POLITICA
Destituyeron a un concejal libertario en Chaco por asesinar a un perro pitbull

Un concejal de La Libertad Avanza (LLA) perdió su cargo en la provincia de Chaco tras un confuso episodio vecinal. El Concejo Deliberante de Colonia Elisa resolvió destituir el edil libertario Fernando Romero por haber matado a un perro pitbull que pertenecía a un vecino.
El municipio resolvió expulsar al concejal este viernes, tras conformar una comisión investigadora. Al evaluar la denuncia y los testimonios, la resolución concluyó que Romero ejerció una conducta de maltrato animal, que es “incompatible con el ejercicio de la función pública y el decoro institucional”.
Según reprodujo Diario Norte, el resultado del debate salió con cuatro votos a favor y dos en contra por la remoción. Según los fundamentos de la investigación, el concejal transgredió la Ley Provincial 2242-R, la Ley Nacional 14.346, el Artículo 66 de la Constitución Nacional, el Artículo 105 de la Constitución Provincial y el Artículo 50 inciso b) de la Ley 854-P.
Romero enfrenta una denuncia policial, presentada por el vecino M.S.E., un joven empleado rural de 29 años que es dueño del perro “Roco”. Desde un primer momento, el concejal reconoció haber agredido al animal de raza pitbull, con un pelaje blanco y gris. Pero las visiones en torno a lo que pasó son contradictorias.
El hecho traumático ocurrió el 14 de mayo, a las 21. Al parecer, según consta en la declaración de M.S.E., escuchó ladridos de perros mientras se bañaba. Su hija de 9 años salió a ver lo que pasaba en el patio, y le dijo a su padre, entre lágrimas: “Le mataron a mi perro”. El hombre corroboró la escena: “Roco” yacía tirado con sangre en sus costados. Observó dos orificios en su cuerpo, en su lado izquierdo, que aparentaban «heridas punzantes», que habrían sido provocadas con un cuchillo. Lo vio en estado agonizante, y luego murió.
De acuerdo a ese testimonio, el perro se había enfrentado con otro can, apodado “Cocido”. Era el animal de su vecino, Fernando Romero. No era la primera vez que los dos animales se cruzaban de terreno e ingresaban para pelearse. Ambas propiedades no cuentan con un cierre perimetral completo.
Tras la denuncia, que generó rápidamente revuelo en la pequeña localidad, Romero reconstruyó su versión y confirmó que eran recurrentes este tipo de incidentes. Llegó a radicar una denuncia contra el perro de su vecino, pero la última pelea fue la más grave.
“Mi señora y yo nos encontrábamos acostados. Mis hijos de 12 y 7 años se encontraban en el comedor comiendo y mirando tele. ”Roco“, una vez más ingresó a mi terreno, esta vez lo hizo por detrás de mi casa ya que se encontraba abierto el portón, atacando al mío que se encontraba durmiendo bajo una galería que está en la parte posterior de la vivienda”, contó el concejal, ahora destituido, en su perfil de Facebook. Según su relato, su hija, que estaba en el comedor, es atropellada por Roco que mantenía a Simón, el otro perro, asido del cuello. La menor “grita aterrada” por lo que estaba pasando.
Fue en esas circunstancias que, según Romero, se desencadena el fatal desenlace. “Salgo (afuera) y encuentro a los perros. Lo primero que veo es una escoba y un escurridor. Tomo este último y trato de sacarlos afuera. Al no lograrlo, le pego en el lomo con el palo del escurridor, que se rompe, viendo reducidas las opciones, pues no tenía otro elemento a la mano, utilicé el resto del palo que quedaba. En el quiebre violento se generó una punta astillada. En este contexto y circunstancias expuestas, acometí en defensa de mi hija y mi perro, que seguía tomado por la mandíbula por el perro agresor, sin otro elemento de defensa que el resto del palo del escurridor”, expuso en sus redes sociales.
Según su versión, el dirigente libertario agarró un palo, desesperado, para defender el hogar. “Si la acción desplegada en defensa de mi hija y mi perro en el comedor mismo de mi casa generó un resultado honestamente más grave del que pretendía, no fue mi intención inicial. No fue buscada, sino muy por el contrario, advertida hasta el hartazgo a los dueños que tienen la responsabilidad de crianza y custodia de un animal que a todas luces ya se presentaba como agresivo y peligroso”, publicó.
