POLITICA
Duro cruce contra los fiscales que ordenaron la detención de directivos de Vicentin
ROSARIO.-Luego de que a fines de marzo pasado quedaran detenidos cuatro directivos de Vicentin, comenzó ayer la audiencia de apelación de las medidas que se dictaron contra Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti, en la que la defensa de los acusados planteó un fuerte cuestionamiento a los argumentos que llevaron a la cárcel a los directivos de la agroexportadora.
Uno de los puntos más fuertes que habían usado los fiscales Sebastián Narvaja y Miguel Moreno fue que los honorarios de los abogados se solventaron con fondos de la empresa agroexportadora, que está en concurso de acreedores.
En ese momento, los cuatro directivos de Vicentin quedaron detenidos en una causa por estafa y asociación ilícita, porque los fiscales consideraron que cometieron delitos estando en libertad y por lo tanto, por peligrosidad procesal, correspondía que fueran enviados a prisión.
Esa causa arrancó en 2020 y a fines del año pasado, el fiscal Moreno pidió penas de hasta 17 años de prisión para varios directivos, entre los que se encontraban Buyatti, Macua, Gazze y Scarel. El mayo de 2023, cuando la fiscalía imputó a estos ejecutivos, planteó que conformaron una asociación ilícita destinada a la “planificación y comisión de una pluralidad de delitos”, entre los que se encuentran defraudación, estafas y administración infiel.
Este nuevo capítulo se abrió a partir de la documentación que presentó un grupo de accionistas minoritarios de la empresa que pedían ser querellantes. La justicia rechazó ese planteo, pero la Fiscalía de Delitos Económicos analizó la información que presentaron y abrió una investigación sobre el uso de fondos que hacían directivos de la agroexportadora para solventar gastos personales, como, por ejemplo, el pago de honorarios a sus abogados, por un valor estimado de 1,5 millones de dólares.
Se detectó también que facturaban viajes en avión de una aeronave que era de la compañía. Los accionistas minoritarios, muchos de ellos con el mismo apellido de los fundadores de la agroexportadora, fueron quienes acercaron esa información. “Los datos estaban en el expediente. Lo que hicimos nosotros fue detectar una serie de irregularidades en desmedro de la empresa”, afirmó a una fuente ligada a una de las familias fundadoras.
Cuando el fiscal Narvaja analizó la información, detectó y confirmó estas irregularidades, y ordenó la detención, en momentos en que el foco de la atención estaba en Scarel, expresidente de Vicentin, a quien el extitular de ARCA Carlos Vaudagna había nombrado en su declaración como arrepentido en otra causa penal. Narvaja le ganó de mano a los fiscales federales, entre ellos, Roberto Salum, de Reconquista, que investigan la relación tóxica que tenía Vaudagna con Scarel y los favores que le había hecho a la agroexportadora con la liquidación de impuestos.
El argumento de la fiscalía que generó mayor conflicto fue el de los honorarios de los abogados. Incluso, luego, el colegio de Abogados de Rosario, manifestó en un comunicado “su desaprobación a cualquier práctica proveniente de los poderes del Estado que pueda vulnerar principios fundamentales, como el secreto profesional, la confidencialidad cliente-abogado, y la autonomía en la función de defensa”.
Sobre este punto se paró este martes el abogado defensor Jorge Ilharrescondo, que hizo una fuerte denuncia contra la fiscalía, a la que acusó de haber investigado la facturación de cinco años de todos los clientes de su estudio, al igual que la de otros letrados, en un hecho que calificó de “grosera violación de las garantías constitucionales”.
Cuando hace dos meses se realizó la audiencia imputativa, se dio a conocer el detalle de las facturas cobradas por los abogados de los directivos (4 están en prisión y otros 11 imputados) con un detalle de los valores pagados por las distintas empresas del conglomerado Vicentin a sus letrados defensores.
