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POLITICA

Desdoblamiento bonaerense: si el Congreso no suspende las PASO, Kicillof necesita una ley provincial para separar las fechas

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La decisión Axel Kicillof de patear la definición sobre el desdoblamiento de las elecciones tiene, además de motivos políticos, razones técnicas. Es que si el Congreso Nacional no elimina o suspende las PASO nacionales, el gobernador necesita que la Legislatura le apruebe un proyecto de desdoblamiento, algo que no podría hacer sin acompañamiento del kirchnerismo, massismo y parte de la oposición.

El artículo 2 de la ley 14.086 establece: «cuando el Poder Ejecutivo Nacional convoque a elecciones primarias nacionales para Presidente y Vice y/o Parlamentarios del MERCOSUR y/o Diputados Nacionales y/o Convencionales Constituyentes, la fecha de realización de las elecciones Primarias obligatorias y simultáneas provinciales, se realizarán el mismo día».

La cláusula fue parte de un artilugio de Néstor Kirchner para garantizarse que el entonces gobernador bonaerense Daniel Scioli, con el que el matrimonio presidencial mantenía una tensa relación, no se cortara solo.

Kirchner creía que la primaria era fundamental para marcar la tendencia de una elección de cara a octubre y que todos los esfuerzos debían estar puestos ahí.

Por eso, para desdoblar la general Kicillof no tiene inconveniente, pero la PASO está atada a la nacional. Para cambiarla necesita mandar un proyecto y que la Legislatura se lo apruebe, con mayoría especial.

Los 35 intendentes con los que se reunió en Villa Gesell esta semana se lo pidieron, lo cual fue leído como un desafío a Cristina Kirchner, que no está de acuerdo.

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El argumento oficial es que lo mejor es poner en consideración la gestión local, que la discusión no se nacionalice. Además, aunque este año entra en vigencia la Boleta Única Papel (que obliga a papeletas y urnas separadas) estiman que igual puede haber un factor arrastre e incluso creen que la convivencia de dos sistemas de votación distinto puede traer confusión y complicar la votación.

Pero tanto el kirchnerismo que responde a Cristina Kirchner como el sector del Frente Renovador de Sergio Massa están en contra del desdoblamiento y de la «municipalización» de la elección. Creen que a los intendentes solo les interesa salvar sus concejos deliberantes y que lo ideal sería justamente nacionalizar la discusión y postularse como el distrito que le haga frente a Milei. «Si se discute lo local, se va a terminar hablando de inseguridad y puede salir mal», señala un dirigente.

Así las cosas, enviar un proyecto de desdoblamiento al Congreso es toda una hazaña en medio de las tensiones internas porque necesita respaldos que no tiene.

Antes de evaluar opciones Kicillof quiere saber qué va a pasar con las PASO nacionales. Sin embargo, los diputados nacionales que le responden todavía no confirman qué postura tomarán, y el bloque que comanda Germán Martínez tiene que definirlo este fin de semana: si van a buscar confluir o darán libertad de acción.

“Ahora estamos esperando que se defina el escenario nacional para que el Gobernador tome la decisión que tenga que tomar», declaró días atrás el ministro de Gobierno de Kicillof, Carlos Bianco y afirmó que el desdoblamiento “es una posibilidad».

El debate de las PASO en el Congreso

Después de reuniones entre el oficialismo con los jefes de bancada de los bloques aliados y dialoguistas, la posibilidad de suspender las PASO -no eliminarlas- empezó a tomar forma y La Libertad Avanza empezará el debate la semana que viene.

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El martes que viene, a partir de las 14, se reunirá el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto para debatir el tema. El objetivo es dictaminar al día siguiente, el miércoles, y llevar el proyecto al recinto el mismo jueves.

Al tratarse de un proyecto electoral la norma necesita mayoría absoluta para ser aprobada: 129 votos (la mitad más uno del total de la Cámara) afirmativos.

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YCRT, una empresa deficitaria: solo para 2025 requiere de un aporte del Estado de más de $ 100 mil millones

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Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) integra la lista de empresas deficitarias que el Gobierno nacional pretende privatizar. Y en un primer paso en ese sentido el Ejecutivo dispuso su reconversión de sociedad de Estado en Sociedad Anónima. La compañía minera con asiento en la provincia de Santa Cruz no logra recomponer sus números. En la proyecciones de Ingresos y Gastos Anuales para 2025, presentada ante el Ministerio de Economía, se expone la necesidad de 100.200 millones de pesos como aporte del Tesoro. El 95% se destina al pago de salarios del personal.

Además, la empresa YCRT fue foco de sendas investigaciones judiciales por presuntos hechos de corrupción y es observada con preocupación la Casa Rosada por su economía constantemente en rojo.

La plantilla de personal de YCRT se compone de 2.142 agentes de los cuales 900 únicamente, son mineros, los únicos que trabajan en exposición al frente de mina. Un dato: la municipalidad de 28 de Noviembre cuenta con 977 empleados mientras que la de Río Turbio, tiene 1.126 trabajadores. Es decir: Yacimientos alberga más trabajadores que las dos localidades que componen la denominada Cuenca Carbonífera, el corazón minero de la provincia.

El dato no es menor: el 95% del presupuesto de la compañía se destina al pago de haberes y sólo puede cubrir los mismos con los aportes que mensualmente realiza el Estado Nacional.

La Casa Rosada sostiene que el funcionamiento es deficitario, la demanda de fondos nacionales la torna inviable y en función de estos preceptos fue incluida en el listado de las empresas a expropiar. El gobierno de Santa Cruz se resiste a ese panorama y pretende que, al menos, la compañía cubra sus gastos operativos con la exportación de carbón, pero el proyecto está en lápiz negro y aún su logística representa dificultades.

