POLITICA
Duro revés para el Gobierno. El Senado rechazó por abrumadora mayoría los pliegos de Lijo y García-Mansilla

El Senado rechazó por abrumadora mayoría los pliegos del juez federal Ariel Lijo y del catedrático Manuel García-Mansilla, propuestos a mediados del año pasado por Javier Milei como jueces de la Corte Suprema de Justicia, y le asestó un duro golpe político al gobierno nacional y al asesor presidencial Santiago Caputo, artífice de la estrategia política de la administración libertaria para completar las vacantes en el máximo tribunal.
El pronunciamiento del Senado fue lapidario y se configuró con el voto de la mayor parte de los bloques kirchnerista, de la UCR y de Pro, quienes coincidieron en cuestionar la decisión del Gobierno de nombrar a ambos candidatos por decreto. El pliego de Lijo fue rechazado por 43 votos en contra y 27 a favor y la abstención del oficialista Juan Carlos Pagotto (La Rioja). El de García-Mansilla, en tanto, concitó más oposición aún y terminó vetado por 51 senadores, y apoyado sólo por 20. Ambos necesitaban el respaldo de los dos tercios de los presentes para convertirse en jueces de la Corte. En el caso del catedrático, consiguió esa mayoría agravada, pero en contra de sus aspiraciones.
La sesión también estableció un hecho sin precedentes, al menos desde la recuperación democrática. Es la primera vez, desde 1983, que el Senado rechaza en el recinto el acuerdo a un candidato, en este caso dos, propuesto por el Poder Ejecutivo para un cargo judicial que requiere mayoría agravada. La norma era, hasta ahora, el retiro de los pliegos ante la falta de consenso político para alcanzar su aprobación. Así lo hicieron las administraciones de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández en sus intentos por nombrar jueces de la Corte y para la Procuración General de la Nación.
Ambos candidatos pagaron caro la contumacia del Gobierno, que se negó a buscar los consensos que exige la Constitución, y el error de aceptar la estrategia diseñada por Caputo de forzar la lectura de la letra constitucional y designarlos por decreto “en comisión” en el máximo tribunal para sortear la falta de votos en el Senado.
Así lo destacó la presidenta de la Comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital), quien acusó a Milei de haber apelado a la artimaña de esperar a que se produjera una semana de receso legislativo para usar el instrumento del decreto simple. “El Presidente fue por la banquina, faltaban tres días para iniciar el período ordinario de sesiones (cuando firmó el decreto), no respetó el espíritu de la letra Constitucional”, afirmó la legisladora.
Tagliaferri también cargó las tintas en la persona de García-Mansilla, al recordar que cuando se presentó en la audiencia pública para defender su nominación dijo que no estaba dispuesto a aceptar ser juez por decreto. “Nos mintió en la cara”, acusó Tagliaferri.
“Una de dos: o tiene la capacidad de mentir tan livianamente o dijo la verdad, pero es una persona manipulable por el poder político; en ambos casos, no demuestra idoneidad para ser juez de la Corte Suprema”, remató la senadora de Pro. “Como Pedro, negó tres veces que iba a ser juez en comisión”, sumó su crítica Martín Lousteau (UCR-Capital) apelando a una cita bíblica.
El radical porteño rebatió el argumento del Gobierno de que había apelado al decreto ante la demora del Senado para tratar los pliegos. “¿Si el problema es la inacción del Senado por qué hoy estuvieron tratando de que no hubiera quórum?”, se preguntó de manera retórica Lousteau, antes de advertir que si el Senado convalida la jugada de la Casa Rosada “ya no habrá jueces sino empleados del Poder Ejecutivo”.
Hasta el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi (Corrientes), dispuesto siempre a colaborar con el oficialismo, rechazó las acusaciones del Gobierno sobre la inacción de la Cámara alta. En el cierre de la sesión, recordó los esfuerzos realizados por su bancada para que se pudiera destrabar el tratamiento de ambas postulaciones abriendo canales de diálogo con la Casa Rosada. “¿Cuál fue la respuesta a esto? La designación por decreto de los dos jueces de la Corte. Parece más una actitud de querer demostrar que puedo interpretar la Constitución a mi modo y seguir adelante”, se quejó, amargamente, el líder del bloque de la UCR.
