La Unidad de Información Financiera (UIF), que dirige Ignacio Yacobucci, dispuso el congelamiento permanente de bienes de los acusados en el atentado a la AMIA y también de los miembros del Hezbollah del Líbano sea permanente y que no deba renovarse año a año.

La medida implica que hasta que los acusados se presenten en la causa, se mueran o por algún motivo se solucione su situación judicial no podrán disponer de sus bienes en Argentina o países como Paraguay que apoyan esta resolución.

Ahora los acusados, “especialmente el libanés Hussein Mouzzanar que está prófugo y tiene muchos bienes congelados en Paraguay va a tener más problemas si no se presenta ante la justicia argentina”, explicó a Clarín una fuente judicial. Y al ex agregado cultural de Irán en la Argentina, el clérigo Moshe Rabbani, que también tiene bienes en el país, no podrá recuperarlos.

Mientras tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su colega de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, impulsan un proyecto de ley de juicio en ausencia en el Congreso que permitiría juzgar a los ocho iraníes acusados como autores intelectuales del atentado contra la AMIA y que desde hace años se niegan a ser extraditados. Familiares de víctimas de la AMIA, como Luis Czyzewski, pidieron al presidente Javier Milei que incluya ese proyecto si hay sesiones extraordinarias del Congreso en enero o febrero.

La decisión se originó en la presentación realizada por el titular de la Unidad Fiscal-AMIA, Sebastián Basso -quien reemplazó a Alberto Nisman en ese cargo- al solicitar a la UIF se disponga nuevamente el congelamiento de Alí Akbar Velayati, Hadi Soleimanpour, Alí Fallahijan, Ahmad Vahidi, Moshen Rezai, Ahmad Reza Asghari y Mohsen Rabbani, medida que deberá perdurar en el tiempo “hasta tanto se de alguna de las causales previstas en el art. 11 del decreto PEN 918/2012”.

Es decir: “sea excluida del RePET por los órganos del Poder Ejecutivo Nacional o la medida sea revocada judicialmente y revisen su decisión de no incluir a Salman Raouf Salman y a la organización Hezbollah en la misma resolución y con los mismos alcances”.

El titular de la UFI-AMIA inscribió en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) a Samuel Salman El Reda considerado como uno de los máximos responsables a nivel local en la preparación y consumación del atentado a la sede de la mutual judía.

Concretamente, El Reda «coordinó la llegada y la partida, las operaciones de logística y las demás actividades desplegadas por el o operativo encargado de ejecutar la fase final del atentado», señalándose que «se lo relacionaba en forma periódica y sostenida con numerosos sujetos asentados en Foz de Iguazú y Ciudad del Este pertenecientes a la Organización Hezbollah».

Los argumentos esgrimidos por el fiscal Basso se aplican también al congelamiento dispuesto respecto de los bienes de Hussein Mounir Mouzannar, Abdallah Salman y Farouk Abdul Hay Omairi el 16 de junio de 2023, y que fuera prorrogado por un año el pasado 19 de junio de 2024, en tanto los nombrados se encuentran prófugos de la justicia argentina, con difusión roja de interpol.

En estos casos es “ por encontrarse suficientemente acreditada su pertenencia y/o cooperación con la banda criminal que denominé brazo armado del “Hezbollah”, que facilitó las actividades de los agentes operativos de dicha asociación delictiva (entre los que se encuentra identificado Salman Raouf Salman) para perpetrar los atentados con explosivos en la ciudad de Buenos Aires, los días 17 de marzo de 1992 y 18 de julio de 1994”.

La UIF también comunicó al juez federal de Eldorado, Misiones, Miguel Guerrero, quien investiga al clan Barakat del Paraguay como supuesto miembro, también, de esa milicia del Líbano acusada por ambos antentados.