Los número críticos

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La radiografía del déficit es la siguiente: El 2023 YCRT tuvo un déficit anual de 140 millones de dólares. Para el año pasado la proyección del rojo financiero fue de 70 millones de dólares. Aunque el número se redujo a la mitad, sigue representando cifras elevadas a consideración de la Casa Rosada, que además, pondera la baja productividad de la compañía.

Cuando se miran los números de YCRT se dimensiona las deficiencias económicas que arrastra desde hace muchos años. En 2024 la compañía requirió 7.384 millones de pesos para el pago de sueldos, cargas sociales, jubilaciones, bienes y servicios e inversiones.

Para el año en curso, la necesidad de aportes del Tesoro no varió: para funcionar continúa requiriendo del subsidio de las arcas nacionales. El déficit anual del 2024 fue de 163.216 millones de pesos, sin tener en cuenta aumentos salariales. Para este año se proyectó en 100.200 millones de pesos.

“Motiva este pedido la situación en la que se encuentra nuestra empresa conforme a las proyecciones económico financieras donde se observa que los fondos requeridos resultan imprescindibles para llevar adelante el normal funcionamiento del Yacimiento”, escribió el interventor de YCRT, Pablo Gordillo Arriagada, en la nota remitida al Ministerio de Economía.

De hecho, en enero de este año la Casa Rosada envió 8.600 millones de pesos. Para febrero se requirió una ayuda de 6.800 millones de pesos y para marzo, nuevamente se planteó una necesidad de 8.600 millones de pesos.

Con carácter “Urgente”, sostiene la nota a la que accedió Clarín, se pidió una ayuda para el primer trimestre de 24.000 millones de pesos, para la “atención de Gastos Corrientes” fondos que serán “destinados a cubrir las necesidades inmediatas del trimestre”.

De forma reiterada en el pedido de fondos a la Casa Rosada, se explicita que sin esa ayuda YCRT no puede funcionar ni cubrir, con sus propios recursos, sus gastos operativos.

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Para sustentar dicho argumento, se plantearon una serie de dificultades que atraviesa la empresa santacruceña intervenida desde el año 2002.

Ante el pedido de un cumplimiento expeditivo por parte del ministerio de Economía de los fondos requeridos para este primer trimestre, YCRT detalló cuánto dinero tiene en su cuenta bancaria: 2.500 millones de pesos, contra los 8.600 millones que requiere del Estado para cubrir gastos corrientes.

Los problemas actuales

“No podemos dejar de soslayar que desde junio 2024 no se cuenta con seguridad física en las instalaciones de la Obra de la Central Termoeléctrica Río Turbio y desde mayo 2024 en las instalaciones mineras”, expuso el interventor.

Esa situación añade otra dificultad: una deuda con Gendarmería Nacional de aproximadamente 150 millones de pesos.

La falta de fondos para garantizar la seguridad de la Usina Térmica -una obra licitada hace más de 17 años por el kirchnerismo y que aún no se concluyó-, acarreó otros problemas calificados por YCRT como “consecuencias dolosas”.

Hubo en este período “incidentes de robo de cables, máquinas, alambrado, perjudicando los bienes públicos, considerando además el propio riesgo de vida para cometer esos delitos”.Todo fue judicializado y se encuentran bajo investigación en la fiscalía Federal de Río Gallegos.

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En relación con la seguridad del personal, “es menester señalar se mantienen deudas con proveedores críticos tales como la empresa calibradora de autorrescatadores y equipos de medición de gases interior de mina y proveedores de EPP (Elementos de Protección Personal – materiales obligatorios para desempeñarse en las actividades sujetos a la normativa vigente)”.

No es la única dificultad que afronta YCRT debido a su falta de recursos propios. La situación ambiental es un punto bajo estudio, al respecto el interventor expresó: “nos encontramos desfinanciados para afrontar los seguros obligatorios ni para gestionar las acciones de remediación a la que se encuentra expuesto el Yacimiento”.

A este escenario debe sumarse deudas con la AFIP y una medida cautelar por 9.000 millones de pesos que debe afrontar la empresa y que no está incluida en el pedido de fondos recientes, al Estado. Es decir: más números en rojo a futuro.

Duro informe de SIGEN

En diciembre pasado Clarín dio a conocer el último informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sobre la operatividad de YCRT. Los números no están claros y la SIGEN señaló que hay errores de cálculos en los estados contables de YCRT y “diferencias en los montos entre lo expuesto en las aperturas y los cuadros” de la documentación presentada.

Se mencionó que el 92% de los ingresos ($ 35.200.000.000) corresponden a Transferencias Sector Público Corriente, es decir, a transferencias del Tesoro Nacional. “La operatoria de YCRT, venta de carbón y venta de energía eléctrica, no resulta suficiente, debiendo recurrir a la ayuda financiera del Gobierno Nacional”.

Con la falta de rentabilidad, YCRT sumá otros números en rojo: deudas con el Municipio. “El Yacimiento adeuda Impuesto Automotor e Impuesto Inmobiliario y Tasas al Municipio de Río Turbio por un monto, que no incluye intereses, de $ 71.183.138,25 según información provista por el Jefe del Departamento de Contabilidad”.

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El Yacimiento, asimismo, “mantiene importantes deudas de tributos nacionales y de la seguridad social de larga data con sus respectivos intereses, habiéndose adherido a planes de facilidades de pago”. Los números muestran que con relación a tributos nacionales y de la Seguridad Social el Yacimiento adeuda la suma de $ 14.774.313.777,13 y en concepto de Intereses resarcitorios la suma de $ 10.676.955.728,94.

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