Mientras todavía siguen soportando las réplicas por los escándalos que salpican al Gobierno -el caso $LIBRA y los avatares turísticos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni-, el oficialismo intentará retomar la actividad legislativa en el Senado con el tratamiento en la Comisión de Acuerdos de la designación de Lucila Crexell como embajadora en Canadá y de los ascensos de los jefes y de más de un centenar de efectivos de las Fuerzas Armadas.

La reunión está citada para este jueves, a las 14.30, y el kirchnerismo promete convertir a la Comisión de Acuerdos en una nueva caja de resonancia para sus denuncias sobre un supuesto pago de coimas para la aprobación de la Ley Bases por parte de la administración libertaria de Javier Milei.

El temario también incluye los ascensos al rango superior de los actuales jefes del Ejército, general de división Oscar Santiago Zarich, y de la Armada y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, vicealmirantes Juan Carlos Romay y Marcelo Dalle Nogare, respectivamente.

La figura de Crexell, que siempre negó las imputaciones, quedó en el centro de la polémica cuando en pleno debate de la Ley Bases en el Senado se filtró en los medios de comunicación que el Poder Ejecutivo iba a nominarla como embajadora ante la Unesco, organización de las Naciones Unidas para la educación, la cultura y las ciencias con sede en París.

De manera inmediata, el kirchnerismo usó el caso como una prueba del supuesto pago de canonjías a cambio del voto a favor de la primera ley impulsada por el gobierno libertario.

Las acusaciones se convirtieron en una denuncia penal que terminó desestimada en octubre de 2024 en un fallo del Juzgado Criminal y Correccional Federal 6 “por inexistencia de delito”. El dictamen judicial fue impulsado por el fiscal Daniel Rafecas quien, ante la vista del juzgado, concluyó que no había ninguna conducta reprochable.

“Tanto el hecho de que la senadora Crexell haya brindado su voto positivo a la ‘Ley Bases’, como los actos administrativos que hasta la fecha se hayan dictado en pos de la eventual designación de la nombrada en otro cargo, resultan ser conductas dentro de los parámetros legales y atinentes a las funciones públicas de sus intervinientes, sin que surjan del legajo otros elementos objetivos que permitan tacharlas de ilícitas, por lo que no les cabe reproche penal alguno”, opinó el representante del Ministerio Público.

Sin embargo, y aferrado al caso del senador entrerriano Edgardo Kueider, que fue detenido con varios miles de dólares sin declarar cuando intentaba cruzar de Brasil a Paraguay en la zona de la triple frontera, el bloque kirchnerista del Senado sigue hostigando a Crexell., que dejó de ser senadora en diciembre último.

Así lo hizo durante la sesión de la semana pasada, cuando la riojana Florencia López planteó una cuestión de privilegio en la que afirmó que el envió del pliego que nomina a la exsenadora como embajadora en Canadá “es la configuración (sic) del pago de la coima por el voto de la senadora Crexell de la ley Bases”.

“Hoy viene el Poder Ejecutivo a pagar una coima que le prometió a la senadora Crexell en el momento que se votó la ley bases en este recinto, por eso no podemos permitir la consumación del delito de cohecho activo y de cohecho pasivo dispuesto en el artículo 256 del CP, porque nosotros somos testigos calificados de que se produjo ese delito acá”, denunció López.

Le salió al cruce la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), quien tras informarle a López sobre el falló que exoneró a Crexell pasó al ataque y acusó a la senadora opositora de mentir.

“La acusación que acaba de hacer la senadora no sólo viola el principio de inocencia de la exsenadora (Crexell) sino que cae en una flagrante mentira al decir que hubo una coima en ese tratamiento”, afirmó Bullrich en directa respuesta a la intervención de López.

La designación de Crexell será el último tema de la reunión. Antes, la Comisión de Acuerdos tratará un paquete de ascensos militares, entre los que se destacan os ascensos de los jefes del Ejército, de la Armada y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

En el caso de Zarich (Ejército) será promovido al cargo de teniente general. Por su parte, Romay (Armada) y Dalle Nogare (Estado Mayor Conjunto) serán ascendidos al rango de almirante.