“Esto me sublevaba como letrado de casi 30 años de ejercicio profesional. Nunca me pasó que una fiscalía me investigue, que investigue a mis socios y a otros letrados. Es así que la facturación de mi estudio jurídico del 2019 al 2024, sin diferenciación, está en manos de los fiscales, de sus empleados, de sus auxiliares, asistentes contables y de quien sabe quien más, porque incluso hubo una publicación en la prensa”, detalló Ilharrescondo.
Para reforzar esta posición, Ilharrescondo y el abogado Daniel Cuenca solicitaron un dictamen especializado a la directora de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNR, y de la carrera de especialización de Derecho Tributario de la UCA, Gabriela Tozzini. La conclusión de la especialista, según desgranaron los abogados, es que no se puede investigar a los defensores “sin una orden judicial”.
La defensa de los directivos de Vicentin hizo notar que “gran parte de la fundamentación de apariencia de responsabilidad que está cimentada en la audiencia imputativa -sobre todo los tópicos que tienen que ver con los pagos a los letrados- se construyó al amparo de una grosera violación del secreto profesional. Estamos hablando que en el caso rige una indudable exclusión probatoria”, concluyeron.
Ilharrescondo reveló que pidieron una veeduría del Colegio de Abogados de Rosario por considerar que está vulnerado el ejercicio profesional, algo que sostuvo puede afectar a cualquiera de los abogados que ejercen el derecho en el ámbito privado.
“Acá se atacó el ejercicio de la profesión, se pretende condicionar, se esgrimió una espada de Damocles contra los abogados”, apuntó, y reveló que la situación fue informada también al fiscal regional y general, además del Colegio de Magistrados y del Colegio de Abogados. “Nuestros clientes están presos por severas violaciones a las garantías constitucionales”, reiteró.
La situación es complicada para los exdirectivos que venían siendo investigados. Porque las maniobras que reveló la Fiscalía probarían que estando en libertad podían realizar operaciones para beneficiarse con dinero de la firma, que se encuentra en una situación crítica. Eso es lo que ahora objeta la defensa en la audiencia de apelación.
A la par de esta causa penal, se encuentra el concurso de acreedores de Vicentin, que también está en una situación delicada, luego de que la Corte Suprema de Santa Fe anulara el 18 de febrero pasado la sentencia que homologaba el acuerdo de la empresa con los acreedores.
En mayo pasado, el Juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, quien está a cargo del concurso, avaló que se acordaran diez contratos para el procesamiento de maíz, soja y girasol en las plantas que Vicentín tiene en las localidades de Avellaneda, San Lorenzo y Ricardone. Esto le dará un poco de oxígeno a la empresa para enfrentar el pago de salarios de unos 1200 operarios, que durante los meses de marzo y abril tuvieron problemas para cobrar los sueldos, algo que provocó protestas y medidas de fuerza en las plantas.
marcelo bailaque,política
POLITICA
A pocos días del aniversario al ataque a la AMIA, Irán apuntó a la Argentina y Milei por su apoyo a Israel
(Desde Washington, Estados Unidos) A pocos días del aniversario 31 del ataque terrorista a la AMIA, ejecutado por Hezbollah bajo las órdenes directas de Irán, el régimen chiita distribuyó un documento oficial en Naciones Unidas apuntando a Javier Milei y la Argentina por su apoyo a Israel durante la guerra que libró contra Teherán para destruir su iniciativa nuclear.
Irán es responsable por los atentados contra la embajada israelí en Buenos Aires, la sede de la AMIA y los ataques terroristas cometidos en Israel a principios de octubre de 2023.
En los casos de la Embajada de Israel y la AMIA, el régimen chiita utilizó a Hezbollah como proxy, mientras que para los ataques en Israel se apoyó en Hamas, una organización terrorista palestina que opera desde Gaza.
En todos estos casos, Milei respaldó a Israel y ratificó que Argentina será aliada incondicional de Jerusalén y Estados Unidos.