Lo cierto es que, en el debate público, se impuso el relato del vecino del concejal. “Por lo que dice Romero, parece que yo soy el malo y mi perro un animal violento, pero es todo lo contrario”, dijo M.S.E., en declaraciones a la prensa local. “Roco fue hincado tres veces con un objeto punzante, según dijo el veterinario”, insistió. Sin embargo, reconoció que “ambos son responsables por no tener cerrados completamente sus terrenos”.
Pese a la controversia, y aunque a nivel judicial el caso no está resuelto, Romero dejará su puesto como edil chaqueño. El Concejo Deliberante comunicó que la semana próxima asumirá el concejal reemplazante.
POLITICA
CFK condenada, la incomodidad de un gobierno con recursos limitados y la olla de presión del kirchnerismo
“No queremos joderla”, fue el mensaje que los operadores del Gobierno le hicieron llegar al entorno de Cristina Kirchner horas después de que la Corte Suprema rechazara la queja, ratificara la condena a seis años de prisión y la inhabilitara de por vida para ejercer cargos públicos. El aviso, breve pero clarificador, expuso en privado lo que más tarde ratificaría Guillermo Francos, que pidió que no se montara “un show” y se respetara “la intimidad” de la ex presidenta. “Nosotros pretendemos competir electoralmente contra el populismo”, completó ayer el jefe de ministros. El mensaje subterráneo y las declaraciones públicas tal vez expliquen por qué, para la magnitud de los acontecimientos, los festejos oficiales hayan sido tan módicos para un espacio, como La Libertad Avanza, que no conoce la moderación.
“No es un tema con el que estemos especialmente cómodos. Esto es un cisne negro, básicamente porque tenemos control cero de la situación”, abundaría más tarde un operador de Casa Rosada. Un empresario afín al Ejecutivo que participó de la campaña libertaria, y que cruzó unos mensajes de WhatsApp con el Presidente durante su gira europea, está convencido de que Javier Milei se embarcó hacia Italia, Israel y España durante tantos días -más de 10, el viaje más extenso desde que asumió el gobierno- para estar lo más lejos posible al momento en que la Justicia ratificara la condena de CFK. Milei ni siquiera pudo festejar, como hubiera deseado, el índice de inflación del jueves, del 1,5%, la cifra más baja en cinco años, una excelente noticia, en medio de un programa económico que empieza a mostrar algunas nítidas señales de alerta, que no pudo ser capitalizada. Según un relevamiento de la consultora Ad hoc, en los últimos siete días el término “inflación” no se posicionó entre los más destacados en la conversación digital en torno al presidente.
El Gobierno sabía que los tiempos en la Corte habían empezado a acelerarse. En el Instituto Patria habían fijado en un principio el martes 17, es decir el próximo, como fecha clave, pero la previa al martes 10 exhibió serios síntomas de que algo decisivo comenzaba a tramarse. Milei partió a Roma el viernes 5, en medio de una batería de especulaciones.
La decisión de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti expuso a un gobierno que, hasta ahora, demostró tener una influencia prácticamente nula sobre la Justicia. Tal vez no por decisión propia. “No tengo ningún mérito. Al ser el primer presidente que no interfiere en la Justicia, los resultados están a la vista”, dijo Milei en estos días desde Israel. Buscó diferenciarse así de Mauricio Macri, que ya había perfeccionado un sistema bien aceitado durante sus ocho años de jefe de Gobierno en la capital cuando desembarcó en la Presidencia, en el 2015. Implementó entonces la denominada “mesa judicial” para analizar y ejecutar las decisiones en ese rubro, liderada por Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, un asesor muy cercano que volvió al país hace algunos meses, procedente de Uruguay, después de más de tres años prófugo de la Justicia argentina. En septiembre del 2018, cuando Lorenzetti perdió la votación interna y Rosenkrantz asumió la presidencia del máximo tribunal -una maniobra propiciada por el Ejecutivo-, Rodríguez Simón festejó a los saltos en el primer piso de Casa Rosada, de manera literal.
