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Detectan otros dos «Chocolates» que retiraron dinero de 39 tarjetas de supuestos empleados del Senado bonaerense

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La fiscal de La Plata Betina Lacki logró identificar a otras 39 personas que cedieron sus tarjetas de débito para que una pareja de «Chocolates», en alusión a la maniobra de corrupción que culminó con la detención de Julio «Chocolate» Rigau, les retiren sus salarios mensuales como supuestos empleados del Senado bonaerense.

El descubrimiento de la fiscal se produjo a partir de un informe que le entregó el Banco Provincia, en base a las cámaras de seguridad de sus cajeros automáticos, donde se pudo ver en reiteradas oportunidades a una pareja que se saludaba de madrugada con «Chocolate» Rigau, mientras realizaban la misma tarea que el puntero peronista, que consistía en extraer dinero de numerosas cuentas bancarias de empleados de la legislatura provincial.

La fiscal de la ciudad de La Plata busca ahora identificar a esa pareja, ya que todavía no se pudo conocer quiénes son el hombre canoso y la mujer que se ve en las cámaras de seguridad del Banco Provincia, ni pudo acceder a las tarjetas de débito que utilizaban, ni a los demás integrantes de esta presunta asociación ilícita dedicada a estafar al Estado bonaerense.

Para identificar a esa misteriosa pareja, la fiscalía bonaerense habilitó un correo electrónico donde la gente puede aportar datos que permitan conocer su identidad: ufij2.lp@mpba.gov.ar.

Las 39 personas a quienes esa pareja les retiraban sus salarios, cobraban en promedio $700.000 mensuales y ninguna denunció el robo de sus tarjetas de débito. Algunas de esas personas son familiares entre sí, tal como ocurrió con el caso de «Chocolate» Rigau.

En total, el hombre canoso y la mujer habrían retirado más de $30 millones mensuales de «empleados fantasma» del Senado bonarense.

Una de esas «empleadas fantasma» es María Romina Licursi, un apellido relevante entre los chats del celular de «Chocolate» Rigau, que la fiscal considera importante para su investigación de ambos casos, según la periodista informó de TN Josefina López Mac Kenzie. Es que el puntero peronista se comunicaba con Ramiro Licursi, quien le pedía que le mandara «el ticket de Folone», que era uno de los propietarios de los plásticos por los que Rigau retira dinero mensualmente como presunto empleado de la Cámara de Diputados bonaerense.

La fiscal Lacki abrió esta nueva línea de investigación luego de analizar los videos de las cámaras de seguridad del Banco Provincia, donde se lo veía varias veces a «Chocolate» Rigau interactuando con una pareja que también retiraba mucho dinero de gran cantidad de tarjetas de débito, en horarios donde había muy poco movimiento en los cajeros automáticos, entre las 5 de la madrugada y las 7 de la mañana.

Con esos indicios, consiguió que el Banco Provincia le informara cuáles son las cuentas bancarias que vaciaban los sospechosos en esos horarios, a quiénes les pertenecen esas cuentas y el movimiento de dinero que registraron en los seis meses anteriores a la fecha de los videos analizados por la Justicia bonaerense.

El dictamen de la fiscal Lacki sostiene que está probada «la existencia de una operatoria que incluye más miembros, aunque hasta el momento no se encuentren identificadas, pero que sin lugar a dudas permite sostener, como ya lo hiciera Vuestra Señoría que con el devenir de la pesquisa, se llegará a detectar un acto de corrupción de inconmensurable trascendencia».

Una investigación del caso «Chocolate»

Se trata de una nueva línea de investigación en la causa sobre «Chocolate» Riguau, quien fue detenido el 9 de septiembre pasado cuando cargaba dinero que sacaba de 48 tarjetas de débito pertenecientes a «empleados fantasmas o ñoquis» de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

En esa causa, también fueron detenidos en noviembre pasado el exconcejal massista Facundo Albini y su padre Claudio, ex subjefe de Personal de la Cámara de Diputados provincial, quienes están involucrados en el escándalo de corrupción de las tarjetas de débito que usaba el puntero Rigau.

Facundo Albini fue concejal entre 2019 y 2023 y lo reeligieron para volver a la banca. Pero quedó detenido antes de asumir. Igualmente los concejales no tienen fueros.

