud se extiende a Fernanda Miño, su colaboradora cercana, quien lideraba la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) y manejaba los multimillonarios fondos del Fideicomiso de Integración Socio Urbana (FISU), implicado en varios proyectos sospechosos de irregularidades.

La denuncia por las viviendas sin terminar en Mar del Plata originalmente recayó en un juzgado de Comodoro Py, subrogado por Julián Ercolini, quien se declaró incompetente y derivó el caso a la Justicia Federal de Mar del Plata. Sin embargo, el juez de instrucción de esa ciudad, Santiago Inchausti, formado como secretario de Ariel Lijo, también rechazó la causa, negándose a tomarla.

Ahora, la Cámara de Casación debe definir la competencia de la causa, y según fuentes judiciales, es probable que recaiga nuevamente en Julián Ercolini. Desde su entorno en Comodoro Py, el juez no tendría inconvenientes en asumir el caso si así lo determina Casación.

El predio en cuestión, donde Grabois debía construir el barrio, abarca seis manzanas y fue donado por la tradicional familia Peralta Ramos para un propósito diferente al plan habitacional que quedó incompleto a pesar de los millones invertidos.

El dinero enviado por el Gobierno nacional para las obras provino de dos programas: uno del Ministerio de Desarrollo Social, bajo el programa “Casa Propia”, que aportó aproximadamente $370 millones, según el fiscal Pettigiani. Sin embargo, el mayor financiamiento provino del fideicomiso manejado por Fernanda Miño.

“A nosotros no nos cabe duda que la principal responsabilidad es de Grabois. En materia penal hablamos del dominio del hecho y el responsable es él por haber sido el que puso a la Secretaría de Integración Urbana y quien gestionó con el entonces gobierno de Alberto Fernández el otorgamiento de estos fondos”, afirmó el fiscal.

La denuncia también se dirige contra Natalia Russo, ex presidenta del Consejo Escolar de Mar del Plata. Se sospecha que ella firmó la cesión de las seis manzanas para que Grabois pudiera intentar construir el barrio que no se concretó.

Consultada por Clarín, Russo admitió haber entregado las tierras, pero negó haber actuado ilegalmente:  “antes recibí la autorización de al menos tres ministerios del Gobierno de Kicillof que avalaron la sesión”, afirmó.