El Congreso fijó la fecha de inicio del tratamiento de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados. Finalmente, el próximo martes se conformará un plenario de las comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda, y de Asuntos Constitucionales para discutir el megaproyecto que aborda la emergencia en diversas áreas y promueve reformas en el marco de la situación económica y social del país.

Las reuniones se llevarán a cabo el martes y miércoles de la próxima semana, con horarios establecidos de 14 a 20 y de 9 a 20, respectivamente. Además, funcionarios del Poder Ejecutivo estarán presentes en las reuniones conjuntas de estas comisiones para explicar los detalles del proyecto y responder a las preguntas de los legisladores nacionales. 

Según se informó, los diputados miembros de esas comisiones podrán enviar un mail con sus consultas, si lo consideran necesario, hasta el lunes a la noche para que antes de la llegada de los funcionarios nacionales –aún sin conocer quiénes asistirán–, las distintas áreas de Gobierno puedan analizarlas.

La conformación de las comisiones durante la última semana estuvo marcada por fuertes cruces y acusaciones, especialmente entre el oficialismo y Unión por la Patria, que denuncia que le dieron menos lugares en las comisiones y entre sus autoridades que le corresponderían por ser la primera minoría de la Cámara con 101 diputados. 

A pesar de la disputa, se espera que el debate sobre la Ley Ómnibus sea tenso. Unión por la Patria ya tiene decidido rechazar el proyecto y buscará sumar apoyo para bloquear su aprobación –así como el mega DNU que ya está en vigencia–, tanto en comisiones como en el recinto, si llega a esa instancia.

Aunque en algunos bloques opositores se ha manifestado predisposición para debatir la ley y acompañar ciertas reformas, también se ha advertido que se marcarán ciertos límites. Incluso dentro de bloques cercanos al Gobierno, como el PRO, existen cuestionamientos a aspectos específicos del proyecto, como la delegación de facultades legislativas al Presidente, la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria, la reforma electoral y la suba de impuestos, entre otros puntos.

El problema, señalan algunos diputados, es que no está claro el margen de negociación que habilitará el oficialismo, ni quiénes son los interlocutores con el Ejecutivo que pueden definir y aceptar modificaciones. Otra de las cuestiones es la incertidumbre sobre el tiempo necesario para el tratamiento de la ley; aunque desde el Gobierno insisten en que están dadas las condiciones para que el proyecto sea aprobado antes de que termine enero, fecha en la que finalizan las sesiones extraordinarias. 

Como se confirmó este viernes, el martes de la semana que viene comenzarán las reuniones informativas. En la oposición y en el oficialismo estiman que continuarán una semana más y recién se podría llegar al recinto a fin de mes. Si el megaproyecto fuera aprobado, todavía tendría que pasar al Senado, discutirse en comisiones, y luego llegar al recinto, algo que muy difícilmente podría suceder antes de febrero.