“Ha retornado la violencia política a Colombia, y eso es muy delicado. Miguel Uribe, una de las figuras con más proyección del Centro Democrático, fue atacado durante un evento en Fontibón. Un adolescente de catorce años le disparó tres veces y ya fue capturado”, explicó Anderson Riverol.

La reacción del presidente Gustavo Petro generó fuertes críticas por parte del arco político y la sociedad. “Petro, en lugar de condenar enérgicamente el hecho, eligió hacer alusiones poéticas sobre Oriente Medio y luego habló de proteger a los menores. Una respuesta ambigua que ha sido interpretada como falta de empatía y desconexión con la gravedad del suceso”, afirmó.

Riverol remarcó que el contexto actual en Colombia está marcado por una creciente tensión, que el discurso oficial no hace más que agravar. “Desde hace meses, el presidente ha impulsado una narrativa confrontativa, usando la simbología de la espada de Bolívar y llamando enemigos a sus adversarios. Ese tipo de retórica se termina materializando en hechos de violencia como este. Si la principal figura del país habla con violencia, legitima que otros también lo hagan”.

Aún se investiga si hubo autores intelectuales detrás del atentado. Según Riverol, “hay una mujer bajo la lupa por hacer señas extrañas durante el evento. Las instituciones de seguridad han actuado con rapidez, y ya circulan varios videos del momento del ataque”. La gravedad del atentado fue tal que trascendió fronteras. “Desde Italia, Colombia y Estados Unidos hubo pronunciamientos, incluso del senador Marco Rubio. No es algo común en la política actual colombiana, aunque el país tiene una historia dolorosa en este tipo de hechos”, añadió.

El analista recordó que la violencia política marcó las décadas del 80 y 90 en Colombia, y que Miguel Uribe tiene un vínculo personal con esa historia: “Su madre fue asesinada por Pablo Escobar, lo que agrega una capa de simbolismo al atentado”.

Sobre el impacto político del hecho, Riverol fue claro: “El arco político completo, de izquierda a derecha, condenó el atentado. El único que no lo hizo de manera directa fue Petro. Eso podría costarle políticamente. En una sociedad cansada y con una gestión que no ha logrado avanzar en reformas clave, este episodio puede ser un punto de inflexión”.

Consultado por las posibilidades del Centro Democrático, Riverol señaló: “Es un partido con raíces profundas en el uribismo. Miguel Uribe tenía mucha proyección por su papel activo en el Senado de la República de Colombia y por frenar las reformas más controversiales del gobierno. Si se recupera y puede seguir en campaña, el atentado podría darle un impulso electoral importante”.

ROSARIO.-El juez federal de Rosario Marcelo Bailaque presentó hoy su renuncia al cargo que ocupa desde 2008, luego de que quedara acorralado por tres investigaciones judiciales, en las que se ordenó su prisión preventiva -que cumplirá en su domicilio- y tras un proceso abierto en el Consejo de la Magistratura, que estaba llegando a la etapa final. El próximo 17 de junio Bailaque debía presentarse para exponer los argumentos de su defensa antes de que lo suspendieran, paso previo a su destitución.

El magistrado elevó su renuncia al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien la debe enviar al presidente Javier Milei, que es el que debe definir si la acepta o no. La estrategia del juez apunta, según fuentes judiciales, a dimitir para evitar perder su jubilación como magistrado, en momentos en que su situación judicial es muy complicada por la cantidad de pruebas que hay en su contra.

Bailaque está acusado en tres causas judiciales que se investigan en la justicia federal de Rosario, una de ellas se originó luego de que LA NACIÓN publicara el 12 de junio pasado que el contador del juez, Gabriel Mizzau, también llevaba las finanzas y cuentas del principal narco de Rosario Esteban Alvarado, a quien el magistrado estaba investigando. Además, el hijo del contador Sebastián Mizzau trabajaba en el juzgado federal N°4 y tenía contacto con las causas que implicaban a Alvarado.

Bailaque también está siendo investigado por una causa por extorsiones, junto con el financista Fernando Whpei y el exjefe de ARCA Carlos Vaudagna. Durante la imputación los fiscales acusaron al magistrado y a estas dos personas de tramar una estrategia judicial para perjudicar al empresario Claudio Iglesias, al que le pidieron una coima de 200.000 dólares.

Además, Bailaque está imputado por otro episodio oscuro, en el que favoreció a su “amigo” Whpei con la administración de los fondos de una cooperativa que estaba intervenida por su juzgado.

Estas investigaciones mostraron otros puntos oscuros que exceden el mal desempeño de un magistrado. Bailaque, junto con el financista Whpei, titular del Grupo Unión, y el extitular de ARCA armaron una estrategia con todo el aparato del Estado –el ente recaudador y la justicia- para perjudicar al empresario Iglesias. Inventaron una causa, según admitió Vaudagna en su declaración como arrepentido, y pusieron en marcha a todo el engranaje judicial, con allanamientos y peritajes, con directivas a Prefectura para buscar documentación, con el objetivo de fondo de sacarle 200.000 dólares de soborno a este empresario. Parte del dinero, unos 120.000 dólares los pagó Iglesias en el Museo de la Democracia, un extraña ONG que conducía Whpei en el exPalacio Fuentes, un edificio emblemático de Rosario.

Bailaque encendía la maquinaría judicial y también la apagaba, como hizo con el narco Alvarado, a quien tardó por lo menos tres años en investigar seriamente. En ese lapso, entre 2016 y 2019, Alvarado engrosó su fortuna, con los cargamentos de cocaína que traía desde Paraguay a Rosario en su flota de avionetas, y ordenó matar a decenas de personas. En su declaración como testigo, su examigo y mecánico Carlos Arguelles describió una serie de atrocidades que llevaba adelante Alvarado con sus víctimas, algunas de las cuales diluyeron en ácido y otras enterraron vivas. Arguelles fue asesinado en setiembre de 2021, después de declarar en contra de su exjefe.