El paquete se completa con tres pliegos ómnibus con ascensos de 73 contraalmirantes de la Armada, de 66 promociones en el Ejército (generales de brigada, coroneles y tenientes coroneles)y de 38 efectivos de la Fuerza Aérea (comodoros y vicecomodoros).

El juez en lo penal económico Diego Amarante le negó hoy un pedido al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, para ausentarse del país por 60 días.

Amarante investiga a Tapia y a la AFA por la supuesta apropiación de aportes previsionales y otras irregularidades tributarias, en una suma que superaría los 19 mil millones de pesos. El juez ya indagó a Tapia y al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y a otros dirigentes del futbol argentino y debe definir la situación procesal de todos ellos.

Tapia había efectuado una solicitud para estar fuera del país por dos meses, pero el juez consideró que había imprecisión en los motivos que esgrimió el dirigente del fútbol. Los documentos que presentó estaban desactualizados y evaluó antecedentes desfavorables en su conducta, según fuentes judiciales.

“Si bien recientemente este tribunal ha concedido autorizaciones para salir del territorio nacional al nombrado, la solicitud actual se proyecta bajo una modalidad genérica que difiere sustancialmente de los permisos excepcionales y acotados que fueran materia de pronunciamientos anteriores”, dice la resolución del juez.

Y agrega: “La indeterminación de los destinos y la falta de una agenda cerrada en la solicitud de autos obstaculizan el objetivo de velar por la constante sujeción del encausado a la jurisdicción de este tribunal”.

Los permisos de Tapia para salir del país ya tuvieron un capítulo en la causa. El juez Amarante le negó la posibilidad de viajar a Caracas, Venezuela.

Aunque no lo ofreció como motivo ante la Justicia, Tapia habría querido viajar allí para volver en el mismo vuelo que el gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela en diciembre de 2024 y liberado el 1 de marzo.

La Justicia le negó esa posibilidad, en parte por el debilitado vínculo diplomático del país con Venezuela, pero también porque Tapia no pidió “permiso” para realizarlo, sino que solo se limitó a “informar” que viajaría allí como parte de un nuevo tramo en un viaje que sí había sido habilitado por la Justicia.

“En una oportunidad anterior, habiéndose otorgado un permiso para destinos específicos, el encartado pretendió modificar su itinerario de forma unilateral una vez que se encontraba fuera del territorio nacional», recordó el juez Amarante hoy en su resolución.

En su resolución de hoy, Amarante aludió a Gallo y a la presunta intención no declarada de Tapia repatriarlo: “Los hechos de público conocimiento que se sucedieron ponen de manifiesto otra posible finalidad de aquél viaje, permitiendo inferir que la justificación de las razones del viaje exteriorizada por el imputado ante esta judicatura resultó -cuanto menos- parcial”, dijo el juez.

A Tapia y a Toviggino, tesorero de la AFA, se los acusa del delito de omisión del pago de aportes de la seguridad social de jugadores y empleados. Según la denuncia inicial hubo un total de $7.593.903.512,23 en obligaciones que no fueron depositadas en tiempo y forma, dividido en dos rubros, retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. En la ampliación de la denuncia el monto denunciado sumó $11.759.643.331,62.

En su descargo ante la Justicia, Tapia argumentó que la AFA no cometió delito alguno porque se encontraba vigente una resolución administrativa del Ministerio de Economía que suspendió las ejecuciones fiscales y que por eso no podía hablarse de delito.

También afirmó -como lo hizo Toviggino- que gran parte de esa deuda ya estaba saldada, un hecho que ya fue corroborado por la Justicia, que investiga de todos modos si con el retraso en los pagos pudo haberse configurado el delito de apropiación indebida de tributos, que sanciona con penas que van de los dos a los 6 años de prisión.