“No pueden nombrar jueces por decreto. El señor Garcia-Mansilla está usurpando el cargo, no es legítimo”, denunció José Mayans (Formosa), líder del bloque de Unión por la Patria. “Si nosotros aceptamos esto, durante cuatro años van a nombrar a los que se le canten en la Corte, no hay más jueces de la República”, remató.
Así como atravesó todo el debate, la decisión de nombrar por decreto a Lijo y a García-Mansilla también dividió aguas al interior de casi todos los bloques. El caso más patente fue el del Frente Pro, cuyo jefe de bancada, Alfredo De Angeli (Entre Ríos), dijo que estaba dispuesto a votarlo “con las dos manos” al catedrático antes de que aceptara jurar en la Corte sin el acuerdo del Senado. “Pero ahora lo voy a votar en contra porque están violando la Constitución y tenemos que velar por la institucionalidad,”, agregó. Le salió al cruce su compañera de bloque, Beatriz Avila (Tucumán) recordándole cuál era el motivo de la sesión. “No estamos tratando el decreto del Poder Ejecutivo, sino que estamos discutiendo los pliegos de Lijo y de García-Mansilla”, afirmó.
Entre las pocas voces que se alzaron en el recinto a favor de los candidatos figuró la cordobesa Carmen Alvarez Rivero (Pro), alineada con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien apoyó a García-Mansilla porque “representa todo lo que necesitamos, porque es bueno, es valioso y defiende la vida que la Constitución sostiene desde la concepción hasta la muerte natural”, y como contrapartida rechazó a Lijo porque “no merece ni un gramo de confianza”.
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Un heterogéneo grupo de profesores de derecho reclamó que Manuel García-Mansilla deje la Corte

Un grupo de profesores de derecho que incluye a especialistas de diversos perfiles ideológicos y políticos reclamó hoy que Manuel García-Mansilla, que fue nombrado por Javier Milei en la Corte Suprema “en comisión”, deje el máximo tribunal, después de que el Senado rechazó anoche su pliego para el cargo.
García-Mansilla no dio señales de que vaya a irse y el Gobierno sostiene públicamente que debe quedarse porque tiene mandato hasta el fin de las sesiones del Congreso de este año.
“En nuestro carácter de profesores/as, docentes e integrantes del ámbito académico jurídico de todo el país, solicitamos el cese inmediato del Dr. Manuel García Mansilla en las funciones que desempeña en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, dijeron los firmantes, que advirtieron: “No estamos dispuestos a aceptar que la enseñanza del derecho se convierta en nuestro país en un relato de ficción”.
La lista de quienes suscriben la solicitada incluye a hombres y mujeres que dan clases en universidades públicas o privadas; a abogados que ejercen la profesión, pero también a jueces y a fiscales. Muchos de ellos tienen o tuvieron un rol relevante en la vida pública, más allá de las aulas.
Están Manuel Garrido, que como fiscal de Investigaciones Administrativas impulsó numerosas causas contra funcionarios públicos del kirchnerismo; el juez federal Daniel Rafecas y el camarista de Casación Alejandro Slokar; los constitucionalistas Daniel Sabsay, Roberto Gargarella, Andrés Gil Domínguez, Raúl Gustavo Ferreyra y Gustavo Arballo; Roberto Saba, exdirector de Poder Ciudadano y la Asociación por los Derechos Civiles; el fiscal Víctor Abramovich, exdirector ejecutivo del CELS y exmiembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA; la experta en derecho civil Marisa Herrera; Damian Loretti, especialista en ciencias de la comunicación y exvicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA; Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), y el fiscal federal Leonardo Filippini, entre otros profesores de destacados antecedentes en el mundo de la academia.
En su solicitada, ellos recordaron que la propuesta de designación de García-Mansilla “fue rechazada por el Senado de la Nación con 51 votos, que representan las dos terceras partes del cuerpo” y dijeron que “en ese marco, resulta insostenible su continuidad en el máximo tribunal, en directa violación del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional”.
“Esta grave situación -afirmaron- vulnera las garantías de los justiciables y compromete el valor de las decisiones de la Corte Suprema, afecta la confianza social en el tribunal, y su legitimidad como máximo intérprete de la Constitución.”