Cuando Milei asumió el gobierno, y Macri todavía era más optimista que ahora respecto a las negociaciones con el Presidente, el jefe del PRO presionó para designar a ex funcionarios de su riñón en puestos claves del área de Justicia -por ejemplo, en la representación del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura-, pero todos los pedidos fueron rechazados. El encargado de trasladar la negativa fue Santiago Caputo, el asesor que, por ahora, más coqueteó con ese mundillo. Sebastián Amerio, mucho más que un viceministro de Justicia, le responde de manera directa. Según el informe de Ad hoc, la conversación digital sobre la condena a Cristina Kirchner llegó a las 2,7 millones de menciones, y superó incluso al caso $LIBRA, con 2,5 millones. El relevamiento arroja, además, un dato curioso que abona las teorías K respecto a la figura de Macri: el ex presidente volvió a reaparecer en la escena digital, emparentado con el fallo de la Corte, con niveles de mención similares a la derrota del PRO del 18 de mayo en la ciudad de Buenos Aires.
A diferencia de La Libertad Avanza, la cúpula del PRO sí festejó con mucho más énfasis la resolución cortesana, excusados por el aporte de material y la insistencia con la que el gobierno macrista siguió los expedientes judiciales. Entre los argumentos del recurso de queja, la defensa de la expresidenta aludió a la “imparcialidad” de los funcionarios que visitaron decenas de veces a Macri en Olivos y en Casa Rosada. La Corte rechazó los argumentos: en el fallo se refirió como “meras conjeturas” a los argumentos de la defensa.
Cerca de la dirigencia macrista más encumbrada se preguntaron ante este medio si, de todos modos, no sería este gobierno, y no el PRO, el que, al final, capitalizaría la detención de Cristina Kirchner. “Mauricio lo debe ver con cierta envidia: él no la pudo meter presa. Es algo que quería el electorado, y ahora saben que fue condenada con este gobierno”, respondió, en voz alta, un colaborador oficial.
Ya con agenda fija en Buenos Aires, Macri está otra vez preocupado por el futuro del PRO y por la letra chica de los acuerdos que los dirigentes logren forzar en la provincia de Buenos Aires. Entabló, en ese sentido, una ronda de consultas con colaboradores de su confianza y hasta con especialistas. A alguno de ellos le preguntó, hace poco, si había diferencia numérica con o sin él de candidato. ¿Analiza presentarse en octubre? En su entorno juran que es lo último que querría.
Ser o no ser. La muy prudente celebración libertaria evidencia no solo que el Gobierno apostaba a competir en septiembre con Cristina Kirchner en la tercera sección del Gran Buenos Aires, sino que esclarece -¿principio de revelación?- por qué la Casa Rosada intentó hasta último momento, en el Congreso, que eso suceda. Primero, con las negociaciones, finalmente fallidas, por la ampliación de la Corte. “Si la política pensara desde su posición individual, seguramente hubiese convenido poner dos jueces y hacer algún tipo de acuerdo. Pero si ese fuese el razonamiento, estuvo muy bien lo que hicimos, no funciona así”, dijo el miércoles en Infobae en vivo Juan Martín Mena, ministro de Justicia de Axel Kicillof pero uno de los principales consejeros legales de la ex presidenta. En el sistema político dan cuenta de que, en los últimos años, el kirchnerismo se encerró en su propia estrategia judicial. Y desoyó el auxilio legal ofrecido por dirigentes muy encumbrados del peronismo, y algunos operadores con conexiones muy aceitadas con los tribunales.
Una vez que naufragaron las negociaciones en el Senado, el Gobierno entabló entonces una serie de tratativas para aplazar el debate, también en la Cámara alta, por el proyecto de Ficha Limpia. A cambio, el kirchnerismo se comprometió a no convocar a las comisiones por el caso $LIBRA a Karina Milei. El resultado es conocido.
Cuando el Parlamento se quedó este año sin herramientas para correr de la discusión electoral a la ex presidenta, un sector del círculo rojo político, judicial y empresario presionó para forzar en la Justicia lo que no resolvió la política. El rechazo a la queja presentado por CFK empezó a acelerarse tras el anuncio de su candidatura, el lunes 2.
Para Milei, pero particularmente para Caputo, su principal estratega, la Corte le hizo perder al Gobierno una oportunidad más que atractiva de enfrentarse electoramente con la jefa del PJ en el distrito más populoso del conurbano: “Es una oportunidad perdida, era muy divertido, no teníamos nada para perder, al contrario”, se lamenta ahora un asesor libertario.
Sin la ex presidenta en la cancha, la competencia en la sección más peronista del Gran Buenos Aires perdió cierta fascinación. En el laboratorio de LLA se analiza ahora presentar una oferta más competitiva en la primera sección -se piensa desde Diego Santilli hasta Diego Valenzuela-, para sacar una buena ventaja y compensar la tercera.
