POLITICA
Denuncian maltrato a menor de edad en nosocomio bonaerense: «Lo tratan como criminal»
Una madre denuncia maltrato físico y psicológico a su hijo en el hospital Sor María Ludovica de La Plata, que depende del gobierno provincial de Axel Kicillof, donde una enfermera habría abofeteado al menor.
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La desesperación de Micaela Domínguez, madre de Agustín, un menor internado en el hospital de Niños «Sor María Ludovica» de La Plata, llegó a un punto crítico: «Estoy desesperada, no sé qué hacer. Tengo pruebas de todo», dijo en diálogo con este medio donde, además, relató los maltratos que viene sufriendo su hijo. Según contó, Agustín, un menor con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y diagnosticado con trastorno psicótico, fue víctima de maltrato físico, verbal y psicológico durante su internación. Pese a las denuncias formales presentadas ante la dirección Ejecutiva, la jefatura de Enfermería y el juzgado de Familia Nro. 6, la madre asegura que no se tomaron medidas efectivas para proteger a su hijo.
El calvario comenzó cuando Micaela recurrió a la Justicia para garantizar la internación de Agustín, luego que el hospital, insólitamente, se negara. «Hice la primera denuncia penal a la psiquiatra de guardia porque hicieron abandono de persona. Un juez ordenó la internación, pero me tuvieron paseando dos horas con el servicio policial y social que acompañaba el traslado, con mi hijo en crisis total», describió. Una vez internado, la situación no mejoró.
Según Domínguez, el personal de la sala 51 sometió al menor a gritos, maltratos, encierros injustificados y omisión de atención durante las crisis emocionales que sufrió. «Encerraban al nene, me decían que era mejor eso y no que lo inyecten. Le gritaban, ejercían violencia verbal y también faltaban a la atención en momentos críticos».
Pero todo empeoró cuando una enfermera, identificada por Micaela como KR, abofeteó a Agustín ante la imposibilidad de contenerlo. Incluso, esta madre grabó a su hijo relatando el gravísimo hecho: «El día que a mi hijo le pegan, hice las denuncias penales porque vivo lejos del hospital y no podía dejarlo solo».
Sin embargo, la respuesta del hospital ante este supuesto malentendido fue trasladar al personal denunciado a otra sala, una medida que, según Micaela, «no resuelve el problema de fondo ni garantiza la seguridad de los niños». Aún así, los directivos del nosocomio que dirije Gustavo Sastre desestimaron las acusaciones y solicitaron al juzgado de la Familia que eleven una medida de restricción contra esta madre, argumentando que su «actitud querellante» y las filmaciones que hizo en el hospital, afectan al tratamiento de Agustín y la dinámica del hospital.
Para Domínguez, esta decisión refleja un intento de encubrir las irregularidades. «Me siento como si estuvieran sacándome del hospital pensando que soy una mala madre, pero en realidad estoy poniendo en evidencia los malos tratos a otros pacientes y a mi hijo», añadió con dolor. Aunque el hospital que depende del ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que conduce Nicolás Kreplak, asegura que Agustín muestra signos de mejoras que permitirían un cuidado adecuado en su hogar, su madre plantea que «el trato que está recibiendo no solo no ayuda a su recuperación, sino que lo está perjudicando profundamente. Está cada vez peor».
Evocando la ley nacional de Salud Mental 26.657 y la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos del Niño, que garantizan una atención digna y respetuosa, es que Micaela se resguarda judicialmente. «El miércoles pasado, una enfermera volvió a intentar encerrarlo, y cuando intervine, justificó su accionar con total falta de empatía. Esto no puede seguir así», comentó.
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POLITICA
El peronismo busca los votos para las reelecciones indefinidas de legisladores en PBA, pero se estira el debate
En medio de las definiciones por las estrategias electorales en la provincia de Buenos Aires que llevan adelante los distintos espacios que disputarán los comicios del próximo 7 de septiembre, en la Legislatura bonaerense se puso sobre la mesa la modificación a la ley que limita los mandatos de intendentes, legisladores y concejales. El proyecto se aprobó esta semana en el Senado bonaerense y permite a los diputados y senadores ser reelectos indefinidamente, tal como ocurre en el Congreso de la Nación. La iniciativa, impulsada por el peronismo, pero de alcance a todas las fuerzas políticas, esperaba se retificada a la brevedad en Diputados; aunque por ahora no están los votos.