Los profesores advirtieron: “No estamos dispuestos a aceptar que la enseñanza del derecho se convierta en nuestro país en un relato de ficción”. Y reclamaron: “Por respeto a la Constitución Nacional y al derecho que juró respetar, el Dr. García Mansilla debe apartarse del cargo para el que finalmente no ha sido designado”.
Manuel Garrido, Profesor Titular, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UNLP y UNNOBA
Roberto Saba, Profesor Titular, Facultad de Derecho, UBA
Victor Abramovich, Profesor Titular, Facultad de Derecho, UBA, UNLA
Laura Clérico, Profesora Titular, Facultad de Derecho, UBA
Nancy Cardinaux, Profesora Titular, Facultad de Derecho, UBA, UNLP
Raul Gustavo Ferreyra, Profesor Titular, Facultad de Derecho, UBA
Marisa Herrera, Profesora Titular y Adjunta, UNDAV, UBA
Roberto Gargarella, Profesor Titular, Facultad de Derecho, UBA y Universidad Di Tella, CONICET
Fabian Salvioli, Profesor Titular, Facultad de Derecho, UNLP
Damian Loretti, Profesor Titular, Facultad de Ciencias Sociales, UBA
Daniel Sabsay, Profesor Titular, Facultad de Ciencias Sociales, UBA
Laura Giosa, Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN)
Claudio Martyniuk, Profesor Titular, Facultad de Derecho, UBA
Carlos Arianna, Profesor Titular Consulto, Facultad de Derecho, UBA
Horacio Corti, Profesor Titular, Facultad de Derecho, UBA, UNDAV y USAL
Gabriel Ignacio Anitua, Profesor Titular en Derecho (UnPaz) (UBA)
Alejandro Slokar, Profesor Titular, Facultad de Derecho UBA y UNLP
Marcelo Alegre, Profesor Titular, Facultad de Derecho, UBA
Mariela Puga, Profesora Titular, Facultad de Ciencias Sociales, UNC
Laura Pautassi, Profesora Adjunta, Facultad de Derecho, UBA
Andrés Gil Domínguez, Profesor, Facultad de Derecho, UBA
Leonardo Filippini, Profesor Adjunto, Facultad de Derecho, UBA
Julieta Rossi, Profesora, Facultad de Derecho, UBA
Silvina Zimerman, Profesora Adjunta, Facultad de Derecho, UBA
Natalia de la Torre, Profesora, Facultad de Derecho, UBA
Mauro Benente, Profesor Adjunto, Facultad de Derecho, UBA
Diego Duquelsky, Profesor Regular UNPAZ, UNICEN, UBA
Eduardo Raúl Hualpa, Profesor Adjunto, Facultad de Ciencias Jurídicas, UNPSJB
Horacio Javier Etchichury, Profesor Adjunto, Facultad de Derecho, UNC
Natalia Gherardi, Profesora, UBA y UNLP
Sebastián Alejandro Rey, Profesor Adjunto, Departamento de Ciencias Jurídicas, Universidad Nacional de José C. Paz
Francisco Verbic, Profesor Adjunto, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UNLP
Gilda Maltas, Profesora Adjunta, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UNLP
Leticia Vita, Profesora Adjunta, Facultad de Derecho, UBA
María Cecilia Corfield, Profesora Adjunta, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UNLP
Marcelo Sena, Profesor Adjunto Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP y Asociado UNNOBA
Martín Aldao, Docente, Facultad de Derecho, UBA
Adriana Micale, Profesora investigadora UBA Derecho, Profesora titular UBA Ciencias Sociales
Gustavo Arballo, Profesor Facultad de ciencias económicas y jurídicas, UNLPam
Daniel Rafecas, Profesor adjunto regular, Facultad de Derecho, UBA
Diego Zysman Quirós, Profesor adjunto regular, Facultad de Derecho, UBA
Alejandro Rodolfo Cilleruelo, Profesor UNIE, UCJC (España) y docente investigador Facultad de Ciencias Jurídicas, USAL.