En este contexto, Milei apoyó la ofensiva israelí para destruir el proyecto nuclear de los ayatollahs, destinado a fabricar al menos 10 bombas nucleares.
“La Oficina del Presidente condena el vil ataque perpetrado por la República Islámica de Irán contra el Estado de Israel, mediante el lanzamiento masivo de misiles y drones dirigidos contra población civil», sostuvo un comunicado oficial en plena Guerra de los 12 Días.
Y días después de ese comunicado, Milei llamó por teléfono a Benjamín Netanyahu -premier israelí- para ratificar su respaldo a la ofensiva militar que había desplegado para enterrar la iniciativa atómica de Irán.
Cuando concluyó la Guerra de los 12 Días, Irán desplegó un movimiento diplomático en Naciones Unidas para cuestionar la ofensiva de Israel y Estados Unidos.
El regimen chiita que es responsable del ataque terrorista del 7 de octubre y que está violando todas las normas vigentes sobre armamento nuclear, se presentaba ante la ONU con un dossier que pretendía ocultar sus sistemáticas violaciones al derecho internacional.
Ese informe redactado en la cancillería iraní bajó las instrucciones del líder religioso Ali Khamenei fue distribuido en todas las representaciones extranjeras de las Naciones Unidas.
A la embajada de Argentina llegó una copia, que fue girada sin dilaciones al Palacio San Martín. Milei conoció el contenido del informe iraní, y ratificó en la intimidad de la Casa Rosada que no cambiará su posición frente a Irán.
Hoy un hubo una ceremonia oficial en el Capitolio de los Estados Unidos en tributo a las víctimas del ataque a la AMIA, y el embajador argentino Alejandro Oxenford leyó una carta del Presidente que reafirmó su perspectiva sobre el regimen chiita.
El dossier iraní se titula: “El descarado ataque al derecho internacional por parte del régimen israelí contra la República Islámica de Irán, desde el comienzo de la agresión de ese régimen el 13 de junio de 2025 – Informe inicial”.
El documento de Irán se divide por párrafos y fue escrito en inglés.
En el párrafo 92 se lee textual: “Otros países también han declarado su apoyo a las agresiones del régimen sionista contra Irán. Entre ellos se encuentran Canadá, Argentina, República Checa y Paraguay».
No es un hecho casual que en la nómina de países aparezcan Argentina y Paraguay. Milei y Santiago Peña -presidente paraguayo- fueron los dos únicos mandatarios de América Latina que viajaron a Israel para trasmitir su solidaridad ante los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023.
A continuación, en el párrafo 94, el regimen iraní apunta directamente al Presidente.
“El 13 de junio de 2025 (inició la Guerra de los 12 Días), el presidente de la República Argentina, Javier Milei, respaldó las acciones militares del régimen sionista contra Irán y condenó los ataques defensivos iraníes contra el régimen sionista, expresando su apoyo a las acciones militares previas de Israel».
La Cancillería no hará una réplica diplomática en la ONU, pero Milei ya decidió cómo contestará a la amenaza encubierta de Ali Khamenei.
El proximo 18 de julio, cuando se cumplan 31 años del ataque terrorista financiado por el regimen de los ayatollahs, concurrirá a la sede de la AMIA para recordar a los 85 inocentes que asesinó Hezbollah por orden de Irán.
Middle East,TEHRAN
POLITICA
El Gobierno aprobó la implementación del Plan Güemes para fortalecer la presencia policial en la frontera entre Salta y Bolivia
Después de la construcción de un cerco en la frontera salteña para prevenir el ingreso de droga desde Bolivia, el Gobierno aprobó en el Boletín Oficial la implementación del Plan Güemes en cuatro municipios: Aguas Blancas, Orán, Tartagal y Profesor Salvador Mazza. El protocolo, presentado meses atrás en el norte argentino por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, busca reforzar las presencia de fuerzas federales en la provincia.