El peronismo intentó hacer una convocatoria a Diputados para esta semana. Si bien técnicamente aún tiene tiempo, el último jueves se especuló con que saldría la convocatoria para sesionar en los próximos días. Eso no sucedió y la fecha límite para las conversaciones es el 19 de julio, cuando termina el plazo para la presentación de candidatos. Es que la instrucción de quienes presionan por el proyecto es aprobarlo antes del cierre de listas y así darle la posibilidad a los legisladores -que ya llevan dos mandatos consecutivos- de ser reelectos por otros cuatro años.
“Vamos a trabajar con el resto de los bloques para conseguir los votos, recién empezaron las conversaciones”, planteaba esta semana un legislador de Unión por la Patria en la Cámara baja. El conteo va mutando.
Lo primero que necesita el oficialismo es asegurarse el quorum de 47 diputados. Una vez alcanzada esa condición, lo que sigue es obtener el acompañamiento de los dos tercios de los legisladores presentes al momento de la votación.
Desde un principio se especuló con una votación en espejo a lo que había sucedido en el Senado, donde todo fue ajustado y la vicegobernadora Verónica Magario tuvo que desempatar un 22 a 22. “A diferencia de lo que pasó hace unos largos años en Argentina, mi voto es positivo”, dijo la vicegobernadora.
En esa sesión, el oficialismo votó dividido. Casi todo el bloque que preside Teresa García dio su afirmativo, con excepción de la massista, Sofía Vanelli, que rechazó la iniciativa. Sin embargo, la senadora facilitó el quorum. No fue la única. También aportaron al número para iniciar la sesión el senador monzoísta, Marcelo Daletto —que también votó a favor de la modificación a la ley—, la legisladora que responde a Margarita Stolbizer, Lorena Mondagarán; los senadores del bloque PRO, Marcelo Leguizamón y Marina Subizar y el bloque Unión Renovación y Fe que integran Carlos Kikuchi, Sergio Vargas y Silvana Ventura. Los dos primeros votaron a favor, mientras que Ventura se abstuvo.
En las últimas horas, el bloque de Unión Renovación y Fe en la Cámara de Diputados salió a rechazar la iniciativa. “Expresamos nuestro más firme y categórico rechazo al intento de introducir cambios en la normativa electoral a tan solo unas semanas de las elecciones”, adujeron desde el bloque de los libertarios dialoguistas.
La bancada de Unión Renovación y Fe ha sido clave para algunas votaciones en la Cámara baja. Por ejemplo, cuando crujía la interna en el peronismo por la suspensión de las PASO y La Libertad Avanza había pedido una sesión especial consiguiendo el acompañamiento de un grupo de diputados que responden a Axel Kicillof, el bloque de Unión Renovación y Fe no bajó a sesionar en acuerdo con el sector kirchnerista y el Frente Renovador. En otras ocasiones han acompañado algunas iniciativas del Ejecutivo aportándole los votos que precisaba el oficialismo.
Sin embargo, en este tema y por el momento se paran en la vereda de enfrente. “Alterar las reglas del juego en plena recta final del calendario electoral, no solo vulnera estos principios fundamentales, sino que también genera un grave precedente institucional que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y en el sistema democrático” describieron a través de un comunicado en el que agregaron: “El respeto al voto popular y a las reglas previamente establecidas es un pilar que no puede ser vulnerado sin consecuencias graves para la convivencia democrática”.
Los legisladores que responden al esquema del PJ bonaerense, sector que comanda Máximo Kirchner con un grupo de intendentes del conurbano, tienen que superar además el rechazo al proyecto de sus compañeros de bloque que forman parte del Frente Renovador. Son diez votos menos.
Tampoco acompañaría la iniciativa la diputada de UP, Lucía Klug que forma parte de Patria Grande, el espacio de Juan Grabois que en el Senado no prestó quorum, a través de su legislador Federico Faggioli. A priori, serían 36 los legisladores que darían quorum. Pero el peronismo necesitará de 11 más para sentarse en sus bancas.
La Libertad Avanza, el PRO, la Coalición Cívica y el bloque UCR que responde al senador nacional, Maximiliano Abad, rechazan la iniciativa. De no haber convocatoria, el oficialismo tiene toda esta semana para buscar votos. Igualmente, necesitará de una sesión previa para darle entrada el proyecto aprobado en el Senado y tratarlo recién en una sesión siguiente, que podría ser en la semana del 14 de julio. Luego, Kicillof debería promulgar y reglamentar la ley inmediatamente para garantizar la posibilidad a los legisladores que ya tienen dos mandatos, ir por un nuevo período en las elecciones de este año.
