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POLITICA

Diez intendentes claves del PJ que dependen del cambio en la ley para poder ir por otra reelección

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Las negociaciones que se iniciaron en la provincia de Buenos Aires y que incluyen un paquete de modificaciones impulsadas por el gobernador Axel Kicillof definirán la suerte electoral de los intendentes que ya cuentan con dos mandatos y aspiran a conseguir otro. La posibilidad de que se modifique por segunda vez la ley que limita las reelecciones de los jefes comunales afecta los planes de al menos diez mandatarios municipales que gobiernan en varios de los distritos de mayor peso electoral del conurbano, claves para imponerse en cualquier elección en la provincia.

Dentro de la nómina de intendentes que necesitarían de un nuevo cambio en la ley de reelecciones para poder competir otra vez por el cargo está Fernando Espinoza, intendente de La Matanza. Está en su segundo mandato consecutivo (la norma permite encadenar dos períodos, con el de 2019 contabilizado como el primero), pero en total suma cuatro (gobernó también entre 2007 y 2015). Entre 2015 y 2019, la actual vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, fue intendenta de La Matanza. Los rumores políticos en el distrito señalan que Magario podría volver a postularse a intendenta. La Matanza es el distrito de mayor peso electoral de la provincia, con más de un millón de electores habilitados.

La ley que Kicillof podría modificar para autorizar a los intendentes a ir por un nuevo mandato ya fue reformulada una vez en los años que el gobernador lleva en el poder. El cambio fue el 28 de diciembre de 2021, cuando la norma que se había sancionado en el gobierno de María Eugenia Vidal se retocó y se estableció que el primero de los dos períodos a contabilizar sea el que comenzó en 2019 y no el iniciado en 2015. Ahora, Kicillof podría volver a impulsar un cambio en la ley que ya modificó.

La camporista Mayra Mendoza (Quilmes) y su vecino rival, Jorge Ferraresi (Avellaneda) integran la lista de intendentes que necesitarían del éxito en la negociación de Kicillof si quisieran estar habilitados a un nuevo período. Mendoza gobierna Quilmes desde 2019, en su segundo período seguido; Ferraresi es jefe comunal de Avellaneda desde 2011 y está en su cuarto mandato. La intendenta es una referente de La Cámpora que se enfrenta a Kicillof; Ferraresi es el principal intendente que promueve al gobernador hacia una hipotética candidatura presidencial en 2027. En Quilmes, hay más de 500.000 electores; en Avellaneda, más de 300.000.

En su tercer mandato seguido, Mariano Cascallares, intendente de Almirante Brown desde 2015, sería otro de los jefes comunales que se beneficiarían de un cambio en la legislación. En Almirante Brown están habilitadas a votar unas 485.000 personas.

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Gustavo Menéndez, jefe comunal de Merlo, también se encuentra en su tercer mandato consecutivo. Gobierna desde 2015 un distrito de más de 450.000 electores y es uno de los intendentes más cercanos a Cristina Kirchner, en el nuevo papel de la expresidenta como titular del Partido Justicialista nacional.

Entre los jefes comunales de mayor permanencia que serían beneficiados por un cambio que permita exceder los dos mandatos consecutivos contados desde 2019 está Mario Ishii, jefe comunal de José C. Paz que lleva tres mandatos consecutivos, pero también gobernó el distrito entre 1999 y 2007. Casi 250.000 electores viven en José C. Paz.

Con seis mandatos consecutivos figura otro de los principales aliados de Kicillof en su pulseada con La Cámpora: Mario Secco, de Ensenada. Es intendente desde 2003 en un distrito que cuenta con poco más de 60.000 electores.

Con cinco mandatos consecutivos, el intendente Fernando Gray, de Esteban Echeverría, aparece en la lista de posibles beneficiados por un nuevo cambio en las reelecciones. Transita su quinto mandato consecutivo en el distrito, que gobierna desde 2007 y tiene más de 270.000 electores.

Milei y Cristina, del ring a la pista de baile

El histórico intendente de Berazategui, Juan José Mussi, está en su segundo período consecutivo en la municipalidad, pero en total tiene en su haber cinco mandatos (el primero de ellos, en 1987). Si bien no siempre fue intendente, Mussi controló todos los gobiernos desde ese año, a través de delegados o, incluso, su propio hijo Juan Patricio. En Berazategui pueden votar unas 290.000 personas.

