El expresidente Alberto Fernández se encuentra nuevamente en el centro de la controversia, luego de que su expareja, Fabiola Yáñez, denunciara que el exmandatario violó la medida cautelar impuesta por el juez Julián Ercolini, que le prohibía cualquier tipo de contacto con ella.

Esta nueva acusación se suma a las múltiples investigaciones en su contra, incluyendo una solicitud de declaración indagatoria solicitada por el fiscal Ramiro González por presuntos delitos de violencia de género.

El pasado viernes, fuentes cercanas a la causa confirmaron al periodista Nicolás Wiñazki de Clarín, que Fernández rompió la restricción judicial que lo prohibía comunicarse con su expareja. La denuncia fue realizada por la abogada de la ex primera dama, Mariana Gallego, quien explicó que el expresidente utilizó el celular de su hijo Francisco —también usado por la madre de la ex primera dama— para enviar un mensaje que ella interpretó como un intento de “perturbar” su estabilidad emocional.

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Según los detalles revelados por la defensa de Yáñez, el jueves pasado a las 18:51 (hora de España), Fernández envió un mensaje a través de WhatsApp con un enlace a una nota publicada en Eldisenso.com, titulada “Mentiras e inconsistencias en el relato de la familia Yáñez”. La nota se sumaba a otros artículos de la misma línea, alimentando el conflicto mediático entre las partes.

Las capturas de pantalla presentadas por la abogada Gallego dejan en evidencia que, tras una videollamada con su hijo Francisco, el expresidente envió dos enlaces más a ese mismo chat. La situación se complicó aún más cuando se comprobó que Francisco Fernández Yáñez, nacido en abril de 2022, no podía haber sido el destinatario final de los mensajes enviados, ya que el contenido era claramente dirigido a la madre del niño.

Intentando ocultar su accionar, Fernández borró los mensajes de su celular, pero la ex primera dama ya había tomado capturas de pantalla, lo que evidenció el incumplimiento de la orden judicial. Aunque el expresidente cuenta con una sólida formación en Derecho, esta conducta sorprendió a los observadores, ya que debería haber estado completamente consciente de las implicancias legales de sus actos.

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El juez Ercolini, al ser notificado de la violación, emitió una fuerte advertencia hacia Fernández, calificando sus actos como una clara violación a la medida cautelar. El magistrado le ordenó cesar “de forma inmediata” cualquier tipo de comunicación que pueda perturbar o intimidar a Fabiola Yáñez, ya sea por medios digitales o físicos. Además, dejó claro que cualquier nueva infracción podría considerarse como “obstrucción de la justicia”, lo que podría acarrear consecuencias más graves, como una posible prisión preventiva.

La situación legal de Alberto Fernández se complica a medida que se suman nuevas denuncias en su contra. La violación de una restricción judicial es un delito grave, que puede tener serias repercusiones en el marco de las investigaciones por violencia de género. Con el panorama judicial cada vez más incierto, el expresidente se enfrenta a una creciente presión por parte de la justicia y de la sociedad, que espera respuestas claras y contundentes a las acusaciones que lo involucran.