“Apruébase el Plan Güemes para los municipios de Aguas Blancas, Orán, Tartagal y Profesor Salvador Mazza y encomiéndase a la Secretaría de Seguridad Nacional, o a quien esta designe a tal efecto, la coordinación general para su implementación”, estableció el Poder Ejecutivo por medio de la Resolución 830/2025.
Además, se creó un comando unificado para “coordinar los despliegues especiales entre fuerzas y los operativos necesarios para asegurar las condiciones de seguridad en el corredor norte”, el cual estará integrado por representantes de la Secretaría de Seguridad Nacional, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Policía salteña.
El Plan Güemes fue presentado en diciembre de 2024, en un acto en el que Bullrich afirmó su intención de combatir los delitos federales en la frontera norte de Salta, con foco en los departamentos de Orán y Aguas Blancas, áreas conectadas con Bolivia. Ahora, con la suma de los municipios de Tartagal y Profesor Salvador Mazza, el Gobierno declaró a estas zonas como un “punto estratégico tanto para el comercio como para actividades ilegales como el contrabando y el narcotráfico”.
En este contexto, el Ejecutivo explicó: “Resulta imperioso reducir la comisión de delitos con un enfoque especial en la frontera norte del país considerado como un punto neurálgico en la seguridad nacional, así como unificar protocolos de control en los 365 kilómetros de frontera salteña para evitar el desplazamiento de actividades ilícitas entre municipios limítrofes”.
Un mes después de la presentación del plan, las autoridades de Aguas Blancas construyeron un cerco en Río Bermejo, el cruce fronterizo con Bolivia, para prevenir que 15.000 personas cruzaran ilegalmente, según números del Gobierno. La acción generó el malestar de Luis Arce, presidente boliviano, que manifestó su “preocupación” y afirmó que “cualquier medida unilateral puede afectar la convivencia pacífica”, aunque desde la gobernación del municipio se mantuvieron firmes con su postura.
Adrián Zigarán, interventor de Aguas Blancas, acusó que, antes de la construcción del vallado, los cruces de ciudadanos bolivianos a Salta “llenaban de toneladas de cocaína” a la provincia. “Flashearon Donald Trump, no se si tienen que resolver un problema interno pero el comunicado es completamente desubicado. Bolivia militarizó su lado de la frontera y nosotros no dijimos nada”, indicó.
“Nosotros anunciamos que se hacía el alambrado y se desató el descontrol. Esta es una acción menor dentro de un plan mayor. Es empezar a poner orden en la frontera, en cualquier lugar del mundo la gente ingresa y egresa por Migraciones”, sostuvo el funcionario.
Por su parte, desde el gobierno nacional celebraron el “éxito” del vallado perimetral de Aguas Blancas a meses de su construcción y remarcaron: “Redujo en un 40% los ingresos ilegales y, sumado a la implementación del Sistema SAT-Fronteras en Orán, justifica ampliar estas medidas a Tartagal y a Salvador Mazza”.
seguridad
POLITICA
Fentanilo mortal: la pista narco de los laboratorios del clan García Furfaro y el “desvío” de 5 kilos de droga
El 10 de julio, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak dicto la inhibición general de bienes de 24 personas vinculadas a los laboratorios Ramallo SA y HLB Pharma Group SA que elaboraron y comercializaron fentanilo de uso clínico contaminado con al menos dos bacterias y que se lo asocia a la muerte de al menos 54 pacientes. El 23 de mayo, ya se les había prohibido salir del país con el objetivo de “neutralizar, gradualmente, los riesgos procesales de peligro de fuga o entorpecimiento del descubrimiento de la verdad y, a la vez, de conservar los bienes que pudieran ser fruto de las actividades eventualmente delictivas bajo pesquisa”. En la cédula de notificación de 12 fojas que el magistrado envió a cada una de esas personas, no solo describe con lujo de detalles cómo se detectó la “contaminación bacteriana” de “FENTANILO HLB 31202 y 31244”, producidos en la última campaña del 18 de diciembre de 2024 en la sede del Laboratorio Ramallo para HLB Pharma; también incluyó una línea de investigación que abre la puerta al “desvío” al mercado ilegal de casi cinco kilos de citrato de fentanilo importado. Según los cálculos del mercado farmacéutico, una cantidad suficiente para producir el consumo médico de todo el país por más de cuatro años.