Al Gobierno, sin embargo, le urge ahora el corto plazo: la resolución de la prisión, seguramente domiciliaria, de Cristina Kirchner, en un rubro, el judicial, en el que el Ejecutivo controla, con suerte, algunos resortes.
El mensaje para no “joderla” a la expresidenta enviado al kirchnerismo también fue trasladado por el Gobierno a los tribunales de Comodoro Py. La encargada de transmitirlo fue Patricia Bullrich -¿hubo otros emisarios más informales?-, que entabló conversaciones protocolares con el juez Jorge Gorini, del Tribunal Oral Federal 2, a cargo de la ejecución de la pena, que deberá definir el futuro carcelario de Cristina Kirchner.
La jefa del PJ eligió su departamento de San Cristóbal, en una esquina como San José y Humberto Primo que en estos días se vio convulsionada por un aluvión de fanáticos y dirigentes que cambiaron la fisonomía del barrio, de clase media porteña. CFK se decidió por ese piso, que cuenta solo con un par de balcones como única conexión con el aire libre, para no perder centralidad geográfica: si hubiera querido correrse de la escena, se habría inclinado por El Calafate. La cercanía con su hija Florencia, que tiene su domicilio en las inmediaciones de Parque Lezama, también fue clave.
El Gobierno, por el contrario, habría querido alejar a la ex presidenta lo más posible de la zona urbana.
En la Casa Rosada hay temor ante posibles desbordes callejeros. La intrusión en los estudios de TN y Canal 13 de la última semana alertaron a las autoridades. Por eso pidieron, por canales formales e informales, evitar cualquier puesta en escena con ribetes de espectáculo, como aquella imagen humillante del ex vicepresidente Amado Boudou, esposado, en pijama, en su departamento de Puerto Madero.
El Gobierno sabe que el kirchnerismo es una olla a presión y que, al menos en lo inmediato, y con Cristina Kirchner condenada y presa, el peronismo es capaz de esconder hasta sus internas más feroces.
La marcha del miércoles, en torno a la ejecución de la prisión de CFK, está prevista que sea multitudinaria. Por su casa desfilaron desde Pablo Moyano -fuera de escena desde hace tiempo- y la izquierda hasta el gobernador Ricardo Quintela, antes distanciado. El PJ congregó a todos los sectores del peronismo bonaerense, desde Juan Grabois y Sergio Massa hasta Emilio Pérsico y Guillermo Moreno.
Como Gorini, que canceló un viaje familiar, la ministra de Seguridad también se quedará en Buenos Aires esta semana. Planeaba salir de gira por Estados Unidos.
“Se abrió una puerta que puede ser muy difícil de cerrar”, opinó un alto dirigente de La Cámpora. En la organización fundada y liderada por Máximo Kirchner dicen que los ánimos están muy alterados, que el miércoles puede ser un día bisagra y que, puertas adentro, empezaron a primar algunas de las voces más radicalizadas. “Esto es día a día: sabemos cómo empezó, no cómo termina”, advirtieron.
Es un escenario que el Gobierno sabe que puede salirse de su cause, y que está lejos de controlarlo. En la administración libertaria también son conscientes de que Cristina Kirchner fuera del juego electoral era un reclamo recurrente de “los mercados” y de buena parte del círculo rojo empresario, pero que, por ahora, las reacciones no fueron las esperadas. Las elecciones de octubre pueden ser un buen termómetro. El antecedente de Macri tampoco ayuda demasiado: ganó cómodamente el 2017, pero perdió de manera estrepitosa en el 2019.
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POLITICA
“La proscripción de Cristina reactiva al peronismo sin exponerla a una derrota electoral”

“Es una causa que lleva diecisiete años, con todo el debido proceso cumplido”, señaló Julio Irurueta, subrayando que la Justicia determinó “actos de corrupción y enriquecimiento ilícito” por parte de Cristina Fernández de Kirchner, lo que “implica que deberá cumplir su condena”.
Desde su óptica política, explicó que la figura de Cristina estaba reducida a competir en la provincia como diputada provincial, “donde incluso podía perder”, sin embargo, la proscripción la beneficia: “Puede seguir dirigiendo el peronismo desde un balcón sin exponerse a un acto electoral, algo que le sirve políticamente”.
