La Universidad de las Madres de Plaza de Mayo rechazó la acusación sobre el funcionamiento de un boliche clandestino en sus instalaciones, en el barrio de Balvanera, y, al mismo tiempo condenó el «ataque» del Gobierno luego de la denuncia penal presentada por el Ministerio de Justicia de la Nación.

La rectora Cristina Caamaño, en conjunto con el Consejo Superior, indicó a través de un comunicado que el inmueble al que hicieron referencia el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, en sus redes sociales, donde exhibieron imágenes del lugar, «no fue traspasado a la Universidad«.

«El inmueble nunca dejó de estar en la órbita del Ministerio de Justicia y no es utilizado por nuestra Comunidad Académica desde 2019», se expuso también en el mismo descargo que se ampara, de acuerdo a lo informado, en el «Acta de Traspaso del 15 de noviembre de 2023».

«Esta Universidad sigue siendo objeto de los ataques más crudos, mientras que sus trabajadores y trabajadoras siguen sus cobrar sus salarios. Instamos al Poder Ejecutivo a cesar sus ataques y transferir los recursos presupuestarios, conforme a lo que dispuso la Justicia en la semana en curso», concluyó el mensaje.

El exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla, por su parte, también se involucró en el conflicto y tildó de «mentiroso» a Cúneo Libarona, desde la red social X, donde explicó que el inmueble en cuestión es propiedad del Estado Nacional, el cual, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), cedió sus tres pisos. «La Universidad de las Madres dictó clases y cursos en un sector del segundo piso hasta 2021», aclaró.

Y, en la misma línea, el exfuncionario afín al kirchnerismo completó: «Las imágenes difundidas en los medios de comunicación por el actual gobierno corresponden a un espacio ubicado en el tercer piso del inmueble, en el que no funcionó ni la Universidad ni ningún organismo oficial».

Además, anunció que el Ministerio de Justicia, conducido por Mariano Cúneo Libarona, presentó una denuncia penal. «Esto representa una grave desviación de los fines para los cuales la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) concedió el espacio y, por sobre todas las cosas, una falta de respeto a todos los pagadores de impuestos», sentenció.

En tanto, el exsecretario de la carrera de Derecho de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, también utilizó la misma red social para desmentir al ministro de Justicia: «El 3er piso nunca estuvo en posesión de la Universidad. Esperamos la rectificación y la autocrítica», señaló.

Este jueves, Adorni y Cúneo Libarona difundieron imágenes del lugar denunciado que le adjudicaron a la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. «En vez de lo que debe conformar un ámbito educativo como lo son aulas, pizarrones, tizas, proyectores, bancos, quienes administraban el lugar lo llenaron de parlantes, luces, telones, barras, botella de bebidas alcohólicas y lo transformaron en un boliche», subrayó el vocero en uno de sus descargos en X.

En paralelo, en la acusación presentada por el Ministerio de Justicia de la Nación, se solicitó «de inmediato y con urgencia el allanamiento de todo el predio ubicado en la Avenida Rivadavia N°2749/ 89 y Avda. Pueyrredón N°19 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de corroborar su estado, ocupantes, destino de las diferentes dependencias y filmar y fotografiar todo lo actuado».

«A primera vista los hechos advertidos tendrían una adecuación típica en las figuras penales de malversación de caudales públicos (arts. 260 del Código Penal), sin que ello impida que, con el devenir de la investigación cuya instrucción aquí se solicita, los hechos resulten encuadrando en otras figuras penales más específicas (fraude a la Administración Pública -C.P., arts. 174 inc. 5-, incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros)», indica la denuncia penal a la que accedió Clarín.

En el escrito, de 24 páginas, se destaca además que «se observó a lo largo de todo el inmueble un sinnúmero de carteleras y propaganda política de gobiernos anteriores –más precisamente, de tinte kirchneristas–. Un ámbito del Estado dedicado a la política».

«Se ha comprobado que el uso del inmueble ha implicado una alteración del destino autorizado, lo que ha derivado en una serie de obvios perjuicios tanto para la Administración Pública Nacional como para los ciudadanos que dependían del propósito inicial de la cesión», detalla.

Y añade: «La situación es tan ilegal, grosera y disparatada que no solo ha vulnerado el derecho del Estado de disponer de un bien público para cumplir con fines legítimos, sino que ha facilitado la creación de un espacio de uso personal, político y comercial sin ningún tipo de control ni justificación».

«De acuerdo con las circunstancias descritas, se configura la comisión de delitos y una clara violación de los principios de legalidad, eficiencia, y economía que deben regir la utilización de los bienes públicos», puntualiza la denuncia.