Por ese hecho, el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich, entre otros organismos gubernamentales como la Mesa para la Prevención del Tráfico Ilícito y Uso Indebido del Fentanilo, integrada por la cartera de Seguridad, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud, la ANMAT y ARCA.
Según pudo reconstruir Infobae, ese último espacio interinstitucional se constituyó como instancia de intercambio crítico de información, evaluación conjunta de casos y diseño de acciones concretas de fiscalización. En este marco, según la documentación oficial en poder de este medio, “se llevaron a cabo nueve inspecciones conjuntas con la Dirección General de Aduanas a empresas importadoras y fabricantes de fentanilo, incluyendo intervenciones a HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA en marzo de 2024”.
Según describió el juez Kreplak en su cédula de notificación en esa inspección las autoridades establecieron que “HLB Pharma contaba con 4,5 kilos de citrato de fentanilo en sus instalaciones; mientras que Laboratorios Ramallo contaba con un total de 0,45 kilos de la sustancia”.
A renglón seguido el magistrado recordó que: “No obstante, ninguna de esas sumas fue hallada en los allanamientos realizados a ambas firmas el 15 de mayo de 2025”. Tampoco encontraron “registros que acrediten el destino dado a la sustancia”.
En una exposición espontánea presentada ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 3 de La Plata por Nilda Furfaro, la madre de Ariel García, aseguro que “la materia prima fue destruida bajo los estándares de la ley”.
La presunta destrucción del citrato de fentanilo y otros medicamentos- se habría realizado el 13 de mayo de 2025 a través de la empresa “MD Servicios S.R.L” un servicio por el cual se habría abonado la suma de $585.712. Toda esa información esta bajo investigación.
Un punto importante para destacar. Ese mismo día la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), a través de la Disposición 3158/25, “inhibió las actividades productivas de la firma HLB PHARMA GROUP S.A. con planta sita en Av. Tomkinson 2054, San Isidro, Provincia de Buenos Aires” a través de la cual: “Se prohíbe el uso, distribución y comercialización en todo el territorio de la República Argentina, de todos los productos registrados a nombre de la firma, hasta que se hallen las condiciones técnicas y sanitarias ara levantar la presente medida. Además, se inhiben las actividades productivas de la firma LABORATORIOS RAMALLO S.A. con planta sita en Ing. Agustín Rocca 530, Ramallo, Provincia de Buenos Aires”.
Las dos sociedades están vinculadas a Ariel García Furfaro, un empresario que, a través del gobierno kirchnerista de Alberto Fernández intentó distribuir en el país 50 millones de dosis de la vacuna rusa contra el COVID-19, Sputnik V, una operación que naufragó, entre otros hechos por los antecedentes penales de García Furfaro, quien estuvo dos años y siete meses presos en la Unidad 9 de La Plata por intento de homicidio. De hecho, se recibió de abogado en el presidio.
Su primer cliente fue un compañero de reclusión, Aníbal González Igonet, conocido como “El Loco del Martillo”, hasta ese momento, con casi 43 años tras las rejas, el preso más antiguo, acusado –y luego condenado– por asesino serial de mujeres. García Furfaro consiguió su liberación.
Ayer, en diálogo con Infobae el intendente de Rosario, Pablo Javkin, ciudad en la que se registró la mayor cantidad de fallecidos por el fentanilo contaminado (35 de los 54) afirmó que los dueños de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo SA mantienen lazos con el narcotráfico y anunció que se presentó como querellante en la causa que investiga la distribución de fentanilo contaminado.