POLITICA
El juez Marcelo Bailaque quedó detenido en su casa e intentará jubilarse con régimen especial
ROSARIO.– A través del decreto 443/2025, que fue publicado en el Boletín Oficial este martes, el presidente Javier Milei aceptó la renuncia del juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, que estaba a punto de ser destituido por el Consejo de la Magistratura.
Este martes se hizo efectiva la detención del magistrado, que cumplirá la prisión preventiva dispuesta por el juez Eduardo Rodrígues Da Cruz en su domicilio. Bailaque pasará 90 días de arresto en su casa, luego de que en mayo pasado los integrantes de la Cámara de Apelaciones Aníbal Pineda, Fernando Barbará y Elida Vidal dispusieran esa medida al analizar que no había peligro de fuga. Luego de enviar la renuncia al Ministerio de Justicia de la Nación el 10 de junio pasado, Bailaque comenzó a hacer los trámites para jubilarse por el régimen especial de Santa Cruz, ya que se desempeñó en la justicia de esa provincia desde 1994 hasta 2008.
Los fiscales que investigan a Bailaque presentaron un escrito este martes a la mañana ante el juez Rodrígues Da Cruz en la que le piden que convoque a una audiencia “de forma urgente” para analizar las especificidades relacionadas con la modalidad de detención del exmagistrado. Lo que se busca establecer es cómo se va a controlar la prisión domiciliaria hasta que llegue la tobillera electrónica, y se determine “el lugar concreto de cumplimiento de la medida restrictiva de la libertad, las reglas y pautas de conducta”.
A su vez, los abogados defensores de Bailaque Claudio Puccinelli y Alejandro Parolo presentaron un escrito en el que advirtieron que el exjuez se encuentra en su domicilio, dispuesto a cumplir la prisión preventiva.
El “proyecto de decreto”, que había elaborado el Ministerio de Justicia de la Nación de la aceptación de la renuncia de Bailaque, tiene fecha del 25 de junio. Es decir, el miércoles pasado. Pero recién fue publicado en el Boletín Oficial este martes. Llama la atención que la información se conoció después de las elecciones en Santa Fe, donde esa noticia hubiera probablemente actuado en contra de los intereses electorales de los candidatos de La Libertad Avanza.
Al aceptar la renuncia de Bailaque, Milei dio por terminado el extenso proceso que arrancó el año pasado en el Consejo de la Magistratura, donde se había llegado a aprobar un largo dictamen de más de 190 páginas, que fueron elaborados por los consejeros Álvaro González y Alberto Maques, donde concluyeron que había tres causas que aportaban argumentos para destituir a Bailaque por un tribunal de enjuiciamiento.
El proceso en el Consejo de la Magistratura iba a terminar con el apartamiento de Bailaque, pero había un problema con la conformación del tribunal, luego de que la vicepresidenta Victoria Villarruel no nominara a los dos senadores que deberían integrar ese cuerpo que sanciona a los funcionarios judiciales. Esos dos legisladores deberían ser del bloque peronista.
Pero después de la decisión de Milei de aceptar la renuncia, que Bailaque había redactado el 10 de junio pasado, no será necesario que se conforme el tribunal de enjuiciamiento. Bailaque tiene previsto jubilarse por el régimen especial de Santa Cruz, ya que desde el 21 de setiembre de 1994 comenzó a desempeñarse en esa provincia como defensor oficial y tres años más tarde fue designado como juez de instrucción de Caleta Olivia hasta el 8 de febrero de 2008. El régimen previsional de Santa Cruz prevé que los funcionarios judiciales se pueden jubilar a los 54 años.
Bailaque tomó la decisión de renunciar al verse acorralado por el avance de la investigación en su contra en el Consejo de la Magistratura, y luego de quedar imputado en tres causas que enfrenta en la justicia federal de Rosario, en la que se dispuso su prisión preventiva el 30 de abril pasado. En el Consejo de la Magistratura observaron que había elegido un contexto particular para presentar su renuncia, en momentos en que el foco de la atención de los medios de prensa y de la política estaba puesta en la detención domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner.
El juez federal de Rosario enfrentaba una compleja investigación en su contra en el Consejo de la Magistratura, que se divide en tres capítulos. Está acusado de extorsionar a un empresario junto con el financista Fernando Whpei, con prisión domiciliaria, y el exjefe de ARCA Carlos Vaudagna. También está imputado de favorecer al jefe narco Alvarado, con quien compartía su contador, como reveló Aire de Santa Fe el 11 de junio pasado, y de darle el manejo de fondos millonarios de una cooperativa intervenida a Whpei, quien el propio jefe de ARCA dijo en su declaración que manejaba el organismo recaudador y la Aduana, que debe controlar el complejo portuario del Gran Rosario, donde se cuela el narcotráfico a través de la hidrovía.