Federico de Achával, de Pilar, gobierna desde 2019 y también depende de una modificación en la ley de reelecciones para volver a presentarse. El distrito tiene más de 300.000 electores habilitados. De Achával es un aliado silencioso de Kicillof.

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El bloque oficialista, en la Cámara de Diputados bonaerense, en el debate de los cambios en la ley de reelecciones, el 28 de diciembre de 2021

Otros intendentes importantes del justicialismo en el conurbano que dependen de un cambio de normativa para quedar habilitados a una nueva reelección son Mariel Fernández (Moreno), Blanca Cantero (Presidente Perón), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Ariel Sujarchuk (Escobar), Andrés Watson (Florencio Varela), Fabián Cagliardi (Berisso), Marisa Fassi (Cañuelas), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Julio Zamora (Tigre), y Juan Andreotti (San Fernando).

Muchos de los intendentes que ahora necesitarán del éxito de la negociación política por una nueva modificación en la ley de reelecciones ya habían utilizado la herramienta de las licencias para ejercer otros cargos, para así eludir la limitación de la ley, antes de su cambio en 2021 (la reglamentación de la ley establecía que quedaban exentos de la prohibición quienes no hubieran cumplido dos años en su segundo mandato). Algunos de los que se tomaron licencia fueron Ferraresi (fue ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat), Cascallares (fue diputado provincial), Menéndez (fue presidente del Grupo Bapro), Nardini (fue ministro de Infraestructura bonaerense) y Sujarchuk (fue titular del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable).

En las filas de Juntos por el Cambio, los intendentes que podrían presentarse nuevamente en caso de que se elimine la restricción reeleccionaria son, entre otros, Diego Valenzuela (de Tres de Febrero, que gobierna ininterrumpidamente desde 2015), Guillermo Montenegro (de General Pueyrredón, que comenzó a gobernar el distrito en 2019 y está en su segundo mandato consecutivo), Miguel Lunghi (intendente de Tandil sin pausas desde 2003), Miguel Gargaglione (jefe comunal de San Cayetano desde 2007) y Pablo Petrecca (de Junín, que gobierna desde 2015).

POLITICA

Corrupción: Axel Kicillof y una sospechosa licitación de 4.000 millones de pesos

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Un proveedor de la dirección provincial de Cultura y Educación, que conduce Alberto Sileoni, denunció que una licitación pública fue «direccionada» para favorecer a una empresa específica. Esta práctica no sería un hecho aislado, sino una costumbre arraigada en la estructura administrativa de la provincia bajo la gestión de Axel Kicillof.

Para poder comprender la maniobra llevada adelante  en este tipo de actos de corrupción administrativa por el gobierno de la provincia de Buenos Aires se requiere un análisis detallado.

Modus operandi

El procedimiento comienza en la etapa de confección de los pliegos licitatorios, específicamente en las «cláusulas técnicas». Estas se redactan con un nivel de detalle tal que solo un proveedor puede cumplir con las especificaciones, garantizando así que este obtenga el contrato. Este proveedor, previamente, ha llegado a un acuerdo de algún tipo con las autoridades responsables.

Para blindar esta maniobra, los pliegos incluyen una cláusula que obliga a cualquier oferente que desee impugnar la licitación a pagar una garantía que puede oscilar entre el 1 y el 5 por ciento del presupuesto oficial de la licitación. En el caso denunciado, la licitación superaba los 4.000 millones de pesos, lo que implicaría un desembolso previo de entre 43 y 131 millones de pesos para cuestionar el proceso. Un verdadero escándalo.

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Este monto es reembolsable solo si la impugnación prospera, una posibilidad casi nula dado que la evaluación de las mismas queda en manos de las mismas autoridades que establecieron los pliegos, es decir, en manos de la gestión de Kicillof. “Es como si el ladrón tuviera que juzgarse a sí mismo”, explicó el denunciante.

