VILLA GESELL.- La profundización de la investigación judicial por el derrumbe del Aparte Hotel Dubrovnik, que hasta el momento provocó la muerte de tres personas y mantiene atrapadas entre escombros al menos a otras cinco, aportó la prohibición de salida del país para el titular de la firma que adquirió ese establecimiento a comienzos de este año la detención de uno de los arquitectos involucrados en las obras de remodelación que allí se estaban haciendo.

Fuentes judiciales lo identificaron como Jorge Enrique Bonavitta, de 55 años, y quedó a disposición de la justicia, a la espera de ser indagado. Instancia por la que ya pasaron otros cinco detenidos que tiene esta causa, estos últimos capataces y operarios que realizaban trabajos, en algún caso bajo órdenes del primero.

Las declaraciones de algunos de estos procesados aparecen fundamentales en el expediente para reconstruir el proceso de estos trabajos que habrían comenzado a mitad de año, con dos proyectos en simultáneo, cada uno a cargo de un profesional distinto, y con distintos objetivos: uno más estético, que involucraba el cambio de ventanales y tareas de pintura, y otro sobre el que se pone mayor atención ya que apuntaba a la instalación de un nuevo elevador, lo que habría requerido excavaciones y movimientos de tierra que podrían haber sido determinantes para la suerte del edificio.

Según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION, la prohibición de salida del país pesa sobre Antonio Juan Manuel Arcos Cortés, presidente del directorio de Parada Liniers, la empresa que después de la última temporada compró el Apart Hotel Dubrovnik a Rosa Stefanic, que el pasado miércoles apareció muerta entre los escombros. Su velatorio se inició esta mañana, en una casa de sepelios de esta ciudad.

También se dispuso una medida de similar alcance para una arquitecta de Mar del Plata y un arquitecto que sería de General Madariaga a los que se los vincula de manera directa con la dirección de las obras que se ejecutaban desde julio pasado en el Apart Hotel Dubrovnik. Sus identidades no fueron suministradas aunque son mencionados en detalle en las declaraciones indagatorias que afrontaron algunos de los detenidos.

Sobre los estudios y domicilios de ambos se dispusieron y concretaron allanamientos en los que las comisiones policiales remitidas por la justicia, con participación de fuerza provincial e incluso apoyo de Policía Federal para algunos de estos trámites, lograron documentación en soporte de papel y digital que los vinculan a estas obras.

La particularidad que surge como coincidencia entre los testimonios es que no aparecería nada escrito que estableciera el vínculo del profesional con las obras en ejecución. “Daban órdenes sin ningún contrato”, confió la fuente judicial.

Se espera el avance de la causa para determinar también que dispondrá la fiscal Zamboni respecto de Arcos Cortés. La empresas había difundido un comunicado en el que manifestaba que se había puesto a derecho, a disposición de la justicia. Ayer se confirmó que en el expediente estará representado por los abogados Alejandro Baldini y su colega marplatense Maximiliano Orsini.