El negocio de las infracciones de tránsito ha adquirido un nuevo matiz con la aparición de «Sin Fotomultas», una organización dedicada a la gestión de reducción de multas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires. Este servicio, aparentemente inofensivo y atractivo para conductores que buscan resolver sus problemas con las infracciones, se encuentra en el ojo de la tormenta por posibles irregularidades y violaciones a la ley.

Mauricio Varela y Alejandro Muñoz.

La organización opera a través del sitio web www.sinfotomultas.com.ar, donde se presenta como un equipo de letrados liderados por Mauricio Varela, matriculado en el Colegio de Abogados de Capital Federal (T10 F130 CADJJ), quien afirma haber fundado la empresa hace más de cinco años como parte de su estudio jurídico. Según la información disponible en el sitio, «Sin Fotomultas» ofrece soluciones rápidas y efectivas para la resolución de multas de tránsito en CABA y la provincia de Buenos Aires, destacándose por brindar un servicio personalizado y profesional.

En ese marco, este medio pudo constatar que Varela es también empleado de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desde al menos 2022, lo que genera una colisión evidente con la ley 25.164 de Empleo Público Nacional. Esta legislación establece una serie de prohibiciones para los empleados públicos, entre ellas, el patrocinio o gestión de trámites administrativos para terceros que se relacionen con sus funciones y el asesoramiento o administración de empresas que exploten concesiones o privilegios en el ámbito nacional, provincial o municipal. Esta situación plantea un conflicto de intereses que, a todas luces, vulnera los principios de transparencia y ética que debe seguir cualquier funcionario público.

A este hecho se suma la participación de Alejandro Muñoz, otro abogado, vecino de Puerto Madero, que también forma parte de «Sin Fotomultas» y actualmente desempeña tareas en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires desde 2019. La relación de ambos profesionales con el sector público mientras dirigen y gestionan esta organización privada levanta serias sospechas sobre la legalidad de sus operaciones.

El marco legal y las prohibiciones para empleados públicos

La ley 25.164, en su artículo 24, prohíbe explícitamente a los empleados públicos patrocinar o representar a terceros en trámites relacionados con sus funciones, así como dirigir o administrar personas jurídicas que gestionen o exploten concesiones públicas. La normativa busca evitar conflictos de intereses y garantizar la independencia y neutralidad de los funcionarios públicos.

El caso de «Sin Fotomultas» no puede ser ignorado en un contexto donde la transparencia y la legalidad son fundamentales para el funcionamiento del sector público. La vinculación de Mauricio Varela y Alejandro Muñoz con instituciones estatales mientras administran un negocio de gestión de multas plantea preguntas que las autoridades deben responder. Este tipo de conflictos de interés no solo vulneran las normativas vigentes, sino que también afectan la confianza pública en las instituciones. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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