La Corte Suprema de Justicia citó para este miércoles a una audiencia de conciliación a Córdoba y al Estado Nacional para que discutan sobre una deuda que la provincia le reclama a la ANSES por la caja de jubilaciones provincial cercana a un billón de pesos, según cálculos cordobeses. La demanda fue presentada por el exgobernador Juan Schiaretti en 2023 y recién ahora llega la convocatoria.

En ese encuentro, que promete ser el primero de varios, la provincia estaría dispuesta a incluir la deuda en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, un acuerdo promovido por Nación y al que la Legislatura Unicameral cordobesa adhirió. Pero el acuerdo entre Nación y Córdoba no se consolidó.

Según trascendió de fuentes provinciales, Córdoba aspira a recibir dinero a través de giros mensuales y sumar, a través del acuerdo con Nación, bienes nacionales que podrían ser transferidos. El giro de una cifra “arbitraria” por parte de la Casa Rosada es lo que ya se conoce como “modelo Frigerio”, en alusión a que el gobernador entrerriano firmó un entendimiento con la Nación en el que recibe un monto por mes a cuenta de la discusión futura.

Entre los bienes nacionales por los que Córdoba mostró interés aparecen la Central Nuclear Embalse Río Tercero, propiedad de Nación, mediante la empresa Nucleoeléctrica; y 11.000 hectáreas de la Reserva Natural de Defensa La Calera, en manos del Ejército.

Hasta hace un tiempo, Córdoba se mostró interesada también en Fadea (Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” S.A.), dependiente del Ministerio de Defensa, y deficitaria. Para la Nación sería positivo: pasa a una provincia una empresa en rojo. En la provincia ya no están convencidos como antes.

Con respecto a los bienes, fuentes del Gobierno dijeron a : ”La deuda es parte de lo que se discute en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), y la forma de cancelación es contra acreencias que tenga la Nación sobre la provincia, donde se podría incluir la transferencia de inmuebles».

No necesariamente la deuda debe estar en el REOR. De hecho, Chaco firmó un acuerdo con la Nación y no la incluyó.

De todos modos, primero deben determinar el monto de la deuda: hay un número provincial que acerca esta cifra con intereses al billón de pesos, pero aún no hay cerrado un número desde la Anses. El organismo viene demorado en las auditorías para las 13 provincias que no transfirieron sus cajas.

La audiencia no será ante los jueces de la Corte, sino ante el secretario de Asuntos Originarios Alejandro Rodríguez, el encargado de las causas que se tramitan directamente ante los estrados del máximo tribunal cuando hay conflicto entre provincias, o entre ellas y el Estado nacional.

Será este miércoles, a las 11, en una de las salas del cuarto piso del Palacio de Justicia.

Por Córdoba acudirán el gobernador Martín Llaryora; el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta; el fiscal de Estado, Jorge Córdoba; y el titular de la Caja de jubilaciones provincial, Adrián Daniele. Por la Nación concurrirán representantes del Ministerio de Economía.

La Corte, además de la audiencia, ordenó “correr traslado de la demanda interpuesta contra el Estado Nacional, que se sustanciará por la vía del proceso ordinario, por el plazo de sesenta días”.

Durante la gestión de Javier Milei no se envió un solo peso a ninguna de las 13 cajas provinciales no transferidas a la Anses.

La discusión viene de lejos: hay fondos e intereses que nunca fueron pagados de manera total durante el gobierno de Cristina Kirchner y reclamos por montos no actualizados durante las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Pero con Milei todas las transferencias se cortaron.

La Cámara Nacional Electoral enfatizó en su reciente acordada que los partidos políticos deben prever y comunicar oportunamente las reformas necesarias a sus cartas orgánicas y reglamentos electorales para definir el sistema que regulará la selección y proclamación de candidatos. La advertencia responde a que la mayoría de los estatutos partidarios se encuentran actualmente adecuados al régimen de PASO y carecen de procedimientos alternativos.

La Acordada subraya la importancia de resguardar los principios democráticos y los derechos de las minorías. Asimismo, afirma la necesidad de que existan reglas claras para la integración de las listas de candidatos, que respeten los derechos de participación política y las disposiciones sobre paridad de género.