Por fuera de la lógica de la motosierra que predica el Gobierno, los senadores nacionales se aprestan en los próximos días a incrementar sus dietas a una cifra que supera los $9 millones en bruto. Es que el congelamiento que regía sobre los sueldos -impuesto en agosto y prorrogado en enero- venció el 31 de marzo último. Durante todo el mes, los legisladores eludieron el debate. La última oportunidad fue cuando se dispusieron a homenajear al papa Francisco en el recinto.

Con el descongelamiento de sus dietas, los senadores pasarán a cobrar en mano un haber que oscilará entre $6,5 y los $7 millones, lo que se traduce en más de un millón de pesos con relación a lo percibido el último mes, según pudo constatar , de acuerdo al recibo de sueldo de algunos legisladores.

La nueva remuneración surge del aumento del módulo, referencia por la que se calcula la escala salarial de los empleados legislativos, el cual se mantenía congelado desde agosto. Pero con el vencimiento del 31 de marzo, el valor de la unidad pasó a $2225,25, de acuerdo a lo expuesto por la página oficial del Senado.

Por otro parte, a principios de abril el gremio de personal legislativo APL, que comanda Norberto Di Próspero, cerró una paritaria que lleva el valor de referencia a $2285. Al multiplicarlo por los 4000 módulos que componen los haberes de un senador con gastos de desarraigo, surge el total en bruto que los senadores comenzarán a cobrar en mayo: $9,1 millones.

Esta nueva remuneración supera 23 veces al actual salario vital y móvil de abril, registrado en $296.832. Representa un aumento 18 veces mayor con respecto a una jubilación mínima compuesta por el bono de $70.000.

Según pudo corroborar , un diputado que representa una provincia cobró el mes pasado entre $4,3 y $4,5 millones, en mano, mientras que durante el mismo período algunos senadores percibieron un sueldo neto de entre $5,4 y $5,8 millones.

Además, la futura dieta de los senadores podría superar en un 60% a los haberes que perciben los diputados, si se tiene en cuenta que estos últimos cobrarán un bruto aproximado de 5,7 millones, al tiempo que el salario bruto de los integrantes de la Cámara alta será de $9,1 millones.

El debate por las dietas de los senadores se desató en abril pasado cuando los legisladores votaron a mano alzada una resolución que duplicó sus ingresos y sumó una dieta decimotercera, a modo de aguinaldo. Además, los miembros de la Cámara alta modificaron la cantidad de módulos por el que se calculan sus ingresos, enganchados a las paritarias legislativas.

Básicamente, a partir de allí, comenzaron a cobrar los 4000 módulos: 2500 en concepto de dietas, 1000 por gastos de desarraigo (en el caso de los senadores que responden a las provincias) y 500 por gastos de representación. En aquel entonces, incrementaron sus haberes de $2 millones a una cifra cercana a la de $4,5 millones brutos. Sin embargo, la polémica se desató cuando el valor de unidad de referencia aumentó por paritarias y llevó sus ingresos a un número que superaba los $7,5 millones de pesos, lo que derivó en duros cuestionamientos por parte del Poder Ejecutivo al Senado y su máxima representante, Victoria Villarruel, hoy completamente relegada de las negociaciones con la Casa Rosada.

Fue en aquel momento, que todos los bloques de la Cámara alta coincidieron en congelar sus dietas hasta el 31 de diciembre. Una vez vencido el plazo, en período extraordinario, la propia Villarruel prorrogó la medida hasta el 31 de marzo, por medio de una resolución respaldada por los legisladores. Ahora, retomada las sesiones ordinarias, son los senadores los únicos que pueden frenar la suba. Un tema que, según coinciden muchos, no forma parte de la agenda. Villarruel intentó tomar distancia del debate por las dietas.

“Hasta ahora no se habló”, admitió un senador que no tiene intenciones en disimular el malestar que le provoca que se ponga bajo la lupa el aumento de dietas. No es el único. Por lo bajo, varios integrantes del Cámara alta, reparan en el gasto que implica para los oriundos de otras provincias, instalarse durante toda la semana en la Ciudad.