Por eso, varias fuentes judiciales insisten en que el caso Bailaque “es sólo la punta del iceberg”, aunque hay dudas de que la caída de juez actúe como un techo. El dilema futuro es qué pasará cuando un juez lo suceda en el juzgado federal N°4. La sospecha es que la matriz de corrupción, que quedó al descubierto con esta investigación judicial y su correlato en el Consejo de la Magistratura, contaminó todo y era parte de un sistema de funcionamiento ilegal.
Estas investigaciones mostraron otros puntos oscuros que exceden el mal desempeño de un magistrado. Bailaque, junto con el financista Whpei, titular del Grupo Unión, y el extitular de ARCA armaron una estrategia con todo el aparato del Estado –el ente recaudador y la justicia- para perjudicar al empresario Claudio Iglesias. Inventaron una causa, según admitió Vaudagna en su declaración como arrepentido, y pusieron en marcha a todo el engranaje judicial, con allanamientos y peritajes, con directivas a Prefectura para buscar documentación, con el objetivo de fondo de sacarle 200.000 dólares de soborno a este empresario. Parte del dinero, unos 120.000 dólares los pagó Iglesias en el Museo de la Democracia, un extraña ONG que conducía Whpei en el exPalacio Fuentes, un edificio emblemático de Rosario.
Bailaque encendía la maquinaría judicial y también la apagaba, como hizo con el narco Alvarado, a quien tardó por lo menos tres años en investigar seriamente. En ese lapso, entre 2016 y 2019, Alvarado engrosó su fortuna, con los cargamentos de cocaína que traía desde Paraguay a Rosario en su flota de avionetas, y ordenó matar a decenas de personas. En su declaración como testigo, su examigo y mecánico Carlos Arguelles describió una serie de atrocidades que llevaba adelante Alvarado con sus víctimas, algunas de las cuales diluyeron en ácido y otras enterraron vivas. Arguelles fue asesinado en setiembre de 2021, después de declarar en contra de su exjefe.
Bailaque tenía el mismo contador, Gabriel Mizzau, que el narco al que debía investigar. El hijo de este hombre, que era también su amigo, entró a trabajar en 2017 al juzgado federal N°4, que llevaba adelante las pesquisas por lavado de dinero contra el jefe narco. Los balances de las empresas que estaban a nombre de la expareja de Alvarado tenían la firma de Mizzau. “No tenía idea que Mizzau era contador de Alvarado”, respondió ante una consulta de este diario. Su excompañero de la secundaria en el Colegio Maristas era quien había construido un andamiaje legal para blanquear el dinero narco, con la conformación de empresas legales, como Logística Santino y Sagrado Corazón.
Las versiones sobre la oscuridad que reinaba en el juzgado a cargo de Bailaque provienen desde hace años. Eso se cristalizaba en las investigaciones, que mostraban una particularidad en medio de una guerra narco sangrienta que sufría la ciudad: la justicia federal condenaba a los grupos narcos después de que lo hiciera el fuero provincial, donde los delitos que se juzgaban no eran tráfico de drogas, sino asociación ilícita y homicidios, en su mayoría. Por ejemplo, la causa de lavado de dinero contra Los Monos, que se tramitó en su juzgado no sumó casi ningún elemento nuevo al expediente que terminó antes en la justicia provincial, que terminó con las primeras condenas contra este grupo criminal en 2018.
sesión pedida por la oposición en la cámara de diputados, para tratar el tema jubilaciones, sistema de salud, hospitales, discapacidad, diputados, quorum en diputados, política
POLITICA
Duelo riojano: Martín Menem y Jorge Yoma se cruzaron por la expropiación de YPF y el fallo en EEUU
La pelea por el litigio por la expropiación de YPF transita un álgido debate entre el oficialismo de Javier Milei, y la oposición peronista alineada con Unión por la Patria. Con fuertes cruces y reproches, el actual presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el exsenador nacional Jorge Yoma, se involucraron en la polémica a través de las redes sociales, luego del revuelo generado por el fallo de la Justicia de Estados Unidos, que ordenó entregar el 51% del paquete accionario a raíz de la condena dictada en 2012.