Además, Irurueta advirtió que la decisión judicial podría terminar perjudicando al gobierno: “El peronismo se puede unificar en torno al discurso de proscripción. En política, lo mejor es derrotar al adversario en las urnas, no en un escritorio”.
Consultado sobre las reacciones de los mercados, afirmó que el fallo generó alivio en los inversores: “No quieren populismo, quieren reglas claras. Y la economía productiva está respondiendo: ya hay miles de millones comprometidos en proyectos mineros, energéticos y de infraestructura, y la capacidad industrial se está recuperando”.
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POLITICA
Desalojaron a los militantes que acampaban frente a la casa de Cristina Kirchner en Constitución

La Policía de la Ciudad encabezó un “operativo de ordenamiento y limpieza” para desalojar a los militantes que se habían instalado frente a la casa de la expresidenta Cristina Kirchner, en el barrio de Constitución. Las agrupaciones permanecían en las inmediaciones del domicilio ubicado en Humberto 1° y San José desde el martes pasado, cuando se confirmó la condena a seis años de prisión contra la dirigente política.
Según pudo saber por fuentes policiales, el operativo comenzó cerca de las 2.30 de la madrugada y se extendió por solo media hora. En este marco, más de 160 efectivos y agentes de Espacio Público retiraron elementos que ocupaban las veredas y calles, como pasacalles, banderas y cartelería.
Entre los objetos que fueron secuestrados se encuentran también ocho gazebos, mesas para servir comida, sillas, banquetas, sombrillas y seis parrillas. Además, se realizaron tareas de limpieza en paredes de casas vecinas que habían sido vandalizadas.
Según indicaron desde la fuerza policial porteña, el operativo se desarrolló con normalidad y sin que se registren incidentes con los manifestantes que se encontraban en el lugar.
En los últimos días, el edificio de la calle San José 1111, en donde la expresidenta pidió cumplir la prisión domiciliaria, se convirtió en el epicentro de convocatoria de agrupaciones kirchneristas, que montaban guardia en las veredas aledañas desde la semana pasada.
Sobre la pared del edificio había carteles pegados, hechos a mano, con leyendas de apoyo como “Dios, Patria, Cristina”, o “Gracias por los ovarios. Te amamos”. A su vez, seis hombres de la custodia de la expresidenta están apostados en la puerta de ingreso, delante de dos vehículos negros que se utilizan para los traslados. En la vereda está también Diego Carbone, jefe de la custodia de Cristina Kirchner.
El sindicato La Bancaria, que conduce el diputado nacional kirchnerista Sergio Palazzo, había instalado uno de los gazebos que ahora fueron retirados en la esquina de Humberto Primo y San José. El sindicato preveía tener presencia las 24 horas con militantes en esa suerte de carpa.
El tránsito vehicular también se corta por momentos en las calles San José y Humberto Primo, cuando los manifestantes que se encuentran sobre las veredas pasan a la calzada. El día de mayor convocatoria fue el martes pasado, cuando la expresidenta llegó a su departamento tras pasar casi toda la jornada en la sede del Partido Justicialista (PJ).
Se espera que esto vuelva a repetirse este miércoles 18 de junio, cuando la dirigente peronista se presente para notificarse en Comodoro Py tras ser condenada en la causa Vialidad por la Corte Suprema de Justicia. La confirmación llegó a través de un descargo publicado este viernes, donde también expuso los motivos por los que solicitó la prisión domiciliaria en ese mismo domicilio porteño. Según argumentó, esta solicitud no se basa en un privilegio, sino en “estrictas razones de seguridad personal”.
Las organizaciones sociales ligadas al kirchnerismo ya confirmaron que este miércoles marcharán desde la casa de la exfuncionaria hasta los tribunales federales en señal de apoyo y contra el dictamen de la Justicia que la condenó a prisión y la inhabilitó de por vida a ejercer cargos públicos.
El dirigente social Juan Grabois criticó el operativo de desalojo realizado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires contra los militantes que acampaban en las inmediaciones del departamento de la exvicepresidenta y afirmó que demuestra “otro paso más fuera de los límites democráticos”.
“Que una fuerza de seguridad publique una pieza audiovisual de propaganda política -de mala calidad pero propaganda al fin- con escenas de violencia y música de combate sobre “la residencia de Cristina Kirchner” es otro paso más fuera de los límites democráticos… y otro punto que anotamos en la libreta de cuentas que vamos a ajustar en breve», escribió en sus redes sociales.
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