Agustina Ramon Michel, Profesora, Universidad de Palermo
POLITICA
García-Mansilla evalúa su futuro en la Corte en medio de las críticas de Lorenzetti y la presión del Gobierno

En las últimas horas la situación de Manuel García-Mansilla como integrante de la Corte Suprema de la Nación quedo comprometida. Luego de que en la noche del jueves el Senado rechazara su pliego, al igual que el de Ariel Lijo, quedó impedido de intervenir en las causas que ya están en trámite en el máximo tribunal, de acuerdo a un fallo del juez Alejo Ramos Padilla.
El Gobierno, que impulsó su nombramiento, ahora presiona para que continúe en su cargo: García-Mansilla juró el 27 de febrero luego de un DNU del presidente Javier Milei. No obstante, este viernes Ricardo Lorenzetti lo cuestionó con dureza: “Yo nunca aceptaría ser designado por decreto”, dijo el ministro de la Corte Suprema.
Leé también: Ricardo Lorenzetti tomó distancia de García-Mansilla tras el rechazo del Senado al pliego
“El Senado opinó y eso es respetable -advirtió Lorenzetti-. Si uno analiza lo que se discutió ayer (en el Congreso), se habló más del decreto que de los candidatos. Si uno suprime mentalmente el decreto, la situación de los candidatos (por García-Mansilla y Lijo) hubiera sido distinta”.
Ante este escenario -el rechazo del Senado, el fallo de Ramos Padilla, las críticas de Lorenzetti y el respaldo del Gobierno-, García-Mansilla evalúa por estas horas su futuro en la Corte Suprema. Y en los pasillos de Tribunales no descartan una eventual renuncia.
Fuentes cercanas al juez nombrado en comisión por Milei aseguraron a TN que García-Mansilla “quiere validar su estatus, dado el juramento que le tomaron y la votación del Senado”. Por esa razón espera el respaldo de sus colegas, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, aun cuando ya sabe que no cuenta con el de Lorenzetti.
Lo cierto es que la Corte Suprema no tiene función consultiva, es decir, no hay ningún mecanismo institucional previsto para que el máximo tribunal emita una opinión sobre este caso. Sobre todo, cuando hay una causa iniciada como la que lleva adelante el juez federal Alejo Ramos Padilla, que analiza la inconstitucionalidad de los dos nombramientos en comisión.
Si García-Mansilla decide apelar el fallo de Ramos Padilla, la causa podría llegar a la Corte para una decisión final y es por eso que los jueces no pueden dar ninguna opinión por fuera de un expediente puntual.
Frente a ese panorama, García-Mansilla debe decidir si declina la renuncia y se posiciona con la versión del Gobierno, que sostiene que el académico puede permanecer como integrante de la Corte Suprema hasta el final del actual período legislativo.
El fallo de Ramos Padilla que le impide a García-Mansilla firmar sentencias en la Corte
En su fallo, Ramos Padilla sostuvo que la decisión del Senado cuestiona la legitimidad de García-Mansilla en su cargo en la Corte, por lo tanto, que todos los actos a los que suscriba como juez de la Corte “podrían ser considerados ilegítimos, nulos o incluso inexistentes, dañando la seguridad jurídica. En definitiva, el dictado de sentencias, que luego podrían ser declaradas inválidas, podría resquebrajar el sistema judicial”.
El juez desestimó los argumentos de García-Mansilla en cuanto sostuvo que solo puede ser removido a través de un juicio político de su cargo y explicó que “lo que aquí se discute no es la remoción de un juez por otro juez, sino la legitimidad, constitucionalidad y alcances de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional”.
“Este caso no se trata de un juez que remueve a otro, sino de un juez que ejercita su función de controlar la constitucionalidad de un acto del Poder Ejecutivo. Es incongruente presentar este control como un conflicto de competencias entre los tribunales, el Presidente o el Congreso”, advirtió al respecto Ramos Padilla.
“Por tratarse de un mecanismo que busca evadir la falta de acuerdo del Senado y forzar con los hechos la designación de las personas propuestas, el decreto 137/2025 produjo una afectación de la división de poderes, de la independencia e imparcialidad judicial y, en síntesis, del debido proceso constitucional”, destacó el fallo.
Producción periodística: Cindy Monzón.
Manuel García-Mansilla, Corte Suprema
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