En su cuenta personal de X, Menem reflotó una publicación suya de septiembre de 2023. Allí hizo un listado nominal de los legisladores riojanos que votaron a favor de la expropiación de YPF: “Riojanos que votaron a favor de la expropiación de YPF. Diputados: Jorge Yoma, Julio Martínez, Inés Brizuela y Doria, Javier Tineo, Griselda Herrera. Senadores: Hilda ‘beba’ Soria y Mirtha María Teresita Luna. El ÚNICO que NO participó de este atropello fue [el expresidente Carlos] MENEM”, señaló.
Al recapitular el resultado parlamentario, Menem apuntó directamente contra parte su familia política, y el proceso legislativo que habilitó la reestatización de YPF, en especial tras la reciente condena internacional, que representa un revés para los activos estratégicos nacionales.
La reacción de Yoma, también oriundo de La Rioja y hermano de Zulema Yoma, exesposa de Carlos Menem, llegó rápidamente y con dureza. En la misma red social, Yoma defendió su voto afirmativo de 2012 y se dirigió a Menem. “Yo voté la estatización de YPF y lo volvería a hacer con las dos manos…Te explico, ‘sietemesino’ político que no pasó por la incubadora”, arrancó.
En su posteo, el exsenador recordó los antecedentes legislativos de la petrolera. “En 1992, el Congreso Nacional sanciona la Ley 24.145 por la cual YPF se transforma en S.A, con el Estado Argentino como accionista mayoritario, titular de la empresa y dueño de la ‘acción de oro’, por la que se reservaba el poder de veto en las decisiones estratégicas de la compañía”, explicó. Con ese historial, Yoma reprochó que en 1999 “Menem vendió (insólitamente y sin participación del Congreso) la acción de oro…Lo que permitió que los españoles (Repsol) asuman el control total de YPF”.
Sobre el deterioro de la empresa bajo control privado, Yoma detalló: “Luego de una década sin inversiones, nuevas áreas de exploración y la empresa vaciada, el Congreso sanciona la Ley 26.741 a instancias de Cristina Kirchner y Axel Kicillof”, refiriéndose a la norma que motivó la recuperación de la mayoría accionaria de la empresa por parte del Estado Argentino. Para fundamentar su postura, agregó: “El Estado Argentino recupera el control de la mayoría del paquete accionario de YPF e inicia un proceso virtuoso de inversiones y nuevas áreas de exploración que culmina en Vaca Muerta, una de las mayores reservas de gas y petróleo no convencional del mundo”.
Yoma, quien suele reivindicar -al igual que el diputado libertario- la presidencia de Menem, cuestionó las motivaciones históricas detrás de la venta del control de YPF en los ‘90. “Lo que nunca me expliqué es por qué Menem ‘entregó’ la petrolera argentina a los españoles. Por ahí podrías averiguarlo entre tus socios y conocidos…”, dijo, con sorna.
Ayer, se conoció que la jueza del segundo distrito de Nueva York, Loretta Preska, ordenó a la República Argentina ceder la “acción de oro” de la petrolera como parte de pago de la condena dictada en 2023. Ese fallo judicial internacional, de alto impacto económico y político, reavivó la polémica sobre el proceso en que fue adquirida la empresa fundada bajo el impulso de la presidencia de Hipólito Yrigoyen en 1922.
Luego de su privatización, en 2012, el proyecto de expropiación que impulsó el gobierno de Cristina Kirchner logró en la Cámara de Diputados 208 votos afirmativos y, en el Senado, 63 aprobaciones. La ley se debatió en una sesión maratónica el 3 de mayo de ese año y contó con apoyo de la principal bancada oficialista y sectores de la oposición.
La confrontación pública entre Yoma y Menem no resulta novedosa en el duelo riojano. Ambos protagonizaron otros cruces, en una suerte de pulseada particular del legado de quien fue dos veces Presidente de la Nación.
En enero de 2023, Martín Menem criticó la distribución de recursos coparticipables en la provincia norteña. “Insisto: La Rioja está secuestrada por una estructura administrativa hace años. Siempre la gente la va a pasar mal y los políticos bien. No importa cuanta plata le llegue a la provincia, cuando solo esa estructura es la que decide el destino de los fondos. Lamentable”, afirmó Menem en su perfil de X.
La réplica de Yoma, exembajador argentino en México entre 2007 y 2010, llegó pocos días después con cuestionamientos directos: “Déjate de joder, estimado Martín Menem”, marcó, junto a un enlace a un artículo propio sobre los recursos provinciales, y consideró “lamentable” e “insólito” el posicionamiento del titular de la Cámara baja. “En esta reedición del ‘castigo’ a La Rioja, vos estás del lado de Cafiero y Ricardo Quintela es Menem”, expresó, sobre aquella polémica.
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