El jefe comunal fue enfático: “Tienen vínculos con el narcotráfico”, y solicitó que se investiguen posibles desvíos de la sustancia al mercado ilegal.
g
El alcalde se refería a que Ariel García, como abogado defendió a Jorge Salinas —ex propietario del laboratorio Apolo, vinculado al procesamiento por tráfico efedrina— y a Andrés Gerardo Lamboy, quien estaba asociado al depósito fiscal donde operaba Mario Segovia, alias “el Rey de la efedrina” condenado, entre otras causas por tráfico ilegal de esa sustancia.
El laboratorio Apolo explotó el 24 de junio de 2016. Los accionistas de ese laboratorio decidieron abrir otro laboratorio, que se llama Ramallo. La explosión del laboratorio Apolo profundizó las sospechas sobre esa firma.
Los directivos de Apolo, entre los que figuraban Marcelo Ferré, Jorge Gómez, Ariel García Furfaro, Damián García y Marcela Vozza, fueron acusados de “estrago culposo agravado y lesiones graves culposas”, ambos en concurso ideal y en carácter de autor.
El 20 de mayo de 2019 el juez Hernán Postma avaló un acuerdo entre los imputados y suspendió el juicio a prueba contra los acusados. La sanción fue llamativa: debían concurrir una vez a la semana a realizar la limpieza del Museo Justicialista. Los otros imputados, como García, García Furfaro y Vozza, fueron sobreseídos.
A pocos días del aniversario al ataque a la AMIA, Irán apuntó a la Argentina y Milei por su apoyo a Israel
Los 2 billetes argentinos que compran por 25 millones de pesos
Japón denunció una posible injerencia extranjera en su campaña para las elecciones parciales de la Cámara de Consejeros
El DT de Flamengo volvió a dejar afuera su goleador
El Gobierno aprobó la implementación del Plan Güemes para fortalecer la presencia policial en la frontera entre Salta y Bolivia
Fentanilo mortal: la pista narco de los laboratorios del clan García Furfaro y el “desvío” de 5 kilos de droga
🔥Villarruel le soltó la mano a Milei: Fantino reveló la interna que sacude al Gobierno
🧨 El dólar se recalienta y vuelve el temor a una corrida: por qué el peso argentino pierde valor día a día
Causa Seguros: la Justicia procesó a Alberto Fernández por incompatibilidad en los deberes de funcionario
Villarruel tomará una decisión clave sobre las leyes de jubilaciones y emergencia en discapacidad y volverá a desafiar a Milei
Qué dijo Adorni en su primer día de streaming
Dura respuesta de Villarruel a Bullrich: la acusó de integrar una organización terrorista
Diego Santilli: “El Pro no dejó de existir”
Por Guillermo Idiart WASHINGTON.- El alineamiento del presidente Javier Milei con Israel y Estados Unidos, y su firme respaldo a la ofensiva...
Una peligrosa pelea en la cima del Gobierno
Es difícil imaginar a Victoria Villarruel urdiendo una conspiración para tumbar del poder a Javier Milei y hacerse ella de...
Fabián Doman acusó a Alejandro Fantino de operar a favor del Gobierno y desató un fuerte cruce en vivo
El periodista Fabián Doman acusó a su par Alejandro Fantino de haber operado en favor del Gobierno en la previa...
-
POLITICA1 día agoVillarruel tomará una decisión clave sobre las leyes de jubilaciones y emergencia en discapacidad y volverá a desafiar a Milei
-
POLITICA3 días ago
Milei y Bullrich se juntaron en Olivos y hablaron del camino a las elecciones de octubre
-
POLITICA15 horas ago
Guillermo Francos contó intimidades sobre la pelea entre Javier Milei y Victoria Villarruel
