Mientras el oficialismo, a seis meses de Gobierno, todavía no consigue tener su primera ley, la oposición está a un paso de propinar un duro golpe en Diputados con la aprobación de una nueva fórmula jubilatoria que reemplace el DNU 274/2024 de Javier Milei, que ya amenazó con vetar el cambio. La UCR, Unión por la Patria y los bloques federales negocian contrarreloj para acordar un proyecto conjunto y darle media sanción esta noche.

Como contó Clarín, la oposición dialoguista y el kircherismo ya se pusieron de acuerdo durante el debate en comisiones para que en el corazón del proyecto haya acuerdo. Por eso, ambos proyectos plantean actualizaciones mensuales por inflación -como rige ahora- y una recomposición extra de 8 puntos.

Ese número no fue elegido al azar. Es la diferencia entre la recomposición de 12,5% que otorgó el Gobierno, y el 20,6% de inflación de enero, que fue la más alta. Es un mínimo, dijeron, para que los jubilados recuperen lo perdido.

Pero la novedad, es que además de inflación le incorporan otro índice: fijan una actualización anual -en marzo de cada año- en base al incremento de salarios. Será del 50% de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) el año calendario anterior. Si esta variación no hubiera sido positiva, no se aplicará ajuste alguno y el cálculo al año siguiente se hará en base al último índice utilizado.

¿Qué impide el acuerdo entonces? Dos puntos. El piso sobre el que quedarán fijados los haberes y el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

El proyecto de la UCR y Hacemos Coalición Federal plantea que sea de piso de haber regido por la canasta básica total por adulto, que ronda los $ 250.286. Mientras UP fijó que el piso sea del 1.2 de esa canasta, lo que equivaldría, aseguran, a la mínima actual con el bono de $ 70 mil incluido.

Según pudo saber Clarín la forma de saldar esta diferencia, mínima, es terminar fijándolo en un punto intermedio.

Pero el principal punto de discordia tiene que ver con que el dictamen de los dialoguistas plantean el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para el pago de deudas de cajas provinciales y sentencias adeudadas. El kircherismo eso no lo acepta.

«El pago de las deudas es un reclamo legítimo, pero no estamos dispuestos dejar abierta la posibilidad de liquidación del FGS, algo que el actual oficialismo ya tuvo intención de hacer. Eso es un paso para el retorno al sistema de las AFJP y no vamos a permitir que ocurra», planteó de entrada Itai Hagman (UP).

Los principales defensores de ese punto son los cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora, que integran el bloque de Hacemos Coalición Federal. A ellos están buscando convencer con alguna fórmula alternativa.

Lo cierto es que la oposición es consciente de que no pueden terminar la sesión sin un acuerdo. Primero, porque sería un rotundo fracaso. Y segundo, porque si votan y se cae, el tema no podría ser tratado por un año.

La sesión consiguió quórum con 140 diputados presentes, entre la UCR, Hacemos Coalición Federal, Coalición Cívica, la Izquierda, Innovación Federal, Unión por la Patria y otros bloques provinciales.

«Este proyecto pretende garantizar el porcentaje perdido de enero, un haber mínimo relacionado a la canasta básica, con variación salarial, como dicen los fallos judiciales, y con un FGS pagar las deudas de nación con las cajas provinciales no transferidas y los juicios pendientes de los jubilados», sentenció la radical Gabriela Brower de Koening.

Y agregó: «Nadie nos puede juzgar de demagogia ni de irresponsabilidad. La oficina de presupuesto dijo que el costo fiscal del proyecto es de 0,43 % del PBI»

La Libertad Avanza y el PRO no bajaron al recinto.

«Es una hipocresía. El populismo destruyó el sistema jubilatorio. Repartieron jubilaciones como si fueran planes sociales. Se estatizó la AFJP dejando ahorros de millones de argentinos. El resultado es cada vez jubilados más pobres», sentenció el jefe de bloque libertario Gabriel Bornorini, y siguió: «Nosotros cuidamos a los jubilados de manera responsable, sin prometer soluciones mágicas. Actualizamos por inflación. Lo que los anteriores gobiernos no hicieron nosotros lo hicimos en seis meses».