Otros van un poco más allá. “¿Alguien habla de lo que gana un CEO en una empresa nacional o lo que cobran en el Poder Judicial? Después, el Ejecutivo tiene sueldos bajísimos, pero que me cuenten de qué viven”, cuestionó otro legislador, que también insistió en la dificultad de costearse los gastos de comida, alojamiento y otros gastos.

A pesar de la resistencia de muchos senadores, la problemática de las dietas fue un tema que se intentó abordar en la última reunión de labor parlamentaria del martes pasado, cuando finalmente se definió postergar el debate de Ficha Limpia para el próximo 7 de mayo, al igual que la aprobación de los pliegos de Alejandro Oxenford y Wenceslao Bunge Saravia, postulados como embajadores en Estados Unidos y España.

En su lugar, se fijó la sesión en homenaje al papa Francisco que se llevó adelante este jueves. “Cuando se atinó a hablar dos segundos de eso, se pasó de largo”, reveló un alta fuente legislativa del oficialismo al referirse a la indiferencia expresada por los jefes de bloque al ser consultados sobre el asunto de las dietas. “No es oportuno, no estamos de acuerdo, pero no tenemos los votos”, se excusó la misma fuente.

A pesar de que Javier Milei aseguró que los salarios le están ganando a la inflación, al menos cinco gremios representativos reclamaron esta semana reabrir sus negociaciones paritarias. Uno de ellos fue Hugo Moyano, el jefe de los camioneros y a quien el Gobierno había mostrado como un caso de pragmatismo por haber aceptado subas de 1% mensuales.

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros exigió a las tres cámaras empresariales del sector la “urgente” reapertura de las paritarias al advertir que a partir del alza inflacionaria de marzo [3,7%] y las estimaciones para abril dejarán ”una brecha alarmante entre la evolución de los precios y la actualización salarial”.

El 21 de marzo pasado, Moyano había anudado una paritaria de 1% mensual entre marzo y mayo a pesar de que no coincidía con el relevamiento de la inflación que hizo el Indec, con un registro de 2,4% en febrero. La demanda original del gremio había sido un alza de entre 8 y 10% en los salarios de los 190.000 afiliados registrados. Ahora, un mes después, exige una recomposición.

“Tal como consta en el acuerdo paritario firmado en marzo, se pactó una revisión del 1,9% correspondiente a los meses de diciembre, enero y febrero, la cual fue aplicada como suma no remunerativa en marzo e incorporada a los básicos desde abril. A su vez, se definieron incrementos escalonados del 1,2% en marzo, 1% en abril y 1% en mayo, y la inclusión de una nueva cláusula de revisión para el mes de junio”, señaló Moyano en su demanda por escrito.

Al reclamo de Moyano se sumó otro histórico. Armando Cavalieri, jefe del Sindicato de Comercio, también exigió la reapertura de la paritaria sectorial. El gremio mercantil viene de firmar un acuerdo del 5,1% para el primer trimestre del año, lo que generó una caída del poder adquisitivo y debe ahora formular una propuesta para abril, mayo y junio. La negociación con las cámaras empresarias ya dio sus primeros pasos.

El hecho más curioso, sin embargo, fue el de los estatales que negocian salarios y condiciones con la gestión de Javier Milei. El Gobierno, en su rol de empleador, les propuso a los dos gremios estatales un incremento salarial de 1,3% mensual para marzo, abril y mayo, más un bono de $45.000 a liquidar con los sueldos de mayo. La negociación paritaria se dio antes del anuncio oficial sobre la salida del cepo cambiario, que derivó en remarcaciones de precios, y previo a conocerse el dato de inflación de marzo, que registró 3,7%. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la propuesta y firmó en disidencia, mientras que UPCN, que es el mayoritario, la aceptó. Sin embargo, UPCN, que está a cargo de Andrés Rodríguez, objetó el acuerdo cinco días después y reclamó la reapertura de la negociación.

Una pulseada similar está dando la Asociación del Personal Legislativo, que encabeza Norberto Di Próspero.