POLITICA
Desde el CEPPEMA aseguran que «la política actual atenta contra los derechos de los jubilados”
Federico De Marziani hizo hincapié en la gravedad de la decisión del gobierno de eliminar el programa “Vivir Mejor”, que garantizaba hasta diez medicamentos gratuitos para afiliados de PAMI desde marzo de 2020. Este plan estaba financiado, en parte, por el impuesto PAIS, que destinaba el 70 por ciento de su recaudación a ANSES y PAMI.
“Primero quitaron moléculas, luego otras 43, y ahora eliminaron el programa completo, afectando a más de tres millones de jubilados. La mayoría de los afiliados de PAMI, que perciben hasta una jubilación y media, deben solicitar un subsidio social en un plazo muy corto, lo que ha generado caos en las oficinas y en los sistemas online”, afirmó.
“Una política que estigmatiza a los mayores”
El director de CEPPEMA no dudó en comparar las recientes medidas con las adoptadas en 2017 por el gobierno de Mauricio Macri. “En aquel entonces, se implementaron restricciones similares con condiciones absurdas, como no poseer un auto con menos de diez años de antigüedad o bienes suntuarios. Estas medidas actuales repiten esa lógica y profundizan la estigmatización de nuestros jubilados”, criticó.
Asimismo, De Marziani rechazó los argumentos del gobierno sobre presuntos fraudes en la distribución de medicamentos: “Un medicamento se receta porque un médico lo prescribe, no porque el afiliado lo quiera tomar. Si hay fraudes, el problema está en otro lado. Culpar a los jubilados por esto es ofensivo”.
Medicamentos: precios inaccesibles
El encarecimiento de los medicamentos fue otro tema destacado por De Marziani. Según precisó, los valores de los remedios más consumidos por los jubilados han aumentado de forma alarmante en el último año. “Una aspirina pasó de costar 2 mil pesos en 2023 a 6.600 pesos hoy. El antibiótico Optamox duo aumentó de 7.400 a 22 mil pesos, y el ibuprofeno, de 4 mil a 12 mil pesos. Con la pérdida de la jubilación frente a la inflación, estos valores son imposibles de afrontar”, detalló.
Reforma previsional: derechos versus números
De Marziani advirtió sobre la falta de planificación en el sistema de seguridad social y alertó sobre los riesgos de las reformas propuestas por el gobierno actual. “Estos gobiernos buscan cerrar números, no garantizar derechos. La reforma previsional debe ser realizada por un gobierno popular que priorice el bienestar de las personas mayores, no por un Excel que solo busca reducir gastos”, expresó.
En esta línea, denunció una “pelea de pobres contra pobres” promovida desde el gobierno al dividir a los jubilados entre quienes aportaron durante toda su vida laboral y quienes accedieron a la moratoria. “Las mujeres que se jubilaron con la moratoria son quienes más sufren estas políticas, porque se las invisibilizó como amas de casa y se les negó el derecho al aporte. Reconocer esos derechos fue un gran logro en su momento, y hoy están siendo atacados nuevamente”.
“La situación es desesperante”
Finalmente, De Marziani calificó el panorama como “desesperante” y pidió una mirada más inclusiva hacia el futuro de la seguridad social: “Cada vez tenemos menos nacimientos, mientras la esperanza de vida sigue aumentando. Un sistema que piensa solo en achicar gastos no puede sostenerse a largo plazo sin condenar a nuestros mayores a la pobreza”. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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POLITICA
La Justicia limitó el alcance del impuesto a la riqueza impulsado por Máximo Kirchner
El Tribunal Fiscal de la Nación dictó un fallo que excluye ciertos bienes del cálculo del “Aporte Solidario y Extraordinario” (ASE), más conocido como “impuesto a la riqueza”. La resolución se basó en un caso en el que un contribuyente cuestionó la inclusión de un fideicomiso “irrevocable” constituido antes de la entrada en vigencia de la ley 27.605, promulgada en diciembre de 2020.
El tribunal sostuvo que los bienes transferidos a un fideicomiso irrevocable no pueden ser incluidos en la base imponible del tributo, ya que el constituyente pierde el control efectivo de los mismos. Según el fallo, la ley no distingue entre fideicomisos revocables e irrevocables, pero únicamente los bienes sobre los cuales el contribuyente conserva algún tipo de participación o control deben ser gravados.
El impuesto, impulsado por los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller durante la pandemia, buscaba recaudar fondos para paliar los efectos del Covid-19. Sin embargo, generó controversias desde su implementación. En 2021, el ASE recaudó menos del 60% de lo proyectado y fue criticado por desalentar inversiones, llevando a que empresarios migraran hacia jurisdicciones como Uruguay.
El demandante basó su defensa en el principio de “capacidad contributiva” y el derecho de propiedad, argumentando que el fideicomiso irrevocable fue constituido en 2019, antes de la promulgación de la ley y fuera del “período de sospecha” definido por la normativa. El tribunal rechazará la hipótesis de maniobras elusivas, favoreciendo al contribuyente y dejando sin efecto el cobro del tributo por parte del fisco.
El fallo también resalta las contradicciones de la reglamentación del ASE, que en su artículo 3 exige incluir bienes de fideicomisos o fundaciones privadas en la declaración de los contribuyentes. Este precedente podría abrir la puerta a nuevas impugnaciones sobre el impuesto polémico que, desde su origen, estuvo en el centro del debate económico y político.
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