Con amplio consenso, Diputados dictaminó el proyecto para que vuelva el voto por correo para los argentinos que están radicados en el exterior. Plantea que sea obligatorio para quienes estén inscriptos en el registro de electores pero hay discusión porque no incluye a las PASO, una instancia obligatoria en el calendario electoral. El proyecto quedó listo para ser votado en el recinto.

«Esta ley viene a saldar un déficit», planteó Fernando Iglesias, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores y autor del proyecto que tuvo despacho del plenario con Asuntos Constitucionales con 36 firmas.

En 2021 el entonces presidente Alberto Fernández derogó el decreto firmado por su antecesor Mauricio Macri que habilitaba a los argentinos que están afuera a votar por correo y evitar que tengan que viajar hasta las sedes de los consulados del país en que se encuentren, a veces a miles de kilómetros de distancia.

El argumento fue que una modificación electoral no podía salir por decreto sino que tenía que aprobarse por ley. Sin embargo, en el PRO señalarán que «desde los 90′ la ley habilita este derecho» y que Macri solo lo reglamentó por decreto.

Unión por la Patria no firmó, no porque estén en contra de la iniciativa en general, sino que pedían más tiempo para discutir el proyecto antes de pasarlo a la firma.

«Hay aspectos que contradicen el código electoral nacional«, aseguró el jefe de bloque, Germán Martínez, quien después apuntó contra el oficialismo por la visita de sus legisladores a represores presos en Ezeiza. «Hablan de ampliar derechos y después van a visitar genocidas», lanzó.

Mientras tanto, la UCR y la Coalición Cívica firmaron en disidencia porque el proyecto oficial no incluye la opción de voto por correo para la instancia de las PASO.

«No incluye a las PASO, no porque no creamos en ellas, yo soy favorable a que se mantengan, sino porque sería duplicar el costo, y es un momento de austeridad», argumentó Iglesias.

«Las ciudadanías son completas o no son. No importa qué le parezca al gobierno la PASO, es un voto obligatorio. Tiene que ser mismo derecho, misma obligación», retrucó la radical Carla Carrizo.

Mientras tanto, Ficha Limpia – el proyecto para impedir que personas condenadas puedan ser candidatos o funcionarios- empezó a debatirse en un plenario de comisiones con especialistas.

El oficialismo apuesta a que el tema que ya debatió en 2017 y 2019-sin éxito, pueda finalmente convertirse en ley este año.

Hay proyectos de LLA, la UCR, el PRO y la Coalición Cívica y como contó Clarín la discusión pasa por dos ejes: si alcanza con una sola condena o se debería esperar un segundo conforme para inhabilitar a un candidato y qué tipos de delitos se incluirán para la inhabilitación.

«Para poder ser candidato la Constitución fija una serie de requisitos de idoneidad a la posibilidad de postularse. Es compatible con nuestro orden constitucional la incorporación de otros requisitos o exigencias. No se está aplicando una sanción penal sino que se está exigiendo un requisito mínimo para acceder al cargo, de esta manera el debate de la presunción de inocencia no sería el ángulo exacto para razonar esta cuestión”, defendió el abogado Daniel Pérez Corti.

“No se está afectando el principio de inocencia, porque nadie dice que esa inhabilidad va a ser para siempre, es solo una medida de carácter temporal”, señaló en la misma línea la secretaria la Cámara Nacional Electoral, Alejandra Lazzaro.