La licitación que dejó en evidencia la maniobra ilegal

El escándalo estalló tras la publicación del pliego de bases y condiciones generales para la contratación de bienes y servicios, identificado como la licitación pública 9/24, de la dirección provincial de Equipamiento Escolar, dependiente de la subsecretaría de Infraestructura Escolar, actualmente bajo el control de Ariel Alejandro Lambezat. La misma, destinó un estruendoso presupuesto de más de 4.000 millones de pesos que serán destinados a la compra de pupitres, escritorios, sillas y pizarrones.

En el mismo, en el anexo de especificaciones récnicas, llamaron la atención los notables -y para nada casuales- detalles con los que las autoridades bonaerenses describían el producto a entregar. Usualmente, se hace una descripción de las medidas del pupitre, del color y los materiales. En este caso, sin embargo, el nivel de detalle asombró incluso al más desprevenido: estructuras tubulares de acero al carbono de un diámetro de 31,7 y 1,22 mm. de espesor, patas inclinadas acopladas a un tubo metálico soldado de forma continua a cada lateral del soporte superior de la tapa, etcétera.

“Se describe el producto en un detalle exhaustivo. Lo cierto es que el único producto que coincide con lo descripto es, casualmente, el de una de las empresas de la competencia”, explicó el denunciante. “Es un delito muy común que se comete en la provincia de Buenos Aires. A cambio de ello, se le comparte el dinero de la adjudicación a las autoridades bonaerenses. El cual será más que jugoso, teniendo en cuenta que, además del presupuesto de 4.383.140.500, está la posibilidad de ampliarlo en un 100 por ciento”.

Contexto Legal

La ley 2.095, consolidada por la 6.588, y el reglamento decreto 129/23, establecen los porcentajes de garantía necesarios para impugnar los pliegos o los dictámenes de evaluación. En particular, el artículo 93 estipula:

  • Impugnación al pliego de bases y condiciones: 1 al 3 por ciento del presupuesto oficial.
  • Impugnación a la preselección/precalificación: 1 al 5 por ciento.
  • Impugnación a la preadjudicación: 1 al 5 por ciento del monto de la oferta.

Estas disposiciones afectan derechos constitucionales, ya que contradicen principios esenciales del procedimiento administrativo y la garantía de acceso gratuito al mismo. Además, convierten al ciudadano en un actor limitado en su capacidad de cuestionar actos ilegales o arbitrarios de la administración.

Impacto en la transparencia

Las regulaciones mencionadas dificultan la fiscalización de los procesos licitatorios, limitando la capacidad de los oferentes para cuestionar irregularidades. En la práctica, estas normas blindan la actividad licitatoria contra impugnaciones, permitiendo que se perpetúen negocios cuestionables con fondos públicos.

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La justificación oficial para estas restricciones es que las impugnaciones retrasan las compras estatales. Sin embargo, este argumento busca encubrir la falta de transparencia y proteger prácticas de dudosa legalidad. La verdadera responsabilidad por los retrasos recae en la administración, que debería optimizar sus procesos y garantizar la legalidad de sus actos.

Implicancias constitucionales

El artículo 14 de la constitución nacional garantiza el derecho de peticionar a las autoridades sin restricciones ni sanciones. Asimismo, el artículo 10 de la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que los derechos y garantías no pueden ser limitados por regulaciones insuficientes o arbitrarias.

La garantía exigida para impugnar actos administrativos viola estos derechos fundamentales, coartando el derecho de defensa y el debido proceso. La Corte Suprema de Justicia ha sostenido que el estado debe funcionar de manera eficaz y justa, lo que implica permitir el control ciudadano sobre sus actos.

La exigencia de garantías impugnatorias y la redacción dirigida de los pliegos licitatorios constituyen prácticas que fomentan la corrupción administrativa. Estas normas, lejos de garantizar transparencia, crean un marco que desalienta la fiscalización y la defensa de derechos por parte de los ciudadanos y las empresas afectadas.

Es fundamental que la sociedad bonaerense comience a exigir cambios en estas regulaciones para garantizar procesos licitatorios transparentes y justos. La derogación o modificación de estas figuras jurídicas es un paso necesario para combatir la corrupción y proteger los derechos de los ciudadanos y oferentes, promoviendo una administración pública que actúe dentro del marco de la legalidad. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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