La Corte Suprema de Justicia se apresta a cerrar, luego de 20 años, la causa en la que condenó al Estado nacional, a la ciudad de Buenos Aires y la provincia a sanear el Riachuelo. El fallo enumerará las falencias que tuvo el proceso que debía monitorear el juez federal Ariel Lijo y su colega de Morón, Jorge Rodríguez.

Se descuenta que la decisión de los jueces de la Corte salpique a Lijo, que subroga el juzgado federal 12, donde está radicado el caso, en momentos en que el juez federal se prepara para convertirse en un nuevo miembro de la Corte Suprema. Y también se espera que los cuestionamientos pongan bajo fuego al Acumar, el organismo tripartito encargado de llevar adelante el saneamiento, donde el representante del Poder Ejecutivo es Sergio Neiffert, elegido por el influyente asesor presidencial Santiago Caputo para reemplazar a Silvestre Sívori al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

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La Corte pareció haber tomado velocidad con causas sensibles desde que se puso en marcha el proceso para designar en el máximo tribunal a Lijo y al académico Manuel García-Mansilla. La semana pasada dejó sin efecto la absolución de Cristóbal López y de su socio Fabián de Sousa en el caso de Oil Combustibles y revocó medidas cautelares que le permitían a Tabacalera Sarandí no pagar impuestos internos al tabaco.

Las cautelares le permitieron al dueño de la tabacalera, Pablo Otero, no pagar 2000 millones de dólares a la AFIP en ocho años, y crecer con sus marcas de bajo precio hasta controlar el 35 por ciento del mercado, a costa de las compañías multinacionales. Pero el fallo de la Corte no obligó a Tabacalera Sarandí a pagar, porque aún hay otras sentencias que lo protegen.

Justamente, como parte del envión que tomó el máximo tribunal, es que los jueces tienen sobre el escritorio para resolver en breve el resto de las causas contra Tabacalera Sarandí con una sentencia en el mismo sentido que la anterior, de modo que pague definitivamente los mismos impuestos que sus competidores.

El caso de Tabacalera Sarandí es emblemático por el poder de lobby que exhibió Otero: el Gobierno primero impulsó y luego decidió quitar de los proyectos de la Ley Bases y la reforma fiscal el capítulo que eliminaba el beneficio para la empresa de Otero. Ese artículo fue reintroducido en el recinto por la Coalición Cívica, con apoyo de la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, pese al rechazo de un sector de Pro y de La Libertad Avanza, y la abstención del kirchnerismo y la izquierda.

El caso del saneamiento del Riachuelo comenzó en 2004, cuando un grupo de vecinos presentó una demanda contra el Estado Nacional, la Provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas, reclamando la recomposición del ambiente, la creación de un fondo para financiar el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo y un resarcimiento económico por daños y perjuicios. Posteriormente, la causa se amplió hacia los 14 municipios bonaerenses por los que se extiende la cuenca.

El caso se llama “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo)”.

El 8 de julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo histórico donde condenó a la Ciudad, a la Nación y a la provincia a que saneen la cuenca. El Acumar es el organismo tripartito responsable de llevar adelante esas acciones ordenadas hace 16 años, monitoreado por el juez de Morón Rodríguez y el titular del juzgado federal 12. El juez era Sergio Torres, pero como ese magistrado renunció para integrar la Suprema Corte de Justicia bonaerense, lo subroga el juez Lijo.

Además de la actora, es parte en la causa un “organismo colegiado” formado por el Defensor del Pueblo de la Nación y cinco organizaciones de la sociedad civil: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Greenpeace Argentina, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Asociación Vecinos de La Boca y Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH).

La Corte viene recibiendo informes periódicos de avances en estos 16 años. Los últimos los recibió en el primer trimestre de este año y fueron elevados por los dos jueces federales y el Acumar.

Este organismo, en su último informe, reconoció que faltan realizar decenas de obras, aunque destacó la responsabilidad compartida con las jurisdicciones locales y el hecho de que se realizó la limpieza del espejo de agua y la apertura del camino de sirga en ambas márgenes; como así también el traslado del Mercado de Liniers y la adecuación ambiental de grandes aportantes, lo que, dijo, “producirá una considerable disminución de la carga orgánica que recibe el cuerpo de agua”.

Acumar mencionó que hay un antes y un después en la cuenca, con “el retiro de los buques y las constantes y permanentes acciones de limpieza de márgenes y del espejo de agua”, que “han redundado en una evidente mejora del río y su entorno, complementadas por el emplazamiento definitivo de zonas de ribera y su parquización”.

“Complementariamente, la liberación y puesta en valor del camino de sirga han permitido la circulación vehicular, lo que consolida un nuevo escenario en las márgenes del río. Como consecuencia de ello, se advierte una reconfiguración del ejido urbano, integrando a los vecinos de la cuenca y visitantes al entorno”, y destacaron “la recuperación de la navegabilidad”.

El informe de Acumar afirma que los cambios son apreciables a simple vista: “El espejo de agua ha dejado de presentar chatarra, residuos sobrenadantes y un olor nauseabundo, las márgenes se encuentran desmalezadas, limpias y mantenidas”. El organismo no se detiene allí, sino que llega a afirmar que ese cambio impulsa “el desarrollo turístico, inmobiliario y económico del sector”, como en el “circuito turístico La Boca-Isla Maciel”.

El viernes pasado, la Corte dictó una providencia en la que señala que comunica ese informe de Acumar “a la actora y al Cuerpo Colegiado por el término de diez días”, para que expresen si están de acuerdo con esas apreciaciones, para entonces resolver.

La idea de la mayoría de la Corte es que el tiempo se agotó y que no tiene más sentido tener esta causa abierta. Por eso se apresta a dictar una sentencia que haga un balance a la situación, dé por terminado el monitoreo y que los responsables de llevar adelante el plan de saneamiento y controlarlo se hagan cargo.

Lijo tiene a su cargo “el control de los contratos celebrados o a celebrarse en el marco del plan de obras de provisión de agua potable cloacas a cargo de AySA, APSA y el Ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento (Enohsa); y del tratamiento de la basura (a cargo de Ceamse)”. A Rodríguez le corresponden las competencias que comprenden a los municipios de la cuenca baja, media y alta del Riachuelo.

Lijo llega a la consideración de Milei para integrar la Corte a instancias del juez Ricardo Lorenzetti, que se especializa justamente en derecho ambiental. El Presidente compró la idea de que la llegada de Lijo a la Corte puede cambiar las mayorías y asegurarle un tribunal que no le ponga palos en la rueda a sus reformas del Estado. Esa mirada no es compartida por el resto del tribunal, donde hoy impera una mayoría conformada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

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“El problema de la Corte no es Lijo, ese es un asunto del presidente Milei”, señalan en el máximo tribunal, donde recrudecieron los enfrentamientos entre Lorenzetti y el resto de los magistrados.

En épocas de revival menemista, vale recordar que el 4 de enero de 1993 María Julia Alsogaray, entonces secretaria de Asuntos Naturales y Ambiente del gobierno de Carlos Menem, dijo: “En mil días vamos a poder tomar agua del Riachuelo”. El viernes pasado se cumplieron 11.470 días de esa afirmación. Alsogaray murió en 2017 y la promesa aún está lejos de concretarse.