Los Albini y Rigau están imputados por integrar una asociación ilícita dedicada a estafar al Estado bonaerense. Se los acusa de quedarse con por lo menos $ 800 millones de la Cámara de Diputados. La maniobra que descubrió la Justicia consistía en quedarse con el dinero de supuestos empleados legislativos contratados.

El mecanismo resultaría una práctica habitual para el financiamiento irregular de actividades políticas. Rigau es un puntero del PJ ligado al Frente Renovador y reportaría a Facundo Albini, apoderado de esa fuerza política en Buenos Aires.

Claudio Albini fue por años uno de los responsables del área donde se registran y habilitan los agentes administrativos y contratados en la cámara baja provincial.

Cuando fueron detenidos, el juez de Garantías, Guillermo Atencio, argumentó que había pruebas para “por ahora acreditar que, aproximadamente desde mes de enero de 2021 y hasta la actualidad, cuanto menos tres personas, el Subdirector de Personal de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, su hijo y un contratado por dicha institución [Rigau] integraron una organización que de modo habitual y permanente mediante acuerdo tácito o expreso, tenían el propósito de cometer el delito de fraude en perjuicio de la administración pública en forma reiterada”.

Para eso -según el juez- lograron la participación de 48 personas, “quienes durante los años 2021, 2022 y 2023 suscribieron contratos de locación de servicios con la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires por un salario que a la actualidad asciende a 850.000 pesos mensuales, sin que desempeñaran labor alguna a cambio de la remuneración percibida”.

Esta maniobra constituyó el delito de defraudación a la administración pública que también les imputan a los tres detenidos de la causa.

La fiscal Lacki obtuvo pruebas fundamentales del celular de Rigau, que se abrió y peritó con el aporte de expertos informáticos de la Procuración bonaerense.



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Un sector de la CGT irá a la Justicia por la restitución de Ganancias y marchará a Tribunales

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Un sector de la CGT judicializará la restitución del Impuesto a las Ganancias y marchará al Palacio de Tribunales en los próximos días. Así lo definieron el líder de Camioneros, Pablo Moyano, y el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, en un encuentro realizado este jueves en la sede de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT).

Sin embargo, no se trató de una decisión unánime en el sindicalismo: no participaron de la reunión el líder de la CATT, Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), ni su adjunto, Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento). Ambos -al igual que otros- eligieron tomar distancia a la espera de que la CGT defina en conjunto su estrategia contra Ganancias.

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Se espera que los abogados de la central obrera definan un curso de acción en los próximos días. Es la misma forma de proceder que llevaron a cabo con el mega DNU de Javier Milei, que terminó con el apartado de la reforma laboral judicializada.

La CGT todavía no definió una estrategia conjunta sobre la restitución del Impuesto a las Ganancias. (Foto: NA/ Daniel Vides).

Este jueves se decidió también crear una “mesa técnica” con todos los sindicatos afectados por la reinstalación del Impuesto a las Ganancias. Además, acordaron realizar asambleas informativas una vez que se haga la presentación ante la Justicia.

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“Ganancias es un impuesto regresivo por el que se pierde el 30% de los salarios”, aseguró Pablo Moyano en el encuentro. Además, consideró que hay una “contradicción” por parte del Gobierno porque “los gremios de transporte fuimos esenciales durante la pandemia y hoy nos vuelven a castigar sacándonos parte del salario”.

En la misma línea, el líder de Camioneros confirmó que habrá una protesta con movilización a Tribunales a fines de julio o principios de agosto “para que los jueces entiendan que el salario no es ganancia”.

En tanto, la mesa chica de la CGT volverá a reunirse la semana próxima con una cuestión central por encima de todos los temas de la agenda sindical: cómo seguirá la relación con el Gobierno. Allí se discutirá también la estrategia judicial en torno a Ganancias. De momento, la intención es que las denuncias judiciales no sean impulsadas desde la central obrera, sino desde los sindicatos.

En este sentido, el Ejecutivo busca acordar con los gremialistas la reglamentación de la modernización laboral. De esta manera, intentan reducir los efectos de algunos artículos para evitar impugnaciones judiciales.

GANANCIAS, CGT, Gobierno

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