POLITICA
Diputados apura el cierre del juicio político contra la Corte Suprema y los K definen los cargos que imputarán a los jueces
A menos de tres semanas de las elecciones generales, el proceso de enjuiciamiento contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia que se tramita en la comisión de Juicio Político de Diputados ingresó en su recta final de la parte sumarial y el kirchnerismo ya se prepara para votar los cargos que le imputarán a los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.
De acuerdo a lo aprobado en la audiencia de este martes, el oficialismo dio por «agotada» la investigación sobre las causales de los fallos de 2×1, que presuntamente benefició a genocidas, coparticipación de la Ciudad y Consejo de la Magistratura.
Por eso, el diputado ultra K Rodolfo Tailhade aprovechó la jornada para solicitar que se elaboren los documentos con los cargos provisorios contra cada uno de los jueces para que se les corra traslado para poder efectuar su descargo.
«Esperemos que no ocurra lo del bochorno de Juan Carlos Maqueda, que directamente no hizo ningún comentario a la comisión”, agregó Tailhade. La referencia tiene que ver con una resolución aprobada en junio pasado por el oficialismo por las presuntas irregularidades en la obra social del Poder Judicial que el juez de la Corte evitó responder.
Sobre este punto, la oficialista Carolina Gaillard, presidenta de la comisión, informó que en los próximos días circulará entre los miembros de la comisión el informe de la causa obra social porque se estaría en condiciones de dictaminar esa causal. «Ya agotamos la instancia sumarial y de descargo porque se hizo el traslado al doctor Maqueda que no ha comparecido ante la comisión», indicó.
Desde Juntos por el Cambio rechazaron la decisión de avanzar con el proceso y Juan Manuel López argumentó la decisión al advertir que “hay alrededor de 190 testigos que fueron aprobados y nunca fueron citados”.
Incluso, el diputado de la Coalición Cívica apuntó que hubo causales que fueron incorporadas por el oficialismo, como los fallos de la Corte Suprema respecto de las elecciones provinciales en San Juan y San Luis, que no fueron tratados. También mencionó que pidieron a la Corte, saber la situación por la cual Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco no participaron de la elección de autoridades de la Corte.
Frente a la queja de la oposición, Gaillard trató de cerrar la discusión al apuntar que los testigos hayan sido aprobados «no quiere decir que la comisión tenga que citarlos». Además le dijo a López que si consideraba necesario algún testigo, hubiese sido bueno que «oportunamente digan por qué no convocan a tal o cual testigo”.
«Se agotó la investigación», el argumento K
“Entendemos que se agotó la investigación en las causas que mencionamos”, completó la diputada por Entre Ríos.
En ese momento, Gaillard aclaró que no se está votando el traslado de las imputaciones y las pruebas a los jueces de la Corte, sino que la presidencia «va a elaborar los cargos y van a ser tratados en la próxima reunión».
Además se resolvió postergar, por pedido de la Coalición Cívica, para el martes 10, la ampliación de la investigación en torno al supuesto «abuso de poder» que se le imputa al juez Ricardo Lorenzetti, que contará la próxima semana con la presencia de testigos. De esa manera, la comisión completaría esa causal para cerrar la etapa sumarial.
Lo cierto es que transcurrida la vigesimotercera audiencia desde que se inició el proceso, el pasado 26 de enero, el oficialismo, que tiene la mayoría en la comisión con 16 de 31 diputados, no tendrá obstáculos para sostener su estrategia en la ofensiva contra la Corte. Sin embargo está lejos de conseguir los dos tercios para aprobarlo en el recinto y así permitir que el Senado pueda avanzar con la destitución de los ministros.
En la reunión de este martes, la comisión de Diputados analizó los expedientes relacionados con supuesto «abuso de poder» por parte del ministro Rosenkrantz por no haberse excusado de intervenir en causas en las que estaban involucrados ex clientes de su estudio particular.
Entre los testigos citados estuvo Gustavo Naveira de Casanova, secretario letrado de la Secretaría Judicial N° 7 en lo Tributario, Aduanero y Bancario de la Corte Suprema, y Roberto Saggese, de la vocalía de Rosatti,quienes no aportaron demasiado a la investigación. También pasaron periodistas que hablaron de distintos artículos vinculados a los fallos de la Corte.
POLITICA
Beneficio inversor: la CNV redujo los plazos de liquidación para que invertir sea más “ágil”
La Comisión Nacional de Valores (CNV) redujo los plazos de liquidación para que comprar y vender valores negociables de renta fija sea más “ágil”. Con el objetivo de adecuarse a los estándares internacionales, el organismo estableció que en vez de esperar 48 horas para que se concrete una operación (un plazo conocido como T+2), el inversor tenga una ventana de 24 horas hábiles (T+1), una decisión que le daría más dinamismo al mercado argentino de capitales.
“Además de adecuar los plazos de liquidación al más alto standard global, se favorece al inversor con una ventana de liquidez más ágil. Cuando vende, recibe con mayor antelación el producido de la transacción; cuando compra, puede integrar los fondos un día después. En suma, apuntamos a un mercado que orgánicamente pueda fluir con mayor velocidad”, explicó el presidente de la CNV, Roberto Silva.
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No es la primera normativa que hubo en ese sentido. El 8 de mayo pasado, a través de la Resolución General N° 1000, se modificó la normativa y se fijó el plazo de contado normal en T+1 (es decir, tarda un día hábil en liquidarse la inversión) para las operaciones con valores negociables de renta variable (como acciones) o fija (bonos).
Sin embargo, se mantuvo el plazo de contado normal en T+2 (dos días hábiles) solo para las operaciones con valores negociables de renta fija en la medida que los mercados y las cámaras compensadoras que, por excepción, hubieran optado por mantener dicho plazo.
Pero ahora, mediante la Resolución General N° 1029, los mercados o las cámaras compensadoras que en su momento optaron por mantener el plazo de liquidación en contado 48 horas (T+2) deberán adoptar de forma definitiva la liquidación en contado normal 24 horas (T+1).
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Según explicaron desde el organismo oficial, la adecuación del marco normativa busca alinearse a las reglamentaciones de los mercados de los países desarrollados, como Estados Unidos, Canadá y México. Desde que la RG N° 1000 entró en vigencia, la Comisión Nacional de Valores observó una migración “natural” hacia la adopción del plazo de liquidación de T+1 en la negociación y concertación de operaciones de contado con valores negociables de renta fija.
“Con el mismo objetivo de seguir impulsando y desarrollando el mercado de capitales de la Argentina continuamos adaptando nuestra normativa, acompañando las tendencias a nivel global y destacando que de manera natural los mercados de nuestro país se alinean con el plazo T+1 de los mercados internacionales”, completó Silva.
En mayo pasado, Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) había celebrado la noticia, al señalar que la implementación que hizo la CNV potenciaría el arbitraje “sin fricciones” con otros mercados del mundo y reduciría el riesgo de contraparte de las operaciones de contado normal, incrementando así la seguridad de los participantes del mercado de capitales. Si bien hasta el momento había excepciones, a partir de ahora la operación de bonos y acciones tendrá que hacerse obligatoriamente en un día hábil.
“En BYMA trabajamos con un foco claro: potenciar las condiciones del mercado de capitales y generar constantemente nuevas oportunidades sobre la base de la innovación. La implementación de esta medida trae claros beneficios para todo el ecosistema: Agentes de Liquidación y Compensación, inversores y otros participantes”, dijo González Pascual Merlo, CEO de BYMA.
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