Una contundente denuncia pesa sobre la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, y la canciller Diana Mondino, a quienes se las acusa de tener un comportamiento antihumanista y dictatorial por desalojar a grupos familiares enteros de terrenos del estado.

De acuerdo a lo que relató el abogado Fabián Darío Moscovich, quien representa a las cuarenta y tres víctimas, este accionar por parte de las funcionarias de Javier Milei constituye a la violación del artículo 1 de la ley 17.091. La misma, establece los procedimientos para recuperar la posesión de los bienes e inmuebles que han sido concedidos por el estado para actividades comerciales o de servicios lucrativos, en caso de que el plazo de concesión expire o se rescinda.

Los puntos ignorados de esta ley son: 1) Restitución de los bienes, cuando termina el acuerdo de concesión de un inmueble del estado, el concesionario debe devolverlo en diez días; 2) Desalojo judicial, si el concesionario no devuelve el inmueble a tiempo, la autoridad puede pedir a la Justicia sacarlo del lugar; 3) Desalojo por la fuerza pública, la policía puede ayudar a sacar al concesionario si se ordena por la Justicia y, por último, se procede a las acciones pecuniarias que, además del desalojo, permite que puedan tomarse medidas legales para pedir compensación por daños y perjuicios.

Este fue extensamente detallado por el letrado que indicó en su escrito: «En primer lugar, que los bienes sean propiedad del estado argentino (en este caso, de la Fuerza Aérea Argentina) y, en segundo lugar, que dichos bienes fueron cedidos como objeto de una concesión destinada al uso familiar, deben ampararse bajo estos lineamientos. Por lo que avanzar con un desalojo, estaría violando dicha ley».

Puntualmente, este caso llama poderosamente la atención porque, jactándose de respetar y ponderar a las fuerzas armadas, Villarruel ignora que estos terrenos fueron cedidos por «la Fuerza Aérea Argentina mediante instrumentos que establecen la entrega de viviendas destinadas expresar a uso familiar», detalló Moscovich. 

En diálogo con REALPOLITIK, el abogado aseguró que estas familias «resultan ser víctimas de un trato tortuoso, de violencia inusitada, inhumano, cruel y, a la vez, degradante en su máxima expresión, propinado por el propio estado argentino».

Esto es avalado por las funcionarias que, a pesar de haber sido notificadas por el abogado humanista, avanzaron con pedidos de desalojos en diversos puntos del país, dejando a docenas de familias que residen allí hace más de diez años, en la calle. 

«Están a punto, inminente y literalmente, de ser arrojados a la calle, al ser desposeídos de las viviendas que habitan como asiento de su hogar, en forma arbitraria e ilegal, inhumano, cruel y degradante, que acredita por lo tanto, un accionar estatal argentino, gravemente contrario al mandamiento de los artículos 1, 2 y 29 de la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos», detalló en letrado en la denuncia que elevó a la canciller Mondino.

A pesar de la solidez con la que basó su denuncia, Moscovich no ha recibido respuestas y teme por el paradero de las familias afectadas. «Es un riego, no solo para la dignidad  de ellos, sino para la integridad física y psíquica», concluyó.

Los territorios envueltos en la polémica «se vinculan a cuarenta y tres casos, que se distribuyen en los siguientes barrios, localidades y provincias, del extensísimo territorio de la Republica Argentina; dichos lugares, resultan ser: barrio Ampliación Palmar (ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba); Torres de Departamentos (barrio San Martin, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba); barrio Parque (localidad de Ascochinga, departamento Colón, provincia de Córdoba); barrio Santa Rita (ciudad de José C. Paz, partido José C. Paz, provincia de Buenos Aires); barrio El Palomar, provincia de Buenos Aires)». (www.REALPOLITIK.com.ar)

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