El gobierno de Javier Milei ha comenzado a enfrentar en los últimos días un proceso de conflictividad sindical que amenaza con profundizarse en las próximas semanas. Para las autoridades nacionales, era algo esperable, a tal punto que voceros del oficialismo aseguran que no le quita el sueño al presidente de la Nación, quien tiene la convicción de que cualquier enfrentamiento con figuras del gremialismo que son mal vistas en la opinión pública –llámense Pablo Moyano o Roberto Baradel– lo fortalece y facilita su batalla cultural contra el populismo.

La sociedad argentina asistió ayer a un paro docente con movilización, que tuvo dispar acatamiento, y a las repercusiones provocadas por una nueva amenaza de Pablo Moyano sobre un posible paro de los camioneros que, según él, hará “que no se mueva una hoja en todo el país”, si el Gobierno no homologa un aumento salarial del 25% para marzo y del 16% para abril que acordó su gremio con cámaras del transporte. A esta cuestión, debe sumarse la intranquilidad que reina en otros sectores de la actividad económica, tales como el metalúrgico y el automotor, frente a la posibilidad de despidos en importantes empresas privadas.

Paralelamente, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) inició un plan de lucha contra los despidos en el sector público, que se profundizará hoy con un paro de actividades y probablemente con más tomas de edificios públicos. La dimensión del ajuste que pretende llevar a cabo el Gobierno en la administración estatal, donde el número de agentes contratados ha crecido en forma absolutamente desproporcionada en los últimos años, encontrará una fuerte resistencia gremial.

Frente a las medidas de fuerza que amenazan con paralizar las tareas del Estado, un organización de la sociedad civil, la Fundación Apolo, presentó una denuncia penal contra los titulares de ATE y ATE Capital Federal, Rodolfo Aguiar y Daniel Catalano, por “convocar, promover y organizar actos de fuerza contra el orden público y atentados contra la autoridad” perpetrados durante las protestas llevadas a cabo en los edificios del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi), cuyo cierre ha sido dispuesto por el Gobierno, y de la Secretaría de Trabajo de la Nación.

En tal sentido, la citada fundación, en su presentación judicial firmada por Yamil Santoro, Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, puntualizó que el artículo 237 del Código Penal reprime con prisión de un mes a un año a quien “empleare intimidación o fuerza contra un funcionario público o contra la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél”, en tanto el artículo 241 del mismo código reprime a quien “impidiere o estorbare a un funcionario público cumplir un acto propio de sus funciones”.

La lucha iniciada por Milei contra el déficit fiscal, en general, y contra el elefantiásico Estado, en particular, requiere un frente homogéneo. La reciente renuncia de la subsecretaria de Trabajo, Mariana Hortal Sueldo, puede ser una consecuencia de esa convicción.

En este contexto, la orden que habría partido del ministro de Economía, Luis Caputo, al secretario de Trabajo, Julio Cordero, para que se moderen los incrementos salariales en las negociaciones paritarias como una forma de contener los aumentos de precios, no estará exenta de controversias. No solo por la amenaza lanzada por el líder del sindicato de los camioneros si el Gobierno no aprueba las mejoras salariales proyectadas, sino por las convulsiones derivadas del reciente despido de 26 personas contratadas en la Dirección Nacional de Negociación Colectiva, que se suman a las 3611 cesantías dispuestas en todo el Ministerio de Capital Humano, del que depende la cartera laboral, hoy convertida en secretaría.

Hay quienes coinciden en que el objetivo de bajar las expectativas inflacionarias a toda costa justificaría poner límites a la voluntad de las partes en la negociación colectiva. En la otra vereda, están quienes piensan que obstaculizar las paritarias en el sector privado contradice los postulados del liberalismo que el Presidente asegura sostener.

De acuerdo con datos oficiales a enero de este año, el índice de salarios mostró una suba del 181% en términos interanuales, siendo los salarios del sector privado registrado los que apuntalaron el índice con una mejora nominal del 204,9%. Esta última constituye, sin embargo, un alza casi cincuenta puntos inferior a la inflación del mismo período, que alcanzó el 254,2%.

Peor incluso fue la situación de los trabajadores del sector público, cuyos salarios experimentaron en un año una caída real significativamente mayor. Aumentaron solo el 168,2%; esto es, 86 puntos menos que el alza del Índice de Precios al Consumidor.

Los trabajadores no registrados resultaron los mayores perdedores, puesto que sus ingresos alcanzaron un alza interanual de solo el 124,4%, casi 130 puntos menos que la inflación del período.

Este escenario, determinado por la caída que viene arrastrando el poder adquisitivo, complica la reversión de la exención del impuesto a las ganancias a los trabajadores que ganen menos de 15 salarios mínimos, dispuesta el año último por el entonces ministro de Economía Sergio Massa y que hoy se discute entre el gobierno nacional y los gobernadores provinciales.

Distintos especialistas juzgaron aquella exención tributaria, instrumentada mediante una ley del Congreso, como una medida demagógica propia del populismo electoral que alentó Massa para mejorar sus chances como candidato presidencial. Se señaló acertadamente que su costo fiscal iba a terminar desfinanciando a las provincias, que resignarían los fondos de un impuesto coparticipable como el de Ganancias.

Hoy, el gobierno nacional alienta volver a modificar esa ley para ampliar la base de contribuyentes a ese tributo. Pero la iniciativa oficial enfrenta varias dificultades. Una de ellas la representa la propia oposición de algunos gobernadores, específicamente de las provincias patagónicas. Otro obstáculo es el malhumor que generaría semejante reforma en no pocos asalariados que pasarían a tributar el impuesto sobre ingresos que, en los últimos meses, han perdido poder adquisitivo frente al aumento de la inflación. La última valla podría estar representada por el hecho de que el propio Milei, siendo diputado nacional, apoyó el año último la eliminación del impuesto a las ganancias. En esa oportunidad, el actual presidente de la Nación afirmó en pleno recinto de la Cámara baja, que bajar impuestos era devolverles libertad a los ciudadanos. Por si eso fuera poco, planteó que “el Estado es una organización criminal violenta que vive de una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos y, por lo tanto, los impuestos son un robo”.

La gran mayoría de los votantes de Milei en el balotaje de noviembre mantienen hasta hoy su apoyo a la gestión gubernamental, de acuerdo con los sondeos de opinión pública. Una explicación es que conocían que el recorrido hacia la tierra prometida por el líder de La Libertad Avanza iba a ser doloroso, por cuanto Milei no ocultó durante la campaña electoral prácticamente nada de lo que pensaba hacer como primer mandatario. Pero el regreso del tributo a las ganancias sobre salarios propios de sectores medios no era algo que ese segmento de la sociedad esperase de quien prometía apoyar cualquier iniciativa que consistiera en bajar impuestos.

El nivel de acompañamiento a Milei de quienes lo apoyaron en las urnas dependerá de cuánto confíe ese sector de la ciudadanía en que, tras el esfuerzo que implica todo ajuste, habrá luz al final del túnel. La duda es por cuánto tiempo podrá extenderse la épica del sacrificio y cuánto más estará la población dispuesta a soportarlo.