La discusión jurídica sobre si es legal que Diputados vote los dos artículos del Paquete Fiscal que el Senado rechazó –Ganancias y Bienes Personales– se metió de lleno en el debate de la sesión de este jueves. El kirchnerismo habló de «ciento de miles de demandas» y el oficialismo, que también da por sentada la judicialización, acusa al kirchnerismo de propiciar un «juego político decadente».

Como contó Clarín, la pelea tiene que ver con la interpretación del artículo 81 de la Constitución que plantea que la cámara de origen (en este caso Diputados) puede aprobar el proyecto venido en revisión «con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria«.

Una parte de la biblioteca señala que Ganancias y Bienes Personales son dos títulos dentro la extensa ley ya aprobada en general por ambas cámaras y, por ende, su supresión cuenta como una modificación que Diputados puede aceptar, o no.

Pero otros apuntan que esos temas tienen «autonomía normativa, unicidad y que se estructuran como leyes propias, integrales». Que como el sistema es bicameral, el artículo 81 se aprueba en cada ley dentro de la ley ómnibus y si una cámara lo rechaza, la otra no puede revivirlo.

La Libertad Avanza en el arranque de la sesión salió con sus principales oradores a defender la posibilidad de reflotar Ganancias y Bienes Personales.

«Es lamentable que el kirchnerismo, quienes se ven derrotados en este ámbito parlamentario, pretendan judicializar la política como amenazan ahora y, mucho peor, involucrando a la ciudadanía», sentenció el libertario Nicolás Mayoraz, quien agregó que no tendrán suerte en los planteos.

«La Corte tuvo la inveterada costumbre de auto restricción, señalando que solo las cámaras deben y pueden interpretar el modo en que se dictan leyes y en el cual se dan sus propios reglamentos», agregó.

En el mismo sentido se pronunció José Luis Espert quien planteó que «la interpretación constitucional es un juego político decadente» y una «dinámica para encubrir intereses políticos»; mientras que la legisladora del PRO Silvia Lospennato disparó: «El club del helicóptero fracasó hoy también porque va a haber ley».

La diputada de Unión por la Patria, Vanesa Siley, quien lleva la voz cantante en temas judiciales, fue la encargada de contraatacar. «Parece que Diputados se ha convertido en un tribunal de análisis constitucional. Esa actitud demuestra lo flojo de papeles que está este esquema de votación«, empezó.

Acto seguido, dijo que dejaría asentada la posición de su bancada para que conste en los posibles juicios que se abran. «Todo lo que digamos acá será lamentablemente insumo para aquellos jueces que vayan a recibir las ciento de miles de demandas, y no del kirchnerismo, sino de casi 800 mil trabajadores y trabajadoras a los cuales se les cambió tres veces en nueve meses su situación impositiva», afirmó.

Lo cierto es que el sistema de control de constitucionalidad en Argentina es difuso, es decir que cualquier tribunal, de cualquier grado, fuero y jurisdicción tiene el deber y la facultad de analizar los planteos de ese tipo que reciban.

En diálogo con Clarín, el tucumano de UP, Carlos Cisneros, dirigente de La Bancaria aseguró que no van a impedir que los bancario vayan a la Justicia porque interpretan que la ley es inconstitucional.

El diputado radical Fernando Carbajal, ex juez formoseño, propuso someter a votación la interpretación de este tema para blindar la ley de las futuras disputas legales.

«El único órgano habilitado para interpretar el límite de sus propias facultades es esta Cámara. Se impone que esta cámara vote para que la hipotética ley esté claramente dictada en el marco de la Constitución. Si se prescinde de eso, va a causar un elemento de nulidad», lanzó.

El cordobés Oscar Agost Carreño, de Hacemos Coalición Federal, consideró que el cuerpo tiene que oficiar de «árbitro» pero que en la votación de los dictámenes se va a saldar la cuestión.

«Cuando hay dos bibliotecas con buenos argumentos corresponde a esta cámara ser arbitro y decidir en esta sesión cual criterio aplicar. La discusión es jurídica y política. Al votar los dictámenes vamos a resolver esa cuestión, por mayorías y minorías, de cual es el correcto proceder y la voluntad de los legisladores. Si lo hacemos así no puede ser cuestionado por ningún otro poder del Estado», cerró.